La Fiscalía General de la República (FGR) tiene una investigación abierta por las presuntas irregularidades en que habrían incurrido funcionarios o exfuncionarios de la entonces PGR, ante la acusación de que acordaron retirar los cargos por delincuencia organizada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a cambio de que este se declarara culpable de otros delitos menos graves.
La indagatoria se encuentra a cargo de la Visitaduría General de la FGR, que inició la carpeta de investigación número FED/VG/UNAI/00000435/2018 en contra de quienes resulten responsables. Los posibles delitos van desde ejercicio ilegal del servicio público y contra la administración de justicia, hasta cohecho.
En entrevistas difundidas en diversos medios, Duarte dijo que en 2018 pagó una fuerte cantidad de dinero (cuyo monto no precisó) a funcionarios de la PGR, encabezada en ese momento por Alberto Elías Beltrán. Ello como parte de una supuesta negociación para que se declarara culpable, a cambio de reducirle la gravedad de las acusaciones.
Desde octubre de 2018, la organización civil TOJIL: Estrategia Contra la impunidad había presentado una denuncia en la FGR, que dio pie a la referida carpeta de investigación, debido a que consideraron que fue un trato desfavorable para la sociedad, al haberle permitido a Duarte obtener una condena muy baja en un caso de corrupción de gran trascendencia e impacto.
No obstante, hasta ahora no se conoce de algún avance en la investigación de la FGR.
Por otro lado, los abogados defensores de Javier Duarte, Enrique Reyes Retana y Pablo Campuzano, señalaron de forma categórica al portal Animal Político que no tuvieron conocimiento alguno del supuesto pago que habría dado Duarte a exfuncionarios de la PGR, ni tampoco de alguna negociación en ese sentido.
Reiteraron que ellos están centrados en la estrategia de defensa jurídica de su cliente, a través de impugnaciones y demandas de amparo promovidas desde el año pasado.
El proceso penal federal en México en contra de Javier Duarte inició el 17 de julio de 2017, luego de su detención y extradición desde Guatemala, y concluyó el 27 de septiembre de 2018, con una sentencia condenatoria de 9 años de prisión en su contra.
Con información de Animal Político
