Esta mañana la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) presentó su informe “Doble injusticia – Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, en el que se señaló que hay sólidos motivos para creer que a una parte de las personas arrestadas en la etapa inicial de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas en 2014, se les habría detenido arbitrariamente y torturado.
En nuestro informe hablamos de #DobleInjusticia por la tortura a la que sometieron a 34 de los inculpados por el caso #Ayotzinapa y porque a las víctimas y sus familias se les ha negado el acceso a la verdad y la justicia. pic.twitter.com/xWABzeQRAY
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) March 15, 2018
En el documento se analiza información sobre 63 personas de un total de 129 imputadas en relación con la desaparición de los estudiantes; y tras el examen de los expedientes judiciales, las fichas médicas revelan numerosas lesiones, además de que al analizar las entrevistas con autoridades, detenidos y testigos, se tienen fuertes elementos para concluir que al menos 34 de esas personas habrían sufrido torturas.
En el informe se señala que hubo “un modus operandi prácticamente uniforme” en la manera en que las personas habrían sido detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles información o confesiones, y en las demoras significativas en su presentación formal ante el Ministerio Público, lo que a menudo las dejó fuera de la protección de la ley.
Se describe que en muchos casos se ofrecieron “justificaciones no plausibles y contradictorias” para explicar las causas de las lesiones que presentaban las personas detenidas, como “autogolpes, lesiones anteriores a la detención, estados de ebriedad o caídas”.
En el informe se destaca además la existencia de una serie de declaraciones auto-inculpatorias “libres y espontáneas” hechas por personas detenidas que presentaban múltiples lesiones, como queda evidenciado en los partes médicos.
La ONU-DH llamó a que cualquier prueba del caso Ayotzinapa, sobre la que existan razones fundadas de haber sido obtenida bajo la tortura, se excluya o se declare nula y sin efecto, de acuerdo con la Ley General sobre Tortura vigente en México y con las normas del derecho internacional.
De igual forma pidió a la PGR realizar investigaciones en un plazo razonable e identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, las torturas y otras violaciones de derechos humanos.
