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Este martes, un Tribunal Federal ratificó el auto de vinculación a proceso dictado contra el abogado Juan Collado, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, con lo que permanecerá preso en el Reclusorio Norte.

Ricardo Paredes Calderón, magistrado del Quinto Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, resolvió la apelación presentada por Collado y confirmó que por el momento existen las pruebas suficientes para continuar con su proceso.

El magistrado también confirmó la prisión preventiva oficiosa que se decretó en contra de Collado.

En un recurso de apelación que había presentado Collado, señaló que el delito de delincuencia organizada que se le imputa no existe y mucho menos se configura un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por una simple recepción de dinero a través de SPEI.

La defensa de Collado también alegó que tampoco existe prueba de que su defendido haya sido miembro del consejo de administración de la empresa Libertad Sociedad Financiera cuando se dice que recibió un pago de 24 millones de pesos, por la venta que supuestamente realizó Operadora Inmuebles del Centro de un terreno en Querétaro, que hoy reclama el denunciante Sergio Hugo Bustamante Figueroa cuyo valor era de 156 millones de pesos.

Rosario Robles, quien es acusada de desvío de recursos públicos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), y quien se encuentra presa en Santa Martha Acatitla, sí rentó un departamento en Reforma 222 y otro en Polanco, confirmó su abogado Julio Hernández Barros.

En entrevista radiofónica con Grupo Fórmula indicó que la exfuncionaria ha vivido por más de 24 años en su casa ubicada en la alcaldía Coyoacán, y que sólo utilizaba los esos inmuebles cuando las jornadas de trabajo eran muy largas.

Dicha aclaración llega luego de que el pasado 13 de agosto, el juez Felipe de Jesús Delgadillo ordenó prisión preventiva para Robles al considerar “riesgo de fuga” pues  no había certeza sobre su residencia ya que se conocieron dos domicilios distintos.

Hernández Barros dijo que su cliente rentó un departamento en Reforma 222, el cual dejó luego del sismo de 2017 y buscó otro también cercano a su zona de trabajo, por lo que contactó a una inmobiliaria que le consiguió un lugar en Tennyson, Polanco, el cual desconocía que era propiedad del también extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

Sostuvo que pese a que Robles Berlanga rentó esos dos inmuebles en momentos diferentes por estar cerca de sus oficinas en Sedatu y Sedesol, ella nunca dejó su domicilio de Coyoacán, “a donde iba los fines de semana o entre semana cuando el tiempo se lo permitía”.

La tarde de este lunes, Julio Hernández Barros, el abogado de Rosario Robles, presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra el Juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

La queja se basó en el hecho de que el juzgador tenía conflicto de interés y pese a ello no se excusó del caso.

De acuerdo con el abogado, “Esta cuestión es también una conducta presuntamente delictiva, según el Código Penal el juez que comparezca a un juicio sabiendo que tiene un impedimento legal para hacerlo, puede ser sancionado penalmente”.

A su salida del CJF, los abogados de Robles se trasladaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) donde presentaron también una queja contra el auto de vinculación a proceso y prisión preventiva.

“Consideramos que el auto, sobre ese auto que determina la prisión preventiva, sin que exista una justificación legal para ello, además de violar la ley y poder ser constitutivo de delito, conculca los derechos humanos de Rosario Robles”, dijo.

Juan Collado movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra controladas por la Banca Privada d’Andorra (BPA), mediante cuentas, cuyos titulares, en su mayoría, eran sociedades ubicadas en las Antillas Holandesas. Las transacción se habrían hecho entre 2006 y 2015.

De acuerdo con el periódico español El País, el abogado detenido el 9 de julio pasado acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la mayor parte de los 120 millones “se nutrieron de traspasos internos de 21 sociedades mexicanas con cuenta en la BPA”.

Según lo publicado por el diario, entre las sociedades mercantiles que traspasaron recursos al abogado de figuras como los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, el empresario Carlos Ahumada, el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, entre otros, estaban constructoras, inmobiliarias, compañías textiles e informáticas.

