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Francia vivió este lunes un día histórico al incluir la garantía del aborto en su Constitución, convirtiéndose en el primer país del mundo en dotarse de este tipo de salvaguarda para proteger la interrupción del embarazo.

“Histórico”, “victoria”, “orgullo”, fueron algunos de los adjetivos que emplearon la gran mayoría de líderes de grupos políticos en la sesión extraordinaria del Congreso del Parlamento, que reunió el Palacio de Versalles a la Asamblea Nacional y al Senado para aprobar formalmente la reforma constitucional.

Al final 780 parlamentarios votaron a favor de la reforma constitucional y solo 72 lo hicieron en contra, logrando una votación por encima de los tres quintos requeridos para sacar adelante la primera modificación de la Carta Magna desde 2008.

El cambio aprobado incluye la expresión en el artículo 34 de que la Constitución francesa, señalará que “la ley determinará la forma en que se reconoce la libertad garantizada de las mujeres a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo”.

“Su cuerpo les pertenece y nadie puede disponer de él en su lugar”, sostuvo el primer ministro, Gabriel Attal, en la intervención que abrió la sesión.

Ausente del Congreso, por la imposibilidad del presidente de influir en el Legislativo, Emmanuel Macron reaccionó a través de la red social X, donde expresó el “orgullo francés” y el “mensaje universal” que lanza el país.

Además, anunció que promulgará la ley el próximo viernes, coincidiendo con la jornada internacional de los derechos de la mujer, y lo hará, por vez primera, en una ceremonia pública que tendrá lugar frente al Ministerio de Justicia.

Macron, decidió lanzar esta reforma constitucional después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogó en junio de 2022 el reconocimiento federal al derecho al aborto, dejando su autorización en manos de cada estado.

Por ello, muchas de las intervenciones de este lunes señalaron ese fallo judicial, igual que otras restricciones al aborto ya aprobadas o en proyecto, como en Polonia, Hungría o en Argentina del presidente Javier Milei, como un recordatorio de que los derechos pueden perderse.

La nota discordante la puso la líder ultraderechista Marine Le Pen, quien aseguró, en unas declaraciones al llegar al Palacio de Versalles, que el peligro contra el aborto “no existe”.

“Vamos a votar esta constitucionalización porque no nos supone ningún problema, pero de ahí a hablar de día histórico no. Es un día instrumentalizado por Emmanuel Macron para su propia gloria”, afirmó la líder del segundo mayor grupo de la Asamblea Nacional.

La reunión del Congreso y la votación, la primera para una reforma constitucional en casi 16 años, estuvo llena de elementos simbólicos.

Fue la primera presidida por una mujer, la presidenta de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet, y tuvo lugar a casi cincuenta años de la aprobación de la ley de interrupción del embarazo, que lleva el nombre de la entonces ministra de Sanidad, Simone Veil.

Precisamente el primer ministro llegó a Versalles acompañado por el hijo de Veil, Jean, que asistió invitado a la sesión, en la que hubo un aplauso de homenaje a la figura política de su madre, que tras sobrevivir a Auschwitz fue ministra en varias ocasiones y llegó a presidir el Parlamento Europeo.

La garantía del aborto en una Constitución nacional solo tiene un precedente histórico, en 1974 en la desaparecida Yugoslavia, aunque esa garantía se extinguió con el final de ese país.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a los Estados del mundo “a seguir el ejemplo de México” y garantizar acceso legal y seguro al aborto, esto después de que la Suprema Corte lo despenalizara en todo el país.

La sentencia del máximo tribunal “representa una gran victoria para las mujeres en México en su lucha de décadas por su autonomía corporal y su salud y derechos sexuales y reproductivos”, destacó el alto comisionado Volker Türk.

En un fallo unánime, la Suprema Corte determinó el pasado miércoles “que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.

La sentencia permite que las personas que lo necesiten, puedan acceder a abortos en instituciones federales de salud y advierte que el personal médico no podrá ser criminalizado por brindar este servicio.

El 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte ya había determinado que penalizar el aborto era inconstitucional, lo que abrió el camino para el fallo de esta semana.

El alto comisionado también pidió a las autoridades competentes tomar medidas inmediatas para implementar la sentencia.

“Hago un llamado al Congreso de México para que tome medidas inmediatas a fin de promulgar la legislación necesaria para eliminar el aborto del Código Penal Federal, y a congresos de las entidades federativas donde el aborto sigue estando criminalizado para que hagan lo mismo con prontitud”, agregó Türk.

La despenalización del aborto representa una decisión histórica en un país donde más del 80% de sus 130 millones de habitantes se declaran católicos.

El fallo de la Corte respondió a una petición de la organización feminista Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

En América Latina el aborto es legal en Argentina, Colombia, Cuba y Uruguay. En Chile es ilegal con la excepción de riesgo para la salud de la madre, violación o malformaciones en el feto. En Venezuela, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana está absolutamente prohibido.

En Estados Unidos, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, revirtió el año pasado ese derecho vigente desde 1973.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Regina Tamés, Directora Adjunta de la División de Derechos de la Mujer en Human Rights Watch, sobre la despenalización del aborto y la decisión de la Corte. ¿Un triunfo de la llamada marea verde?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este miércoles despenalizar el aborto a nivel federal.

