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El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la que busca dar certeza jurídica al proceso electoral efectuado en el estado de Baja California el pasado 2 de junio.

La Acción de Inconstitucionalidad presentada por el Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, en representación del Instituto, pretende que la SCJN declare inconstitucional el Decreto número 351 aprobado por el Congreso de Baja California el pasado 11 de septiembre, mediante el cual se modifica el mandato para el cual fue electo el candidato Jaime Bonilla, pasando de dos a cinco años.

El INE argumentó ante la Suprema Corte que el decreto publicado el pasado 17 de octubre de 2019 contraviene la Constitución Federal, ya que dicho ordenamiento pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se realizara el proceso electoral local en Baja California.

En el segundo recurso legal interpuesto por el INE en relación al proceso electoral en Baja California, ya que el pasado 24 de octubre interpuso una acción declarativa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar que se aclarara el periodo del próximo gobierno.

El INE recordó que la Constitución expresamente, en su artículo 105, que: “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y, durante el mismo, no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

En la Acción de Inconstitucionalidad, el INE expuso que la reforma efectuada por el Congreso de Baja California para ampliar el periodo de gestión del gobernador electo, de dos a cinco años, pone en riesgo la certeza jurídica establecida en el artículo 41 Constitucional, ya que dicha modificación, posterior al proceso electoral, cambió las reglas sobre las cuales la ciudadanía y los diversos actores políticos de la entidad participaron en los comicios del pasado 2 de junio.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que analiza el contenido de un escrito que diversas personas presentaron el pasado 15 de julio, en sus oficinas en la ciudad de Tijuana, solicitando su intervención contra la reforma que permite la extensión de mandato de 2 a 5 años para el Gobernador electo en dicha entidad.

“Tomando en consideración la naturaleza y características particulares del acto que se aduce vulnera derechos humanos, la CNDH ponderará la factibilidad de su actuación, en particular sobre una acción de inconstitucionalidad, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, una vez que cuente con todos los elementos necesarios para tal efecto”, indicó la Comisión.

Señaló que la reforma constitucional aún no se publica, por lo que todavía no es vigente.

Indicó que se dará la atención y el seguimiento necesario que sea procedente al escrito que le fue presentado y, en su oportunidad, previo estudio y análisis del caso, tomará la determinación que en derecho proceda sobre la promoción del recurso constitucional correspondiente.

Al respecto, la diputada Eva María Vázquez Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Baja California, no convocará a la sesión pública en la cual se podría promulgar la reforma, por lo que será la siguiente legislatura, que inicia el 1 de agosto, la que realice dicha tarea.

Al acompañar a la legisladora, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Larios Córdova, informó sobre la decisión de su legisladora pese a la presión que está ejerciendo Morena.

Dijo que “en todo caso sea la próxima legislatura, que empieza el 1 de agosto, quien termine esta sucia labor, nosotros no nos vamos a prestar a hacer el trabajo sucio”, declaró el líder panista.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendiera la aplicación de la Ley de Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el PRI indicó que la acción de inconstitucionalidad que presentaron sus legisladores no está motivada por un tema salarial.

Y es que el tricolor junto al PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, argumentando que violaba la división de poderes. Dicho recurso fue admitido por el ministro Alberto Pérez Dayán.

El PRI reiteró que sus legisladores están a favor de las medidas de austeridad y de acabar con los privilegios, pero señalaron que ello no se debe usar como pretexto para que el Presidente de la República pretenda violar la división  de poderes y situarse por encima del Judicial.

«La acción de inconstitucionalidad no está motivada por el tema salarial, sino por la necesidad de preservar la autonomía de cada poder, lo cual es indispensable para la democracia», dijo el Revolucionario Institucional, rechazando así los señalamientos de Morena quien ha acusado a los legisladores que presentaron el recurso de no querer perder sus privilegios.

El PRI recordó que no solo los legisladores se han intentado defenderse del golpe que pretende dar el gobierno en turno, sino que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también promovió una acción de inconstitucionalidad al considerar  que viola la Constitución.

«Con esta decisión, el máximo tribunal del país confirma que los argumentos, cuando son apegados a derecho, son más fuertes que cualquier mayoría legislativa», enfatizó el tricolor.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió este viernes la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establece que ningún funcionario público podrá ganar más que el Presidente de la República.

La suspensión de la Ley se derivó a la acción de inconstitucionalidad que Senadores de oposición (PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) interpusieron ante la corte, misma que fue admitida por el ministro Alberto Pérez Dayán.

“Con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia”, indicó el ministro.

Debido a que existe una segunda acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la suspensión estará vigente hasta que el pleno de la SCJN analice los recursos. Se prevé que dicha revisión se de los primeros meses del próximo año.

Los denunciantes indicaron que con la Ley podía generar un daño irreparable a los servidores públicos.

Ahora, la Cámara de Diputados deberá tomar en cuenta para la elaboración de los presupuestos 2019, los ingresos de los altos funcionarios antes de los límites que conllevaba la Ley de Remuneraciones que recientemente se aprobó, y que fueron planteados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Recordemos que desde el periodo de campaña, López Obrador indicó que en caso de llegar a la Presidencia, ganaría 40% menos que lo que percibía el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Tan pronto resultó ganador de la elección presidencial, anunció que su sueldo sería de 108 mil pesos, por lo que dicha cantidad sería el tope para el sueldo de los funcionarios públicos.

 

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