En 2015, las cuentas del abogado mexicano fueron congeladas, tras el cierre de dicho banco por supuestas irregularidades, y posteriormente una jueza de Andorra embargó los fondos de Juan Collado, “85.7 millones de euros en 11 cuentas”, por presunto lavado de dinero.

En octubre de 2018, la investigación fue archivada después de que la entonces Procuraduría General de la República  (PGR) enviara a la juzgadora diversos informes que exculpaban a Collado, bajo el argumento de que obtenía ingresos lícitos, por lo que las autoridades de Andorra no pudieron actuar penalmente.

De acuerdo con el rotativo, la Agencia Estatal de Resoluciones Bancarias (AREB), organismo que congeló el dinero de Collado, inició un procedimiento administrativo para desbloquear los recursos, lo que se realizó en el actual gobierno mexicano.

“Semanas después de que este procedimiento terminara y de que Collado recuperara su capital, el letrado fue detenido el pasado 9 de julio en México por lavado de dinero y delincuencia organizada”, precisó El País.

Quienes llevaban la investigación en Andorra, señalan burlas por los informes de México que exculpaban al prominente abogado, además por la contradicción por su arresto por delitos similares por los que fue indagado en ese país europeo.

“La conclusión es que Collado ha perdido la protección que tenía con el anterior presidente”, señaló una autoridad andorrana, de acuerdo con el diario español.

También precisó que el análisis de los movimientos del abogado mexicano señala que mediante transferencias extranjeras, Juan Collado cobró en Andorra 10.3 millones, y que su patrimonio financiero en esa nación “sirvió para avalar préstamos”.

Con esos créditos, detalló, Collado compró propiedades en Acapulco, México y Miami, Estados Unidos, así como dos aviones de negocios, “según un informe de la Policía de Andorra del 24 de marzo de 2017, que bautiza las pesquisas como Operación Jet”.

En una parte de la investigación, El País refirió que las pesquisas sobre Collado en Andorra iniciaron a raíz del análisis de la estructura financiera de una exdirectiva de la BPA.

“Guardar la confidencialidad del patrimonio”, en tanto, fue la preocupación de Collado para mover los recursos en Andorra, puntualizó la publicación española, que añadió que el abogado señaló que transfirió a esa nación inicialmente 25 millones desde cuentas personales en México (15 millones) y Estados Unidos.

Luego de que en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se hablara de una presunta relación entre Carlos Romero Deschamps, y el papá de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), fue la funcionaria quien salió a aclarar el tema.

A través de sus redes sociales, Luisa Alcalde indicó que es absolutamente falso que su padre, Arturo Alcalde Justiniano, tuviera una relación laboral con el líder sindical petrolero.

“Ni lo conoce, en su vida lo ha visto, de plano ya no saben ni qué inventar”, enfatizó Luisa Alcalde.

Y es que en la conferencia matutina, se le cuestionó al presidente sobre la presunta inacción de su colaboradora respecto a la toma de nota del nuevo líder sindical de Pemex, Mario Rubicel Ross García, debido a que, supuestamente, su papá era  el abogado personal de Romero Deschamps desde 1993.

Al respecto, AMLO dijo que a reserva de corroborarlo, podría asegurar que Arturo Alcalde no era abogado de Romero Deschamps.

López Obrador se comprometió a revisar el tema de la toma de nota de diversos líderes sindicales por parte de la secretaria del Trabajo, púes dijo, “hay el derecho, no es un asunto ilegal, hay libertad de asociación y libertad sindical”.

Luego de conocerse la sentencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, su abogado y representante legal en México, José Luis González Meza, insistió en que trabajarán para que su cliente pueda ser repatriado a México.

En una conferencia de prensa improvisada a las afueras de la corte de Nueva York donde se llevó a cabo la audiencia para conocer la sentencia, el abogado insistió en que el capo fue entregado “ilegalmente” a Estados Unidos, por lo que se violaron sus derechos humanos y las leyes del país al mantenerle preso.

