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El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó hoy el decreto para cambiar de nombre al Instituto de Administración de Bienes y Activos, antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), por el de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

El documento establece que “todas las referencias que hagan mención al Instituto de Administración de Bienes y Activos en la normatividad vigente, se entenderán realizadas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Agrega que esta modificación está acorde con los objetivos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de combatir a la corrupción, impulsar la transparencia e implementar una política social en beneficio de los más necesitados del país.

Señala que la nueva política gubernamental de este instituto contribuirá a la misión permanente de ofrecer a la ciudadanía, a través de procesos comerciales, la posibilidad de adquirir bienes de particulares (incluidos servidores públicos actuales y exservidores públicos) que fueron obtenidos mediante actividades ilícitas.

De esta manera, el gobierno se allega de recursos que son destinados para el beneficio de la sociedad, a través de obras, becas y bienes específicos, especialmente para comunidades de muy alta y alta marginación.

Para ello se conformó un Gabinete Social de la Presidencia de la República, integrado por las secretarías de Gobernación, Hacienda, Bienestar, Educación y Salud, el INDEP, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

Este órgano propondrá y definirá el uso de los recursos y bienes a través de criterios de utilidad, seguridad y justicia social.

El INDEP también tendrá la función de monetizar los bienes transferidos a él como asegurados por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de reducir costos con cargo a recursos públicos, con excepción de lo que sean objeto de prueba.

También se plantea la creación de un Fondo de Reserva para resarcimientos ordenados por la autoridad judicial por afectaciones a particulares.

Este Instituto seguirá siendo un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y continuará con las actividades de desincorporación, liquidación o extinción de bienes, activos o empresas que previamente habían realizado sus antecedentes institucionales.

Pese a defender el discurso de austeridad que el gobierno federal impulsa, y cómo los funcionarios de la 4T deben de dar el ejemplo, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, prefirió pagar 16 mil pesos por un chequeo médico a visitar algún hospital público.

El morenista confirmó que la mañana de ayer asistió al Hospital ABC, el cual es privado y uno de los más caros de la Ciudad de México, a realizarse un chequeo médico que le costó 16 mil pesos, ya que dijo «desconocer» que en el ISSSTE se brinda dicho servicio.

«Fui el lunes, cada año me hago un check up, estuve ahí toda la mañana en el ABC de Santa Fe, tiene un costo de 16 mil pesos», declaró a los medios luego de que comenzara a circular una foto en redes sociales que lo mostraba haciendo uso del servicio médico privado y que rápidamente se viralizó.

Sin embargo, se le cuestionó la razón de no usar los servicios a los que tiene derecho en el ISSSTE, o incluso los que se brindan a través del INSABI, Instituto que entró en vigor a inicios de año por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el cual ha estado defendiendo en las últimas semanas.

¿Usted no va al Insabi? (…) a su clínica del ISSSTE? ¿Por qué no va a hospitales públicos?», le preguntaron los representantes de los medios de comunicación.

«No fui a atenderme algo en particular… ¿en el ISSSTE hacen check up?», reaccionó el legislador, y al responderle que sí, afirmó que no lo sabía.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, informó que en los próximos días se reunirá con los coordinadores de los grupos parlamentarios, con el fin de construir los consensos que se requieren para sacar adelante, en el segundo periodo ordinario de sesiones, 17 temas legislativos prioritarios.

El senador indicó que se trata de asuntos como la ley de amnistía, fuero, elevar a rango constitucional el sistema de bienestar social, cannabis, outsourcing, así como las reformas judicial, electoral y al sistema financiero.

Entre los temas también mencionó los relacionado con la economía circular, bienestar animal, cuidado al medio ambiente y combate al cambio climático, derecho al olvido en plataformas digitales, a la verdad y al libre desarrollo de la personalidad y las leyes secundarias del artículo 19 de la Constitución sobre delitos graves.

Asimismo, agregó, la reducción al financiamiento de los partidos políticos y el contenido nacional en servicios de plataformas digitales, como Netflix y YouTube.

Resaltó que la ley de amnistía y la reforma judicial son prioritarias, “Triple A”. en tanto, el tema del cannabis es una obligación constitucional y un mandato de la Suprema Corte. “Todas son prioridades para nosotros”.

