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La defensa de Genaro García Luna, declarado culpable de diversos delitos relacionados con el narcotráfico en Nueva York en febrero pasado, anunció que pedirá una repetición del juicio contra el exsecretario de seguridad pública, tras obtener nueva pruebas.

“Desde el veredicto, varias personas, entre ellas antiguos agentes de las fuerzas del orden, se han puesto en contacto con nosotros para facilitarnos nuevas pruebas favorables a la defensa que podrían dar lugar a la presentación de una moción en virtud de la norma 33 (para pedir la celebración de un nuevo juicio)”, asegura el abogado de García Luna, César de Castro, en un escrito dirigido al juez.

Por ello, De Castro y su equipo ha solicitado un aplazamiento de tres meses para que se dicte sentencia.

La defensa asegura que necesita tiempo extra para continuar desarrollando las pruebas para sustentar una potencial moción de acuerdo con la mencionada norma 33 que estipula que el acusado puede solicitar un nuevo juicio si se descubren nuevas pruebas que así lo ameriten.

De aceptarse dicho aplazamiento, también afectaría a la fecha de la sentencia, programada para el 27 de junio.

Recordemos que el pasado 21 de febrero, un jurado declaró culpable a García Luna de cuatro cargos de narcotráfico más un quinto de mentir a las autoridades.

Los declararon culpable de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad; conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.

El quinto delito era el de prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.

Por cualquiera de los cuatro primeros cargos, podría ser sentenciado a cadena perpetua.

García Luna trabajó vivía, desde 2012, en Florida, desde donde, según mostró la Fiscalía durante el juicio, viajaba habitualmente a México.

El exfuncionario, detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, ha estado en prisión hasta el arranque del juicio el pasado 17 de enero, cuando comenzó la selección del jurado.

Un juez ha decidido no vincular a proceso a tres abogados y un asesor financiero, todos cercanos a Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia, por supuesta extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fue el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna quien desestimó los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR), que buscaba vincular a proceso a Juan Araujo, César Omar González, Isaac Pérez y David Gómez Arnau.

El proceso judicial que se seguía tenía sus origen en una denuncia hecha por Juan Collado, quien se encuentra en prisión desde julio de 2019, y acusaba a los abogados y asesor de tener un vínculo cercano al entonces funcionario, quienes le habrían pedido hasta 2,000 millones de pesos para tramitar su salida de prisión.

La acusación señalaba que Collado había dado 10 millones de pesos para frenar la investigación en su contra que llevaba la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Además, aseguraba haber pagado 1.3 millones de dólares para dejar la prisión.

El fallo del juez, el mismo que actuó en el caso de Rosario Robles, significa un fuerte revés para el Fiscal, Alejandro Gertz, quien se sabe mantiene una rivalidad con Scherer Ibarra desde hace tiempo atrás, lo cual se especula fue una de las razones para dejar el gabinete.

Delgadillo Padierna precisó que la Fiscalía señaló a Scherer Ibarra como parte fundamental de la asociación delictuosa de la que imputó a los cuadro investigados, pero él no fue citado a comparecer, lo que el juzgador consideró como un intento de “imputación ficticia” contra el exconsejero jurídico, con lo que violó su presunción de inocencia.

Precisó que la FGR inició un procedimiento “ilegal” contra los investigados porque sabía que el criterio de oportunidad solicitado por Collado era improcedente. Dijo que la FGR no presentó dato alguno que ayudara a establecer la existencia de un delito por parte de alguno de los investigados.

Ante esto, ordenó dar vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que investigue y determine si Juan Collado o los fiscales violaron los derechos humanos de los acusados. “La Fiscalía General de la República se ha conducido con mala fe y mala intención”, dijo el juez.

Este es uno de los casos por los que el Fiscal ha sido acusado por utilizar el poder de la justicia a su favor. Hace algunas semanas, Scherer respondió con una carta publicada en el semanario Proceso, donde acusó a Gertz Manero de tráfico de influencias.

Los abogados del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, dijeron eSTE miércoles que están revisando “millones de documentos” que les han entregado fiscales en Nueva York en los que no aparece el nombre de su cliente o alguna conexión con el narcotráfico.

Por este motivo, dijeron al juez que van a necesitar más asistencia del gobierno estadounidense para clarificar las pruebas que se entregan en contra de García Luna.