En ese sentido, recordemos que la tarde de ayer se dio a conocer que se envió una carta al presidente Donald Trump exponiéndole dicha situación.

En ella explican al republicano que cuando el presidente Enrique Peña Nieto autorizó la extradición, Guzmán Loera estaba protegido por cuatro amparos emitidos por la Corte Suprema de México, que impedían ese proceso; incluso afirman que dichos amparos siguen vigentes.

González Meza afirmó que han establecido comunicación con el nuevo gobierno de México, el que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con quien han discutido la extradición de Guzmán Loera; confió en que exista la posibilidad de que sea regresado a nuestro país para ser juzgado.

Otro dato que se expone en la carta que enviaron a Trump es que en el acuerdo de extradición se especificó que “El Chapo” sería juzgado en las ciudades de San Diego, California, o en El Paso, Texas, aunque fue llevado a Nueva York, por lo que insisten se violó la ley de extradición entre ambos países.

“Usted señor Trump lo ha mantenido ilegalmente preso, violando sus derechos humanos, la ley estadounidense y la Constitución” de Estados Unidos.

Sobre el dinero que se le podría confiscar a Guzmán Lorena de acuerdo a lo informado por el Departamento de Justicia, el abogado dijo este miércoles que dichos recursos le pertenece al pueblo mexicano, por lo que las autoridades estadounidenses no deben buscar quedarse con el dinero.

La sociedad Libertad y Servicios Financieros, de la cual el abogado Juan Collado es presidente del Consejo de Administración, defendió “la reputación intachable” del jurista, luego de su detención por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, y aseguró que las operaciones de la firma no han sido afectadas por los hechos.

En un comunicado dirigido a sus clientes, inversionistas, colaboradores y amigos, el director general, Hugo Morales García, sostuvo que Collado Mocelo “es una persona íntegra y de reputación intachable, que siempre se ha apegado a derecho tanto en su vida personal como en su desempeño profesional”.

Aclaró que “Libertad Servicios Financieros no ha sido afectada ni vulnerada en ningún sentido y que sus operaciones continúan desarrollándose de manera normal”.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cumplimentó esta tarde una orden de aprehensión en contra del abogado Juan Collado, quien se encontraba en el restaurante Mortons en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, la detención se derivó de su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Explicó que el Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo del Juez de Distrito, Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México, el mandamiento que fue ejecutado por policías federales ministeriales (PFM).

La FGR detalló que la detención de Collado fue realizado con pleno respeto a sus derechos humanos, y sin el uso de violencia, por lo que no se afectó a ningún tercero. Adelantó que el ahora detenido fue puesto a disposición de la autoridad.

En un inicio, la noticia comenzó a circular en redes sociales apuntando que se había detenido al líder petrolero Carlos Romero Deschamps, con quien Collado se encontraba comiendo en dicho restaurante. En el informe inicial, se habló de la llegada de un grupo fuertemente armado al lugar.

Foto: Twitter

La defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, solicitó de manera formal a través de un amparo que se cite a declarar en calidad de testigos al expresidente Enrique Peña Nieto; el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray; y al exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.

Además, el abogado Javier Coello también solicitó a declarar al exsubsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher y al exdirector de CFE, Enrique Ochoa.

Esta es la primera vez que se pide que Peña Nieto aclare qué fue lo que ocurrió en la compra-venta de empresas fertilizantes durante su administración.

El 26 de junio, la defensa informó que pediría a un juez que se citara a declarar a Peña Nieto y los exsecretarios de Hacienda, Luis Videgaray; y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.

El objetivo del abogado es que los exfuncionarios expliquen lo que, dentro de su ámbito de competencia, hicieron o decidieron para la compra que hizo Pemex en 2014 de la empresa de fertilizantes Agronitrogenados.

