La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó analizar la constitucionalidad de las leyes de la Guardia Nacional y la general del Sistema Nacional de Seguridad, promulgadas en mayo pasado y que normarán la labor de los 150 mil elementos que integrarán la corporación, debido a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) las impugnó por considerar que contienen omisiones que pueden ser violatorias de garantías.
En las acciones de inconstitucionalidad que promovió se establece que los legisladores que promulgaron estas leyes incurrieron en serias omisiones, puesto que no se incluyeron reglas suficientes para regular la nueva institución policiaca.
De acuerdo con el organismo nacional, la base jurídica que regulará la actuación de los elementos “es demasiado general, no específica”, por lo que en los hechos, su aplicación puede traducirse en violaciones a los derechos humanos durante las tareas de seguridad pública que realizarán los militares, marinos y policías federales que la conforman.
En los documentos que el 26 de junio pasado entregó el ombdusman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que en estas leyes no se contemplan algunos criterios para el actuar de los cuerpos de seguridad, que sí están plasmados en la Constitución, por lo que debieron ser reguladas por los legisladores.
Con estos argumentos promovió la acción de inconstitucionalidad 62/2019 contra las leyes de la Guardia Nacional, y la 66/2019 contra la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, que tienen fallas de origen en el Senado.
