Con ocho meses y medio de embarazo, una salvadoreña que presentaba contracciones tras cruzar el Río Bravo y ser aprehendida por la Patrulla Fronteriza fue obligada a regresar a México.
Los agentes la llevaron al hospital, donde los médicos le dieron un medicamento para detener las contracciones. Y luego, según la mujer y su abogada, fue enviada a México casi inmediatamente.
Así se convirtió en una de más de 38 mil personas obligadas a aguardar al otro lado de la frontera a ser convocadas para audiencias en tribunales de inmigración, según una política implementada por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Sus penurias ponen de manifiesto los riesgos para la salud y los peligros que representan para los inmigrantes el programa del gobierno de Estados Unidos para hacerlos esperar en México.
La mujer aguardaba el jueves con su hija de 3 años en un campamento improvisado en Matamoros, junto a un puente internacional, a punto de dar a luz cualquier día, señaló su abogada Jodi Goodwin.
“Le preocupa tener al bebé en la calle o tener que parir al bebé en un albergue”, agregó.
Las mujeres embarazadas enfrentan riesgos especiales en México, porque con frecuencia los sitios donde los inmigrantes aguardan a poder ingresar a Estados Unidos carecen de acceso a alimentos en forma regular, agua potable y atención médica.
Muchos albergues en la frontera con México ya operan a toda su capacidad o por encima de ella, y algunas familias han estado durmiendo en tiendas o sobre frazadas bajo el abrasador calor veraniego. Abundan los reportes de migrantes que son atacados o secuestrados en ciudades fronterizas mexicanas, en especial en el estado de Tamaulipas, limítrofe con Texas, donde la madre salvadoreña está aguardando una cita en un tribunal estadounidense programada para noviembre.
