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La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, inició ayer una gira de dos días por Yucatán, donde prometió que, de llegar a la Presidencia, ampliará el Tren Maya a Puerto Progreso, Yucatán.

Sheinbaum explicó que la ampliación del polémico proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que ha sido duramente criticado por el daño medioambiental que ha ocasionado a la zona y el sobrecosto que ha reportado, será parte del proyecto ‘Renacimiento Maya’, que impulsará junto al candidato a gobernador, Joaquín “Huacho” Díaz Mena.

“Puerto Progreso, finalmente lo vamos a desarrollar, eso va generar empleos y desarrollo para Yucatán. Vamos a ampliar el Tren Maya para que llegue a Puerto Progreso y vamos hacer el Tren Maya de carga para impulsar el desarrollo de toda la Península de Yucatán”, dijo la candidata.

Como parte de sus propuestas, Sheinbaum adelantó que también se contempla la construcción de parques industriales en Yucatán, la entrada de gas natural y la operación de dos plantas de generación de electricidad.

En uno de los estados gobernados por la oposición, La abanderada de la coalición que integran Morena, Partido Verde y el PT, también se comprometió a continuar los programas sociales impulsados por el presidente López Obrador.

“Seguiremos brindando apoyo a los adultos mayores y las becas a jóvenes por eso necesitamos su voto para nuestros representantes en Yucatán”, apuntó Sheinbaum al tiempo que enumeró sus compromisos de campaña, en los que destacó el aumento al salario mínimo y el apoyo total a las mujeres.

“Seré la primera mujer en la historia de México en ser presidenta y por eso daré un apoyo mensual a las amas de casa cuando cumplan 60 años”, añadió.

En un encuentro previo con empresarios, Sheinbaum dijo que Morena no está en contra de la inversión ni de los empresarios. Indicó que es falsa la idea de que Morena está en contra de la inversión privada.

“Nosotros queremos que haya inversión en el país, nada más hay que ordenarla y permitir que al mismo tiempo haya bienestar para el pueblo de México (…) van a tener siempre la puerta abierta y habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, pero no pasa nada porque tendremos la posibilidad de seguir dialogando y con nosotros le va ir bien a Yucatán”, expuso.

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó ampliar el plazo dado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para que reúna pruebas a su favor en el caso que se le sigue relacionado al entramado de corrupción que gira en torno a la constructora brasileña Odebrecht.

La respuesta de los fiscales llega después de que el propio Lozoya solicitara más tiempo antes de que se procediera al cierre de la investigación complementaria sobre el caso. Está previsto que este jueves se celebre una audiencia judicial al respecto.

Fuentes cercanas al caso han indicado en declaraciones a El Universal que la defensa del exdirector de Pemex había solicitado 60 días adicionales dado que está “pendiente de una asistencia jurídica internacional para saber si el acuerdo firmado por Luis de Meneses Weyll, director de Odebrecht, ha sido o no revocado de forma definitiva”.

Sin embargo, la Fiscalía ha solicitado al juez declarar cerrado el plazo para la pesquisa y poder así formular la acusación contra Lozoya y pedir la apertura de un juicio en su contra ante la posibilidad de que ya no haya más pruebas pendientes de reunir.

La semana pasada, la FGR defendió que las acusaciones de soborno en el marco del caso Odebrecht presentadas por
el antiguo director de la petrolera estatal contra los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón son “libres” y “voluntarias”.

Lozoya tiene hasta mañana 3 de noviembre para presentar pruebas válidas en este y otros casos de corrupción, así como garantías de que puede reparar el daño económico causado al Estado, para evitar que las acciones penales recaigan también sobre él.

El exdirector de Pemex está siendo investigado por su presunta vinculación en el caso Odebrecht y en el de la empresa de fertilizantes Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, y extraditado a México cinco meses después.

A través de un comunicado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar, celebró la aprobación de las leyes reglamentarias al Poder Judicial en la Cámara de Diputados.

Agradeció a las y los legisladores por aprobar dichas leyes que dijo, son las más trascendentes desde 1994, que permitirán tener un Poder Judicial renovado y fortalecido. “Los méritos de esta reforma son indiscutibles y producto de un trabajo de años y de un amplio consenso”.

Tras varios días de silencio sobre el tema, Zaldívar habló sobre el artículo transitorio que incluyó el Senado, y con el que se amplía por dos años la duración del presidente de la Suprema Corte. Indicó que no se había pronunciado por respeto al procedimiento legislativo.

