PABLO HIRIART
Los empresarios que van a ‘negociar’ a Palacio Nacional y reciben seguridades plenas del cumplimiento del Estado de derecho para que inviertan, tal vez deberían dar una mirada a la bola de nieve que viene rodando porque los va a aplastar.
El tres de octubre fueron secuestrados 92 choferes e igual número de autobuses de pasajeros por parte de normalistas de Tenería, Estado de México, destrozaron casetas de la carretera México-Toluca, y el gobierno les puso una mesa de diálogo.
En lugar de liberar a los cautivos y recuperar los bienes como condición inicial, el gobierno aceptó todas las exigencias de los secuestradores sin que soltaran a los choferes plagiados ni devolvieran los autobuses.
Ayer en su conferencia matutina el presidente López Obrador se refirió brevemente al tema y dijo que “ya mañana se verá si hubo alguna infracción”.
¿Cómo? ¿A ver si hubo alguna infracción?
Secuestraron a casi un centenar de personas por una semana y se robaron autobuses de empresas privadas. ¿Eso ya está permitido?
Váyanse acostumbrando porque la respuesta es sí.
En respuesta a ese delito el gobierno se comprometió a darles lo que exigían como rescate: 84 plazas en el magisterio, más sueldos para docentes de la Normal, que en lo sucesivo tengan prioridad en la asignación de plazas, y cero represalias.
Durante la conferencia de ayer se le preguntó al Presidente sobre la solicitud de la Asociación Nacional de Universidades (ANUIES) de aumentar en 17 mil millones de pesos el presupuesto para ellas.
La respuesta del Presidente fue categórica: no. Y explicó: “no vamos a estar a expensas de chantajes” de parte de “grupos de presión. Ya no es así la cosa. Ya cambió”.
Cierto y claro: los que secuestran personas, destrozan casetas y se apropian de bienes privados (92 autobuses), consiguen lo que quieren. Los que piden por las vías legales, nada, cero.
Ahí está la realidad, no en las palabras que les dicen a los empresarios que toman café en Palacio Nacional.
¿Más ejemplos?
El martes Juan Carlos Guzmán, juez Quinto en Materia Administrativa, revocó los amparos que él mismo había concedido para frenar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía hasta aclarar los motivos de la cancelación del NAIM.
¿Qué hizo ‘reflexionar’ al juez para cambiar diametralmente su opinión expresada en un fallo?
Muy fácil: el gobierno le echó a la Secretaría de la Defensa Nacional encima.
¿Quién es el guapo que le dice que no al Ejército y a la Fuerza Aérea, cuando las manda el Ejecutivo a revocar una sentencia?
El juez, literalmente, se cuadró: “Se revoca la suspensión definitiva otorgada. Se niega la suspensión definitiva”.
Se trata del mismo juez que había autorizado los amparos promovidos por el colectivo No más Derroches, que encabeza Claudio X. González Guajardo.
Al propio Claudio X. el Presidente lo zarandeó con calificativos y denuestos en una conferencia mañanera.
¿Quieren Estado de derecho, señores empresarios? Ahí lo tienen.
¿Más?
A Rosario Robles, investigada por la ‘estafa maestra’, se le sigue el proceso en la cárcel gracias a una licencia de conducir falsificada para tenerla en prisión mientras se dilucida su situación jurídica.
Como juez le pusieron a un sobrino de Dolores Padierna y René Bejarano, que habían jurado venganza contra su excompañera, y ahora lo festejan en redes sociales.
Muy bien que se haga justicia en la ‘estafa maestra’, pero ¿con fabricación de pruebas para encarcelar antes de que haya sentencia?
Eso le puede pasar a cualquiera… que el gobierno señale como adversario.
Tengan su Estado de derecho.
La Cámara de Diputados acaba de aprobar una ley que prohíbe a un funcionario público emplearse en el sector privado por diez años luego de concluido su encargo o haber sido despedido del puesto.
Eso viola el artículo V constitucional que establece que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a su profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo lícitos.
Los funcionarios públicos estarán condenados a vivir de la política, de la grilla, y a hacer todo por permanecer en el poder.
¿Querían Estado de derecho?
Ahí lo tienen.
Y si no les gusta, cómanse la extinción de dominio para sus bienes y prisión ineludible en caso de sospecha de evasión fiscal.
¿Más cafecito?
