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Pese a la resolución del Instituto Nacional de Información Pública y Datos Personales (INAI), en la que ordenaba a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir a versión pública la investigación del caso Odebrecht, la dependencia negó el acceso a dicha carpeta.

Ante una petición del portal Animal Político, la PGR expuso siete motivos por los cuales indicó que era imposible transparentar el expediente, entre los que destacan que se debe a que las carpetas de investigación están en curso, y por tanto, su contenido es estrictamente reservado por la ley.

Adicional señaló que interpuso una demanda de amparo en contra de la resolución del INAI, que al seguir en litigio, impide se puede dar información de ningún tipo. La PGR también señaló que las solicitudes que se han planteado hasta el momento para conocer el caso Odebrecht obedecen a una “simple curiosidad” de una persona, o en el mejor de los casos de un “sector a la población”.

“La difusión de la información solicitada no puede ser indiscriminada, ni obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del interés de un sector de la población (…) el interés público en este asunto se traduce precisamente en la necesidad de la sociedad para que los hechos que se investigan sean esclarecidos. El estimar que la publicidad de una carpeta de investigación abona a la transparencia (…) es un planteamiento que atenta en perjuicio del verdadero interés público” indicó la PGR.

Otras de las razones que dio la dependencia para no revelar la carpeta de investigación, es que se corre el riesgo de vulnerar la presunción de inocencia de los involucrados y poner en riesgo su “buen nombre” y su “prestigio”. Además indicó que no hay “elementos suficientes” para que se señale que los delitos federales tipificados sean efectivamente considerados “actos de corrupción”.

Recordemos que la PGR reservó la información del caso Odebrecht por cinco años.

El presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete promovieron acciones legales inéditas que buscan ampararlos contra una posible persecución e investigación penal del gobierno de Chihuahua en su contra.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, el pasado 11 de octubre, la Consejería Jurídica de la Presidencia, y más puntualmente el consejero Jurídico Misha Granados, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para reclamar las posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales.

“La solicitud y emisión de órdenes de aprehensión existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”, es uno de los actos reclamados, según el diario.

Los amparos podrían derivarse de las declaraciones del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien amenazó al gobierno federal por el caso del exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, acusado por peculado tras el desvío de 250 millones de pesos de recursos federales.

Si bien la PGR desistió de este caso, Corral no dejó de hacer declaraciones que anticipaban acciones legales contra Peña Nieto y sus funcionarios.

“Lo puedo decir con absoluta certeza: aunque haya hecho lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Gutiérrez y a (el exgobernador) César Duarte, no se va a ir impune, no quedará impune”, advirtió Corral.

Según el diario, esta acción legal es inédita por parte de presidentes aún en funciones.

 

 

Con información de Reforma

La ex lidereSa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, solicitó un amparo contra cualquier nueva orden de aprehensión que la Procuraduría General de la República (PGR) haya librada en su contra.

El instrumento jurídico se presentó un día después de que fuera absuelta por los delitos lavado de dinero y delincuencia organizada.

Según reporta el diario Reforma, Gordillo solicitó en su demanda la protección contra cualquier orden de aprehensión o citatorio de un juez de control para que le formulen imputaciones en una audiencia inicial.

Adicional se amparó contra una posible orden de comparecencia mediante el uso de la fuerza pública sin haber sido previamente citada a comparecer.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Dos jueces federales concedieron amparos a organizaciones civiles en contra de la Ley de Seguridad Interior al considerar que violan los derechos humanos.

El Juez Octavo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Fernando Silva resolvió en el expediente número 118/2018 que la actuación de militares en tareas de seguridad pública puede generar actos que no podrían repararse a integrantes de la sociedad.

Destacó que el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública constituye un riesgo para los derechos fundamentales de la población.

En tanto, la Juez Noveno de Distrito en Guanajuato, Karla María Macías, , al considerar que 7 artículos de la Ley de Seguridad Interior violentan los derechos humanos y contravienen principios constitucionales para la población en general.

El pasado 21 de diciembre,  esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en el que determina que las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, llevarán a cabo Acciones de Seguridad Interior necesarias para atender riesgos en aquellas zonas del país que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos.

 

Con información de Agencias / Foto: 

El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, quien es acusado por enriquecimiento ilícito y peculado, obtuvo un amparo que impide a la Procuraduría General de la República (PGR), judicializar o consignar cualquier carpeta de investigación en su contra.

 

Ademas, el amparo que otorgó el Juez Quinto de Distrito de Amparo en materia Penal con sede en Jalisco, incluye el impedimento de girar cualquier orden de aprehensión en contra del ex mandatario estatal.

 

En la resolución, el juez indicó que de tratarse de una averiguación previa conforme al sistema tradicional, la PGR no deberá  pronunciarse con relación a la acción penal; en el caso de las carpetas de investigación tramitadas bajo el sistema penal acusatorio, el juez concedió la suspensión para que la PGR no judicialice la misma ante un juez.

 

Sin embargo aclaró que el amparo no limita a que se continúe con las pesquisas en contra del ex gobernador, así como el proceso para reunir las pruebas que considere pertinentes.