El abogado César de Castro dijo además durante una audiencia celebrada hoy en la corte federal de Brooklyn que García Luna fue alguien muy importante en México que se reunía con altos funcionarios estadounidenses a menudo, incluidos de la CIA y el FBI, y que por lo tanto quiere tener acceso a reportes sobre esas reuniones e informes “que serán material central para nuestra defensa”.

En el juicio a García Luna, que en principio iniciará el 24 de octubre de 2022, el jurado decidirá si el funcionario mexicano es culpable o inocente de delitos de narcotráfico por supuestamente haber recibido millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa para permitir que la organización criminal operara sin interferencias.

Recordemos que García Luna fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón. El exsecretario se ha declarado inocente.

En la audiencia de hoy, De Castro expresó su intención de pedir a la fiscalía una especificación de cargos, es decir, una explicación concisa de las acusaciones que hace fiscalía y respuestas específicas a las preguntas de los abogados.

“La defensa tiene derecho a pedir asistencia”, dijo el juez Brian Cogan. “Parece que están buscando un puerto en un océano”.

De Castro dijo también que el gobierno de México presentó recientemente en Florida una demanda por presunto lavado de dinero contra García Luna, lo que representará más trabajo. Con la acción judicial, las autoridades mexicanas buscan recuperar unos 250 millones de dólares que habrían robado García Luna y varios socios y familiares, aseguran. “Este caso cambia continuamente para nosotros,” dijo De Castro.

Por otro lado, en la audiencia se discutió el proceso para lidiar con todas las pruebas que incluyen información confidencial. Esas pruebas debe ser sometidas a un proceso judicial paralelo en el que se decide cuáles podrán ser incluidas en un juicio y cuáles no. El juez Cogan accedió a la petición de los fiscales de entregar las pruebas confidenciales que sean aprobadas en un plazo de cinco meses. Después de eso, la fiscalía, abogados y el juez se reunirán para discutirlas.

La fiscalía asegura que los pagos que García Luna recibía por parte del Cartel de Sinaloa eran hechos por líderes del cártel, entre ellos, Ismael “El Mayo” Zambada, quien no ha sido arrestado, y Jesús “El Rey” Zambada, quien sí fue arrestado y testificó en el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán, un exlíder del cártel.

Según los fiscales, García Luna ordenaba a miembros de la policía federal de nuestro país que protegieran las rutas que usaba el cártel y aportaba personal de seguridad para los altos cargos de la organización delictiva. También entregó al cártel información sobre investigaciones que hacía la policía.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) presentó las primeras denuncias por el derrumbe ocurrido en un tramo elevado de la línea 12 del Metro, que ocurrió en mayo pasado y que dejó 26 personas sin vida y cerca de 100 heridos.

El despacho Regino Abogados informó que la fiscalía judicializó la carpeta de investigación en contra de 10 personas, entre las que están cinco de sus clientes.

“Ya los acusó, ya pidió audiencia, que va a ser el próximo lunes 25 de octubre a las 10.30 de la mañana”, reveló en rueda de prensa Gabriel Regino, representante del despacho.

Las acusaciones se revelan después de que la FGJ-CDMX diera a conocer la semana pasado los resultados de su peritaje, que señalaban que el accidente ocurrió por “deficiencias” en la construcción.

Estas serían las primeras denuncias de la Fiscalía capitalina sobre el accidente ocurrido entre las estaciones Olivos y San Lorenzo, en la alcaldía Tláhuac, que dejó al vagón encallado en forma de “v”.

El acusado de mayor perfil entre las 10 denuncias es Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, que planteó la construcción de la línea, y quien trabajó en la gestión del ahora canciller Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno del Distrito, y que colaboró en los primeros dos años de la administración de Miguel Ángel Mancera.

El abogado Regino acusó a la fiscalía de caer en “contradicciones y violaciones de derechos humanos”, además de de darle “un trato VIP” a la empresa constructora”, pues ha adelantado que no procederá penalmente contra la empresa pues se llegará a un acuerdo reparatorio.

“Nuestros representados del Proyecto Metro no eran los responsables ni administrativa ni legalmente ni de la supervisión ni de la construcción de la obra porque para eso se contrataron empresas que están perfectamente identificadas”, sostuvo el abogado.

