La Fiscalía General de España presentó cargos este lunes contra el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y todo su gabinete, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros diputados regionales por rebelión, sedición y malversación por impulsar un proceso independentista.
El Ministerio Público solicitó una fianza conjunta de 6,2 millones de euros para todos los imputados y, en su caso, “embargo de bienes” por sus posibles “responsabilidades pecuniarias”.
El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, ordenó el viernespasado el cese de Puigdemont y todo su equipo de gobierno, disolvió el Parlamento regional y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre amparado en el artículo 155 de la Constitución.
La decisión se tomó, con autorización del Senado, justo después de que el Parlamento catalán aprobara en votación secreta una resolución cuyo preámbulo declaraba un “Estado independiente en forma de república”.
En ambos casos, la Fiscalía demanda que los imputados sean citados urgentemente a declarar con vistas a una “eventual solicitud de medidas cautelares”. En caso de incomparecencia, se pide la detención “inmediata”.
El fiscal general responsabiliza a los anteriores miembros del gobierno catalán de decisiones y actos que han producido una “crisis institucional” que culminó con la “declaración unilateral de independencia” por parte del Parlamento catalán con un “total desprecio” a la Constitución española.
El delito de rebelión está penado en España con entre 15 y 25 años de prisión para los jefes o instigadores, y hasta 30 si se han esgrimido armas, causado estragos o ejercido la violencia. La Fiscalía también los acusa de malversación por el “uso ilegal de fondos públicos” para permitir el referéndum.
Con información de EFE / Foto: Archivo APO