 

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO

El Juez de Control Jaime Garza Castañeda, decidió no vincular a proceso al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, por el delito de ejercicio indebido de funciones.

 

Este proceso se le seguía desde agosto de 2016 cuando un juez le imputó los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y delitos cometidos contra el patrimonio del estado. Sin embargo tras revisar el expediente, se le vinculó sólo por el primer delito el cual guardaba relación a las exenciones de impuestos que otorgó a la automotriz Kia Motors.

 

Ante dicha vinculación, la defensa del exgobernador se amparó y siguió un largo proceso ante diversas instancias y juzgados, hasta llegar a la audiencia de esta mañana.

 

Garza Castañeda argumentó que la exoneración se daba por una deficiente exposición de hechos por parte de la Fiscalía del estado, pues consideró que el Ministerio Público no precisó la forma en que Medina cometió el delito y se limitó a exponer la conducta del ex Mandatario de una manera genérica, no específica.

 

Al término de la audiencia, el priísta declaró a los medios de comunicación que con este nuevo falló se demuestra que él no ha cometido ningún delito, y confió en que será el mismo desenlace para los otros tres procesos que aún tiene pendientes.

 

Por su parte la Fiscalía estatal indicó que apelarán el fallo pues se demuestra que Medina cuenta con la protección del Gobierno federal.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Luego de los instrumentos jurídico que presentara en su defensa, un juez federal negó hoy la suspensión definitiva del amparo promovido por el empresario Manuel Barreiro, quien es señalado de orquestar un esquema financiero para ayudar a desviar recursos al ahora candidato presidencial, Ricardo Anaya.

 

El amparo que le fue negado había sido promovido para impedir que la Procuraduría General de la República (PGR), continuara con la carpeta de investigación que se le sigue, y mediante la cual se supo que el queretano fue localizado en Canadá.

 

La suspensión emitida este miércoles también le fue impuesta a Juan Carlos Reyes García, dueño de la empresa Manhattan Master Plan Development, a quien Anaya y los voceros del Frente señalan de ser la persona que compró la nave industrial en 54 millones de pesos. La suspensión también fue aplicable para la esposa de Barreiro y para dos colaboradores suyos.

 

Con esta nueva sentencia, la Procuraduría podría presentar la carpeta de investigación ante un juez de control, quien podría citar a comparecer al empresario y a cualquier otra persona involucrada,  y en caso de no acatar el citatorio, emitir una orden de captura en su contra.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Patricio Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito de Amparo Penal, concedió una suspensión provisional a cualquier acción penal que la Procuraduría General de la República (PGR) pudiera ejercer en contra de Manuel Barreiro Castañeda, en relación a los supuestos desvíos de recursos que involucran al candidato presidencial Ricardo Anaya.

 

Barreiro Castañeda, empresario inmobiliario queretano, ha sido señalado como el responsable de orquestar un esquema fiscal para hacer llegar al menos 54 millones de pesos a las cuentas de Anaya.

 

El amparo de Barreiro fue presentado desde el pasado 20 de febrero, un día antes de que la PGR confirmara que desde octubre del año pasado recibiera una denuncia por este caso, derivando en varias diligencias, entre ellas cateos, testimonios y una alerta migratoria que ha trascendido, está dirigida en contra del empresario y socio de Ricardo Anaya.

 

Recordemos que el tema se agravó luego de que este miércoles el abogado Joaquín Xamán McGregor, afirmó que sus clientes Daniel “N” y Alberto “N”, participaron en una operación de triangulación de recursos por ordenes de Barreiro, siendo Ricardo Anaya el destinatario final de los mismos, razón por la que han sido acosados e intimidados en recientes fechas.

 

Con información de Reforma / Foto: Twitter

Un juez de la corte suprema de Brasil negó este viernes un recurso presentado por el expresidente Lula da Silva, que busca mantenerlo fuera de prisión mientras que los tribunales superiores del país no confirmen su condena a más de 12 años por corrupción.

 

Aunque la decisión constituye una nueva derrota judicial para el popular exmandatario, la última palabra la tendrá el plenario de 11 jueces del Supremo Tribunal Federal (STF), que deberá decidir si acepta el habeas corpus preventivo.

La posibilidad de que Lula vaya a prisión después de haber sido condenado el mes pasado en segunda instancia, mantiene en vilo al país ya que pese a su complicada situación judicial, el líder de la izquierda lidera las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre.

 

La decisión del juez Edson Fachin “dará al plenario del STF la oportunidad de aplicar la Constitución Federal, especialmente en lo que se refiere a la garantía de la presunción de inocencia hasta que haya una decisión final, inapelable”, afirmó la defensa de Lula en un comunicado.

 

La defensa de Lula alega que la prisión a partir de la segunda instancia viola el principio constitucional de presunción de inocencia y que el líder de la izquierda fue juzgado sin pruebas, por jueces carentes de imparcialidad. Si el STF no modifica su postura, Lula podría ir a prisión en los próximos meses, después que se agoten los pocos recursos que le restan dentro del tribunal de apelaciones que confirmó su sentencia.

 

Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento tríplex ofrecido por una firma constructora para obtener contratos en Petrobras.

