Esta mañana venció el plazo que el gobierno español dio al Presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, para aclarar e informar si fue declarada o no la independencia de la región el pasado 10 de octubre.
El líder catalán optó por responder a través de una carta pública, en la que indicaba que a pesar de que el 10 de octubre, el Parlamento local celebró una sesión con el objeto de valorar el resultado del referéndum y sus efectos, él decidió “dejar en suspenso los efectos de aquel mandato popular” para dar paso al diálogo; recriminó que la única respuesta que recibió fue la amenaza de “suspensión de la autonomía”, lo que de acuerdo a Puigdemont, indica que Rajoy “no es consciente del problema y que no se quiere hablar”.
Puigdemont amagó con que si el Gobierno de español persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, “el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre”.
En respuesta, el Gobierno de España contestó también con un comunicado en el que aseguró que “ha constatado la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña” a acatar el requerimiento que se le hiciera, y “ante la ausencia de respuesta en esos términos, por tanto, clara y precisa, el Gobierno (…) continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución con el objetivo de restaurar la legalidad en Cataluña”.
Anunció que esto dará inicio el próximo sábado al convocar a una sesión extraordinaria al Consejo de Ministros en donde se habrá de aprobar las medidas que protejan “el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña (…) y restaurar el orden constitucional en la Comunidad Autónoma”.