Tag

anticorrupción

Browsing

De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2018 (IPC2018), México cayó tres lugares respecto a la medición anterior, ubicándose en la posición 138 de 180 a nivel global.

México se ubica entre los países con mayores problemas de gobernabilidad y menores niveles de ingreso y desarrollo humano. Adicional se coloca en el último lugar entre los miembros de la OCDE, quedando por debajo de países como Grecia o Hungría, que en años recientes enfrentaron problemas severos de gobernabilidad y viabilidad económica.

En la región, Chile lo aventaja por 111 lugares; y Argentina por 53. México se ubica al final de la tabla de la región, apenas por encima de Guatemala y Nicaragua, países que enfrentan crisis de gobernabilidad democrática.

De acuerdo con el IPC2018, Dinamarca y Nueva Zelanda son calificados como lo países menos corruptos seguidos de Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza.  Por el contrario, Somalia, Siria son los más corruptos junto a Sudán del Sur, Yemen y Corea del Norte.

En un análisis elaborado por Transparencia Mexicana sobre la política anticorrupción de nuestro país, la organización identificó que el grueso de las medidas adoptadas son de carácter preventivo, y muchas de ellas han resultado ineficaces.

“Las medidas preventivas tomadas hasta ahora pierden efectividad cuando quienes participan en las redes de corrupción saben bien que no serán sentenciados y que podrán mantener los recursos desviados del erario público”, señaló Eduardo Bohórquez, director en México de Transparencia Internacional.

El análisis señala que mientras México siga careciendo de una política anticorrupción integral, los escándalos de los que la sociedad mexicana ha sido testigo por décadas seguirán sucediendo, y se mantendrá en los peores lugares del ranking.

Al respecto recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha asumido el compromiso para “reducir significativamente los niveles de corrupción”, para ello, ofreció una serie de recomendaciones:

  • Consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, pasando de la etapa de nombramientos a generar primeros resultados.
  • Corregir las acciones preventivas que no logren resultados medibles y orientar la política anticorrupción hacia la sanción y la recuperación de activos.
  • Desmantelar las redes de corrupción que operan a nivel nacional y que gozan de protección política en los diferentes órdenes de gobierno.
  • Mantener un esfuerzo continuo y sistemático en la política anticorrupción.

De acuerdo a una investigación especial del portal La Silla Rota, la propuesta que presentó esta semana el precandidato presidencial del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, en materia de anticorrupción, contiene párrafos plagiados de textos presentados por partidos de oposición y de ensayos elaborados por politólogos y académicos de otros países.

 

Meade entregó el pasado miércoles un paquete de tres iniciativas de ley a los presidentes de los partidos que lo postulan, con el fin de que sus bancadas las impulsen en el Congreso.

 

En el documento de “exposición de motivos”, se detectaron argumentos copiados de trabajos previos, y como ejemplo, el portal detectó que se plagió extractos de un proyecto suscrito en 2013 por Ricardo Monreal, entonces legislador de Movimiento Ciudadano y hoy militante de Morena; y de otro proyecto presentado en 2015 por Acción Nacional en el Estado de México.

 

 

 

En uno de los apartados de la propuesta presentada por el abanderado del PRI, se lee: “El uso del término ‘corrupción’ es relativamente nuevo. La palabra en su actual sentido social y legal se refiere a la  acción humana que viola las normas legales y los principios de la ética. Hay quienes al hablar de la corrupción se refieren a los actos deshonestos en que incurren los empleados del Estado. Sin embargo, no es apropiado usar esta palabra en ese sentido únicamente, pues las leyes incriminan y castigan también a los particulares que se coluden con los funcionarios, así como la corrupción de menores”.

 

Dicha idea fue presentada en un dictámen del Senado de la República, y para muestra La Silla Rota compartió el extracto de ambos textos.

 

Si bien las iniciativas pudieron haber sido redactadas por sus asesores, Meade ha sido señalado por ser el rostro de la propuesta, y por permitir que el PRI y sus partidos aliados la presumieran como algo propio de su precampaña.

 

Con información de La Silla Rota / Foto: Archivo APO

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó que tras cinco rondas de negociaciones y reuniones de trabajo, el capítulo Anticorrupción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte  (TLCAN) está llegando a las últimas etapas de su negociación, y hay probabilidades que termine de cerrarse en enero, en el marco de la sexta ronda que se llevará a cabo en Montreal, Canadá.

