Once jueces de la Corte Suprema británica comenzaron a analizar este martes si la decisión del primer ministro Boris Johnson de suspender las labores parlamentarias hasta dos semanas antes del Brexit fue legal, después que dos tribunales inferiores dictaron opiniones contradictorias.
El tribunal prevé tres días de análisis: su decisión podría conocerse el jueves o los magistrados podrían darse algún tiempo más para reflexionar.
Si al término de este nuevo episodio en la caótica ruta del Brexit, la justicia declara que la suspensión es ilegal, el Parlamento debería, según los expertos, volver a ser convocado de inmediato.
Algo que Johnson no quiso aceptar. “Lo mejor que podemos hacer es esperar y ver qué dicen los jueces”, declaró a la BBC.
La decisión de la Corte Suprema no tendrá, sin embargo, ningún efecto en el calendario del Brexit, advirtió su presidenta, Brenda Hale, al abrir el análisis.
“Esta es una cuestión jurídica seria y difícil. No nos conciernen las cuestiones políticas más amplias”, aseguró mientras, a las puertas del tribunal, medio centenar de manifestantes protestaban con pancartas que decían: “Nuestra democracia muere cuando se silencia a los diputados” o “Paren el golpe de Estado”.
Y es que las dos cámaras del Parlamento británico vieron sus labores suspendidas el pasado martes y no deben reanudarlas hasta el 14 de octubre.
Johnson justificó su petición de suspensión a la reina por la necesidad de elaborar y presentar su programa de política nacional, una práctica habitual cuando hay cambio de gobierno.
Sin embargo, los opositores a un Brexit sin acuerdo la consideran una estrategia para maniatarlos y denunciaron un “ultraje constitucional”.
El pasado miércoles, un tribunal de apelaciones escocés les dio la razón. Por unanimidad, sus tres jueces consideraron que la medida tuvo “como objetivo obstaculizar al Parlamento” y la declararon “ilegal”, invalidando la sentencia de una corte inferior interpelada por 78 diputados proeuropeos.
Pero, en otro caso separado, presentado por la empresaria y activista antibrexit Gina Miller con el apoyo entre otros del ex primer ministro conservador John Major, una corte de Londres dictó lo contrario.
Sus jueces consideraron que la decisión de suspender el Parlamento es de “naturaleza intrínsecamente política” y “no existen normas legales con que juzgar su legitimidad”.