Zaldívar precisó que aunque el artículo transitorio extiende el periodo del presidente de la SCJN, no extiende el plazo de encargo como ministro de la Corte.

Tal como lo hiciera el Consejo de la judicatura Federal, Zaldívar se deslindó del artículo incluido; indicó que no participó en su elaboración, y detalló que su inclusión y aprobación fue resultado del ejercicio del Poder Legislativo.

Señaló que estará atento a la publicación de las reformas, y después a cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la Suprema Corte, órgano que dijo, deberá analizar y resolver cualquier cuestión de constitucionalidad.

“Ejerceré el cargo del Presidente de la SCJN y del CJF por el periodo por el cual fui electo por mis padres y estaré a la determinación de la SCJN respecto del precepto en cuestión. Reitero que seguiré cumpliendo con mi compromiso con la justicia que he defendido durante toda mi trayectoria. Es a través de la sentencias como a las personas juzgadoras debemos y esperamos ser evaluadas. Asimismo, seguiré defendiendo la independencia y autonomía del PJF y de todas las juzgadoras y juzgadores federales tanto de críticas del Poder formal como de los poderes fácticos”.

Sobre el tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó su apoyó a las reformas que se aprobaron en lo general en la Cámara de Diputados, y que contemplan la extensión de mandato del titular de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar; dijo que así se podrán impulsar los cambios necesarios dentro del Poder Judicial, que está “muy mal”.

“Creo que hace falta la reforma al Poder Judicial y que si encabeza esta reforma el presidente la Suprema Corte, el ministro Zaldívar, hay posibilidades de que se avance en ese sentido”, respondió AMLO al ser consultado sobre el tema.

Dijo que “desgraciadamente” está “muy mal” el Poder Judicial, situación que atribuyó a los gobiernos anteriores, cuando aseguró, había una “República simulada”, donde todos los poderes institucionales estaban “tomados” por un mismo grupo.

AMLO insistió en que se tenía “cooptados” a todos los funcionarios, y en el caso de la Justicia, eran la mayoría de jueces, magistrados y ministros. Sostuvo que en el Poder Judicial “seguiría lo mismo” sino fuera por el actual presidente de la SCJN.

Aprovechando su discurso, dijo que son los “conservadores” los que se oponen a los cambios, y sirvió para que se lanzara una vez más contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha otorgado amparos contra la reforma eléctrica y contra la obligación de registrar datos biométricos de usuarios de la telefonía móvil.

Recordó que los opositores a sus reformas siempre pueden “inconformarse” ante el Poder Judicial y declarar que estas son inconstitucionales.

En ese sentido dijo que en caso de que se impugnen los cambios, si los órganos autónomos, el Poder Judicial o el Legislativo resuelve que no son procedentes, “no pasa nada”, aunque aseguró que así él y su administración tendrán la “conciencia tranquila” ya que no fueron cómplices.

La Cámara de Diputados aprobó este viernes, en lo general y en lo particular, las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, en la que se incluye el artículo transitorio que amplía por dos años el periodo del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

Los diputados aprobaron la reforma en lo general por 260 votos a favor, 167 en contra y 2 abstenciones, apoyada por el bloque de la Cuarta Transformación (Morena, PT, PES y PVEM). En lo particular fue aprobada con 262 votos a favor, 182 en contra y 7 abstenciones.

El dictamen aprobado señala que la finalidad de los cambios es que en el Poder Judicial de la Federación se comiencen a adoptar políticas internas en la línea de combate a la corrupción y al nepotismo, fortalecimiento de la carrera judicial, capacitación de personal, así como mejoramiento del servicio de defensoría pública, con el objetivo de elevar la calidad de la impartición de justicia y hacerla accesible para todos los mexicanos.

El Artículo Décimo Tercero Transitorio, que es el que ha causado toda la polémica y rechazo, indica que con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de marzo de 2021, la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024.

El pasado 16 de abril, el presidente López Obrador dijo estar de acuerdo con la reforma al señalar que hay “vicios y nepotismo” en el Poder Judicial y que Zaldívar es un hombre “íntegro”. “Pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial estoy de acuerdo, pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores”, dijo entonces el mandatario.

Sin embargo, el cambio a la ley generó un amplio rechazo entre especialistas jurídicos, analistas e incluso entre miembros del partido gobernante, Morena.