 

“Los temas de ética e integridad empresarial estaban considerados en el texto del Tratado de Libre Comercio firmado hace 23 años pero, sin duda, hoy es necesario modernizarlo y profundizar en las disposiciones relativas”, indicó Juan Rodrigo Moreno, Consejero Delegado de la Coparmex.

 

La Coparmex sostuvo que “este será un capítulo fundamental y, al ser incluido en un tratado internacional, constituye un compromiso que obligará a todas las autoridades del país a acelerar la adopción de las medidas legales que han quedado pendientes para lograr la instrumentación completa del Sistema Nacional Anticorrupción”.

 

Moreno señaló que para México, la modernización del TLCAN abre una ventana de oportunidad para mejorar la productividad y la competitividad. “Si bien hay temas aún pendientes para lograr un andamiaje de avanzada en materia de anticorrupción, se ha logrado negociar la inclusión de diversos tipos delictivos, regular la integridad de funcionarios públicos, discutir los mecanismos para la limitación de responsabilidades de empresas, así como empujar en el sector privado Mexicano una verdadera cultura anticorrupción a través de la adopción de mecanismos preventivos y de contabilidad abierta que permitan identificar actos de corrupción”.

 

Tras la conclusión de la quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) dio a conocer que es fundamental que en las mesas de renegociación se siga avanzado en elevar los niveles de fiscalización y transparencia acordes con los estándares marcados por organismos internacionales tales como la OCDE.

 

“Para los empresarios mexicanos y para nuestras contrapartes tanto en Estados Unidos y Canadá sabemos que mantener y robustecer el TLCAN como mecanismo para generar certidumbre en la inversión e impulsar la competitividad, a partir de temas como la implementación de medidas y estándares internacionales en materia de Anticorrupción,  permitirá en todo momento un ambiente adecuado para generar más y mejores fuentes de empleos de calidad y así beneficiar a los consumidores de las tres naciones”, indicó la Coparmex a través de un comunicado.

 

La confederación señaló que a través de las Mesas Técnicas del Cuarto de Junto,  ha impulsado una agenda integral para el fortalecimiento del Estado de Derecho del país y para los socios comerciales, pues insistió, “queremos que se generen mecanismos institucionales sólidos para combatir y prevenir la corrupción”, y es que en diversas evaluaciones internacionales, la corrupción y la impunidad así como el costo del crimen se identifican  como las principales limitantes al desarrollo de México y causas que inhiben el crecimiento de la economía.

 

Puntualizó que las prácticas corruptas en México afectan la apertura y el buen funcionamiento de los centros productivos; frenan la inversión nacional y extranjera y la generación de empleos.

 

Mientras 40% de la población reprueba las labores del actual Procurador de la República, Raúl Cervantes, un 48% de los mexicanos no está de acuerdo con que se convierta en el próximo Fiscal General del país. Así lo revela la más reciente encuesta del periódico Reforma.

 

40% de los encuestados reprueba la gestión de Cervantes al frente de la PGR, mientras que un 13% está de acuerdo con su actuar y un 47% prefiere no opinar. Sin embargo los negativos del funcionario crecen cuando se pregunta si apoyan que se convierta en próximo Fiscal al obtener 48%, y sólo un 16% está de acuerdo.

 

Luego del amplio debate que se ha dado por parte de organizaciones civiles en el movimiento que ha sido llamado como #FiscalíaQueSirva, 42% los ciudadanos consideran que la presencia de estas organizaciones podrían ayudar a que la designación tenga más transparencia, mientras que 40% consideran que no influirá.

 

74% de los encuestados cree que el próximo Fiscal responderá a intereses políticos, y sólo un 11% cree que será un órgano autónomo.

 

Otro dato que arroja el estudio, es que sólo un 34% de la población está enterada que la PGR se convertirá en la Fiscalía General de la República, sin embargo 67% de los encuestados considera que la servirá poco o nada en materia de delitos y combate a la corrupción.

