Vidal Llerenas
En la discusión del Paquete Económico, el gobierno defiende la idea de que no existe margen alguno de cambio presupuestal, ni siquiera para apoyar a los damnificados de los sismos, a los que solamente se les ofrecen créditos. En la lógica gubernamental, lo que se presenta es indispensable para la estabilidad y demuestra el buen estado de las finanzas del país.
Voy a tratar de refutar ambas ideas. Primero, es cuestionable que el manejo financiero del gobierno sea bueno, cuando en cinco años la deuda creció 25% real y el costo financiero en alrededor de 1 punto más del PIB con respecto al 2013. Dicho costo, de alrededor de 3 puntos del Producto, mayor a los requerimientos financieros del gobierno en el 2018, de 2.5% del PIB.
La deuda que se tomó en los últimos años nos quita margen presupuestal, pero, sobre todo, no impulsó el crecimiento, ya que la mayor parte de la misma no se destinó a la inversión. De hecho, en los últimos cuatro años el crecimiento de la deuda no está relacionada con el nivel de inversión pública. En el 2018 la deuda neta federal será de 501,000 mdp, pero la inversión física será de 344,000 mdp, es decir 156,000 mdp se destinan, presumiblemente, al gasto corriente.
La inversión pública es la gran perdedora de la política de gasto del gobierno mexicano. Mientras que en el 2013 el porcentaje de inversión como proporción del PIB era de 2.5%, en el 2018 será de 1.3 por ciento. El gobierno dice que la baja inversión será compensada por proyectos público-privados de infraestructura, pero eso no es verdad. Los nuevos proyectos de asociación público-privados para el 2018 contemplan únicamente 8,146 millones de inversión privada en un programa de mantenimiento de carreteras.
El poco espacio fiscal genera ya problemas muy serios para atender las necesidades más básicas. Por ejemplo, el nivel del gasto en salud, como proporción del PIB, propuesto para el 2018 es de 2.5% del Producto, cuando en el 2013 fue de 3.5 por ciento. El gasto en educación será 1.4% menor al del 2017. Sin embargo, en el decreto no se proponen mayores controles al gasto, ni siquiera en rubros como el gasto en publicidad, que en lo que va del sexenio ronda los 8,000 mdp.
Al mismo tiempo, el gobierno registra 680 mdp en fideicomisos que no tienen estructura. Eso tendría que darle al gobierno el margen suficiente para sostener los gastos derivados por motivo del sismo. En particular, si 30% del remanente de operación del Banco de México se ha depositado en un fondo de estabilización, por qué no utilizarlo para apoyar a la población en la difícil situación actual. Se dice que el remanente es para pagar deuda, pero ya en el 2016 alrededor de 103,000 mdp se utilizaron para cumplir la meta de déficit, es decir simplemente como recursos adicionales para pagar gasto.