Consideremos que el artículo 97 de la Constitución establece que la presidencia de la SCJN durará cuatro años sin reelección.

“El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, no puede guardar silencio frente a una violación patética de la Constitución que lleva su nombre para la historia”, dijo en Twitter Porfirio Muñoz Ledo. “Está obligado a deslindarse ya del Ejecutivo que lo declara como un juez a modo e infama a todos los miembros de la corte calificándolos de incompetentes”, agregó.

Zaldívar no se ha pronunciado al respecto, aunque el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dijo en un comunicado que el artículo que amplía el mandato del ministro no fue solicitado por el Poder Judicial. El CJF dijo que esperaría a que concluyera el proceso legislativo en la Cámara de Diputados para pronunciarse al respecto.

El ministro presidente llegó a la Suprema Corte en 2009, nombrado por el entonces presidente Felipe Calderón, rival político de López Obrador, pero ahora se ha mostrado cercano al actual presidente, a quien incluso ha acompañado en eventos de obras públicas.

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) han advertido de riesgos para la independencia del poder judicial en México. Lo mismo han hecho cámaras empresariales y asociaciones de jueces.

Luego de que el Senado aprobara ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, por dos años, como parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, fue la el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) quien se desmarcó de dicho cambio.

“El artículo décimo tercero transitorio dado a conocer el día de hoy no sólo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino tampoco fue solicitado por el Poder Judicial Federal”, explicó el CJF en un boletín.

Y es que el artículo transitorio del dictamen, presentado por el senador Raúl Bolaños-Cacho, del PVEM, fue aprobado con 85 votos a favor, 24 en contra y dos abstenciones.

“La persona que, a la entrada en vigor de esta reforma, ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, durará en el cargo hasta el 30 de noviembre del 2024”, se lee en el artículo.

De esta manera, la presidencia de Zaldívar que tenía que concluir en 2022 su mandata, finalizará en 2024 al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La permanencia de los siete integrantes del Consejo de la Judicatura Federal también se amplía.

Ante la acción, los senadores de oposición dijeron que en los hechos es “un golpe de Estado al Poder Judicial”.

El CJF explicó que los proyectos de leyes que implementen la reforma constitucional del 11 de marzo fueron elaboradas al interior del Poder Judicial de la Federación, cuyo contenido es público desde febrero de 2020.

Aclaró que las iniciativas fueron modificada y enriquecidas a través del diálogo con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación, las cuales se hicieron llegar al Senado de manera pública y “gozaron de la aceptación de las y los legisladores”.

Indicó que debido a que dicha reforma pasa a la Cámara de Diputados, el artículo transitorio podrá ser eventualmente modificado.

“Nuestra única prioridad es que sean aprobadas las leyes reglamentarias de la reforma constitucional al Poder Judicial Federal, que consoliden su autonomía e independencia”, concluyó el CJF.

Al respecto, esta mañana fue cuestionado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dijo que estaría de acuerdo con ampliar el periodo de Zaldívar, siempre y cuando eso ayude a que se consolide la reforma al Poder Judicial.

“Si esta ley o este ordenamiento lleva ese propósito, que eso es lo que yo tengo de información, que es número determinado de leyes para reformar, yo estoy de acuerdo. Sobre la ampliación del periodo de dos años… se llevó acabo en el Senado, pero si eso garantiza que va a ver la reforma, yo estoy de acuerdo”, respondió el mandatario.

Yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial, estoy totalmente de acuerdo en la renovación de Poder Judicial porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo, hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces y magistrados y ministros; urge una reforma al interior del Poder Judicial.

Aprovechó para manifestar su confianza al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, a quien calificó como un hombre íntegro.

“Pienso que si se amplió el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo; pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores, pero para que no haya medias tintas, para que se sepa cuál es mi postura: estoy a favor de la reforma del Poder Judicial y le tengo confianza al presidente de la Corte”, reiteró.

Coincidió en que es necesario que se amplíe la permanencia de Zaldívar sobre todo al frente del Consejo de la Judicatura, ya que es el órgano que puede llevar a cabo los cambios que se requieren, pues es quien tiene que ver con las normas para la elección de jueces, magistrados y ministros.

AMLO concluyó asegurando que es una decisión que tomaron los Senadores, y ahora corresponderá a los Diputados discutirla y en su caso aprobarla.