El abogado enfatizó que la adquisición de Agronitrogenados para rehabilitarla “tuvo el visto bueno y autorización de PMI Holding, y de los Consejos de Administración Norteamericana y de PMI Infraestructura y Desarrollo”, lo que también se hizo del conocimiento del Consejo de Administración de Pemex en el acta 865 con fecha del 17 de diciembre de 2013.

Los avalúos para la compra por parte de Pro Agro Industrias de las empresas y los activos, fueron realizados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, por lo que, aseveró, es inexplicable que la fiscalía no esté investigando a la persona que firmó el contrato por parte de Agro Industria.

Añadió que tampoco se ha llamado declarar a la directora del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, pues según el Ministerio Público de la Federación, los avalúos fueron incorrectos, y por consiguiente, se debería de llamar al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Además, Peña Nieto tiene que declarar como testigo acerca de las instrucciones que le giró a los funcionarios “para poner en práctica y cumplir con sus instrucciones comprometidas en el Pacto por México”.

El abogado de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Javier Coello Trejo, afirmó esta tarde que su cliente no será detenido porque simplemente “no lo van a encontrar” las autoridades.

Coello Trejo consideró “lógico” que fuera retirada la suspensión definitiva contra su aprehensión, toda vez que no compareció la semana pasada, tal y como lo estableció la autoridad.

Aceptó que el ex funcionario federal puede ser arrestado en cualquier momento “si lo encuentran”, pero “no lo van a detener”, porque “no lo van a encontrar”.

Sin embargo, señaló que el juicio de amparo continúa, por lo que van a presentar todas las pruebas en virtud de que la Fiscalía nunca los citó para poder defenderse.

Informó que se agotarán todas las vías legales en su defensa e informó que el ex director de Pemex se encuentra en buenas condiciones de salud, aunque “dolido”, porque es injusto todo lo que le están imputando y “lo vamos a probar”.

El abogado insistió en que todo se trata de una persecución política, “es más política que legal” tal y como lo expresó la semana pasada en una carta el propio Lozoya. Dijo que esa persecución no es de este gobierno “obviamente”, aunque no nos consta del anterior.

“De este sexenio no, no tenemos nada contra este sexenio, está cumpliendo con su obligación, pero sí vamos a probar que los datos que tiene la Fiscalía General de la República no son los adecuados”, expuso.

Adelantó que el próximo lunes dará a conocer algo que su cliente le ordenó hacer.

Coello Trejo sostuvo que para probar la inocencia de Lozoya, se recurrirá a todas las instancias legales, tanto nacionales como internacionales y confió en que Lozoya Austin “no pisará la cárcel”.

Javier Coello, abogado de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, afirmó que el ex-presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue quien le ordenó a Lozoya realizar los movimientos pertinentes para el desvío de recursos y lavado de dinero, del que se acusa a su cliente.

“Va a levantar polémica, pero lo voy a decir, ¿quién es el que ordena en este país desde hace muchos años? El que tiene el poder Ejecutivo, el presidente de la República…el presidente del Ejecutivo es el que ordena, no se mueve una sola hoja sin que lo ordene el presidente”, dijo el abogado.

En entrevista con Grupo Fórmula, Coello señaló que no hubo movimiento que el mandatario federal no haya autorizado. Además reiteró que Emilio Lozoya no se presentará a declarar, ya que no existen garantías a su favor.

“Todo lo que se movió en Pemex, contratos y todo, pasó por el Consejo de Administración de Pemex y las filiales tenían que acordar con el presidente”, aseguró Coello.

Este martes, el vocero de la Iglesia de La Luz del Mundo, Silem García, dijo que es absurdo que la Fiscalía de California impida que los abogados del líder religioso, Naasón Joaquín García, tengan contacto con los feligreses o la familia del acusado.

El lunes, las autoridades estadounidenses aplazaron para el 21 de junio la acusación formal contra García y dos de sus seguidores por cargos de abuso sexual de menores y tráfico de personas. En la sesión, la fiscalía pidió al juez Francis Bennett que les prohibiera a los abogados de García trabajar y compartir información con miembros de la Iglesia, por temor de que pudieran acosar o intimidar a testigos potenciales.

