Ante la problemática que se está presentando en diverso estados del país respecto al suministro de combustibles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció la voluntad del gobierno federal de emprender acciones para combatir el robo de hidrocarburos, pero lamentó que dichas acciones vulneren los derechos de las personas.
Señaló que ante el cierre de ductos y otras acciones que desde el Ejecutivo Federal se han emprendido para combatir el robo de hidrocarburos y su comercialización ilícita, se debe garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos a los mexicanos.
La Comisión aprovechó para hacer un “respetuoso exhorto” a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como a las demás instancias competentes del Gobierno de la República, para que adopten las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho que tienen las personas al suministro, disponibilidad y accesibilidad de los combustibles.
Enfatizó que adicional al servicio, los mexicanos deben contar con información veraz, actualizada y oportuna sobre las eventuales afectaciones que se presenten, las medidas que se adopten para remediarlas y los alcances que tendrán.
“Se requiere garantizar que los servicios públicos esenciales, tales como los de emergencia, salud, seguridad y limpieza, entre otros, no se suspendan o vuelvan inoperantes por la falta de combustibles”, dijo la CNDH.
La Comisión se manifestó a favor de que se haga una investigación objetiva, integral y profesional sobre el robo de hidrocarburos, que comprenda tanto a las personas involucradas en su extracción ilícita, como a las relacionadas con su transporte y comercialización, con el propósito de que dicha actividad se combata frontalmente y no subsista la impunidad.