El gobierno federal y el Banco de México (Banxico) acordaron extender 6 meses más el conjunto de medidas que facilitan el acceso a liquidez de los bancos aprobadas en abril del año pasado para hacer frente a la crisis de la Covid-19.

“Hasta ahora las disposiciones de liquidez emitidas en abril de 2020, debido a la Covid-19, han ayudado al funcionamiento ordenado de los mercados de fondeo bancario y fomentado el flujo eficiente de la liquidez, sin embargo, persisten elementos de incertidumbre que atender”, expresó en redes el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González.

Y es que ante el inicio de la crisis por el coronavirus, Banxico anunció el 14 abril de 2020 un conjunto de excepciones para el acceso a la liquidez, como la suspensión de plazos para el registro de activos o el cálculo de reservas de liquidez. Días después anunció una inyección de liquidez por 750,000 millones de pesos para sortear la crisis.

El subsecretario de Hacienda explicó este martes que la decisión de extender las disposiciones, que iban a vencer el 1 de marzo, tiene como objetivo “evitar correcciones abruptas en el comportamiento de las instituciones bancarias y puedan mantener el crédito a las familias y empresas”.

La decisión la tomó este lunes el Comité de Regulación de Liquidez Bancaria, formado por la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Los miembros del Comité reconocieron que, si bien las condiciones de operación de los mercados han mejorado desde el inicio de la pandemia por la covid-19, tanto a nivel internacional como en México persisten algunos elementos de incertidumbre asociados con la duración del impacto de la pandemia”, detallaron este martes en un comunicado.

Asimismo, anunciaron que al concluir los 6 meses, se establecerá “un periodo de eliminación gradual” de las disposiciones por un plazo adicional de otros 6 meses. Indicaron que el propósito es evitar correcciones abruptas en el comportamiento de las instituciones bancarias, las cuales podrían repercutir negativamente en la gestión de liquidez de las mismas.

La firma RISC, especializada en servicios de consultoría relacionados al reaseguro de ramos técnicos y daños, analizó, con base en la información pública disponible, el incendio en las instalaciones del Metro de la CDMX ocurrido el sábado 9 de enero. Concluyó que se trató de un siniestro que se pudo evitar.

De acuerdo con el análisis interno que entregó a sus socios, y al cual tuvo acceso Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), el siniestro que consumió el edificio de cinco pisos, una planta baja y un sótano pudo haberse prevenido si las instalaciones hubieran recibido el mantenimiento mínimo y se acataran disposiciones en materia de protección civil.

“Este evento se presta para un debate más detallado sobre eventos catastróficos que con medidas de prevención se pueden evitar sin duda alguna. Asimismo, nos hace luz (sic) sobre muchos aspectos adicionales que nos indican que en este caso el riesgo, desde un punto de vista integral, no estaba controlado, como un barco sin timonel”, expone RISC en el reporte fechado el 12 de enero.

Recordemos que el incendio de la madrugada del 9 de enero provocó la muerte de una policía, la destrucción del inmueble y dejó a la Ciudad de México sin servicio durante días de la mitad de las líneas que conforman la Red. Tres líneas (1, 2 y 3) tardaron semanas en reincorporarse y no están aún a su plena capacidad. Apenas ayer retomó actividades la línea 2.

El 21 de enero la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la directora del Metro, Florencia Serranía, donde rechazaron que no se destinaran recursos para el mantenimiento del Metro. “No importa lo que se diga, el mantenimiento en el Metro se está dando, es falso que no se está dando. Se está dando más y se está dando mejor”, sostuvo la directora del Metro.

Sin embargo, de las labores de mantenimiento en el “cerebro” del Metro poco se sabe a pesar de que los cinco transformadores que ahí se ubicaban -y que eran los que permitían la operación de la mitad de todo el sistema- han sobrepasado por mucho su vida útil.

Según el reporte de RISC, en promedio, dichas instalaciones tienen una vida útil máxima de entre 25 y 30 años,  pero los que operaban en la sede del Metro ya acumulan 51 años de servicio.

La consultora también destaca que había que preguntarse con qué regularidad se llevó a cabo el análisis de gases disueltos (DGA) de los propios transformadores y con ello se podrían conocer los componentes químicos en el aceite con el que operan. No haberlo hecho regularmente, expone RISC, habría sido “una falla imperdonable”.

“Evidentemente se ha dado más importancia a la ampliación de la red que a la modernización de los sistemas operativos (…) este caso nos enseña la importancia de un crecimiento y una modernización integral”, señala la consultora.

