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Por Alejandro Aguirre Guerrero

“Le han advertido que con el ritmo que lleva (y su edad) en cualquier momento podría desmayarse, situación que en el mejor de los casos pudiera ocurrir en privado, pero nos ocupa también que pase en público, en algún evento o trayecto”, me confió una persona cercana a AMLO.

La salud del Presidente es un tema que todos los mexicanos deberíamos conocer. De acuerdo a la consultora Spin, comandada por Luis Estrada, hace más de 170 días que el de Tabasco prometió, durante una conferencia mañanera, mostrar sus análisis y abundar sobre ellos. No ha ocurrido.

AMLO rebasa los 65 años de edad, y tomando en cuenta el ajetreo físico al que se somete, viajes, intensos calores, cambios de clima y aspectos propios de viajar casi todos los días de la semana, es válido detenerse a pensar por qué no se han dado a conocer detalles sobre su salud.

¿No deberíamos tener el derecho, como mexicanos, de conocer el estado físico que guarda el Ejecutivo Federal?, ¿debería ser suficiente un “estoy al cien por ciento” o un “tienen Presidente para rato”?, ¿será que no detallan sobre su salud porque hay algo que prefiere ocultarse, o porque no hay espacio para mostrarlo frágil?

Me han hecho saber que AMLO es tratado frecuentemente por temas cardiacos y de su columna vertebral. De hecho, en varias ocasiones sus médicos le han recomendado intervenirse de su espalda, buscando evitar que en algún momento, pudiera sufrir un dolor insoportable.

“El tema cardiaco del Presidente no es tan delicado como el de su columna, de hecho, tendría que haberse operado después de ganar las elecciones, pero fue tanta su euforia, que decidió postergarlo de nuevo”, me comentaron de manera frontal.

Me dicen que en el círculo cercano de AMLO están preocupados por la indebida atención a sus padecimientos. De hecho, temen que continúe espaciando las intervenciones quirúrgicas recomendadas, o decida enviarlas hasta después de las elecciones intermedias.

Siendo el Presidente de los mexicanos, ¿es su decisión hacer con su salud lo que le plazca?

www.alejandroaguirre.com.mx

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se mostró en favor de llevar a cabo una reforma al Poder Judicial de la Federación, siempre y cuando ésta permita hacer frente a los desafíos que tiene, sin comprometer la división y el equilibrio de poderes.

El organismo advirtió en un comunicado que es importante la renovación en el ámbito judicial, para que el acceso a la justicia y la aplicación de la ley tenga nuevos alcances, y garantice protección a más mexicanos, pero sin perder independencia y autonomía.

Destacó que el Poder Judicial de la Federación tiene importantes márgenes de mejora, sobre todo, para hacer frente a casos de corrupción y nepotismo que se han presentado en los últimos años. «Hoy la justicia es lenta y costosa», subrayó.

En este sentido, reconoció que es hora de llevar a cabo una transformación del Poder Judicial de la Federación, y celebró la iniciativa del senador Ricardo Monreal de Morena, para iniciar la discusión en la materia.

La Coparmex recordó que la semana pasada, con la presencia de los ministros de la Suprema Corte, los consejeros de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral, el consejero Jurídico de la Presidencia, el fiscal General de la República y legisladores federales, se dio el banderazo de salida a las mesas de trabajo que conducirán a la “Reforma con y para el Poder Judicial.

La confederación indicó que otro grave riesgo con la reforma sería el debilitamiento de la carrera judicial, al abrir desmedidamente la puerta a cargos de jueces, magistrados y ministros a profesionales que provengan de otros ámbitos del Derecho, ajenos a la materia judicial.

El Senado de la República recibió este lunes de la Cámara de Diputados las leyes secundarias de la reforma educativa que aprobó la Cámara baja el pasado jueves, informó la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa.

La morenista indicó que los senadores habrán de revisar con absoluta responsabilidad, apertura y diálogo.

Detalló que las comisiones de Educación y Estudios Legislativos analizarán las minutas recibidas las cuales posteriormente se presentarán ante el pleno del Senado de la República.

Aclaró que las y los senadores serán respetuosos de todas y cada una de las expresiones que pueden presentarse en el marco del análisis que se hará.

Adelantó que la Cámara Alta trabajará en las nuevas leyes para sustentar el mandato del Artículo 3º Constitucional, de garantizar una educación laica, gratuita y obligatoria, que ahora comprenderá desde la educación inicial hasta el nivel universitario, en cuyo proceso el centro son los maestros, los alumnos y los padres de familia.

Enfatizó que el objetivo es la mejora continua de la educación, como base para la construcción de un país acorde con las necesidades de las nuevas generaciones.

«La reforma educativa, y la emisión de las leyes secundarias que sustenten la reforma constitucional aprobada por el Congreso, es una de las prioridades de la actual Legislatura», sostuvo la legisladora.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer los resultados del estudio que realizó a la Cuenta Pública del gobierno federal correspondiente al 2013-2018, es decir, al sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

El análisis incluyó revisar cómo se presupuestaron ingresos, egresos y deuda en comparación con el monto ejercido.