La Corte resolvió que es “inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.

En un paso previo, hace dos años exactamente, la SCJN determinó que penalizar el aborto era inconstitucional, lo que abrió el camino para el fallo unánime de este miércoles.

El aborto voluntario ha sido despenalizado en al menos 11 de los 32 estados del país. El gobierno de la Ciudad de México fue la primera entidad en legislarlo, y también la primera jurisdicción latinoamericana en autorizarlo en 2007.

El fallo se derivó de una petición del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

La organización señaló que con el objetivo de que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a abortos seguros sin ser criminalizadas, encabezaron junto a otros actores una estrategia jurídica nacional que consistió en presentar amparos para eliminar el delito de aborto autoprocurado y consentido en todos los códigos penales del país donde no se ha despenalizado por parte de los congresos, incluido el federal.

Explicó que con base en la sentencia sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto en el Código Penal de Coahuila resuelta por unanimidad por la Suprema Corte en septiembre de 2021, presentó un amparo contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal por haber emitido una regulación que criminaliza el aborto.

“Hoy, la Corte analizó este amparo y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendrá efectos y, por lo tanto, a ninguna mujer o persona gestante, ni al personal de salud, se le podrá castigar por abortar”, celebró GIRE al conocer la decisión de la Corte.

Recordaron que al haberse aprobado por unanimidad, esta sentencia se vuelve obligatoria para todas y todos los jueces locales y federales, quienes tendrán que implementar lo dicho por la Corte.

Y es que con esta resolución, el IMSS, ISSSTE, PEMEX y cualquier institución de salud federal deberán brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten. Además, el personal médico de las instituciones federales de salud no podrá ser criminalizado por brindar este servicio de salud.

Foto: GIRE

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, promulgó un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa del estado, dominada por los republicanos, para prohibir los abortos después de las seis semanas de embarazo.

La prohibición le representa a DeSantis una importante victoria política entre los votantes de las primarias republicanas, mientras se prepara para lanzar una candidatura presidencial basada en su imagen de defensor de los estándares conservadores.

La prohibición del aborto a partir de las seis semanas sólo entrará en vigor si se mantiene la actual prohibición de las 15 semanas en el Tribunal Supremo estatal, controlado por los conservadores.

La nueva ley también tendría implicaciones a mayor escala en cuanto al acceso al aborto en el sur del país tras la decisión de la Corte Suprema federal del año pasado de anular el fallo del caso Roe vs. Wade y dejar en manos de los estados la decisión en cuanto a la interrupción del embarazo.

Alabama, Luisiana y Mississippi han prohibido el aborto en cualquier etapa de la gestación, mientras que Georgia prohíbe el procedimiento luego de que se detecte actividad cardiaca, lo cual ocurre por lo general alrededor de la sexta semana.

“Tenemos la oportunidad de encabezar el debate nacional sobre la importancia de proteger la vida y darle a cada bebé la oportunidad de nacer y encontrar su propósito”, declaró la representante republicana Jenna Persons-Mulicka, quien impulsó la iniciativa en la cámara baja estatal.

Los demócratas y los grupos a favor del derecho al aborto han criticado la propuesta de Florida, considerándola extrema.

“Esta prohibición evitaría que cuatro millones de mujeres en edad reproductiva de Florida accedan a servicios de aborto después de seis semanas, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas”, afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en un comunicado emitido después de la votación de ayer en la cámara baja.

“Esta prohibición también afectaría a los casi 15 millones de mujeres en edad reproductiva que viven en estados que prohíben el aborto en todo el sur, muchas de las cuales anteriormente dependían de viajar a Florida como una opción para acceder a la atención”, agregó.

La ley contiene algunas excepciones, incluida la de salvar la vida de la madre. Los abortos en embarazos por violación e incesto estarían permitidos hasta las 15 semanas de gestación, siempre y cuando la mujer cuente con documentos como una orden restrictiva o un reporte policial. DeSantis ha dicho que estas cláusulas son delicadas.

Los fármacos utilizados en abortos inducidos por medicamentos, que comprenden la mayoría de los que se llevan a cabo a nivel nacional, podrán entregarse únicamente en persona o mediante un doctor, según el proyecto de ley del estado.

Las prohibiciones al aborto son populares entre algunos conservadores religiosos que conforman la base de votantes del Partido Republicano, pero el tema ha motivado a muchos otros a votar por los demócratas.

En las últimas semanas y meses, los republicanos han sufrido derrotas en elecciones que giran en torno al acceso al aborto en estados como Kentucky, Michigan y Wisconsin.

Las comisiones de Salud y Para la Igualdad de Género en la Cámara de Senadores, decidió postergar en análisis de una iniciativa que buscaba despenalizar por completo el aborto en todo el país, ante una campaña de desinformación que se echó a andar sobre el texto que se presentó.

La senadora Martha Lucía Micher Camarena, de Morena, denunció una campaña de difamación en su contra por parte de la “ultraderecha”, que la acusa “falsamente” de impulsar una iniciativa cuyo objetivo sería despenalizar el aborto en todo el país, incluso hasta los nueve meses de embarazo.