 

Con información de AFP / Foto: Archivo APO

Esta tarde un juez de control determinó vincular de nueva cuenta a proceso al ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz por el delito de ejercicio indebido de funciones.

 

Al resolver un amparo del priísta, el juez Garza Castañeda decidió vincularlo a proceso por el caso del otorgamiento indebido de incentivos a la empresa KIA Motors, que asciende a 3 mil 128 millones de pesos. Medina ya había sido imputado y vinculado a proceso en 2016.

 

Aquella primera vez, su defensa interpuso un amparo que fue aceptado por el juez, sin embargo la Fiscalía Anticorrupción del estado apeló la medida, por lo que ahora volvió a ser vinculado.

 

La defensa de Medina argumentó en su momento que el ex Gobernador no había intervenido en los acuerdos para otorgar incentivos, además de indicaron que los incentivos fueron presentados en calidad de promesa, ya que se haría la gestión ante el Congreso del Estado para que los autorizara.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Esta tarde un juez federal concedió la suspensión de cualquier orden de aprehensión, comparecencia o citatorio de parte de las autoridades de Chihuahua en contra del priísta Manlio Fabio Beltrones, esto como parte de la investigación que se sigue por el presunto desvío de 246 millones de pesos a las campañas del PRI.

 

“Se concede a Manlio Fabio Beltrones la suspensión provisional para el efecto de que no sea presentado por medio de la fuerza pública, con motivo del citatorio, y/o órdenes de presentación, localización y comparecencia y su ejecución”, indicó Dolores Núñez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal.

 

La resolución indica que la suspensión será efectiva si lls delitos que se imputen al líder priísta no sean considerados graves o ameriten prisión preventiva, además de que señala el pago de 64 mil pesos por parte de Beltrones.

 

Por su parte el político emitió un comunicado de prensa en el que aseguró que “no permitiré que se me injurie y se me construyan falsas acusaciones a partir de mentiras y filtraciones”, por lo que “ante la falta de certeza jurídica que deberían garantizar los operadores jurídicos del Estado de Chihuahua (…) es que me veo obligado a acudir a la justicia federal mediante el juicio de amparo con el principal objetivo, aunque parezca increíble, de poder acceder al expediente y así enterarme de los hechos que aparentemente se investigan”.

 

Añadió que “parece que esta época electoral, lamentablemente (…) es más fácil construir ficción para denostar, en donde deben hacerse respetar los derechos humanos y la fama pública”, y confió en que “esos excesos no marquen la intensidad de la contienda política de este 2018”.

 

 

Tal como lo indicara el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se confirmó que el priísta Manlio Fabio Beltrones solicitó a una juez federal un amparo contra cualquier orden de aprehensión proveniente de dicho gobierno, como parte de las investigaciones que se siguen por los presuntos desvíos a las campañas del tricolor en 2016.

 

María Dolores Núñez Solorio, Juez Cuarto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, admitió a trámite el juicio de garantías, en el cual Beltrones también solicitó evitar que la Fiscalía de Chihuahua le impida el acceso a la carpeta de investigación que llegue a realizarse en su contra.

 

Antonio Collado, abogado del ex presidente del PRI, habló en entrevista radiofónica, en la que aseguró que “quieren involucrar a Manlio Fabio Beltrones, quien solicitó un amparo contra una posible orden de aprehensión y que no pase lo que pasó con Alejandro, que fue aprehendido sin citatorio, además de que se le informe si hay alguna investigación en su contra”.

 

 

Recordemos que el pasado mes de diciembre, Beltrones negó cualquier relación o participación en el supuesto desvío. Incluso cuestionó que éste existiera, pues dijo “el gobernador Javier Corral y el Fiscal del Estado de  Chihuahua, han faltado a su deber y vulnerado la justicia al actuar con  testigos protegidos que aportan declaraciones a modo, para alimentar irresponsablemente con filtraciones la hoguera mediática buscando  beneficios en la temporada electoral”.

 

Aseguró también que “el Fiscal de Chihuahua ha vulnerado el proceso al filtrar supuestos de investigación que causan daño moral y vulneran la integridad de quienes  son indebidamente mencionados en la investigación de referencia”.

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO

Este miércoles el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, desestimó el juicio de amparo que la defensa de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, había presentado argumentando violaciones a sus derechos en la audiencia donde se le vinculó a proceso.

 

Con dicha resolución, Duarte continuará preso en el Reclusorio Norte ya que se determinó constitucional y apegado al Código Nacional de Procedimientos Penales el auto de vinculación que recae sobre él por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

“Se señala que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público revelan, hasta este momento, que existió una organización criminal dedicada a desviar recursos públicos del Gobierno del Estado de Veracruz, mismos que fueron dispersados a través de diversas acciones, con la finalidad de ocultar su origen ilícito”, puntualizó el Magistrado Ricardo Paredes Calderón, titular del Quinto Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México.

 

Recordemos que Duarte es acusado de desviar más de mil 600 millones de pesos del gobierno de Veracruz, recursos que presuntamente fueron triangulados a cuentas bancarias de empresas fachada para que sus prestanombres adquirieran bienes muebles e inmuebles.

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO