El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB) del Senado Mexicano analiza la conformación de la legislación canadiense sobre el uso de la marihuana y propone un debate para su implementación en México.
A través del reporte “La legalización del cannabis en Canadá; un nuevo paradigma en la política de drogas”, el análisis detalla información relativa a la próxima implementación del Cannabis Act C-45 tanto a nivel federal como por parte de las Provincias canadienses, y discute las oportunidades y retos que entraña tanto para el país como para la región en su conjunto.
Además, se analizan los desafíos de este cambio de paradigma en la lucha contra las drogas, en especial en relación con la política mexicana. Sumada a la experiencia de distintos estados de la Unión Americana que han despenalizado el uso de la marihuana para fines recreativos, la experiencia canadiense podría servir para inspirar un nuevo debate en México.
El documento expone también, las repercusiones que esta transformación legislativa comienza a tener para la imagen internacional de Canadá. En un extremo lo proyecta como un país líder, audaz e innovador, en la generación de mecanismos de regulación del uso de esta droga, la protección de la salud y la prevención de la violencia, mientras que las voces de organismos internacionales se han hecho escuchar manifestando su rechazo a lo que consideran es una violación al marco normativo internacional.
La planta del cannabis ha sido utilizada con fines espirituales, medicinales y recreativos desde los albores de la humanidad. Tras la firma de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el cannabis fue incluido en la Lista I como sustancia prohibida. Pese a ello, es uno de los estupefacientes más consumidos y cultivados en el mundo.
La despenalización del cannabis para uso lúdico en Canadá fue una de las promesas de campaña durante la elección de Primer Ministro de Justin Trudeau (2015), bajo el argumento que dicha legalización eliminaría las drogas de las calles y del alcance de los niños y los jóvenes al pasar de un enfoque criminalizado y persecutorio a uno de salud pública bajo una estricta regulación estatal.
Redacción APO / Foto: Especial
