La dirigencia nacional de Morena, a cargo de Alfonso Ramírez Cuellar, dio a conocer el “Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional”, con el fin de ayudar a enfrentar la crisis económica generada por la pandemia del nuevo coronavirus, Covid.-19.
En su propuesta, sugiere que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tenga facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país, es decir, que pueda tener acceso a los registros del patrimonio de todos los mexicanos.
“Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata sólo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza”, señaló Ramírez Cuellar.
En su propuesta señala que el INEGI debe poder accesar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas, y cada dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano.
Para lograr que el INEGI conozca a profundidad el patrimonio de las personas, Morena propone que tenga acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a toda la información financiera y bursátil de las personas.
El @PartidoMorenaMx propone un “nuevo Estado” donde el @INEGI_INFORMA revise “el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas”; que se grave “la propiedad, la riqueza y el ingreso”; y que la @cofecemx evite “El sobreprecio que se impone al momento de adquirir”. Uff pic.twitter.com/KFTgnLvDDh
— Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) May 18, 2020
La propuesta rápidamente causó polémica. El dirigente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, cuestionó lo planteado por Morena, pues además de sugerir que el INE revise el patrimonio de los mexicanos, pide que se grave “la propiedad, la riqueza y el ingreso”.
En su propuesta, Morena habla de la progresividad fiscal, que tendrá que aplicarse a la propiedad, la riqueza, el ingreso, las emisiones de CO2 y los daños a la salud.
Para justificar dicho planteamiento, señala que un Estado de Bienestar sólo puede cobrar vigencia y hacerse realidad cuando pagan más los que más tienen.
También habla de que se debe dotar de mayor fortaleza y facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), para analizar la concentración y el poder que tienen las empresas.
Lamentó que el sobreprecio que se impone al momento de adquirir alimentos, material de construcción, usar transporte terrestre o aéreo, medicamentos o sistemas financieros o de comunicación está afectando sistemáticamente a los hogares más pobres.
Acusó que buena parte de las transferencias monetarias no están promoviendo el bienestar, sino que sólo están ayudando a cubrir el sobreprecio que impone el poder del monopolio o del oligopolio en los distintos mercados.
