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Una jueza estadounidense aceptó este lunes que un perito independiente supervise los documentos oficiales recuperados en la residencia del expresidente Donald Trump, quien afirmó que se necesitan “agallas” para luchar contra un Departamento de Justicia y un FBI “totalmente corruptos”.

La magistrada Aileen Cannon, del distrito Sur de Florida, ordenó que el perito, aun por designar, se encargue de revisar los bienes incautados, gestionar las afirmaciones de privilegio invocadas al respecto, hacer recomendaciones y evaluar las reclamaciones de devolución de bienes.

Cannon está a cargo de la demanda presentada por Trump contra el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos por el registro del que fue objeto Mar-a-Lago, su residencia en Palm Beach, Florida, el pasado 8 de agosto en busca de documentos oficiales que se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca.

Trump, cuyos abogados habían pedido a la jueza Cannon la designación del “special master”, como se denomina en inglés esta figura, publicó un comunicado tras conocerse hoy la decisión judicial.

Sin mencionar a Cannon ni al perito, el expresidente indicó que el poder judicial y la policía de investigaciones (FBI) “están siendo empujados a hacer lo incorrecto por muchas fuentes externas siniestras”. “Hasta que no muestren imparcialidad, sabiduría, justicia y coraje, nuestro país nunca podrá regresar o recuperarse, ¡será reducido a ser una nación del Tercer Mundo!”, agregó.

Los abogados defensores de Trump alegaron el pasado jueves en una audiencia que la designación del perito independiente brindaría “confianza” a la investigación sobre los documentos oficiales que mantenía el exmandatario en su mansión de Palm Beach.

Habían reclamado un “special master” no solo para supervisar qué documentos han sido clasificados como cubiertos por el privilegio abogado-cliente y, por ende, separados de la investigación, sino también para revisar el inventario de lo requisado.

A su vez, los abogados del Departamento de Justicia habían señalado en esa audiencia ante la jueza Cannon que la designación de un perito era “innecesaria” e iba a retrasar las pesquisas.

Y es que en el registro realizado por el FBI en Mar-a-Lago se encontraron documentos clasificados y secretos que el expresidente republicano presuntamente se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021.

Tambié había 90 carpetas vacías con etiquetas de “clasificado” y “Devolver a la secretaria del personal/asistente militrar”, según el inventario del registro, que fue publicado la semana pasada.

La decisión tomada este lunes por la jueza estipula que el Departamento de Justicia no puede seguir revisando el material incautado o utilizarlo en el marco de la investigación hasta que ese perito no finalice su análisis o hasta nueva orden judicial.

Los agentes del FBI que el lunes registraron la mansión del expresidente estadounidense Donald Trump recuperaron documentos clasificados, incluidos algunos marcados como “top secret” y que sólo deben estar en instalaciones especiales del gobierno, reveló este viernes The Wall Street Journal (WSJ).

El periódico, que tuvo acceso al inventario de los materiales incautados, explica que el FBI se llevó en total una veintena de cajas de la mansión de Trump en Florida, incluidas once de materiales clasificados.

El WSJ dice que la lista, que podría hacerse pública hoy mismo, no da detalles sobre el contenido de esos documentos, que en algunos casos tenían la etiqueta de “top secret”, el mayor nivel de confidencialidad que se puede aplicar a una información en el sistema de inteligencia de Estados Unidos.

Entre los materiales que recuperó el FBI y que sí aparecen detallados, el diario destaca archivos relacionados con el perdón presidencial al excolaborador de Trump Roger Stone y un informe sobre el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El inventario figura en un documento de siete páginas y que también incluye la orden de registro de Mar-a-Lago.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo ayer que ha pedido a un tribunal de Florida que haga pública toda esa información.

El diario The Washington Post, citando a fuentes anónimas, informó ayer de que en el registro se buscaron documentos clasificados sobre armamento nuclear que el exmandatario habría sacado de La Casa Blanca.

El propio Trump ha pedido que se publique el contenido de los documentos requisados en su casa en una operación que continúa calificando como una “persecución política” en su contra.

En Broojula, Ana Paula Ordorica hace el análisis más completo sobre las investigaciones que se siguen en torno a Trump y las posturas de republicanos y demócratas al respecto, con el comentario de Amy Glover, CEO de Agil(e) Asesoría Estratégica, Consejera de COMEXI.

De acuerdo con una solicitud que presentó el diario El Universal al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes conocido como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), toda la información relacionada a Morena, partido que fundó y llevó al poder al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se encuentra reservada por un periodo de cinco años.

Contrario a lo que expresó el propio presidente, acerca de que los expedientes que tenía el Cisen se harían públicos, incluido el propio, los archivos relacionados con el partido no estarán disponibles sino hasta 2024.

El CNI argumentó que dar a conocer dicha información expondría a la población a potenciales riesgos y comprometería a la seguridad nacional. “Difundir la información potenciaría una amenaza a la seguridad nacional, ya que se ponen en riesgo las acciones destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano para salvaguardar la gobernabilidad democrática”.

AMLO afirmó en marzo pasado que “todos los expedientes que estaban resguardados, protegidos, se van a poner a consideración, se van a abrir para que los ciudadanos puedan tener acceso a ellos, sobre todo, los investigadores. Es parte del programa de fortalecimiento de nuestra memoria histórica”, sin embargo, con la respuesta ofrecida a esta solicitud parece que todo quedó en el discurso.