 

 

 

 

 

 

Con información de Refoma / Foto: Archivo APO

De acuerdo al mandato constitucional, los congresos de las entidades federativas tenían hasta el 18 de julio como fecha límite para la implementación de sus Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) con funciones y estructura equivalentes al SNA, en las cuales como mínimo debían reformar sus constituciones y crear su Ley del Sistema Local.

 

El año pasado las organizaciones: Coparmex, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana dieron a conocer la Ley Modelo para los SLA, la cual es una adaptación a la Ley General del SNA, el cual tenía como objetivo ser una guía “simple” para las entidades.

 

Por lo cual, este miércoles, fecha en que entró en vigor la reforma constitucional, dan a conocer la última actualización de dicho ejercicio, el cual detallan los Estados que cumplieron con dichas reformas.

 

 

Como conclusiones, las organizaciones que respaldaron el monitoreo indicaron que:

 

  • 31 estados ya cuentan con reformas constitucionales: 22 satisfactorias, 8 regulares y 1 deficiente (Baja California)
  • Sólo Chihuahua permanece sin una reforma constitucional, con una iniciativa de reforma constitucional satisfactoria.
  • 29 estados ya cuentan con una Ley del SLA: 21 satisfactorias y 8 regulares
  • De las leyes satisfactorias, se estimó que tuvieron un 93.7% de adecuación a la Ley Modelo presentada por las organizaciones.
  • Tlaxcala permanece sólo con una iniciativa de ley satisfactoria. Se tiene información de que el congreso sesionó, pero no hay información oficial sobre la aprobación.
  • Baja California y Jalisco ya tienen una ley aprobada el día 18 de julio, sin embargo, no se ha revisado el dictamen.
  • Chihuahua y Veracruz continúan sin propuestas para diseñar sus SLA.

 

 

Con información de IMCO / Foto: Archivo APO

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) hizo un llamado al Congreso de la Unión y a los Congresos de las entidades federativas para sacar adelante los trabajos necesarios que lleven a fortalecer el Sistema Nacional y los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA).

 

A través de un comunicado de prensa emitido este miércoles, el INAI consideró que el combate a la corrupción requiere del trabajo “articulado de todas las instancias que integran el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y los Sistemas Locales”.

 

Indicó que la importancia de nombrar al titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción es debido a que será esta instancia quien dirija los procesos de investigación, persecución y sanción de delitos en dicha materia.

 

Añadió que de igual forma es importante  la aprobación de las leyes para implementar los SLA, ya que son los que “permitirán establecer una política de unidad en el combate a la corrupción, desde las entidades federativas”.

 

Afirmó que luego de que la noche de ayer venciera el plazo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas expidieran las leyes y realizarán las adecuaciones necesarias para la implementación de esos sistemas, la labor se quedó corta.

 

Foto: Twitter

El presidente Enrique Peña Nieto hizo llegar al Senado de la República los nombramientos de 18 magistrados anticorrupción, entre los que destacan los nombramientos de tres magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

 

En el documento se enfatiza la importancia de los nombramientos ya que forman parte del Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que se contempla esté completo antes del 19 de julio.

 

Para la Tercera Sección de Sala Superior, el mandatario propuso a:

  • Álvaro Castro Estrada, magistrado de la 12 sala regional metropolitana del TFJA.
  • Jesús Rojas Ibáñez, secretario de Estudio y Cuenta y coordinación de la ponencia del ministro de la SCJN.
  • María Zaragoza Sigler, magistrada de la Sala Regional de la Tercera sala metropolitana de la Ciudad de México.

 

Para las cinco salas especializadas propuso a:

  • Javier Armando Abreu Cruz
  • Verónica Aguilera Orta
  • Ana Yadira Alarcón Márquez
  • David Alejandro Alpide Tovar
  • Carlos Antonio Alpizar Salazar
  • Miguel Guillermo Aragón Lagunas
  • Gerardo Alfonso Chávez Chaparro
  • Alejandro Víctor Jesús Díaz de León Carrasco
  • Hortesia García Salgado
  • Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez
  • Luis Eduardo Iturriaga Velasco
  • José Luis Stein Velasco
  • Victor Mariel Soulé
  • Marco Antonio Palacios Ornelas
  • Claudia Rosana Morales Lara

 

 

 

 

Con información de Excélsior / Foto: Archivo APO