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Las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados ratificaron el dictamen de la Subcomisión de Examen Previo, para avanzar en el Juicio Político en contra de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tras una serie de intervenciones y preguntas de legisladores de todos los grupos parlamentarios, la mayoría ratificó la resolución que considera que existen los elementos probatorios para enjuiciar políticamente a Rosario Robles por su responsabilidad en la llamada “Estafa Maestra”, por el desvío de más de siete mil millones de pesos del erario público.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera Badillo, aseguró que en este proceso “no hay venganzas ni cacerías de brujas”, y si no hay otros procedimientos de juicio político, es porque no hay más denuncias, porque no hay otros servidores públicos acusados.

Explicó que hay cuatro denuncias, de ellas solo dos cumplieron con la normatividad para avanzar en la Subcomisión de Examen Previo; por ello, con base en esas dos, las Comisiones Unidas resolvieron en ese sentido.

Recordó que el plazo para la presentación de demandas de juicio político en contra de los servidores públicos vence un año después de que se han separado o han concluido su encargo, mismo que se cumple, para el caso de quienes participaron en la administración anterior el domingo 1 de diciembre.

La morenista coincidió con la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, quien sostuvo que los delitos que se le imputan no son graves y podría enfrentar su proceso en libertad. Añadió que junto con Robles, también deberían ser procesados el expresidente Enrique Peña Nieto; Alfredo del Mazo, quien era, en ese tiempo, director de Banobras; medio centenar de funcionarios y los titulares de ocho universidades y 11 instituciones del gobierno federal.

Por su parte la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, les respondió que, si bien Rosario Robles ya está siendo procesada, es porque se ha cumplido el compromiso presidencial de acabar con la impunidad y si se encuentra inhabilitada, no fue por este caso, sino por haber mentido en su declaración de situación patrimonial.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el aval que hicieron los diputados del Congreso de Baja California a la ley que contempla la extensión de mandato del próximo gobernador, de dos a cinco años.

AMLO dijo que es un asunto que tiene que ver con el Congreso local y debe de resolver la autoridad competente, por lo que pidió que no le echen la culpa, pues no tuvo nada que ver.

“No sé si se está informando bien sobre este asunto (…) debe decirse que aprobaron esta medida todos los partidos, empezando por el PAN”, acusó el mandatario.

Lamentó que ahora en un “doble discurso con una doble moral”, quienes votaron por dicha medida resulta que están en contra y lanzan acusaciones. Así dijo, la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía, y aclaró que dicho grupo no solo incluye al PAN, sino que es más amplio.

“Lo único que quisiera es que no me involucraran en este asunto, porque buscan echarme la culpa de todo. Ya les dije no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba el presidente o eran consultadas al presidente”, planteó López Obrador.

Dijo que lo que pasaba antes era que desde Presidencia se daba la orden al secretario de Gobernación para orquestar dichas acciones; sugirió preguntarle a la secretaria Olga Sánchez Cordero si recibió alguna orden para que se llevara a cabo la reforma en Baja California.

Ante la insistencia de la prensa sobre saber su opinión, AMLO dijo que prefiere no emitir ninguna opinión para no dar pie a las malas interpretaciones, aunque finalmente dijo que era un extremo de la hipocresía el que ahora estén haciendo cuestionamientos sobre el asunto los opositores cuando fueron ellos quienes probaron el cambio.

Dijo que si hubiese sido Morena quien logró aprobar dicha reforma, entonces sí habría motivos para acusarlo.

La Cámara de Diputados avaló la minuta del Senado de la República que reforma la Constitución en materia de paridad de género, para que este principio se aplique en los entes públicos federales, estatales, municipales y autónomos.

El Pleno aprobó el dictamen por unanimidad y mayoría calificada con 445 votos, en lo general y en lo particular, y lo turnó a los congresos estatales para su análisis y eventual ratificación.

El documento reforma los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política y fue dictaminado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

De acuerdo a lo aprobado, se modificó la fracción VII del apartado A del artículo 2, con la intención de incluir el principio de paridad de género en las elecciones de representantes ante los ayuntamientos en los municipios y poblaciones indígenas.

En el artículo 4 se sustituyó el término de varón por el de hombre. En el 35 se cambió el vocablo ciudadano por el de ciudadanía, para dar a entender que en dicha palabra se encuentran incluidas todas las personas que cuenten con el carácter de ciudadana o ciudadano mexicano.