Ricardo Monreal destacó que hay “una buena relación de respeto” con los líderes de las otras bancadas, por lo que se puede sacar adelante la mayor parte de esos puntos. Insistió en que los 17 asuntos son los que se consideran prioritarios, pero “no son limitativos”.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, aseguró que este 2020 será decisivo para culminar las reformas pendientes y crear el nuevo modelo de la Cuarta Transformación, siempre basado en los principios de austeridad, transparencia, combate a la corrupción y generar riqueza para los que han sido menos favorecidos.
Ante la crítica y señalamientos, Delgado aseguró que tal como ha sucedido a lo largo de esta legislatura, su fracción parlamentaria buscará siempre el consenso, el debate de ideas y las coincidencias con todas las fuerzas políticas, a pesar de las resistencias que ha habido en algunos sectores.
“En Morena hemos demostrado que somos diferentes, que no somos una mayoría que aplasta o que impone visiones; siempre escuchamos y atendemos a la oposición, a pesar de que cuando nosotros lo fuimos no sucedió lo mismo”, indicó el legislador.
Mario Delgado resaltó el trabajo que ha encabezado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) todos los días para demostrar que en este país sí se puede lograr un cambio de modelo, donde se pone por delante a los más pobres, a los grupos vulnerables y a las mujeres.
Sostuvo que las y los legisladores de Morena seguirán firmes en su compromiso de sacar adelante la agenda de la Cuarta Transformación, cuyo eje principal es acabar con la corrupción; confió en que este año concluya el andamiaje legislativo de la Cuarta Transformación.
«El presidente López Obrador ha demostrado para qué sirven las leyes y las reformas legislativas y por eso lo seguiremos apoyando para lograr un mejor país con justicia y dignidad», finalizó el morenista.

A partir de 2020 todos los funcionarios deberán hacer públicos los bienes de las personas con quienes tienen un vínculo sentimental como parejas, aunque no estén en concubinato ni sean cónyuges, informó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval.

Lo anterior luego de que la investigación contra Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), concluyera que no incurrió en conflicto de interés, ni faltó a la veracidad en sus declaraciones patrimoniales.

La funcionaria planteó que es cierto que legalmente Julia Abdalá, pareja sentimental de Bartlett, no es su esposa, su cónyuge ni su concubina, por ello con la legislación actual no está obligado a declarar sus bienes, pero a partir del próximo año deberá rendir cuentas del patrimonio de Abdalá.

“Este caso dibuja claramente la propuesta que personalmente realicé en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción para cambiar los formatos de la declaración patrimonial. Los formatos habían sido diseñados de forma minimalista y simuladora en el anterior régimen para no dar cuenta real del patrimonio de los servidores públicos y sus conflictos de intereses», sostuvo la titular de la SFP.

Los nuevos formatos fueron aprobados por el Sistema Nacional Anticorrupción el 11 de diciembre pasado, y los cuales entrarán en vigor a partir del 1 de enero.

Sandoval Ballesteros reiteró que la SFP actúa con plena libertad y autonomía, que no hay intocables, y todo servidor público denunciado ha sido y seguirá siendo investigado y, en su caso, serán sancionados conforme a las leyes aplicables.

«Nuestra actuación nunca ha sido ni será por consigna, ni arbitraria. Actuamos y seguiremos actuando con la ley en la mano, no hay intocables, no hay perseguidos y cuando no se encuentren elementos que sustenten una posible irregularidad se concluirán las investigaciones en estricta observancia a los principios de legalidad», remató.

El diputado Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, manifestó que para seguir consolidando la Cuarta Transformación de México se requiere de seguir trabajando para fortalecer de dos cosas que son los pendientes de esta administración: el crecimiento económico y la seguridad.

El legislador puntualizó que la estrategia del actual Gobierno Federal para consolidar la 4T es actuar de manera valiente y arrojada para cambiar de régimen político, de modelo económico, en la estrategia de seguridad y en erradicar la corrupción.

En el tema económico, puntualizó que el Gobierno Federal, al combatir la corrupción del sector público como elemento clave para el desarrollo, logró cambiar la concepción de la participación del Estado en la economía, ya que el papel del Estado es que genere valor y para ello una parte importante es la austeridad republicana.

El diputado de Morena añadió que para este crecimiento económico nacional se está haciendo una inversión importante en las megaobras contempladas en el Plan Nacional de Infraestructura: el Tren Maya, el Tren Transístmico y la refinería de Dos Bocas Tabasco, este último que tiene que ver con el rescate del sector energético del país.