El IMCO concluyó que, en seis años, Peña Nieto gastó en total 1 billón 823 mil millones de pesos adicionales a lo originalmente previsto en su Administración, es decir, una variación del 9%. Esto porque estimó gastar 20.7 billones de pesos cuando en realidad erogó 22.5 billones de pesos.

Señaló que, en el sexenio anterior, los presupuestos de egresos aprobados por la Cámara de Diputados no fueron confiables, pues las cuentas públicas no reflejan lo autorizado por los legisladores. Lamentó que no existió un contrapeso efectivo al Poder Ejecutivo que revisara las variaciones al presupuesto y las ampliaciones al gasto.

Advirtió que la administración pasada no cumplió con su presupuesto, pues subestimó sus ingresos y gastó más de lo presupuestado. Entre 2013-2018, la administración tuvo un total de ingresos excedentes de 2 billones 338 mil millones de pesos, en promedio, tuvo una variación en ingresos del 11% entre lo estimado y lo recaudado.

Durante el periodo 2013-2018, la Cámara de Diputados aprobó a las secretarías de Estado un gasto de 6 billones 94 mil millones de pesos, sin embargo, al final erogaron 7 billones 125 mil millones de pesos. En el mismo periodo, al Ramo 23, conformado por fondos destinados a cubrir funciones de gobierno, se le autorizaron 757 mil millones de pesos, este ramo ejerció en los hechos un gasto de 1 billón 371 mil millones de pesos, una variación del 81%.

El IMCO destacó que, a pesar de que el gasto excedente en la mayoría de los rubros fue una constante en el sexenio, el Poder Ejecutivo dejó de ejercer 149 mil millones de pesos en inversión pública, 25% menos de lo aprobado.

Finalizó indicando que la deuda adquirida por el gobierno de Peña Nieto fue de 2 billones 930 mil millones de pesos. Recordó que, en diciembre de 2012, el saldo de la deuda del gobierno federal era de 4 billones 452 mil 986.5 millones de pesos y representaba 27.8% del PIB. Para diciembre de 2018, ascendía a 8 billones 315 mil 863.8 millones de pesos, significando un 35.3% del PIB.

Al inicio del sexenio pasado cada mexicano debía 37,837 pesos, seis años después, la deuda fue de 66 mil pesos por persona.

Luego de que la Reforma Educativa no lograra ser ratificada en el Senado de la República, y regresara a la Cámara de Diputados para un nuevo análisis, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alertó sobre lo que consideró «retrocesos» que se deben cuidar.

«Observamos con profunda consternación retrocesos en temas críticos como son la supuesta gratuidad de la educación, la eliminación de la evaluación docente y la ausencia de un plan estratégico en materia educativa», dijo la Confederación.

Indicó que la Reforma Educativa decreta la gratuidad de la educación superior, incluyendo la obligación de garantizar que las universidades públicas cuenten con el presupuesto necesario, tal y como lo ha prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin embargo, aclaró que el presupuesto público no está posibilitado para cumplir dicha propuesta. «De 2017 a 2019, la participación de los recursos federales destinados a la educación superior respecto a la inversión total en educación pasó de 72 a 66%. Además, en el PEF 2019, los recursos para educación superior disminuyeron 0.5% respecto a 2018. Actualmente, 56% de su presupuesto proviene de la federación, 29% de subsidios estatales y el restante 15% de recursos propios», explicó.

Como ejemplo recordó los graves problemas financieros que enfrentan diversas universidades públicas, y que se están multiplicando en todo el país.

Indicó que para alcanzar la gratuidad se debe comenzar por el establecimiento de reglas claras en la asignación de sus recursos, acompañadas de fórmulas, con base en indicadores de desempeño, transparencia y eficacia en el uso de los recursos.

Sobre el tema de la eliminación de la evaluación docente, lamentó que la Reforma que se pretendía aprobar dejaba un mensaje «claro y alarmante»: no habrá consecuencias para un mal desempeño de los docentes, pues no vincula la permanencia de los maestros al resultado de sus evaluaciones. Señaló que con ello, abre la puerta al regreso de prácticas perjudiciales para la enseñanza como la venta de plazas.

Además, subrayó que el sindicato de maestros podría tener el control de la mitad de las plazas de nueva creación, una medida contraria a la transparencia, y a la recompensa basada en el mérito. Llamó a consolidar la rectoría del Estado en materia educativa, es decir, mantener el control de las plazas, así como la capacitación y evaluación continua a docentes. Insistió en que se deben tener consecuencias a los bajos desempeños de los maestros.

Finalmente, enfatizó que es urgente que el gobierno presente una estrategia clara y coherente a nivel nacional. Dijo que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se presentó hace unos días se hace un simple recuento de culpas sobre la situación educativa, pero no expone una estrategia puntual para superar los problemas. No se plantean objetivos ni estrategias claras que den certidumbre al rumbo que tomaremos en estos años.

«El regreso de la reforma educativa a la Cámara de Diputados debe abrir un espacio para la reflexión de estos temas y muchos más que expertos y organismos de la sociedad civil han expuesto. No permitamos que la calidad educativa, y los avances que hemos dado en la materia, sean secuestrados por quienes se empeñan en hacernos retroceder como país», remató la Coparmex.