En su lugar, dijo el abogado, hay funcionarios que sí tienen responsabilidad en los hechos, por lo que el despacho presentará denuncias contra ellos. Contra quienes se presentará la denuncia, que estará dividida en dos partes, están Jorge Gaviño, exdirector del Sistema de Transporte Colectivo (STC); Florencia Serranía, directora del STC durante el derrumbe; Jesús Antonio Esteva, secretario de Obras y Servicios del actual Gobierno de Ciudad de México, y Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad.

Más tarde, la Fiscalía confirmó las denuncias ventiladas por el despacho de abogados.

El equipo legal de Donald Trump urgió este lunes desestimar un caso constitucionalmente defectuoso, y señaló que es “absurdo” responsabilizar a su cliente por el ataque al Capitolio.

Pero los demócratas a cargo de la acusación respondieron afirmando que el magnate es responsable del “más grave crimen constitucional jamás cometido” por un mandatario de Estados Unidos cuando incitó a sus seguidores a asaltar la sede del Congreso el 6 de enero.

La Cámara de Representantes aprobó enjuiciar a Trump por segunda vez el mes pasado por su papel en la incitación a los disturbios en el Congreso; su juicio comienza mañana con la totalidad de senadores en el papel de jurados.

Por cuarta vez en la historia, un presidente estadounidense acusado será juzgado. Dos de estos procesos involucran a Trump, una figura política profundamente dañada que, a pesar de eso, sigue siendo una fuerza importante en el Partido Republicano.

Acusado de “incitación a la insurrección”, es probable que una vez más evite la condena debido al apoyo leal del partido en el Senado, pero sus abogados sostuvieron en su presentación preliminar que la Constitución no otorga a la Cámara Alta jurisdicción para juzgar a un expresidente.

“El Senado debería desestimar estos cargos y absolver al presidente porque claramente esto no es lo que los redactores querían o lo que permite la Constitución”, escribieron sus abogados defensores Bruce Castor, David Schoen y Michael T. van der Veen.

“Satisfacer el hambre de los demócratas de la Cámara de Representantes por este teatro político es un peligro para la democracia de nuestra República y los derechos que apreciamos”, añadieron los abogados.

La defensa utilizó un lenguaje categórico en su escrito de 78 páginas, diciendo que era “simplemente absurdo” argumentar que Trump de alguna manera invocó a una turba para cometer un crimen violento, y que quienes atacaron el Capitolio el 6 de enero lo hicieron por su propia cuenta.

Los abogados fueron igualmente contundentes al rechazar la viabilidad de juzgar a un expresidente. “Se está pidiendo al Senado que haga algo patentemente ridículo: juzgar a un ciudadano común en un proceso que está diseñado para destituirlo de un cargo que ya no tiene”.

Pero los nueve “gerentes” de la acusación, todos legisladores demócratas de la Cámara Baja y abogados, inmediatamente arremetieron contra esa solicitud, señalando que había una evidencia “abrumadora” de delitos y faltas graves procesables.

“Su incitación a la insurrección contra el gobierno de Estados Unidos, que causó la disrupción de la transferencia pacífica del poder, es el más grave crimen constitucional jamás cometido”, expusieron en un documento de cinco páginas.

El presidente Joe Biden, que sucedió a Trump el 20 de enero, intervino brevemente al regresar este lunes a La Casa Blanca tras un fin de semana en Delaware, pero se negó a pronunciarse sobre si Trump debería ser declarado culpable o se le debería negar el derecho a ocupar cargos políticos en el futuro. “Dejaremos que el Senado lo resuelva”, dijo Biden.

La portavoz de La Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró después a los periodistas que las opiniones de Biden sobre Trump eran claras y que se enfrentó al presidente en las urnas “porque consideraba que no era apto para el cargo.” “Pero va a dejar que sea el Senado el que vea este procedimiento de destitución”, dijo Psaki.

Los miembros del Senado comenzarán con el procedimiento mañana martes a partir de las 13:00 hora local; se enfrentarán a un territorio desconocido: ningún presidente ha enfrentado un juicio de destitución después de haber dejado el cargo.

Para condenar a Trump se requeriría el voto de más de dos tercios de los senadores, lo que significa que 17 republicanos tendrían que romper filas y unirse a los 50 demócratas, lo que se considera casi imposible.