Delgado Carrillo pronunció que generar un modelo donde se separa el poder político del poder económico no es fácil, y lo que falta seguir impulsando es que haya mayor inversión pública y privada, principalmente nacional, a través de la generación de expectativas para el sector privado.

Para el tema de seguridad, subrayó que hay una estrategia firme e importante, alejada de hacer lo que se realizó en pasadas administraciones, en donde el Legislativo cambió la Constitución con la finalidad de la creación, equipamiento, adiestramiento y financiamiento de una Guardia Nacional que combata los altos índices de inseguridad heredados.

“Esos son los dos pendientes que se tienen y que sin duda eso va a depender mucho que se consolide este movimiento, y yo creo que sí es una transformación”, dijo el legislador.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, pidió a los integrantes de la Asociación Nacional de Legisladores Constituyentes de la Cuarta Transformación, “no permitir que el bloque conservador se reorganice”.

“Es claro que la derecha, los conservadores, se están radicalizando en el país, quieren generar polarización y lo que yo les decía ayer a los legisladores es que no permitamos que la derecha se reorganice”, indicó el morenista en un breve encuentro con la prensa.

Manifestó que la Cuarta Transformación tiene que seguir creciendo, ocupando nuevos espacios, convenciendo a más gente, a causas, y generando liderazgos “para que la transformación nos dure muchos años”.

Delgado recordó que durante la ceremonia del primer año de gobierno del presidente López Obrador, el mandatario señaló que el 2020 será un año clave en la consolidación de la transformación, “para que ésta se vuelva irreversible”.

“El mejor reconocimiento que podemos tener las y los diputados de la Cámara, de la fracción de Morena y nuestros aliados, es que el Presidente considere que los cambios que hemos hecho equivalen a una nueva Constitución, entonces eso nos convierte en los constituyentes de la Cuarta Transformación”, externó.

Expuso que la Asociación Nacional de Legisladores Constituyentes de la Cuarta Transformación, que se conformó el pasado lunes, busca generar vínculos entre todos los partidos que la integran, así como mayor identidad y acción política conjunta, para impulsar la agenda de la Cuarta Transformación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó esta mañana el Acuerdo Nacional por la Igualdad entre hombres y mujeres, ante la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y representantes de colectivos feministas y mujeres del país.

«Me da gusto que se esté firmando el acuerdo, no por lo que se va a hacer, sino por lo que ya se está haciendo: garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Esto es evidente y se puede constatar viendo la tabla de los programas sociales y de bienestar», expresó el mandatario.

Tras afirmar que «no puede haber feminismo sin humanismo», destacó que la construcción de caminos en Oaxaca, las mujeres han jugado un rol especial pues por su sensibilidad y alto grado de “exquisitez», ellas son las encargadas de recolectar las piedras más bellas y con ello hacer “obras de arte en los caminos rurales».

En su conferencia de prensa matutina, subrayó la fuerte presencia del sexo femenino en los programas sociales prioritarios de su gobierno como Sembrando Vida, que beneficia a alrededor de 70 mil mujeres respecto a los poco más 150 mil hombres registrados.

En Palacio Nacional, detalló que en Jóvenes Construyendo el Futuro, casi 518 mil mujeres reciben beneficios, a diferencia de los 381 mil hombres registrados, y reiteró que su gobierno será incluyente y que en la medida procurará que los cargos públicos sean ocupados por mujeres.

En ese sentido, anunció que serán mujeres quienes integren la terna que enviará al Senado para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Este gobierno representa a todos, es un gobierno que atiende a todas las clases sociales y sectores económicos. Creyentes y no creyentes y se tiene como objetivo primordial darle atención preferente a los más pobres, a los más necesitados», afirmó tras puntualizar que en su gobierno no habrá machismo.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este martes el decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana, aprobado por el Congreso el pasado 8 de octubre.

El nuevo ordenamiento legal, conformado por 30 artículos divididos en cuatro títulos, entrará en vigor mañana miércoles 20 de noviembre.

La Ley Federal de Austeridad Republicana “tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política”.

En el texto, se define a la austeridad republicana como la conducta republicana y política de Estado que los entes públicos, así como los poderes Legislativo y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos constitucionales autónomos, están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

Estipula que para aplicar la política de austeridad republicana, los entes públicos deberán abstenerse de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos; enfocar las medidas de austeridad preferentemente en el gasto corriente no prioritario, y evitar reducir la inversión en la atención a emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad humana.

Uno de los puntos que más han llamado la atención, es que se establece que los servidores públicos de mando superior que se separen de su cargo “no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años”.