“Jamás he declarado estar a favor del aborto a los nueve meses, jamás lo he hecho y jamás lo haré”, dijo la senadora, quien advirtió que no permitirá que una “campaña de fobia y discriminación” salga adelante.

Agregó que esta serie de falsedades, comentarios discriminatorios y fobias que se ejercen contra su persona, han puesto en alerta a la población, a los cardenales, a la Iglesia Católica, con la mentira de que están a favor del aborto a los nueve meses.

“De asesina no me bajan y yo asesina no soy, no voy a permitir bajo ningún momento que me llamen asesina”,  aclaró antes de reiterar que es una persona católica. “Lo soy, pero no voy a permitir a ningún cardenal ni sacerdote, a nadie, que me difame y que difamen el espíritu de nuestra iniciativa”.

Los integrantes de las comisiones de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, expresaron su solidaridad a la senadora.

Fue su compañera de la bancada de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, quien indicó que se decidió no votar el dictamen sobre salud reproductiva en las comisiones de Salud y Para la Igualdad de Género, y que ssrá analizada en fecha posterior.

Aclaró que se trata de un proyecto que suscriben senadoras y senadores de todas las fracciones parlamentarias: Morena, PAN, PRI, PT, Movimiento Ciudadano, PVEM, PES, del Grupo Plural y PRD, que busca garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, a la salud neonatal, sexual, así como a la objeción de conciencia.

Recordaron que en México se registran a diario alrededor de mil embarazos de adolescentes de entre 12 y 19 años, por lo que es fundamental dar una respuesta a esta problemática, a través de educación e información sobre los servicios de salud sexual y reproductiva, “eso es lo que estamos haciendo”, sostuvieron.

Incluso de la bancada de Acción Nacional, la senadora Indira Rosales San Román, comentó que se trata de un dictamen “muy valioso”, porque aborda el tema de la violencia obstétrica, derechos del recién nacido y de la infancia; además, destacó que se trata del trabajo de la senadora Micher Camarena, pero también de legisladoras de las diversas fracciones parlamentarias.

La Corte Suprema de Estados Unidos puso fin este viernes a una sentencia que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres al aborto, pero que nunca había sido aceptada por la derecha que predomina en la Corte.

Esta decisión no convierte en ilegales las interrupciones del embarazo, sino que hace retroceder a Estados Unidos a la situación vigente antes de la sentencia “Roe v. Wade” de 1973, cuando cada estado era libre de autorizarlas o no.

En un país muy dividido como Estados Unidos es probable que la mitad de los estados, especialmente en el sur y el centro más conservadores y religiosos, podrían prohibirlas en un plazo más o menos corto.

“La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho”, escribió el juez Samuel Alito, en nombre de la mayoría. Roe v. Wade “debe ser anulado”. “Es hora de devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”, a los parlamentos locales, escribió.

Sus dichos muestran una formulación muy parecida al anteproyecto de sentencia que se había filtrado a principios de mayo, y que había provocando importantes manifestaciones en todo el país y una ola de indignación en la izquierda.

Desde entonces la situación era tensa en las inmediaciones del alto tribunal, acordonado por las fuerzas de seguridad para mantener a distancia a los manifestantes, que este viernes llegaron y han emprendido manifestaciones.

La decisión va en contra de la tendencia internacional de liberalizar el aborto, con avances en países donde la influencia de la iglesia católica sigue siendo fuerte, como Irlanda, Argentina, Colombia e incluso como México, donde en las últimas semanas más estados han legislado por los derechos de las mujeres.

Llega después de 50 años de lucha de la derecha, para la que representa una enorme victoria. También encaja con la política del expresidente Donald Trump quien, durante su mandato, remodeló profundamente la Corte Suprema incorporando a tres magistrados conservadores: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, que apoyan la sentencia.

Los tres magistrados progresistas discreparon con la mayoría que, según ellos, “pone en peligran otros derechos a la privacidad, como la anticoncepción y los matrimonios entre homosexuales” y “socava la legitimidad de la Corte”.

Al respecto, el presidente Joe Biden condenó el fallo por tomar un “camino extremo y peligroso”.

“Es un día triste para la corte y para el país”, dijo Biden en la Casa Blanca (…) El tribunal ha hecho lo que nunca antes había hecho: quitar expresamente un derecho constitucional que es tan fundamental para tantos estadounidenses”, agregó.

Facultar a los estados para prohibir el aborto convierte a Estados Unidos en un país atípico entre las naciones desarrolladas en cuanto a la protección de los derechos reproductivos, añadió el demócrata.

Biden instó al Congreso a aprobar una ley que proteja el derecho al aborto, una propuesta poco probable dadas las divisiones partidistas.

Dijo que su gobierno protegerá el acceso de las mujeres a los medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, incluidas las píldoras para la anticoncepción y el aborto con medicamentos, al tiempo que combatirá los esfuerzos para impedir que las mujeres viajen a otros estados para abortar.

Foto: Twitter @Nanisimo

El Congreso de Baja California Sur aprobó este jueves un decreto para garantizar la interrupción legal del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación.

Con 16 votos a favor, 3 en contra y cero abstenciones, Baja California Sur se convirtió en el noveno estado del país en aprobar dicha ley.