Previo a la audiencia que tiene programa para el próximo 8 de diciembre, se informó esta tarde que la exsecretaria federal Rosario Robles aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) para brindar información relacionada con el presunto de desvío de recursos mediante la llamada ‘Estafa Maestra’.

Robles Berlanga buscará así acogerse a un criterio de oportunidad a cambio de otorgar información sobre el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos.

Recordemos que la excolaboradora del presidente Enrique Peña Nieto permanece recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, desde agosto de 2019.

Apenas el mes pasado Rosario Robles rechazaba la idea de que fuera a buscar un beneficio como el que hoy confirmó su equipo legal, al decir que la FGR la tenía como rehén al no aceptar “colaborar” con información que ellos querían, no importando que no fuera verdad.

“Sé que lo que pretenden para que yo tenga mi libertad (como en otros casos) es que señale como responsables ex colegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías. Su teoría, sus hipótesis, nada tienen que ver con la verdad. Yo no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás (…) No quiero que se abran estas pesadas puertas con la mentira y la falsa delación disfrazada de testigo colaborador”, dijo Rosario en una carta que escribió desde el penal y que fue difundida en sus redes sociales el pasado 26 de octubre.

Según reportes periodísticos, el equipo legal de la extitular de Sedesol y Sedatu, el cual es encabezado por el abogado Epigmenio Mendieta, se encuentran reunidos con el Fiscal Alejandro Gertz Manero y su equipo en la Fiscalía, para ultimar detalles del proceso a seguir.

En breve se podría conocer la solicitud del criterio de oportunidad de la exfuncionaria federal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, firmaron este miércoles una iniciativa de reforma judicial que enviaron al Legislativo y que busca, según el Gobierno, “defender a los débiles”.

“Me place mucho que se vayan a fortalecer las defensorías de oficio. Que haya abogados para defender a los débiles”, dijo López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional. “Lo que decía Morelos: que haya tribunales para defender al débil de los abusos que comete el fuerte. Esa es la esencia”, añadió.

Anteponiéndose a las críticas, el mandatario indicó que esta reforma judicial busca trabajar de manera “coordinada” pero respetando la independencia entre los poderes.

El mandatario dijo que lo que más le satisface es que la gente más humilde, los desposeídos, marginados, la población indígena, la gente más pobre, mujeres, niños ancianos, la población tenga protección, tenga defensa.

Zaldívar, quien ha sido cuestionado por su afinidad con López Obrador, agradeció al presidente que se tomara como base de la reforma la propuesta emanada del propio Poder Judicial.

Consideró que la estructura actual es “adecuada” por lo que no conviene una gran reforma para cambiar la SCJN o el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sino una reforma “funcional”.

“Se requiere un poder judicial fuerte, independiente, legitimado y prestigiado”, dijo Zaldívar, que dijo que lo que se presenta hoy es una reforma judicial de “gran calado” y con diversos ejes. Entre los principales cambios está el de “buscar fortalecer las facultades del Consejo de la Judicatura Federal para combatir con mayor eficacia la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual en el poder judicial”.

Además, se buscará capacitar a los jueces para que tengan un perfil “más cercano”, “capacitado” y “sensible”, instando a tener una “verdadera” escuela judicial.

También se hace “una apuesta” para ir avanzando como política pública la “paridad de género” e impulsar un “nuevo perfil” de defensores públicos que sean “verdaderos abogados de los pobres”.

“De aprobarse esta reforma avanzaremos hasta el logro de una justicia plena y completa” y hacia lograr que renazca “la esperanza de la gente en la justicia”, subrayó Zaldívar.

El acto oficial para presentar esta reforma judicial tendrá lugar este mismo miércoles en la sede de la SCJN y será encabezado por Zaldívar junto con diputados, senadores y altos funcionarios del Ejecutivo.

La exsecretaria federal en la pasada administración, Rosario Robles, interpuso un nuevo juicio de amparo para apelar la resolución del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, que en diciembre pasado ratificó la medida de prisión preventiva justificada que le impuso el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

El recurso de garantías fue admitido a trámite por el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Primer Tribunal Unitario en materia Penal, quien concedió la suspensión solo para el efecto de que Robles quede a disposición del órgano jurisdiccional.

El magistrado Montalvo Martínez señaló como fecha para la audiencia incidental el próximo 15 de enero a las 12:15 horas.