Adicional se prohíbe la contratación, con recursos públicos, de cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en decreto o alguna disposición general, condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

El decreto que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana también reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes General de Responsabilidades Administrativas y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Al respecto…

Por Alejandro Aguirre Guerrero

 

 

En caso de que las circunstancias obligaran a que Nicolás Maduro saliera de su país, (tal como ocurrió con Evo Morales en Bolivia), el Gobierno de AMLO ya cuenta con una partida presupuestal para cubrir sus gastos de estancia, seguridad y transporte, entre otros.

De acuerdo a fuentes en Presidencia de la República, México podría convertirse en refugio de mandatarios “estilo 4T” si las condiciones así lo exigen. “La instrucción consiste en mantenerse atentos para activar un esquema similar al de Evo Morales”, me dijeron.

Si bien es cierto, de acuerdo a la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Politico, México no está obligado a pagar la manutención de Morales, la orden presidencial fue que se hiciera, y lo mismo ocurriría en caso de que Nicolás Maduro (o Daniel Ortega) lo necesitaran.

De hecho, aunque de antemano en Presidencia contemplan no asilar a otro jefe de izquierda mientras Evo Morales siga aquí, (pues hacerlo podría, ahora sí, generar una crisis con Estados Unidos), en caso de presentarse la lejana coyuntura, AMLO optaría por refugiarlos al mismo tiempo, sin importar lo que pasara.

“Nosotros no nos fijamos en si ocurre a corto o largo plazo, o si eventualmente no fuera necesario, de todas forma tenemos contemplada la partida presupuestal para cubrir los gastos de Maduro u Ortega, por ejemplo, como personalidades históricas que son”, me comentaron.

Tomando en cuenta lo que me dicen, tanto Evo Morales como Nicolás Maduro, o cualquier otro jefe de izquierda, no es considerado refugiado o asilado político, sino “amigo de la nación”, por ello su manutención corre a cargo del Gobierno Federal.

Sobre el primer informe

Cuitláhuac García dedicó buena parte de su mensaje a sostener que en su administración no hay corrupción, lo cual supongo, incluye a todos sus colaboradores, ¿está muy seguro, Gobernador?

 

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El gobierno se asume como transformador. Lo que antes se hacía, ahora ya no se repite. “Somos diferentes, salvo algunas excepciones”, podría ser su mantra. Por ejemplo, cuando de traer asilado a México al hoy ex presidente de Bolivia, Evo Morales, se trata.

“México se ha caracterizado por su tradición en materia de protección a asilados a lo largo de su historia. Se ha mostrado como un Estado incluyente y solidario cuyas puertas han estado abiertas para quienes han tenido la necesidad de abandonar sus países”, dijo el canciller Marcelo Ebrard.

Ahí estuvo ausente el clásico del presidente López Obrador de que ahora las cosas se hacen distinto; de que “no somos como los de antes”. Para justificar el asilo a Evo Morales sí funcionaron las reglas del pasado.

En el comunicado de la cancillería se citaron la Convención sobre Asilo de La Habana de 1928 y la Convención sobre Asilo Diplomático firmada en Caracas en 1954 como sustento para otorgarle asilo a Evo Morales. Además, se mencionó que la legislación mexicana también reconoce el otorgamiento de asilo político en su Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de 2011.

El comunicado de la cancillería hizo mención del derecho internacional que reconoce que un individuo puede solicitar a un Estado del que no es nacional, como consecuencia de situaciones que surjan en el Estado de su nacionalidad, el reconocimiento como asilado. Pero, en este gobierno, una cosa son las peticiones de los guatemaltecos, hondureños, cubanos y hasta africanos que llegan a Tapachula a solicitar asilo y se les responde con la fuerza de la Guardia Nacional, y otra es la misma petición, pero de Evo Morales a quien se le trajo a México como si la austeridad fuera una palabra que no pronunciara a diario el presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras.

Y es que, en cuanto a la austeridad, ésta se implementa para recortar recursos para medicinas; para sueldos de la burocracia; para la Conafor y los incendios que debió combatir en los meses de sequía; para los traslados de elementos de seguridad que no pudieron llegar a atender las llamadas de auxilio a los familiares de los nueve asesinados en Sonora de la familia LeBarón sino hasta varias horas después.

Pero para trasladar a Evo Morales de Cochabamba a México, hubo jet privado y, después de un largo viaje cuyos costos seguramente no se harán públicos, hubo también recursos para que se le trasladara a un lugar seguro en la CDMX en helicóptero.