En el artículo 41 se estableció la obligatoriedad de la aplicación del principio de paridad de género en puestos específicos dentro del Poder Ejecutivo y sus homólogos en las entidades federativas.

También se planteó que dicho principio deberá observarse en la conformación de los organismos autónomos y obliga a los partidos políticos a formular la postulación de sus candidaturas, garantizando dicho principio en los distintos cargos de elección popular.

En el artículo 115 se plantearon dos tipos de modificaciones. La primera, para atender la armonización del lenguaje incluyente, y la segunda, para instalar el principio de paridad de manera vertical y horizontal a nivel municipal.

Foto: Twitter @Dianaveguti

Luego de que el Senado avalara en lo general y en lo particular la nueva Reforma Educativa, y que pasara a los Congresos locales para su aprobación, el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya cuenta con el respaldo de siete estados.

Morelos fue el primer estado en aprobar la Reforma. La avaló la misma tarde-noche del jueves, a pocas horas de haber salido del Senado. Con 15 votos a favor y uno en contra, el Congreso morelense aprobó la minuta.

El otro Congreso que aprobó la reforma la misma noche del jueves fue el de Tabasco, en donde tuvo el respaldo de 30 legisladores luego de que fuera atendido como de “urgente resolución”.

En Sesión extraordinaria, al calificarla como de urgente y obvia resolución, el Pleno del Congreso de Chiapas aprobó por unanimidad el Proyecto de decreto la tarde del sábado.

Ayer, los Congresos de Colima y Zacatecas hicieron lo propio y aprobaron el Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución.

Este lunes, el Congreso de Hidalgo, aprobó el dictamen con 25 votos a favor, 2 en contra y cero abstenciones.

Para que la Reforma pueda entrar en vigor, necesita el respaldo de la mitad más uno de los Congresos locales, es decir 17. Por lo que ahora, solo necesita la aprobación en 10 estados y ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde, un dictamen que reforma la Ley General de Turismo, y por el cual se disuelve y liquida el Consejo de Promoción Turística como empresa de participación estatal mayoritaria.

El Pleno lo aprobó en lo general con 290 votos a favor, 162 en contra y una abstenciones, y posteriormente en lo particular con 284 votos en pro, 157 en contra y cinco abstenciones.

El dictamen fue remitido al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. Durante el debate se desecharon tres reservas de diputados del PRI y del PAN.

El documento surgió de una iniciativa que presentó la diputada María de los Ángeles Huerta del Río  de Morena, el pasado 4 de abril, la cual fue dictaminada por la Comisión de Turismo.

Con dicho dictamen, se modifican los artículos 3 y 4 de la Ley General de Turismo, y derogan los preceptos 38, 39, 40 y 41 de esta misma legislación. Asimismo, se establecen nueve artículos transitorios. En los preceptos transitorios se ordena la desincorporación del Consejo de Promoción Turística de México de la administración pública federal.

Quedó estipulado que la Asamblea General de Accionistas del Consejo, dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor del decreto, sesionará para aprobar su disolución y nombrar a su liquidador. Se indica que la Secretaría de Turismo, en los siguientes 30 días siguientes al reconocimiento de la disolución y nombramiento del liquidador, publicará las bases para el proceso de liquidación de empresa de participación estatal mayoritaria.

Establece que los remanentes del proceso de liquidación, consistentes en activos, muebles e inmuebles y derechos de carácter patrimonial podrán ser transferidos por el liquidador al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes o a la Tesorería de la Federación.

Recordemos que el Consejo de Promoción Turística era el organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, y fue creado en el año 2000, luego de una reforma a la extinta Ley Federal de Turismo.

Luego de que esta mañana se anunciara el acuerdo que había sido alcanzo por las diferentes fracciones parlamentarias sobre el dictamen de la Guardia Nacional, el pleno del Senado lo aprobó por unanimidad.

Con 127 votos a favor y una ausencia, los Senadores dieron luz verde a la reforma constitucional por la que se creará la Guardia Nacional, institución que propuso el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para garantizar la seguridad del país.

El apoyo de todas las bancadas llegó luego de que se acordara darle a la Guardia un mando operativo y administrativo plenamente civil, que fue una de las principales exigencias de la oposición y de las organizaciones de la sociedad civil.

