México no ha logrado resolver la grave crisis de derechos humanos, a un año de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegara a la Presidencia de México, indicó la organización Amnistía Internacional (AI) en su informe “Cuando las palabras no bastan”.
México enfrente graves problems de derechos humanos, como el tema de seguridad ciudadana, pero no ha habido un cambio sustancial en la estrategia militarizada del gobierno, dice @ErikaGuevaraR en el lanzamiento del informe #LasPalabrasNoBastan pic.twitter.com/7gFOPMbdzd
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) November 27, 2019
En el documento, que se presentó este miércoles en Ciudad de México, Amnistía Internacional reconoció que el Gobierno de López Obrador recibió un país con una profunda crisis en materia de derechos humanos. Pero señaló que luego de un año AI sigue documentando “la grave situación que atraviesa México y observa con preocupación la continuación de esta crisis”.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, consideró que el gobierno de López Obrador “ha mostrado voluntad” por avanzar parcialmente en algunas iniciativas, sobre todo en el tema de desapariciones.
Aunque después de un año, indicó, “no se observan cambios sustanciales” en la sociedad mexicana, que enfrenta una grave crisis en materia de derechos humanos que se ha prolongado por más de una década.
Guevara-Rosas sostuvo que los altos niveles de violencia, que atentan contra el derecho a la vida, la tortura, aún generalizada, los alarmantes índices de violencia contra las mujeres y una estrategia de seguridad militarizada más viva que nunca son una muestra de la trágica realidad en México.
Amnistía Internacional destacó temas que el actual Gobierno “debe abordar de forma urgente”, entre ellos los derechos de los pueblos indígenas y la protección de sus territorios, la situación de violencia que enfrentan las personas LGBTI, el acceso a derechos sexuales y reproductivos y el ejercicio de derechos sociales y económicos.
Enfatizó que el Gobierno de López Obrador, que se inició el 1 de diciembre de 2018, no se ha alejado sustancialmente de la estrategia de seguridad altamente militarizada de sus predecesores” Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La organización destacó que el actual mandatario se ha negado a reconocer la tortura como práctica generalizada y ha endurecido la gestión migratoria. Además ha restringido indebidamente y puesto en riesgo el ejercicio de la libertad de reunión pacífica y ha estigmatizado consistentemente a periodistas y organizaciones de la sociedad civil que han criticado sus políticas.
