El congreso de Tabasco aprobó en comisiones un dictamen que busca imponer penas de hasta 20 años de prisión a personas que realicen bloqueos, impidan la realización de obras públicas o cierren el paso a zonas petroleras.
Esta reforma propuesta por el gobernador, Adán Augusto López Hernández, será votada en el Pleno el próximo lunes y cuenta con el aval de la bancada mayoritaria de Morena, pero los legisladores del PRI anticiparon su voto en contra con el argumento de que es “incongruente” castigar una práctica que promovió hace más de dos décadas el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, aprobó por mayoría de votos los cambios al Código Penal en donde se aumentan las penas de 10 a 20 años para las personas que cometan “delitos contra la libertad de tránsito; de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas, e interrupción o dificultad del servicio público de comunicación”.
El dictamen señala que el delito contra la libertad de tránsito existirá cuando “cualquier persona que carezca de facultad legal, impida total o parcialmente libre tránsito de personas”.
Por la comisión de este delito, se impondrán prisión de uno a cinco años. La pena se incrementará el doble cuando el responsable se haga acompañar de menores de edad.
Si alguien incurre en el delito de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas, se le podrá aplicar una pena que puede ir de seis hasta los 13 años de prisión.
Sobre el delito de interrupción o dificultad del servicio público de comunicación, se sancionará con prisión de seis meses a cuatro años. La persona que dificulte el servicio público local de comunicación, obstaculice las vías, retenga unidades o les impida el paso de algún modo, podría estar encarcelado de uno a 8 años.
Se consideran multas económicas de 168 mil 980 pesos a quienes cometan estos delitos, y si son realizados por un servidor público o ex servidor público, por miembros o exmiembros de alguna cooperación policial, se impondrá una inhabilitación de cinco a 10 años para desempeñar un cargo o comisión pública.
Entre 2012 y 2018, Tabasco registró casi 2 mil protestas, de acuerdo con datos del Gobierno del estado y el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab). Petróleos Mexicanos (Pemex) es uno de los entes que más acciones de este tipo acumula.