Entre las modificaciones que se hicieron al dictamen recibido por parte de los Diputados, se definió que la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que será la encargada de formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los respectivos programas, políticas y acciones.

Se establece también que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, se podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Otro de los puntos que se modificaron es que en caso de que alguno de los elementos de la Guardia Nacional cometa algún delito, será presentado a la autoridad civil correspondiente.

Adicional el Senado revisará un informe anual que el Presidente de la República le presente sobre actividades de la Guardia Nacional.

El dictamen aprobado, regresará a la Cámara de Diputados, donde los legisladores tendrán que revisar y aprobar las modificaciones hechas al proyecto que inicialmente enviaron, y en casos de aprobarse, se enviará al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para su promulgación.

Sin embargo, será en ese momento en que los Congresos locales tendrán que avalar el proyecto, y cuando se tenga la mitad más uno, la Guardia Nacional podrá iniciar operaciones.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política para crear la Guardia Nacional, que el gobierno federal propuso para hacer frente a la inseguridad que vive el país.

El dictamen contó con el respaldo de 362 legisladores, pertenecientes a las bancadas de Morena, PT, PES, PVEM, PRI. 119 legisladores se manifestaron en contra, todos ellos de las bancadas del PAN, Movimiento Ciudadano y algunos del PRD. Solo cuatro diputados se abstuvieron. Ahora, los legisladores discutirán el dictamen en lo particular.

Al respecto, el coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, festejó la aprobación del dictamen, y dijo que la Guardia Nacional acabará con el Ejército en las calles haciendo tareas que no le corresponden.

Señaló que el nuevo cuerpo será el responsable de la seguridad pública, el cual tendrá mando civil y lo mejor de las fuerzas armadas: sus valores como lealtad , honestidad y su disciplina. “Se termina la estrategia fallida de la guerra y empieza la construcción de la paz”, sostuvo el morenista.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidieron al gobierno mexicano “abstenerse de aprobar el proyecto de la Ley de Seguridad Interior” que se someterá esta tarde a consideración de las Comisiones dictaminadoras del Senado.

 

Lor organismos indican que el llamado se hace en apego a las “obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos” que el Estado debe garantizar.

 

Por el contrario, pidieron se “abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas”. Indicaron que pese a las modificaciones que se han anunciado, la propuesta de Ley “sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México”.

 

“La CNDH y la ONU-DH consideran que no existen las condiciones propicias para aprobar el Proyecto de Ley durante el proceso legislativo que termina el próximo viernes 15 de diciembre y hacen un respetuoso exhorto para que se amplíe su debate y discusión a efecto de prevenir situaciones que actualicen o propicien que se vulneren los derechos humanos al amparo de la ley antes mencionada”, señalaron los organismos a través de un comunicado.

 

Luego de lo que se ha llamado “la primer victoria de Trump” al haberse aprobado el reemplazo de la ley de salud actual, el llamado Obamacare, diversas voces en el senado se han mostrado en rechazo de la propuesta del presidente y de algunos miembros del partido republicano, al grado de decir que no pasará en el Senado.

Trump celebró en la Casa Blanca junto a los líderes republicanos la aprobación en la Cámara de Representantes y a pesar de asegurar que está “muy confiado” en que el Senado lo aprobará, quiz´a su realidad pueda ser distinta. El magnate resalto que este “logro” ayudó a unificar los muchos grupos que conviven al interior del partido y que esto ayudará a sentar las bases para otros logros legislativos futuro.

Al estar en manos de los senadores, ahora senadores de ambos partidos han indicado que el proyecto no pasará. Bernie Sander sostuvo que “este proyecto de ley como está ahora, no pasará en el Senado, el Senado escribirá su propio proyecto de ley”, y de acuerdo a lo que indicó en entrevista con la cadena CNN, esa postura es compartida por algunos republicanos.

Para ejemplo, el senador republicano Lindsey Graham ha indicado que la ley que fue aprobada en la Cámara, debe ser vista con precaución, pues fue apresurada en la Cámara, sin un costo estimado e impacto. John McCain, también de la bancada republicana sostuvo que “deberiamos de haber tenido una estimación de la oficina de presupuesto en ele congreso”. E incluso el senador republicano Tom Garrett aceptó que no leyó el proyecto en su totalidad antes de votar a su favor.

Con información de CNN / Foto: Archivo APO