“Se recibe la demanda de amparo contra los actos que reclama del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito y otras autoridades, se admite, radíquese e intégrese el expediente de amparo 2/2020″, señala el acuerdo.

Además ordena: “Tramítese el presente juicio. Con incidente de suspensión. Pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado”.

El abogado de la exfuncionaria, Julio Hernández Barros, explicó que con este nuevo amparo buscan que a su cliente se le conceda una medida cautelar distinta a la de la prisión preventiva para seguir su proceso.

Jeffrey Lichtman, abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, aseguró que es falso el testimonio de que su cliente le habría entregado un millón de dólares al presidente hondureño Juan Orlando Hernández, a través de su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández.

“No hay ningún testimonio de que ‘El Chapo’ Guzmán haya sobornado al presidente hondureño”, señaló Lichtman en declaraciones al diario New York Post.

“¿Por qué no se reveló esto durante el juicio de El Chapo? Es falso. El gobierno está confundiendo a ‘El Chapo’ con uno de sus muchos testigos cooperantes a los que no llamaron en el juicio, por una razón: porque les faltaba credibilidad”, añadió el abogado.

La acusación de que el presidente hondureño habría recibido dinero del narco mexicano fue realizada por la Fiscalía en el juicio contra su hermano “Tony” Hernández, que inició en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta los cargos de narcotráfico, posesión de armas de fuego y mentir a las autoridades.

El acusado, quien podría enfrentar un mínimo de cinco años de cárcel y un máximo de cadena perpetua, fue detenido en Miami, Florida, en noviembre de 2018 y trasladado después a Nueva York.

En ese sentido, ayer el mandatario hondureño negó la versión y afirmó que durante el juicio de su hermano “se van a desprender una serie de historias novelescas para desestabilizar el país” de parte de narcotraficantes que verán la oportunidad de atacar a quien autorizó su extradición a Estados Unidos.

Este viernes se dio a conocer que el abogado Epigmenio Mendieta se incorporó a partir de esta semana al equipo legal que representa a Rosario Robles.

Su hasta ahora equipo defensor, el despacho Hernández Barros Abogados, indicó que se trata de un experimentando litigante especialista en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio con quien trabajarán de la mano en las estrategias de defensa de la exsecretaria de estado.

Se detalló que Mendieta Valdés es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y cuenta con las Especialidades en Derecho Penal y Función Pública y Derechos Humanos, por parte del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Recordemos que a inicios de septiembre, el equipo legal de Robles, conformado por el Bufete Hernández Barros Abogados y Oléa & Oléa Abogados, dieron a conocer que tras sostener una reunión con ella decidieron finiquitar su relación profesional.

A través de un comunicado señalaron que Robles Berlanga les informó que por la precaria situación económica por la que atraviesa, no le era posible cubrir el pago de los honorarios profesionales.

Sin embargo, desde el anuncio emitido, el despacho Hernandez Barros continúa trabajando con la exsecretaria federal.

El equipo de abogados de Rosario Robles acudió este martes a presentar una denuncia en contra del Juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ante a Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que  actuó de manera ilegal, arbitraria y dolosa.

El equipo legal también se solicitó el apoyo de dicho organismo internacional para que su defendida sea puesta en libertad de inmediato.

Julio Hernández Barros, quien coordina la defensa de Robles Berlanga, en compañía de Xavier Olea Trueheart,  y Magin Puig abogado que reside en Washington, se presentaron en la sede de la CIDH para interponer la denuncia contra el Estado Mexicano, en  específico contra el juez, por violar flagrantemente la Constitución mexicana, las leyes procesales y los tratados internacionales de los que México es parte, cometiendo probablemente delitos contemplados en el Código Penal Federal al decretar una detención ilegal.

Argumentaron que si bien se reconoce que los hechos relacionados con la denuncia se encuentran en trámite ante diversas autoridades, “no cabe duda de que se trata de una detención ilegal, motivo de un Tribunal de Estado”. Afirmaron que la tardanza en resolver el caso por parte de las autoridades mexicanas, lo único que hace es retardar el acceso a su derecho y prolongar innecesariamente el ilegal encarcelamiento a que ha sido objeto y que de manera infundada e imparcial el Juez decretó la medida cautelar gravosa e invasiva.