“Se alcanza a observar que el fiscal solicita que los abogados no tengan contacto con la gente de la Iglesia, incluso con la familia; es un absurdo. Una persona procesada por alguna acusación necesita tener contacto con su familia a través de los abogados y, a su vez, que los familiares tengan contacto para ver cómo van los avances del caso. Es un derecho que tienen tanto la familia como el acusado”, señaló en entrevista con Grupo Fórmula.

García consideró que las declaraciones de la Fiscalía de California, que es la que lleva el caso, denotan animadversión contra el líder religioso.

“La realidad es que el fiscal está teniendo una animadversión y un trato muy lamentable hacia nuestro director internacional. Lo lamentamos porque consideramos que no es el trato que debe recibir un acusado; está actuando de manera tendenciosa”, señaló.

De acuerdo a una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), un abogado y directivo de Altos Hornos de México (AHMSA) adquirió, en representación de la esposa de Emilio Lozoya, una residencia de lujo con valor de 1.9 millones de dólares.

La organización afirma que las autoridades mexicanas investigan la compra del inmueble, que incluye una transferencia de 1.2 millones de dólares, hecha a través de una cuenta en Suiza ligada con sobornos presuntamente pagados al ex director de Pemex.

La adquisición de la residencia a favor de la esposa de Lozoya se efectuó en julio de 2013, doce días después de que Pemex autorizó incluir en su cartera de inversiones la compra de Agro Nitrogenados, una planta de fertilizantes de AHMSA que tenía 14 años sin operar.

Al respecto, las autoridades han determinado que la planta fue comprada con un sobrecosto estimado de 620 millones de pesos, además de que las instalaciones eran chatarra.

Por las irregularidades detectadas en la compra de esa planta, la Fiscalía General de la República (FGR) arrestó el pasado 29 de mayo en Mallorca, España, al dueño y Presidente de AHMSA, Alonso Ancira. Por el mismo caso, un juez giró orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, aunque este se amparó para no ser encarcelado.

La propiedad en cuestión está ubicada en la zona de Contramar, uno de los desarrollos más exclusivos de Ixtapa, específicamente en el condominio “Quinta Mar”, formado por sólo tres residencias de lujo, la mayor de las cuales es la que fue adquirida a favor de la esposa de Lozoya.

Según los documentos obtenidos por MCCI, el 19 de julio de 2013, la junta directiva de una filial de Pemex ubicada en Holanda, de nombre PMI HBV, autorizó incluir en la cartera de inversiones de la petrolera estatal el proyecto de adquirir la planta de fertilizantes de AHMSA.

Doce días después, la esposa de Lozoya, Marielle Helene Eckes, adquirió a través de un fideicomiso la residencia.El contrato de fideicomiso a través del cual se le cedió la propiedad fue firmado ante el notario público número 1 de Zihuatanejo, Bolívar Navarrete Heredia.

Sin embargo, la esposa de Lozoya no se presentó ante el notario. En su representación acudió aquel día el abogado Juan Carlos Quintana Serur, quien en ese momento se desempeñaba como secretario de los comités de auditoría y de prácticas societarias de AHMSA.

Desde hace más de 15 años, Quintana Serur ha trabajado para AHMSA. Por ejemplo, el abogado intercedió en 2003 ante el despacho panameño Mossack Fonseca para crear una empresa fachada, a través de la cual tres altos ejecutivos de AHMSA adquirieron un departamento valuado en 2.6 millones de dólares en Punta Mita, en Nayarit, según revelaron los medios aliados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en abril de 2016, como parte de la investigación global Panama Papers.

Hasta el año pasado, Quintana Serur se desempeñó como Secretario del Consejo de Administración de AHMSA, uno de los más altos cargos ejecutivos de la compañía.

