JUAN PARDINAS
Cuando trabajé como corresponsal en la India, una de las experiencias más interesantes fue cubrir las elecciones en la democracia más poblada del mundo. La lista nominal tiene más de 800 millones de votantes potenciales. Por la escala demográfica y territorial del proceso, el “día de las elecciones” se divide a lo largo de distintas jornadas. Un domingo votan los estados del noreste, se cuentan los sufragios y luego la siguiente semana les corresponde votar a las provincias del centro y así hasta cubrir el mapa completo de esa nación continente. Otra peculiaridad es el gigantesco número de partidos políticos que participan en la contienda. Hoy el Parlamento indio tiene 37 partidos políticos distintos. Los votantes en la casilla no reciben una boleta sino un folio de papeletas, de tres o cuatro hojas, para elegir al mismo cargo público.
En México todavía no nos dan boletas engrapadas para votar, pero nuestro sistema de partidos avanza en un acelerado proceso de pulverización. En el año 2000, PRI, PAN y PRD tenían sumados 467 de 500 curules en la Cámara de Diputados. En el 2015, si a los diputados del PRI, PAN, PRD les sumamos los legisladores de Morena, entre los 4 partidos principales llegan a 408 legisladores. La chiquillada ha crecido en peso y número.
Este aumento en el número de partidos no necesariamente se ha visto reflejado en una ampliación de la pluralidad ideológica o en una mejora en la calidad de las opciones para los ciudadanos. Lo que sí ha ocurrido es que el rompecabezas de la gobernabilidad ahora tiene más piezas. A nivel de la elección presidencial esta pulverización tiene tintes preocupantes. Para la elección del 2018, con una hipotética participación del 50%, México puede enfrentar un escenario donde el próximo Presidente sea electo con menos del 15% de los sufragios de los electores registrados. Esta estrecha base de legitimidad se puede convertir en una debilidad estructural de la Presidencia mexicana.
La segunda vuelta presidencial es un diseño constitucional que permite mitigar este problema. Si ningún candidato obtiene un porcentaje de votación por encima de un umbral del 50%, en un breve lapso de tiempo, se convoca a una nueva elección entre los dos punteros. La segunda vuelta se convierte en un factor agregado de gobernabilidad si las elecciones al Congreso ocurren el mismo día de la segunda vuelta presidencial. Si en la primera vuelta hay un ganador contundente, en la segunda jornada sólo se llevan a cabo los comicios al Senado y la Cámara de Diputados.
María Amparo Casar ha encontrado una llave argumental para abrir la puerta a la segunda vuelta en la elección presidencial del 2018. El Artículo 105 de la Constitución establece que: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”. Este plazo legal ya se venció, pero la doctora Casar plantea que la prohibición en la Carta Magna no aplica para cambios a la propia Constitución. La segunda vuelta se puede aprobar, con muchas prisas, a nivel constitucional y regular en los artículos transitorios los vacíos de la ley secundaria. Puede ser.
Sin embargo, la segunda vuelta se podría percibir como una reedición del desafuero contra López Obrador durante el sexenio de Vicente Fox. En manos de AMLO, que ha basado sus tres campañas electorales en la autovictimización, la segunda vuelta puede ser una nueva inyección de esteroides para sus ambiciones políticas. Leo Zuckermann plantea una salida alternativa: hay que aprobar ya la segunda vuelta, pero que entre en vigor hasta el 2019. La propuesta de Zuckermann fortalece el diseño institucional mexicano, sin echarle gasolina y argumentos a las teorías del complot. Sea la ruta de Zuckermann o el camino de Casar, la conclusión es la misma: México necesita de una segunda vuelta.
@jepardinas
