La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó esta tarde una Recomendación sobre violaciones graves a derechos humanos, respecto a lo ocurrido en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014: la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa.
El titular del organismo, Luis Raúl González Pérez, calificó dicho caso como “abominable”, y dijo que se volvió emblemático de la descomposición institucional y social que enfrenta nuestro país, además de que es un ejemplo del momento crítico por el que atraviesa el país en materia de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad.
González Pérez dijo que con dicha Recomendación, se cumple con la exigencia nacional e internacional de dar a conocer a las víctimas y a la sociedad, desde la perspectiva de los derechos humanos, la verdad sobre lo ocurrido.
Indicó que la verdad no puede “sujetarse a intereses o coyunturas políticas”, por lo que enfatizó que dicho documento no llega “ni antes o después”, sino cuando la investigación que se realizó les permitió dar resultados comprobados.
Acusó que la colusión entre autoridades y organizaciones criminales ocasionó la pérdida de la vida de 6 personas, lesiones a 42, y la desaparición forzada de 43 más, además de la contaminación y pérdida de evidencias y pruebas.
Entre las conclusiones a las que llegó la comisión, dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) subestimó el hallazgo de “38 porciones petrosas de huesos temporales detectadas por dicha instancia, así como el que se haya ignorado que en el material contenido en la bolsa recuperada del Río San Juan se encontraban otras 3 porciones petrosas, además de 52 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos que serían susceptibles de someterse a pruebas de ADN para avanzar en la determinación del destino de los 43 normalistas desaparecidos al precisar, científicamente, si los huesos corresponden a ellos o a personas diversas”.
Precisó que el hallazgo de las porciones petrosas de huesos temporales constituiría un elemento suficiente para concluir que, cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula.
También resaltaron que no se haya investigado la “actitud omisa o tolerante” de autoridades de distintos niveles y órdenes de gobierno que, pese a advertir de manera directa mediante la información que llegaba al denominado Centro C4 de la zona, que algo muy grave sucedía en Iguala en perjuicio de estudiantes normalistas, no dieron parte al Ministerio Público y se abstuvieron de ordenar una intervención directa e instrumentar acciones que hubiesen producido otro desenlace de los hechos.