 

Investigación completa en MCCI

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que la figura de la revocación de mandato es una estrategia de Morena para luego, con alguna legislación secundaria, impulsar la reelección o ampliación de mandato del Presidente de la República en 2024 y con ello perpetuarse en el poder.

Señaló que la prueba indiscutible de esa burda maniobra es que la mayoría morenista no acepta que se empiece a utilizar la revocación hasta el próximo sexenio, sino busca que sea durante el actual gobierno de López Obrador.

Y es que acusó que el hecho de contar con mayoría parlamentaria, le permite a Morena abusar y modificar en cualquier momento de la legislación secundaria a su antojo, como ocurrió en el caso de la Guardia Nacional, que fue fraude a la ley porque todas las fuerzas políticas apoyaron pero con la condición de ser dirigida por un civil y no por un militar en activo; o en la reforma educativa, en la que regresó el poder a los sindicatos durante la aprobación de las leyes secundarias.

“La revocación del mandato mal utilizada podría traer gobiernos menos eficientes y más irresponsables, que solo apuesten por construir clientelas electorales, es un traje a la medida que Morena quiere hacerle al Presidente, un instrumento político electorero para beneficiarse como partido y perpetuar al Presidente en el poder”, dijo el panista.

El Presidente de Acción Nacional advirtió que puede convertirse en la peor herramienta de manipulación ciudadana y de abuso de poder; pudiendo generar graves daños para el futuro del país y la democracia.

Recordó que de los 70 países con sistema presidencial como el de México, solo tres contemplan la figura de revocación de mandato: Bolivia, Ecuador y Venezuela y dos de ellos, Venezuela y Bolivia, la han usado para justificar la reelección de sus mandatarios.

Cortés Mendonzo sostuvo que el deber del PAN es fortalecer las instituciones y no debilitarlas; “nuestro deber es luchar por los equilibrios y contrapesos del poder, por los derechos humanos y las libertades. Y lo que hemos visto de este gobierno es que cada día que pasa quiere controlar absolutamente todo y el último intento para ese propósito es la revocación de mandato”.

Finalizó indicando que en el PAN están decididos a parar a los gobiernos de Morena. “Vamos a luchar para impedir cualquier reelección o ampliación de mandato del gobierno de Morena”.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero afirmó que la decisión del Congreso de Baja California de ampliar el mandato del gobernador electo de dos a cinco años se trata de una reforma inconstitucional.

“Yo voy a respetar lo que hizo en Congreso, aunque en mi opinión como ministra en retiro sí te puedo decir, ya no como secretaria de Gobernación, que por supuesto, es una reforma inconstitucional, en mi opinión”, dijo la funcionaria.

Al respecto, informó que la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, le comunicó que estudian la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad contra la decisión adoptada por el Congreso local.

Dicha medida también ha sido anunciada por el Partido Acción Nacional (PAN).

Respecto al anuncio que hiciera el actual gobernador del estado, sobre que no publicaría la reforma, la titular de la Segob indicó que “si no se publica la reforma por parte del gobernador, hay un plazo para que la publique directamente el Congreso”

Sobre lo que se ha planteado en el Congreso de la Unión, sobre la desaparición de poderes en la entidad, la funcionaria indicó que a su parecer, lo más conveniente, es la interposición de las acciones de inconstitucionalidad y de los medios de impugnación que se tienen al alcance, a través de las instituciones del Estado y de los poderes públicos.

Sánchez Codero dijo que se tiene que avanzar para construir un Estado de derecho, por lo que dijo, “yo lo estoy respetando a cabalidad, a diferencia de antes que estábamos acostumbrados a ser ‘intromisos’ en los Congresos, en los partidos, en todas las instancias y en todos los poderes.

Luego de la polémica que ha desatado la decisión del Congreso local de Baja California de ampliar el mandato de Jaime Bonilla de dos a cinco años, se da a conocer una encuesta sobre dicha acción.

La más reciente encuesta de Refirma señala que 54% de los encuestados está en contra de que el mandato de Bonilla sea de cinco años, cuando en las elecciones votaron por un periodo de dos. 41% apoya dicho cambio.

57% de los consultados consideran que la decisión de los legisladores de ampliar el periodo es una medida antidemocrática. Solo 35% la considera como una medida democrática.