El proyecto discutido fue presentado el pasado 26 de mayo como una iniciativa ciudadana de Mónica Jasis Silberg y previamente, en junio de 2021, el Congreso había desechado otro dictamen que buscaba la despenalización del aborto.

Con su decisión, los legisladores aprobaron reformas que adicionan, modifican y derogan diversos artículos del Código Penal local, así como reformas y adiciones a la Ley de Salud del Estado.

Para argumentar sus votos, diputadas y diputados a favor de la iniciativa destacaron “la necesidad de garantizar el aborto como una forma de combatir la injusticia social, las muertes maternas por abortos inseguros y para garantizar plenamente el derecho a la salud”.

“Las mujeres mueren en abortos clandestinos, hay mujeres encarceladas por abortar y las mujeres en desventaja social son quienes más sufren las consecuencias de un andamiaje jurídico que no faculta a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo”, dijo la diputada María Guadalupe Moreno de Morena.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Poder Legislativo local, Eufrocina López, expuso que “criminalizar a las mujeres por decidir libremente sobre sus cuerpos únicamente perpetúa las violencias y violaciones a los derechos históricamente sufridos por las mujeres, especialmente las mujeres indígenas y afrodescendientes, así como las niñas y adolescentes que son víctimas de violación sexual”.

Por su parte, María Antonieta Alcalde, directora de Ipas Centroamérica y México, organización que trabaja para expandir el acceso al aborto seguro y acabar con los procedimientos inseguros de aborto, dijo que pese a la presión de grupos antiderechos, los legisladores “priorizaron el reconocimiento de la interrupción legal del embarazo como un servicio de salud reproductiva fundamental para la garantía de los derechos de las mujeres”.

El 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila.

Y aunque la decisión de la Corte solo invalidó el Código Penal del estado de Coahuila, sentó un precedente obligatorio para todos los tribunales del país, que deberán fallar a favor de las mujeres de otros estados.

En 2021, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima aprobaron la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, mientras que Ciudad de México lo hizo desde 2007 y Oaxaca en 2019. E estos estados se unió Guerrero a mediados de mayo pasado y ahora Baja California Sur, ambos en 2022.

Cada año en el mundo se producen alrededor de 25 millones de abortos inseguros, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La mayoría de los estadounidenses, un 54%, considera que la Suprema Corte debe mantener el fallo que protege el derecho constitucional al aborto.

Así lo apunta la última encuesta publicada en Estados Unidos sobre este asunto, realizada por el diario The Washington Post y la cadena ABC.

Los datos del sondeo se recopilaron la semana pasada, días antes de conocerse el borrador de una sentencia de la Corte que apunta a que una mayoría de magistrados están a favor de revocar la norma que protege el derecho al aborto.

El resultado señala que el 54% de los estadounidenses piensa que la jurisprudencia, conocida como “Roe vs Wade”,  en vigor desde 1973, deben continuar; mientras que el 28% cree que debe ser revocada.

“Roe vs Wade” es una sentencia que protege como constitucional el derecho de las mujeres a abortar, impidiendo por tanto a los estados del país vecino prohibir esta práctica. Antes de la sentencia, 30 de los 50 estados del país tenían leyes que prohibían el aborto en cualquier momento de la gestación.

Preguntados de manera más general si el aborto debería ser legal en la “mayoría de los casos” o “en todos los casos”, el 58% de encuestados consideraron que sí, frente al 37% que asegura que debería ser ilegal en “la mayoría de los casos” o en “todos los casos”.

Si la cuestión se plantea de acuerdo a circunstancias más específicas, el apoyo al aborto es mucho más amplio.

En concreto, el 82% respondió que debería ser legal cuando la salud de la madre está en peligro; el 79% lo respalda cuando el embarazo ha sido causado por violación o incesto; y el 67% lo apoya cuando hay evidencia de graves problemas de salud para el feto.

El respaldo del aborto, no obstante, está muy marcado por las tendencias políticas de los encuestados: el 75% de los demócratas encuestados consideran que la Corte debería mantener la norma, frente al 53% de independientes y el 36% de los republicanos.

El respaldo al aborto se ha mantenido por encima del 50% en Estados Unidos en las últimas décadas, con una media del 55% apoyando su legalidad en todos o la mayoría de los casos en las encuestas nacionales del Post-ABC desde 1995.

Foto: Twitter @IndivisibleChi

El portal Politico publicó un borrador con el dictamen mayoritario de la Corte Suprema de Estados Unidos, firmado por el magistrado Samuel Alito, que revocaría la protección del derecho al aborto en el país, vigente desde 1973.

Junto a Alito habrían acordado echar abajo dicha protección los magistrados Clarence Thomas y los tres propuestos para el máximo tribunal por el expresidente Donald Trump: Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

La máxima instancia judicial del país cuenta con seis jueces conservadores y tres liberales. Al tratarse de un borrador, sin embargo, la decisión aún podría cambiar y no se espera un veredicto oficial hasta junio.

La filtración de una decisión de la Corte Suprema sobre un tema tan controvertido y aún en discusión es un hecho sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos.

Recordemos que la Corte dictaminó en 1973 que el Estado no tiene derecho intervenir en la decisión de la mujer sobre su embarazo, una jurisprudencia conocida como “Roe versus Wade”, pero en la última década numerosos estados gobernados por republicanos han aprobado normativas que violan esos parámetros, con el objetivo declarado de que el Supremo anule este precedente.

En respuesta, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la autenticidad del documento, pero subrayó que no representa la decisión “final” del máximo tribunal.

En un comunicado, el presidente de la Corte, el juez John Roberts, añadió que había “ordenado una investigación” para descubrir el origen de la filtración, considerada una violación extraordinaria y sin precedentes del protocolo institucional.

Para el magistrado, “esta traición” pretende “socavar la integridad de las operaciones” de la Corte, y prometió que “no tendrá éxito: el trabajo de la Corte no se verá afectado de ninguna manera”.

Al respecto, el presidente Joe Biden, advirtió este martes de que está preparando una “respuesta” para defender el aborto en el país ante la posibilidad de que la Corte Suprema acabe con la normativa que protege este derecho.

“Si esta decisión avanza, será algo muy radical”, criticó el mandatario en declaraciones a la prensa antes de abordar un avión con destino al estado de Alabama. Consideró que supondría “un giro fundamental en la jurisprudencia estadounidense”.

En ese sentido, dio que el Estado no debe meterse en ámbitos de la vida privada de las personas, como el aborto o el matrimonio igualitario. “No estoy dispuesto a dejar eso en manos de los caprichos del público”, sentenció.

Previamente, en un comunicado, el mandatario reivindicó que el aborto es un derecho “fundamental” y prometió que el gobierno estará “listo cuando se emita cualquier fallo” al respecto.

El mandatario detalló que, ante los intentos de varios estados republicanos de restringir el aborto, ha ordenado a los abogados de La Casa Blanca que preparen “opciones para una respuesta de la Administración al ataque continuo contra el aborto y los derechos reproductivos”.

Biden hizo un llamado a los estadounidenses para que voten a legisladores que estén a favor del aborto en las elecciones intermedias del próximo noviembre. “Si el Supremo anula ‘Roe’, recaerá sobre los legisladores electos en todos los niveles la responsabilidad de proteger el derecho de las mujeres a decidir”, afirmó Biden.

Y es que si la Corte Suprema de Estados Unidos concreta la anulación del histórico fallo, la nación se dividiría inmediatamente en estados con acceso al aborto y otros que lo prohibirían.

Casi inmediatamente después de que Politico revelara el contenido del borrador, los republicanos, que durante décadas han alentado una campaña para acabar con el derecho al aborto, aplaudieron la posibilidad, mientras que los demócratas prometieron luchar contra la posible revocación de un derecho constitucional que ha existido durante casi medio siglo.

En California, los demócratas , que ejercen el control de la Legislatura estatal, y la oficina del gobernador emitieron una declaración conjunta ayer por la noche, anunciando que buscarían enmendar la Constitución del estado para consagrar el derecho al aborto.

“California no se quedará de brazos cruzados mientras se despoja de sus derechos a las mujeres de todo Estados Unidos y se borra el avance por el que tantas han luchado”, afirmaron los demócratas de California. “Sabemos que no podemos confiar en la Corte Suprema para proteger los derechos reproductivos, por lo que California construirá un cortafuegos alrededor de este derecho en nuestra constitución estatal. Las mujeres permanecerán protegidas aquí”.

Se espera que aproximadamente la mitad de los estados de Estados Unidos prohíban el aborto si anulan el fallo Roe vs. Wade, según el grupo de expertos sobre derechos al aborto Guttmacher Institute. Veintidós estados, principalmente en el sur y el centro-norte, ya tienen vigentes prohibiciones totales o casi totales. Aparte de Texas, todas están bloqueadas actualmente en los tribunales debido al fallo federal Roe vs. Wade.

Trece estados tienen las llamadas leyes de activación, que prohibirían el aborto inmediatamente si se anula el fallo federal y presumiblemente entrarían en vigor si la mayoría de la Corte Suprema vota a favor del borrador divulgado.

Las encuestas muestran que relativamente pocos estadounidenses quieren que la Roe vs. Wade sea anulada. En 2020, AP VoteCast encontró que el 69% de los votantes en las elecciones presidenciales dijeron que la Corte Suprema debería dejar la decisión de Roe v. Wade como está; solamente el 29% dijo que el tribunal debería revocar la decisión.

En general, la encuesta AP-NORC encuentra que la mayoría de la ciudadanía está a favor de que el aborto sea legal en la mayoría o en todos los casos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reprobó este miércoles los actos violentos que se presentaron ayer durante la marcha por el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, principalmente en la Ciudad de México, y cuestionó la autenticidad del movimiento.

“Esto es un fenómeno nuevo y tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno y por eso desconfío de su autenticidad”, afirmó el mandatario al ser consultado durante su conferencia de prensa matutina.

Y es que ayer, cientos de mujeres salieron a las calles de la Ciudad de México y otras ciudades, para reclamar el pleno acceso al aborto y el cese de la violencia contra las mujeres en el país.

En las marchas se registraron en la capital del país, que partió del Ángel de la Independencia y culminó en la plancha del Zócalo, hubo enfrentamientos entre algunas manifestantes y elementos de la Policía, lo cual dejó 37 personas heridas, 27 de ellas mujeres policías y varios daños materiales.

