Esta tarde se llevó a cabo la firma de un Adendum para coordinar acciones y estrategias de apoyo en materia de blindaje electoral a los programas sociales por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Al encabezar el evento, el secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, reiteró que de acuerdo a las instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, quien pidió evitar que se haga mal uso de los programas sociales en el proceso electoral del presente año, las dependencias firmantes reiteran su compromiso con la legalidad y la democracia.
Con la participación del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, como testigo, el titular de Sedesol destacó la importancia de dicho instrumento y su esfuerzo interinstitucional para garantizar la aplicación transparente e imparcial de los recursos públicos.
“Para nosotros, en la Secretaría de Desarrollo Social, el blindaje electoral es un tema que nos tomamos muy en serio, porque es una obligación normativa y por la cercanía que tenemos con diversos sectores de la población en todo el territorio nacional”, señaló Pérez Magaña.
El funcionario afirmó que las dependencias del Gobierno Federal están obligadas a cuidar los avances democráticos, y de ahí la importancia de los esfuerzos que realizan para que el proceso electoral de este año sea ejemplar, transparente y apegado a Derecho.
En su participación, el titular de la Fepade, Héctor Marcos Díaz Santana, puntualizó que con este documento “queremos que los nexos entre instituciones y democracia aseguren y garanticen la equidad en la contienda electoral, una democracia de calidad, fundada en el respeto a las reglas, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana”.
Dijo que dicho blindaje electoral permitirá que las instituciones ofrezcan certeza a la sociedad y que los recursos públicos mantengan su ruta original que es ofrecer bienes públicos y servicios para atender las necesidades de los grupos sociales en condición de vulnerabilidad.