Además de presentar pruebas y argumentos que muestran la ilegalidad con la que actuó el Juez, entre las que incluyen el parentesco confirmado del juzgador con la diputada Dolores Padierna, la defensa legal de la ex secretaria de estado solicitó a la CIDH “se apliquen medidas cautelares, para que cesen de inmediato las acciones que mantienen a la hoy víctima María del Rosario Robles Berlanga privada ilegalmente de su libertad y sometida a un encarcelamiento ilegal y arbitrario por parte del Estado Mexicano”.

Los abogados explicaron además que el daño que causa la conducta de la autoridad a la esfera de Derechos Humanos es irreparable, lo que se traduce en que una grave afectación sobre sus derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

La defensa de Rosario Robles Berlanga, quien fu vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público y por ello trasladada al reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, aseguró que aunque se trata de una persecución política, cuentan con todos los recursos necesarios para demostrar la inocencia de la exfuncionaria.

Luego de más de 12 horas de audiencia, Alejandro Olea, uno de los abogados de la exsecretaria federal, dijo que su clienta es una presa política y que la Fiscalía General de la República (FGR) no tuvo la capacidad jurídica y moral para rebatir las pruebas presentadas.

“Nos encontramos ante un Tribunal del Estado; los hechos, pruebas y leyes no fueron parte del debate y de la imputación de la defendida; estamos ante una violación grave de la presunción de inocencia de Rosario Robles y de una violación grave al debido proceso”, dijo el abogado.

Aseguró que su clienta tiene todos los recursos necesarios a su alcance y que los harán valer desde este momento y empezar a trabajar en combatir las dos resoluciones, porque son ilegales y contrarias a Derecho y a los tratados internacionales de los que México forma parte.

“Evidentemente no esperábamos esta resolución porque exhibimos y desahogamos todos los datos de prueba y de investigación que acreditan la inocencia de Rosario Robles”, expresó.

Afirmó que la Fiscalía no pudo realizar manifestaciones jurídicas para rebatir la teoría de la defensa y un “juez de consigna” determinó una prisión preventiva justificada con fundamentos meramente subjetivos.

Por su parte Julio Hernández Barros, otro de los abogados de la exfuncionaria, dijo que se encontraron con un Tribunal de Estado pues se violó el debido Derecho y la presunción de inocencia, ya que aunque se entregaron las pruebas, estas no fueron tomadas en cuenta por la FGR.

“Esta resolución fue un acto de crimen a la justicia, de asesinato a la ley, victimizaron a la Constitución, ella es inocente”, sostuvo tras afirmar que el juez puso palabras en boca de su defendida y no lo que consta en el acta de entrega de Robles Berlanga.

“Realmente estamos ante una persecución, ante una presa política que podríamos calificarla ya a ese grado; ella es un chivo expiatorio que quieren tanto el gobierno federal y otros personajes de la política pública, aquí estamos y seguiremos dando la cara”, puntualizó.

Luego de que se le dictara sentencia el miércoles pasado a Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión, su equipó legal apeló el veredicto el jueves pasado según documentos revelados este lunes.

La sentencia al capo mexicano llegó tras haber sido declarado culpable de ocho cargos de crimen organizado y narcotráfico y dos mas por portación de armas y lavado de dinero.

Marc Fernich, nuevo abogado de “El Chapo”, quien es experto en apelaciones, presentó el recurso un día después de conocerse su sentencia.

Según los documentos judiciales, la decisión que  deberá de tomar un juez de apelaciones, podrá demorar hasta un año.

El Chapo” Guzmán se encuentra ya en la prisión de máxima seguridad Supermax (ADX) en Florence, Colorado, conocida como “El Alcatraz de las Rocosas”, donde cumplirá con su sentencia de cadena perpetua.

Al respecto, esta mañana, el canciller Marcelo Ebrard comentó sobre la petición de la defensa del capo de repatriarlo a nuestro país.

“Regresar al ‘Chapo’. No lo podemos regresar procesal y jurídicamente después de ya concluido el juicio (…) sería muy difícil para México en este momento, ahí sí dependería de que Estados Unidos aceptara algo así. Yo lo veo muy cuesta arriba ahora a esta altura”, dijo el canciller.

La titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Luz María Ortega, rechazó hoy la solicitud del equipo legal de Emilio Lozoya para citar a comparecer al menos a 15 personas, entre ellas al ex presidente Enrique Peña y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Ortega desechó la petición al rechazar la prueba testimonial ofrecida por la defensa de Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), como parte de la investigación que se sigue por la compra irregular de la planta Agro Nitrogenados.