La esposa de Lozoya le había otorgado pleno poder desde el 10 de junio de 2013, en un acto formalizado ante el notario 221 de la Ciudad de México, Francisco Talavera Autrique. El poder especial fue exclusivamente para que en su nombre se celebrara el contrato del fideicomiso, para la adquisición de la residencia de Ixtapa.

El 31 de julio de 2013 quien firmó la escritura de la residencia, a nombre de la esposa de Lozoya, fue el abogado y entonces directivo de AHMSA.

De acuerdo al artículo 27 de la Constitución, los extranjeros no pueden adquirir el dominio directo de tierras y aguas en una franja de 50 kilómetros en las playas; sólo se permite el uso y aprovechamiento de inmuebles dentro de esa zona restringida, mediante un fideicomiso.

Como la esposa de Lozoya es extranjera (nació en Alemania el 30 de noviembre de 1975), la forma de transmitirle la propiedad fue precisamente a través de un fideicomiso, el cual fue autorizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores el 18 de julio de 2013, según consta en el permiso con número 20131491.

Como fideicomitente (quien transmitió el inmueble) firmó Nelly Maritza Aguilera Concha, una empresaria de bienes raíces residente en Ixtapa, quien había comprado desde diciembre de 2004 al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) 12 mil 527 metros cuadrados en la zona de Contramar a un precio de 10 millones 747 mil pesos. Sobre ese terreno constituyó en agosto de 2009 el condominio “Quinta Mar”, con cinco lotes.

Como fiduciario (administradora del inmueble) firmó una abogada en representación de Scotiabank Inverlat, mientras que Helene Eckes –esposa de Lozoya- funge como fideicomisaria (beneficiaria de la propiedad), y en su representación suscribió el contrato el abogado y ejecutivo de AHMSA.

Como beneficiarios sustitutos, en caso de fallecimiento, fueron nombrados los tres hijos del matrimonio Lozoya-Eckes. La residencia que fue transmitida a Helene Eckes tenía cinco años de haber sido construida. Su anterior ocupante era la propia empresaria que creó el condominio de lujo a la orilla del mar.

En el contrato del fideicomiso se acordó que como contraprestación por la transmisión del inmueble se pagarían un millón 900 mil dólares a la empresaria inmobiliaria Nelly Maritza Aguilera Concha, anterior propietaria. Ese monto equivalía a 24 millones de pesos, al tipo de cambio vigente en julio de 2013.

El pago se efectuó en dos parcialidades mediante transferencias a la cuenta 4798-277 del Banco de Montreal, en Toronto, provincia de Ontario, Canadá, a nombre de la señora Aguilera Concha. Un rastreo realizado por autoridades mexicanas reportó que la agente inmobiliaria recibió una transferencia de 1.2 millones de dólares el 5 de agosto de 2013 en el Banco de Montreal, cinco días después de la firma del contrato del fideicomiso.

Esa transferencia supuestamente provenía de una cuenta en Suiza a nombre de la empresa offshore Tochos Holding, establecida en las Islas Vírgenes Británicas, y en la cual, según las autoridades mexicanas, tenía como beneficiarios a Emilio Lozoya y a su hermana Gilda Susana.

De la cuenta de Tochos Holding también habrían salido el 1 de diciembre de 2012 dos transferencias por 2.58 millones de francos suizos para pagar una residencia que Emilio Lozoya compró en el fraccionamiento Lomas de Bezares, en la Ciudad de México. Al tipo de cambio de entonces, esas transacciones equivalían a 38 millones de pesos.

Las pesquisas oficiales apuntan a que parte del dinero de Tochos Holding podría provenir de los sobornos por 3 millones de dólares que ejecutivos de Odebrecht aseguran haber pagado a Emilio Lozoya entre abril y junio de 2012, en plena campaña electoral de Enrique Peña Nieto.

Después de que su esposa adquirió la residencia en Ixtapa, Emilio Lozoya realizaba viajes a ese destino turístico en un avión que Pemex había comprado para combatir el robo de combustible o huachicol.

