El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que el gobierno presentará denuncias contra algunas empresas energéticas por fraude.
El mandatario aseguró que alista las denuncias contra “los que resulten responsables” de dañar a la Hacienda Pública por contratos “fraudulentos” entregados en administraciones pasadas que obligaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagarle una tarifa a los privados.
Al indicar que primero hablará con los privados, criticó que la opinión pública solo acepte la opinión de los particulares.
“Incluso se puso por delante el que se estaba afectando la generación de energía limpia y que estábamos nosotros queriendo regresar al combustóleo para contaminar, ese no es el fondo del asunto, aquí estamos ante un posible fraude a la nación”, dijo AMLO en la mañanera.
El presidente se refirió a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este lunes notificó de la suspensión provisional de la política que la Secretaría de Energía (Sener) publicó el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Este acuerdo, como explicó el propio mandatario este martes, pretende que la electricidad de generadores privados de viento y sol no tenga prioridad sobre la de plantas hidroeléctricas y otras fuentes de CFE.
“Como el plan era arruinar a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad, pues las hidroeléctricas están
subutilizadas”, insistió López Obrador.
Aunque el presidente dijo que la SCJN otorgó un amparo a las empresas inconformes, en realidad la Suprema Corte concedió esta medida cautelar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quien impugnó la semana pasada la política porque “violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución”.
“Somos respetuosos de la legalidad, hay en México Estado de derecho, esto también lo digo para que en otras partes, particularmente en España, en Estados Unidos, pues no se piense que se actúa de manera arbitraria”, dijo López Obrador.
El presidente indicó que explicará a los empresarios de Estados Unidos y España “por qué están actuando así”. Aun así, adelantó que va “a defender el interés público” ante la Corte, aunque “lleve tiempo”, pues se calcula que la SCJN podría tardar hasta un año en determinar la constitucionalidad de la política de Sener.
“Lo que hay es una campaña hablando de que no respetamos acuerdos, pues si ustedes se enteran de que hay un delito o un presunto delito, pues estamos obligados todos a denunciarlo, ¿o ya lo dejamos así? ¿que nos sigan robando?”, remató.