Al considerar el planteamiento que ha hecho Morena para avalar dicho cambio, sobre que se ahorrarán recursos al no tener una elección en un corto tiempo, 67% de los encuestados indicaron que es mejor respetara la ley. 31% apoya la medida para ahorrar recursos.

Tal como lo han indicado las voces que critican la decisión del Congreso local, 55% cree que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe rechazar el cambio. 41% indicó que debe avalarlo.

54% de los bajacalifornianos coincidieron en que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debe mantenerse al margen de la situación. 43% señaló que el mandatario debe intervenir.

Finalmente, 41% de los ciudadanos confían en que Jaime Bonilla será un buen gobernador, 25% indicó que será un mal mandatario local.

La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, afirmó que la reforma que se aprobó en el Congreso local para ampliar el mandato del futuro gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, obedecía a una petición de la ciudadanía.

“Es algo que la ciudadanía en BC está pidiendo, porque dos años son pocos”, dijo la morenista en entrevista con W Radio.

Explicó que como parte de las visitas que hizo al estado en el marco de las campañas, la gente le dijo que el periodo del próximo gobierno debía de ser de cinco años y no de dos, pues consideraban que en dicho tiempo apenas se están “acomodando” las autoridades.

Polevnsky dijo que los bajacalifornianos le expresaron que para ellos era desgastante pensar tan rápido en por quién votar.

Respecto a las declaraciones de su homólogo panista, Marko Cortés, lamentó de un dirigente se expresara así de sus legisladores, quienes aseguró, fueron corrompidos por Morena.

Yeidckol Polevnsky adelantó que Morena defenderá la reforma, y descartó que dicha medida se pretenda llevar a nivel nacional, para extender el periodo del Presidente de la República.

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México informó que amplió la fecha límite para cubrir el pago de la tenencia, hasta el 1 de julio de 2019.

Explicó que el beneficio consistirá en la condonación del impuesto, así como las actualizaciones y recargos correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Gracias a dicha medida, los usuarios tendrán que pagar únicamente el monto correspondiente a los derechos de control vehicular por refrendo.

La dependencia dijo que esta medida será aplicable para aquellos contribuyentes, personas físicas o morales sin fines de lucro, y cuyos vehículos tengan un valor depreciado menor a 250 mil pesos IVA incluido y no tengan adeudos del propio impuesto.

Recordemos que inicialmente había sido anunciado que la fecha límite sería este lunes 1 de abril.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por mayoría de votos nuevas medidas de racionalidad y disciplina presupuestarias e instruyó a Juntas Locales y Distritales a implementar procesos innovadores que ayuden a afrontar las condiciones de austeridad.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que con dicho proyecto, no sólo se da cumplimiento a lo que establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sino que reafirma el compromiso del Instituto con la austeridad y eficacia en el uso de recursos públicos.

“Ningún órgano del Estado ha tomado decisiones de esta naturaleza, atendiendo justamente a la responsabilidad de esta institución y a la coincidencia de la misma, respecto de los momentos de precariedad o de dificultad económica que ha enfrentado la sociedad mexicana”, sostuvo.

Lorenzo Córdova dijo que, pese al difícil contexto en que se colocó al INE con el recorte de 950 millones de pesos a su presupuesto para el 2019, para no poner en riesgo ninguno de los derechos de las y los ciudadanos, ni las condiciones de equidad en la competencia, se está en negociaciones con la Secretaria de Hacienda para solicitar una ampliación presupuestal.

Pese al cabildeo que se hace con Hacienda, el consejero presidente enfatizó que el INE no dejará de lado el compromiso con las medidas de austeridad, “que siempre han sido acompañadas por este Instituto”.

 

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un recorrido de supervisión de obra por los trabajos de ampliación de la Línea 12 del Metro, en la Ciudad de México.

El mandatario estuvo acompañado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, así como por los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú; y de Obras y Servicios de la capital del país, Jesús Antonio Esteva Medina.

Previo a iniciar el recorrido, Esteva Medina explicó al Ejecutivo federal el proyecto de ampliación de este sistema de transporte público, que comprenderá 4.6 kilómetros de longitud.

Durante su mensaje a medios de comunicación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno dará continuidad a las obras que benefician a los ciudadanos y aseguró que los recursos para la ampliación de la Línea 12 están garantizados.

En el mismo evento, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que esta obra es parte de la interconexión con el Tren Interurbano que conectará a la capital del país con Toluca.