El CNI añadió que la información se reservaba, pues existiría un riesgo identificable, pues se “concedería” herramientas de análisis para evaluar las fortalezas del gobierno federal en general y en particular del CNI, además que, podría servir para “obstaculizar o impedir la realización de acciones destinadas a salvaguardar la gobernabilidad”.

Recordemos que Morena inició como una organización civil en 2011 para en 2014 lograr su registro como partido político. Desde ese entonces, López Obrador estuvo en la dirigencia. En 2015 participó en sus primeras elecciones.

A la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, se le consideraba “una persona déspota y antipática”, según los archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales que después se transformaron en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Según el periódico El Universal, Gordillo fue investigada para saber si sostenía relaciones extramaritales, qué religión practicaba, y además se aseguraba que luchaba en apoyo de los sectores marginados y que por eso tenía la simpatía de los maestros.

Se reveló que la DFS vigiló muy de cerca las acciones de Gordillo desde 1977, cuando se desempeñaba como lideresa de la Sección 36 del Valle de México a decir del expediente que se encuentra en el Archivo General de la Nación (AGN).

En el apartado que habla de la etapa entre 1979 y 1985 se omitió divulgar detalles del tipo de relación que Gordillo mantenía con Carlos Jonguitud Barrios, entonces gobernador de San Luis Potosí.

Asimismo, se puede leer que la dirigente magisterial contaba con recursos económicos y humanos para aspirar a lideresa del gremio magisterial y ganar cargos de elección popular.

Este viernes, el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, anunció la apertura de los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), en la que por primera vez se incluirán expedientes relacionados con actos de corrupción.

“El acuerdo publicado da la instrucción por parte del Presidente a todas las instituciones a que entreguen directamente al Archivo General de la Nación la información de 1985 en adelante de lo que tiene ver con violaciones a derechos humanos, información sobre persecuciones políticas y sociales y un nuevo criterio que estaba ausente que son actos de corrupción de todo tipo”, indicó.

De acuerdo con el subsecretario, el decreto publicado durante el Gobierno del expresidente Vicente Fox que supuestamente abría la consulta de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales bajo la protección del CISEN, solo publicaba la información hasta 1985.

Por ello, señaló que dicha información recibirá un proceso de reordenamiento en el que participará el Archivo, además de expertos en Bibliotecología y Archivonomía y becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que hayan estudiado estas carreras.

Por otra parte, el director del Archivo General de la Nación, Carlos Ruiz Abreu, dijo que los expedientes que se entreguen y los que ya se encuentran en el lugar recibirán un proceso de digitalización, ordenamiento y tratamiento archivístico pues, señaló, “antes la información se aventaba al Archivo”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador agregó que las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito y Público trabajan en un plan de apoyo para el Archivo, que incluiría un aumento de presupuesto para que esta institución cuente con más personal y “tenga la posibilidad de atender a todo el público” interesado en consultar los expedientes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que ayer firmó el decreto para abrir los archivos del Cisen y de la Policía Federal de Seguridad en Lecumberri, lo que hoy es el Archivo General de la Nación.

El mandatario dijo que ya se van a poder revisar los expedientes que están ahí, y adelantó que lo más seguro es que la próxima semana ya se pueda accesar a ellos.

Recordó que el recién nombrado director del Archivo General de la Nación le dijo personalmente que no podía asumir habiendo galeras que estaban vigiladas por el Cisen.

A raíz de eso dijo, se revisó, y se encontró que eran los expedientes políticos que estaban reservados. “Se retiró el personal del Cisen y llegamos al acuerdo de que se abrieran los expedientes”.

Sin embargo, en lo que pareció ser un acto preparatorio por la información que saldrá a la luz, AMLO dijo que “no todo lo que se dice ahí es cierto, acuérdense que eso se manejaba en función de los intereses del Estado, digo, hablo por otros y también por mí”.

Insistió en que en esos archivos hay muchas cosas que no son ciertas, pues dijo, inventaban cosas y fabricaban denuncias sobre todo cuando se trataba de opositores. “Yo cuando vi una parte, no tengo tiempo para estar revisando todo, pero vi una parte y dije, esto no, no es verdad”.

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) a buscar y, en su caso, dar a conocer los informes sobre investigaciones del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, generados durante la gestión del procurador Diego Valadés Ríos.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Carlos Bonnin Erales afirmó que saber la verdad es un derecho imprescriptible e irrenunciable no solamente de las víctimas y sus familiares, sino también de la sociedad.

Añadió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, definió el derecho a la verdad como un derecho de carácter colectivo que permita a la sociedad acceder a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos.

“Como sociedad democrática contar con la información pública es indispensable, para participar con conciencia de causa, para realizar un escrutinio público de la narrativa oficial y para generar una memoria colectiva basada en hechos y razonamientos expresados bajo el valor de la verdad”, subrayó Bonnin Erales.

La decisión del INAI llega luego de que la PGR proporcionara a un particular las ligas electrónicas del “Informe de la
investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta”. Inconforme con la respuesta, el recurrente interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la información entregada no correspondía con lo requerido.

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permitió hoy la publicación de unos 2.800 documentos hasta ahora clasificados sobre el asesinato de John F. Kennedy, pero retuvo algunos tras recibir presiones del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

 

 

 

Trump ha ordenado a su equipo revisar los documentos retenidos o censurados a lo largo de los próximos seis meses, con la idea de volver a pronunciarse sobre el asunto, y quizá publicar alguno más, en abril de 2018, según adelantaron altos funcionarios estadounidenses.

 

 

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Con información de AP / Foto: Archivo APO