En cuanto a los principios de la diplomacia mexicana, ahí el gobierno se apegó a un fragmento del artículo 89 de la Constitución, la no intervención, pero para el caso Venezuela y el no reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino. Para el caso boliviano prefirió el gobierno de la 4T brincarse al siguiente renglón del mismo artículo y apegarse a la lucha por la paz y la seguridad internacionales, apoyando a Evo Morales a salir de Bolivia para evitar una guerra civil en aquel país.

Esto no es una defensa a un Golpe de Estado. Es una denuncia a un discurso selectivo de un gobierno que a diario se dice ser diferente pero demuestra ser más de lo mismo: un puñado de políticos que, mediante el poder, empujan su ideología y buscan agandallarse todo –el ejecutivo; el legislativo; el judicial y los órganos autónomos. Y en el camino, abrazan a sus similares, como a Evo Morales quien pudo haber abandonado el poder en enero del 2020 como un gran presidente para Bolivia pero prefirió intentar el agandalle.

Por cierto, en su tuit de despedida, Evo prometió volver con más fuerza y energía. A ver qué papel juega el actual gobierno mexicano en esta promesa de Morales.

 

Columna completa en El Universal

Al respecto…

Por Alejandro Aguirre Guerrero

 

“En Veracruz no hay 4T, y menos con ese gobierno estatal que todo le debe al Presidente López Obrador, desde haber ganado las elecciones hasta su mediana aceptación entre los ciudadanos”, me dijeron en una oficina de Palacio Nacional.

“Se avecina el Primer Informe del Gobernador Cuitláhuac García, y no hay algo que pueda informar. Aquí, incluso los que antes lo apoyaban o cobijaban, dejaron de hacerlo, cansados de observar sus constantes yerros frente a la confianza que le dio AMLO”, me afirmaron mientras se desarrollaba una Mañanera.

¿Pero por qué tanta molestia contra Cuitláhuac Garcia? Si el Presidente lo apoya, deberían hacerlo ustedes también, ¿o me equivoco?- me adelanté a cuestionar-

“Es sencillo, no le ha aportado nada a la 4T, al grado que el Presidente ha tenido que ir a ayudarlo más de 10 veces en eventos públicos. Mucho ayuda el que no estorba, dicta el dicho, ojalá lo entendieran en Veracruz”.

¿Cuál estado preocupa más a AMLO?, ¿Veracruz? – interrumpí-

“No, aunque suene increíble hay alguien peor que Cuitláhuac García, y es Cuauhtémoc Blanco. Si tomamos en cuenta sólo a los estados que gobernamos, en definitiva, los que más le restan a nuestro movimiento son Morelos y Veracruz, en ese orden”.

De acuerdo con lo que me comentan, tanto el “Cui” como el “Cuau” son los dos personajes más criticados en las madrugadoras “juntas de gabinete”, las mismas que encabeza el Presidente López Obrador.

“Les decimos el Cui y el Cuau, como gobernadores menores a los que debemos buscar la manera de corregir, proteger, llevar y aguantar. Nos preocupan mucho, más ahora con sus primeros informes de labores. ¡A ver con qué puntadas nos salen!”.

 

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La secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, destacó que el gobierno de México puso fin al modelo de desarrollo neoliberal, que ya no tenía destino, al cambiarlo por uno de bienestar.

En el marco de la Conferencia Regional para el Desarrollo Social de América Latina y el Caribe sostuvo que el nuevo modelo aplicado en programas sociales privilegia a las personas, el combate a la discriminación y deja de lado el clientelismo político.

En la sede de la cancillería mexicana y ante representantes de 28 países de la región, Bárcena respaldó la nueva política social emprendida por el gobierno mexicano que, dijo, se realiza sin intermediarios, con transparencia y sin un enfoque asistencialista.

La mexicana sostuvo que estas políticas, aplicadas a través de programas para adultos mayores y jóvenes, entre otros, buscan que las personas, sobre todo las de escasos recursos, se vuelvan motor de la economía.

Al recalcar que la igualdad no está peleada con el crecimiento económico, también valoró el «regreso» de México al territorio de América Latina y el Caribe con programas donde participa la Cepal, sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador.

En esos países ya dicen: México volvió. México volvió su mirada al sur otra vez, enfatizó la secretaria Ejecutiva de la Cepal.

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