Tal como le anticip´´e en mi columna de El Universal hace tres semanas, el empresario Carlos Lomelí excandidato a gobernador en el Estado de Jalisco por Morena y quien actualmente se desempeña como superdelegado del Gobierno federal en aquella región, en la que coordina la entrega de apoyos sociales de la Administración federal, ha sido señalado por el diario El País por un presunto conflicto de interés.
La columna de opinión publicada por @AnaPOrdorica en @El_Universal_Mx es sólo especulativa y carece de fundamentos. pic.twitter.com/ZMK6BLc93F
— Dr. Carlos Lomelí (@DrCarlosLomeli) May 3, 2019
Lomelí es señalado por estar en el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas controladas por 11 familiares, dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el funcionario solo reconoce como propias cuatro de esas compañías.
Ese grupo farmacéutico ha vendido miles de millones de pesos en contratos gubernamentales en siete años (2012-2019). Tan solo una de esas compañías, Abastecedora de Insumos para la Salud, Abisalud, ganó, en lo que va de 2019, más de 164 millones de pesos, adjudicados por el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
El País retoma una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que relaciona a Carlos Lomelí Bolaños con Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud) y señala: “los negocios de Abisalud con dependencias del Gobierno federal representan un nuevo reto para Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder impulsado por un discurso de combate a la corrupción y a las malas prácticas en la Administración pública”.
Según la investigación, Abisalud también firmó a finales de diciembre de 2018 un contrato con otro gobierno surgido de Morena, el de Cuitláhuac García en Veracruz, quien le asignó directamente un contrato por 36 millones.
López Obrador ya ha lidiado con temas similares en los cinco meses y medio que lleva en la presidencia. El 26 de abril, el líder de Morena anunció su intención de cancelar un contrato que había ganado la empresa Bio Pappel Scribe para vender papel a la Secretaría de Educación Pública, debido a que la compañía es propiedad del empresario Miguel Rincón, amigo y compadre de López Obrador, además de ser parte de su Consejo Asesor Empresarial.
Tras las palabras del presidente, el Consejo de Administración de Bio Pappel anunció la retirada del concurso sin solicitar indemnización.
“El caso de Lomelí, sin embargo, resulta potencialmente más tóxico: los superdelegados, un cargo que ya de por sí despierta recelos entre los gobernadores, que temen ver menguados sus poderes, son elegidos y nombrados de forma directa por el Gobierno federal, esto es, por López Obrador”, señala el diario español.