El presidente del Senado de la República, Martí Batres, celebró la reforma laboral que aprobó la Cámara de Diputados el pasado jueves, misma que ahora se encuentra en el Senado para su análisis y eventual ratificación.

El morenista dijo que se trata de una decisión histórica, de fondo, que incrementa los derechos de los trabajadores.

«Se ha dado un paso importante en materia de justicia laboral, transparencia en los contratos colectivos, negociación colectiva y democracia sindical, así como en el derecho de la clase trabajadora a elegir a sus dirigentes mediante el voto libre y secreto», consideró el senador.

Indicó que aunque hace falta la labor de análisis y de trabajo en el Senado de la República, el proyecto que aprobó la colegisladora “es una reforma histórica”, progresiva, que beneficiará a empleados y empresarios.

Batres Guadarrama indicó que entre más pronto se avale la minuta en la Cámara de Senadores “es mejor” para el país, aunque reconoció que el trabajo legislativo lo determinarán las comisiones que se encargarán de dictaminar la minuta.

Dijo que aunque se generó un amplio consenso sobre la iniciativa entre los diferentes grupos parlamentarios, se tiene que escuchar a todos involucrados: empresarios, trabajadores, expertos y académicos. “Yo mismo voy a recibir a dirigentes de la CTM para escucharlos”.

Reconoció que en el respaldo que obtuvo la reforma laboral influyeron las negociaciones relativas al Tratado México-Estados Unidos y Canadá, T-MEC, pero también se dio por el cambio en la correlación de fuerzas políticas que ocurrió en el país y que ha permitido que se apruebe una reforma de esta naturaleza.

La disputa comercial que libran Estados Unidos y China, y que implica aranceles en los intercambios entre ambas potencias, podría “salpicar” a países que no están involucrados directamente.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que los grandes perdedores de dicha guerra comercial serían sus propios protagonistas, pues los intercambios entre Estados Unidos podrían caer un 30% a corto plazo si se elevara un 25% los aranceles a todos sus bienes. Incluso alerta que el desplome podría ser del 70% si las medidas se prolongan.

El FMI indica que el producto interno bruto de EUA podría perder hasta seis décimas porcentuales, mientras el de China sufriría un impacto de 1.5 puntos. “El efecto es mayor para los chinos porque sus exportaciones representan una parte mayor de su economía”, explica un informe del organismo.

Sin embargo, de materializarse dicho escenario, la desaceleración económica “será mala para todos”. Al hablar de los efectos que tendría en los países que se ven en medio de la guerra comercial, el FMI indica que “la consecuencia inmediata es una redistribución de los flujos comerciales. Sus exportaciones hacia EUA se incrementarían a expensas de China. Al mismo tiempo, importarían más bienes intermedios chinos».

Al respecto explica que el efecto sería por lo general positivo para México y Canadá, dada su proximidad y sus lazos.

En cuanto al impacto en el crecimiento, el organismo señala que las variaciones serían modestas, incluso al inicio serían positivas para sus socios de la zona de librecambio norteamericana porque se produciría una expansión de la producción.

En caso de una contracción, ésta se notaría especialmente en los productos electrónicos y otros sectores manufactureros en China, mientras que para Estados Unidos, los sectores más golpeados serían el agrícola y el equipamiento para transporte. El FMI Adelanta que dichas repercusiones podrían significar una pérdida de empleo que en el caso estadounidense equivaldría al 1% de la mano de obra en dichos sectores.

A quienes pretenden seguir el camino del proteccionismo, el organismo les advierte que los obstáculos al comercio no solo distorsionan el sistema internacional de intercambios, sino que afectan al empleo o la productividad. El FMI considera que los políticos se equivocan cuando afirman que los déficits son resultado de la distorsión que generan los aranceles bilaterales.

 

Texto original publicado en El País por Sandro Pozzi

Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) arribaron este sábado a la zona en que se produjo la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, con el fin de supervisar la búsqueda de posibles víctimas que aún estén enterradas en las inmediaciones.

El titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, Ángel González Ramírez, explicó que expertos de Petróleos Mexicanos llevará a cabo un análisis en el terreno para realizar más búsquedas, pues conocen las características del producto.

“La gente de Petróleos Mexicanos es la que conoce la situación real, tanto las cantidades, presión, producto, niveles de explosividad, etcétera”, refirió.

González Ramírez hizo un llamado a la población a que comprenda que el proceso de recuperación de cuerpos necesita un procesamiento del área del resguardo, lo que lleva un tiempo considerable, esto debido a que pobladores han impedido el acceso de especialistas y funcionarios.

Reconoció que los habitantes de esta comunidad consideran que hay más cuerpos sepultados en una zanja cercana a la zona de fuga de gasolina, razón por la que insistió en que deben ser los expertos quienes determinen la manera en que se debe realizar el procedimiento.

El funcionario federal subrayó que es importante la preservación del área para que no se contamine pues aún hay indicios y restos que tendrán que ser analizados.

 

Foto: Twitter

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