Según las bitácoras de viaje, Lozoya hizo por lo menos tres vuelos de la base de la Unidad Especial De Transporte Aéreo del Alto Mando del Ejército (UETAAM) al aeropuerto de Ixtapa-Zihuatanejo, y otros tres vuelos de regreso.

Los vuelos los realizó en el Avión Citation Sovereign, de ocho plazas, que Pemex había adquirido el 22 de julio de 2014 a un precio de 203 millones de pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó órdenes de aprehensión en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y del dueño de Altos Hornos de México, S. A., (AHMSA), Alonso Ancira, quien fue detenido este martes en la ciudad de Palma, en la isla de Mallorca, España.

Esto, luego de que la FGR solicitó el pasado viernes, ante un juez de control en el Reclusorio Norte, las detenciones por delitos entre los que se cuentan lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal. El domingo el juzgador dio entrada a la petición y libró dichas órdenes, según fuentes federales.

Javier Coello, abogado de Lozoya, dijo al periódico El Universal que ya habló con su cliente y afirmó que éste se encuentra en el país, molesto porque desde hace dos años se le señala por posibles actos de corrupción.

Este lunes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el congelamiento de las cuentas de Lozoya Austin, sin embargo, de acuerdo con el abogado Coello Trejo, ni su cliente ni su familia han sido notificados de ello y aún pueden acceder a su dinero.

“Si afectaron las cuentas nos tendrán que notificar para podernos ir al amparo porque el señor de la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene ninguna facultad para congelar cuentas, pero él lo hace y está en su derecho, y yo estoy en mi derecho de defender a mi cliente”, afirmó.

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán solicitó al juez Brian Cogan el despido de Eduardo Balarezo como uno de sus abogados defensores.

Alan Feuer, reportero de The New York Times, publicó a través de su cuenta de Twitter una fotografía del documento entregado por el narcotraficante el viernes.

“Estimado juez Cogan. Le escribo para solicitarle el despido de Eduardo Balarezo como uno de mis abogados”, se puede leer en el documento.

Los abogados de ‘El Chapo’, declarado culpable en febrero por 10 cargos en Estados Unidos, pidieron en marzo la repetición del juicio de su cliente por una presunta mala conducta del jurado.

A esto contestó la Fiscalía federal el lunes, rechazando el intento de celebrar un nuevo juicio para el narcotraficante.

En documentos presentados ante la corte, el Gobierno federal señaló que los alegatos de la defensa de que el jurado tuvo un comportamiento impropio durante el juicio de Guzmán eran inválidos.

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue encontrado culpable en febrero por 10 delitos. Está previsto que su sentencia sea dada a conocer el próximo 25 de junio.

Elba Esther Gordillo no tiene impedimento alguno para volver a buscar la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) si ella así lo desea, afirmó su abogado, Marco Antonio del Toro.

El abogado de la maestra, sin embargo, comentó que hasta el momento no le ha comentado sobre sus intenciones de postularse nuevamente por la dirigencia de la representación magisterial.

“No me ha comentado nada al respecto. No podría actuar yo como vocero de ella. Jurídicamente, puede hacer eso, como cualquier otra actividad (…)en virtud que no existe ninguna limitación a ninguno de sus derechos”, afirmó el abogado.

En entrevista con Grupo Fórmula, el abogado de la exlideresa del SNTE afirmó categórico, además, que no hubo ningún “pacto” con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Ello, luego de que trascendiera en un medio de comunicación que la Fiscalía General de la República (FGR) devolvió bienes confiscados a Elba Esther Gordillo.

“No tuvo nada que ver el gobierno del señor presidente López Obrador, en tanto que fueron mandamientos judiciales, derivados de una resolución de inocencia”, aclaró el abogado.

El litigante insistió en que la devolución de bienes fue derivada de acciones meramente judiciales y que no podría “haber mano” del presidente.