La solicitud incluía también al ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el ex titular de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa; el ex subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Messmacher; y el ex director de PMI Internacional, filial de Pemex, José Manuel Carrera Panizzo.

Tras dar por recibido el oficio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y rendido el informe sobre la ampliación de la demanda del 1 julio de 2019, la magistrada dispuso en su resolución: “indíquesele al promovente que no ha lugar a acordar favorablemente su petición”.

Los abogados de Lozoya confiaban que, con esa comparecencia, su defendido pudiera quedar libre de las acusaciones que hay en su contra.

Por su parte el abogado Javier Coello indicó que impugnará la decisión de la juez, pues insistió en que “ha existido una violación flagrante a los principios que rigen el Sistema Penal Acusatorio”.

Pidió que sea un tribunal colegiado quien determine si la resolución de la juzgadora estuvo fundada.

Ante los reclamos de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de México, por la “amenaza” de que dará a conocer los nombres de quienes promueven amparos contra la construcción del Aeropuerto en Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que nadie lo va callar y ejercerá su derecho de manifestación.

Durante su conferencia de prensa de este lunes en Palacio Nacional, AMLO aseguró que los corruptos que buscaban beneficiarse con el Aeropuerto de Texcoco, son los que ahora se quejan porque no pudieron concluir todas sus transas.

“Pues hago uso de mi derecho de manifestación, ni modo que me vayan a callar y ya no pueda hablar, dijo que se estaban esmerando los corruptos y entre más me impidan hablar pues voy a ser más claro. Los corruptos que tenían el negocio de la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco están inconformes porque no pudieron consumar la transa”, afirmó.

López Obrador dijo que no se resignan a aceptar que todo está cambiando en este gobierno y que ya no se hacen jugosos negocios al amparo del poder como ocurría antes, por eso están molestos porque son personas vinculadas a los que iban a construir la nueva terminal aérea en Texcoco.

Recordó que antes, los políticos o funcionarios de alto y mediano rango pensaban que llegar al gobierno era para enriquecerse y hasta ponían como ejemplo de progreso a los más corruptos, pues el gobierno estaba infestado de corrupción y de todo eso estaba al tanto el Presidente de la República y no hacía nada para remediarlo.

Por ello, López Obrador insistió en que se limpiará la administración de corruptos y dijo que ya comenzó la limpieza pero faltan algunos que se han filtrado como la humedad, pero pronto caerán, pues en este gobierno no hay espacio para las corruptelas.

Los abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán insistieron este sábado en la necesidad de que se repita el juicio contra el narcotraficante, a 10 días para que el juez dicte sentencia.

En un escrito dirigido al juez Brian Cogan, el equipo de abogados del capo insistió en lo argumentado en marzo pasado, después de que salieran a la luz informes de que algunos miembros del jurado pudieron haber incumplido las normas impuestas por el juez consultando información del juicio a través de internet y las redes sociales.

Los defensores del narcotraficante indicaron que lo revelado por Vice era suficientemente para que se abriera una investigación al respecto.

Y es que recordemos que el periodista Keegan Hamilton de Vice publicó una entrevista a un miembro del jurado que no se identificó, en la que aseguraba que al menos cinco miembros del jurado violaron las órdenes del juez, y siguieron el caso a través de los medios de comunicación durante el juicio.

En este sentido, el escrito de la defensa asegura que: el integrante del “jurado sostuvo que varios miembros del panel habían “violado” de forma generalizada su juramento, y habían desobedecido las instrucciones de la Corte”.

El líder del cártel de Sinaloa fue declarado culpable el pasado 12 de febrero, de diez delitos de narcotráfico por un jurado que deliberó durante seis días, en un proceso que se prolongó casi cuatro meses.

En el escrito, los defensores Guzmán Loera sostienen que “si no hay justicia procesal para quienes supuestamente son los peores entre nosotros, no puede haber nada para los mejores, ni para nadie”.

Sin embargo la Fiscalía de Estados Unidos ya anunció en abril pasado su rechazo a la petición de los abogados, argumentando que las informaciones publicadas por Vice no son demostrables, por lo que el juicio no debería repetirse.