López Obrador señaló que es un error demandar un derecho con el uso de la violencia. “Creo que todas las protestas deben ser pacíficas. No a la violencia”, puntualizó. Señaló que la violencia no es una vía de lucha que funciona y expuso ejemplos como los de Nelson Mandela o Martin Luther King.

Incluso sostuvo que estos actos violentos no se presentaban antes de que él llegara a la Presidencia. “Esto es un fenómeno nuevo” y reiteró que por ello desconfía de su autenticidad. “Por eso hasta me da desconfianza, ya ven que suele pasar que los extremos se juntan, se tocan, los veo muy conservadores estos movimientos”, zanjó.

Desde su perspectiva, estos movimientos, aseguró, buscan “que nosotros reprimiéramos, que usáramos la fuerza, están provocando y provocando y provocando, pero se van a quedar con las ganas, no vamos a caer en ninguna provocación”.

Finalmente reiteró que no está en contra de las manifestaciones; señaló que en el país está garantizado el derecho de manifestación

Las manifestaciones de ayer llegaron a tres semanas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la penalización del aborto en el estado de Coahuila, un precedente histórico para el resto del país.

Colectivos denunciaron que ayer durante las manifestaciones, específicamente en la plancha del Zócalo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que resguardaban Palacio Nacional, arrojaron gases pimienta, polvo de extintor y cohetones en contra de las manifestantes y de los representantes de la prensa. Pidieron que se actuara bajo los Protocolos de Actuación Policial establecidos.

Foto: Twitter @RompeMiedo

El Gobierno federal pidió revisar las 432 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto este año en el país tras el histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra su criminalización.

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís, señaló que existen 432 carpetas de investigación abiertas por este delito entre enero y julio pasado en 27 estados del país.

“Las autoridades locales y federales debemos asegurar la no criminalización de las mujeres por el ejercicio de sus derechos sexuales, por lo que deben analizarse todos los casos de personas acusadas por el delito de aborto en todo el país”, declaró la funcionaria.

Sus declaraciones se producen después de que la Suprema Corte declarara el martes pasado inconstitucional la penalización del aborto, un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y personal médico que les ayuden con consentimiento.

Y aunque el fallo de la SCJN solo invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, estado donde se castigada con penas de hasta tres años de prisión por abortar de manera voluntaria, la decisión de los ministros crea un criterio obligatorio para todos los tribunales del país.

Y es que el aborto, cuya criminalización es competencia local, solo está despenalizado en cuatro de los 32 estados: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

La Conavim citó que las entidades con más carpetas abiertas por aborto son Estado de México con 93, Nuevo León con 67 y Ciudad de México con 52, pese a que en la capital existe la interrupción legal del embarazo hasta la duodécima semana de gestación.

“Cabe destacar que estas tres entidades concentran el 49% de las carpetas abiertas en los primeros siete meses de este año”, advirtió la comisión, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El organismo también destacó las cifras de Tamaulipas con 28 casos; Querétaro con 22; Baja California y Guanajuato con 18 cada uno; Hidalgo con 15; Veracruz con 14 y Michoacán con 13, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Tras el fallo del martes, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, anunció que el Instituto Federal de Defensoría Pública dispondrá de abogados públicos para defender a las mujeres procesadas por el crimen.

“Ninguna mujer o persona gestante en el país debe enfrentar un proceso penal por ejercer su derecho al aborto, y el Estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia para quienes hoy están en esa situación”, coincidió la Conavim.

Foto: Twitter @GIRE_mx

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró “frustrado” con las 80 millones de personas que no se han vacunado contra el COVID-19, advirtiendo que su paciencia “se está agotando”.

Biden se pronunció así durante un discurso en La Casa Blanca, en el que anunció la vacunación obligatoria a todos los empleados del gobierno federal, un total de 2.1 millones de personas, entre otras medidas para contener el repunte de contagios en su país.

“Muchos de nosotros estamos frustrados con los casi 80 millones de estadounidenses que todavía no se han vacunado”, afirmó el mandatario.

Añadió que, aunque los no vacunados equivalen a aproximadamente el 25% de los estadounidenses que cumplen los requisitos para inocularse contra el COVID-19, en un país “tan grande” como Estados Unidos, una minoría como esa “puede causar mucho daño”, y lo está haciendo.

Biden preguntó directamente a quienes se niegan a vacunarse “qué más necesitan ver” para confiar en que las vacunas son seguras, y lamentó que su reticencia esté multiplicando las hospitalizaciones y muertes por la variante delta del coronavirus en el país.

“Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando, y su negativa (a vacunarse) ha tenido costes para todos”, sentenció.

El mandatario firmó un decreto que establece un mandato de vacunación para los empleados federales y los contratistas del Gobierno, que hasta ahora tenían la opción no ser vacunados si se sometían a pruebas de COVID-19 de manera regular.

Además, anunció que el Departamento de Trabajo publicará una norma de emergencia que obligará a todas las compañías que tengan 100 o más empleados a asegurar que están vacunados con la pauta completa o muestran un resultado de una prueba negativa al menos una vez a la semana.

Aseguró que sus nuevos mandatos afectarán a 100 millones de trabajadores, dos tercios de la fuerza laboral del país.

Y es que la expansión de la variante Delta ha devuelto un panorama sombrío a Estados Unidos, el país con más muertes por COVID-19 del mundo, cuya media diaria de casos volvió a superar los 150,000 la semana pasada por primera vez desde enero, lo que ha saturado los hospitales y provoca más de mil fallecimientos cada día.

En otro anuncio, el Departamento de Justicia del gobierno federal informó sobre una demanda contra Texas para bloquear la polémica ley que entró en vigor el pasado 1 de septiembre en dicho estado y, que prohíbe prácticamente todos los abortos, sin excepciones para los casos de incesto o violación.

“La ley de Texas es claramente inconstitucional bajo un prolongado precedente del Tribunal Supremo”, dijo el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, en una rueda prensa.

La demanda, presentada ante una corte federal de Austin, solicita bloquear esta ley y “proteger los derechos que Texas ha violado”.

La nueva ley, firmada ya por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación, cuando puede detectarse el latido del corazón del feto, aunque en muchos casos muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Además, permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición, y ofrece indemnizaciones de hasta 10.000 dólares al demandante si gana el juicio.

Garland remarcó que el Gobierno federal tiene la “obligación de asegurar que ningún estado pueda privar a las personas de sus derechos constitucionales”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este jueves inconstitucional que las legislaciones estatales reconozcan “la vida humana desde la concepción”, lo que propiciaba que se criminalizara el aborto.

Por unanimidad, los 11 ministros del Pleno invalidaron la fracción I del Artículo 4 Bis A de la Constitución de Sinaloa que establecía que el Estado tutela el derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido.

“Debe ser claro que esto trastoca el orden constitucional y los valores de un Estado laico, plural y democrático, e impone a las mujeres y personas gestantes una carga desproporcionada”, manifestó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien elaboró el proyecto.

El fallo ocurre dos días después del histórico fallo en el que se declaró inconstitucional la penalización del aborto, lo que impide encarcelar a las mujeres y personal médico que les ayuden con consentimiento.

En esta ocasión, la Suprema Corte abordó la impugnación que hicieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diputados a una reforma de la constitución de Sinaloa en 2018 para que el Estado defienda la vida desde la “concepción”.

El debate es relevante porque cerca de 20 estados del país han reformado su constitución para reconocer “la vida humana desde la concepción”, modificaciones que no prohíben el aborto, pero crean un ambiente de persecución e incertidumbre, según asociaciones civiles y como reconocieron los ministros.

“La norma impugnada es abiertamente inconstitucional, pues con el pretexto de definir el comienzo de la protección de la vida humana implícitamente lo que están logrando es imponer límites a los derechos humanos de otras personas, en este caso de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir sobre su propio cuerpo”, dijo el ministro Luis María Aguilar.

Aunque el fallo de la Suprema Corte solo invalida la fracción de la constitución de Sinaloa, la decisión tendrá implicaciones a nivel nacional para reformas que también están impugnadas o que puedan impugnarse.

La Suprema Corte ya había abordado otras constituciones locales en este sentido, pero esta es la primera vez que se alcanzan ocho o más votos necesarios para crear jurisprudencia, un precedente que afectará los próximos fallos.

“Los estados no tienen competencia para modificar el concepto de persona para efectos del reconocimiento de la titularidad de derechos humanos en el sistema jurídico mexicano”, manifestó la ministra Norma Piña.

Recordemos que el aborto, cuya criminalización es competencia local, solo está despenalizado en cuatro de los 32 estados del país: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz; a esta lista se añadirá Coahuila tras el fallo del martes de la Suprema Corte.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este miércoles que se debe ser “respetuoso de la legalidad” tras el histórico fallo de la Suprema Corte, que ayer declaró inconstitucional la penalización del aborto.

“Tenemos que ser respetuosos de la legalidad. Yo cuando tomé protesta como presidente juré cumplir con la Constitución y con las leyes que de ella emanan. Y entonces tengo que cumplir”, afirmó el mandatario.

Por unanimidad, los ministros del pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron el artículo 196 del código penal de Coahuila que imponía de uno a tres años de cárcel “a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento”.

Y aunque la decisión de la Corte solo invalida el código penal de Coahuila, sienta un precedente obligatorio para todos los tribunales del país, que deberán fallar a favor de las mujeres de otros estados.

Y mientras se muestra cauto en este tema, el presidente sí celebró la decisión del gobierno de la Ciudad de México de colocar una estatua de una mujer indígena donde se encontraba la escultura de Cristóbal Colón.

“Lo veo muy bien, lo celebro, porque es un reconocimiento a la grandeza cultural del México profundo, del México prehispánico a sus culturas. Todo lo que fue vilipendiado, menospreciado, todo lo que se discrimina”, respondió AMLO al ser cuestionado.

Y es que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció hace unos día que tras meses resguardada, la estatua de Cristóbal Colón que por años estuvo en Paseo de la Reforma, sería finalmente sustituida por una escultura en homenaje a las mujeres indígenas.

Ante ello, López Obrador avaló la decisión porque, dijo, “hay que sentirnos orgullosos de nuestro pasado” y afirmó que quien no sabe de dónde viene no sabe para dónde va” y mantener la estatua de Colón supone reivindicar “otros hechos históricos lamentables”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) evitó este martes posicionarse sobre la despenalización del aborto que se discute en la Suprema Corte, justificando que se trata de un tema “muy polémico” y que él, como mandatario, no puede “exponerse a un desgaste”.

“Vamos a esperar a ver qué decide la Corte. Y deben entenderse las cosas. Yo no puedo, por la investidura presidencial, exponerme a un desgaste, y entonces tengo que cuidarme. Y este asunto es bastante polémico”, explicó el mandatario en su conferencia matutina al ser cuestionado sobre el tema.

Y es que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) continuará este martes con el análisis del proyecto, y votará  sobre si invalida la penalización del aborto en Coahuila.

El veredicto sentaría un precedente porque, de aprobarse, declarará por primera vez inconstitucional la criminalización del aborto y será de aplicación obligatoria en todos los tribunales de México, que deberán fallar en favor de las mujeres.

“Lo tienen que resolver las mujeres. Lo tiene que resolver el pueblo y en este caso si lo está atendiendo el Poder Judicial, la Suprema Corte, esperar a la resolución de la Corte porque es el poder que tiene la facultad para decidir sobre esos asuntos”, dijo López Obrador evitando profundizar en el tema.

Agregó que como presidente se debe actuar con prudencia y de manera respetuosa, porque son temas muy controvertidos

Esta no es la primera vez en que el presidente evita posicionarse sobre el aborto; meses atrás incluso pidió hacer una consulta entre las mujeres sobre el derecho a decidir.

Ayer, ocho de los 11 ministros de la Corte se pronunciaron a favor del proyecto. Este martes se emitirán los posicionamientos de los tres ministros restantes.

El proyecto a cargo del ministro Luis María Aguilar, propone declarar inconstitucional la penalización del aborto, y aclaró que su proyecto no busca defender el derecho al aborto como diversas organizaciones lo han señalado, sino el derecho de la mujeres a decidir libremente sobre su vida y su cuerpo.

Hasta ahora, el aborto está despenalizado en cuatro de los 32 estados del país: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

El Congreso de Veracruz aprobó este martes la interrupción legal del embarazo hasta las doce semanas, con lo que se convierte en la cuarta entidad del país en en despenalizar el aborto.

Con 25 votos a favor, la mayoría de la banca de Morena, 13 en contra y una abstención, los diputados de Veracruz aprobaron el dictamen que permite el aborto hasta la semana 12 de gestación.

El Congreso de Veracruz señaló que el aborto seguirá siendo delito de acuerdo al Código Penal estatal si es realizado después de la decimosegunda semana. Sin embargo, antes de las doce semanas, las mujeres podrán decidir si quieren o no continuar con el embarazo de manera voluntaria.

Con el cambio que se avaló, la redacción del artículo 149 queda de la siguiente manera: comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo después de la décima segunda semana de gestación. Para efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio.

La diputada Mónica Robles Barajas, autora de la iniciativa, declaró que este día se aprobaba una reforma trascendental para la vida de las mujeres y hombres veracruzanos, para bien de todas y todos. “Así lo creemos en Morena y por eso lo apoyamos, no solo lo creemos nosotros, sino es lo que nos mandata el máximo tribunal del país y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que no estamos legislando en contra de la ley, sino a favor”.

La diputada resaltó que esta reforma no es inconstitucional, en clara referencia a la supuesta violación al artículo 4 de la Constitución ocal que protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural, toda vez que este mismo artículo expone la exclusión de su aplicación, salvo las excepciones previstas en las leyes. “Nuestro marco jurídico prevé que puede haber excepciones, por lo que no estamos contraviniendo la Constitución”, argumentó.

“¡Veracruz despenalizó el aborto!”, celebró en Twitter la organización GIRE, que promueve el derecho al aborto legal.

GIRE destacó que al ser Veracruz el tercer distrito más poblado del país, con dicha decisión se garantizaba autonomía y libertad para más mujeres, niñas y adolescentes.

La legislación es “una de las más progresistas en México”, señaló de su lado la organización Católicas por el Derecho a Decidir, quien destacó que con esta reforma también se elimina el plazo para abortar en caso de violación y disminuye las penas por aborto.

Recordemos que a principios del mes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó la decisión de la justicia de Veracruz de acusar a una mujer de homicidio tras haber sufrido un aborto espontáneo. La joven actualmente se encuentra encarcelada.

Y es que el aborto por violación está despenalizado en los 32 estados de México y en el código penal federal, pero en al menos ocho estados se impone un límite de tiempo, en general de 12 semanas o 90 días.

La Ciudad de México fue la primera entidad del país, y la primera jurisprudencia de América Latina en despenalizar el aborto en 2007. A la capital del país le siguieron Oaxaca en 2019, Hidalgo, apenas el pasado 30 de junio pasado y ahora Veracruz.

Según datos de GIRE, el aborto clandestino es la cuarta causa de muerte materna en México, donde mujeres siguen siendo criminalizadas por esta causa.