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Hace un año, las Fuerzas Armadas mexicanas detuvieron en Sinaloa a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. El arresto se llevó a cabo en medio de una jornada violenta que se saldó con varios policías y narcotraficantes muertos.

Ahora Guzmán, de 33 años, afronta un difícil panorama ante la Justicia de Estados Unidos, que le acusa de ser uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo.

Ya había sido detenido en octubre de 2019, pero la ola de violencia producida en lo que se conoció como el primer ‘culiacanazo’ (en referencia la localidad donde se produjo el arresto, Culiacán) hizo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ordenara su liberación.

En septiembre pasado Guzmán, conocido como ‘El Ratón’, fue extraditado a Estados Unidos, donde se le acusa de liderar una organización criminal, lavado de dinero y de traficar todo tipo de drogas, incluido el fentanilo, que ha provocado la peor crisis de opioides en el país.

Se declaró no culpable de los cinco cargos de los que está acusado en el Tribunal de Distrito de Chicago, y que le podrían acarrear cadena perpetua.

López Obrador afirmó entonces que la extradición del hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien cumple condena en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos, ocurrió para no dar pretextos de “politiquería” de cara al próximo proceso electoral en Estados Unidos.

“Es importante que no se dé motivo a quienes utilizan el tema de narcotráfico con propósitos politiqueros en Estados Unidos. Hay dos temas que se utilizan mucho cuando hay elecciones en Estados Unidos: lo del narcotráfico y la migración”, dijo el mandatario en una de sus conferencias de prensa.

El cartel de Sinaloa, según EUA, es la organización narcotraficante “más poderosa del mundo” y responsable en gran parte de la producción y manufactura de fentanilo para su distribución en Estados Unidos, considerada 50 veces más potente que la heroína, y calificada como la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años.

Estados Unidos acusa a México de no hacer lo suficiente para frenar la producción por parte de las organizaciones criminales de fentanilo, cuyos precursores proceden mayormente de China, y cuyo destino final es el mercado estadounidense.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump se enfrentará a una fianza de 200,000 dólares y a una orden de no enviar mensajes amenazantes en las redes sociales mientras espera juicio en Georgia, acusado de intentar anular su derrota en las elecciones de 2020, según mostró una presentación judicial.

El documento, un acuerdo de fianza firmado por los abogados de Trump y el fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, fija los términos de la liberación, incluyendo restricciones sobre intimidar a testigos y obstrucción de la justicia.

El pacto también le prohíbe comunicar “por cualquier vía, directa o indirectamente” los hechos del caso con cualquiera de los otros acusados o testigos, excepto mediante abogados.

“Lo anterior incluye, pero no se limita a, publicaciones en medios sociales o reposteos de publicaciones hechas por otro individuo en medios sociales”, señala la orden, firmada por el juez del Tribunal Superior del condado de Fulton, Scott McAfee.

Trump, favorito para la candidatura presidencial republicana en 2024, y 18 coacusados fueron imputados en el caso de Georgia el pasado 14 de agosto.

Willis fijó un plazo del viernes al mediodía para que todos los acusados se entreguen en la cárcel del condado de Fulton para ser fichados o enfrentarse a un arresto, y propuso que la lectura de cargos para los acusados sea en la semana del 5 de septiembre y que el caso vaya a juicio en marzo.

Los fiscales del caso proponen que el juicio inicie el 4 de marzo de 2024, mientras que los abogados de Trump han solicitado que se celebre en 2026.

Trump ha negado haber cometido delito alguno. Ha estado criticando el caso desde antes de ser acusado formalmente y, apenas la mañana de hoy, en una publicación en redes sociales, señaló en específico al gobernador de Georgia, Brian Kemp, un republicano que rechazó sus peticiones de revertir la elección.

Se trata del cuarto caso penal en contra del expresidente, quien se encuentra en campaña para tratar de volver a la Casa Blanca en 2024.

Mientras a inicios de mes, la titular De la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, recibió al empresario en las instalaciones de la dependencia, este martes se informó que el Tribunal de Bucarest aprobó la petición de la Dirección de Investigación del Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT) para emitir una orden de arresto preventivo contra Florian Tudor, alias “El Tiburón”.

El empresario es acusado por autoridades estadounidenses y la FGR de encabezar una mafia que clona tarjetas bancarias que opera principalmente en nuestro país en la zona de la Riviera Maya.

El viernes pasado, seis de sus colaboradores fueron condenados a prisión por intento de asesinato, chantaje y constitución de un grupo criminal. El Tribunal ordenó penas de prisión de entre tres y diez años, por establecer una operación de clonación de tarjetas bancarias a gran escala en México.

Bajo el supuesto liderazgo de Tudor, el grupo criminal modificó hasta 100 cajeros automáticos a lo largo de la Riviera Maya, específicamente en Cancún, además de Sayulita , Puerto Vallarta y Tijuana, para robar los datos de tarjetas bancarias de turistas y retirar así dinero de sus cuentas.

Los seis criminales fueron declarados culpables de intento de asesinato, extorsión, creación de un grupo delictivo organizado, posesión ilegal de un arma y conducir sin licencia.

Y aunque Tudor también fue acusado, él permanece en nuestro país con amparos que lo protegen de ir a prisión, por lo que los fiscales de su país deben presentar una orden judicial en ausencia. Por ello, el Tribunal de Bucarest, a través de un secretario, confió lo siguiente: “con respecto al señor Tudor Florian, se ordenó la prisión preventiva por un período de 30 días a partir de la fecha de ejecución de la orden”, según informó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). 

Lo anterior significa que contarán los 30 días a partir del día en que esté bajo la custodia de la policía rumana.

Recordemos que el año pasado, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Quinto Elemento Lab, MCCI y Rise Project publicaron una investigación que reveló detalles de las acusaciones de la fiscalía contra Tudor y su grupo.

La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) inició una investigación financiera, rastreando las propiedades y transacciones de la pandilla. La UIF, en colaboración con la Fiscalía General de México, descubrió transacciones entre al menos ocho empresas con sede en México y una en Rumania.

A principios de febrero de este año la UIF congeló las cuentas de 79 personas y empresas que se cree están vinculadas al grupo. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que presentara un informe completo sobre la Banda de la Riviera, luego de que se congelaran las cuentas.

Y aunque la UIF le dio fecha de audiencia, el empresario no se presentó a la cita.

Semanas después, la titular de la SSPC recibió en sus oficinas a Tudor, y a través de un tarjeta informativa dijo que en el encuentro privado, la funcionaria “atendió la solicitud del ciudadano de origen rumano, de ser escuchado por las autoridades del gobierno” federal.

La Secretaría indicó que en la reunión se le dio fecha de la garantía de audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público”, añadió.

Foto: Twitter

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) hizo un llamado a la población a no desperdiciar agua con motivo del Sábado de Gloria, pues indicó, podría haber sanciones equivalentes a horas de trabajo o bien a horas de arresto.

Las autoridades capitalinas precisaron que en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus Covid-19, el líquido que se tira es agua que se podría suministrar en otra partes de la ciudad donde hay escaces.

Reiteraron el llamado redoblar esfuerzos en medidas como el constante lavado de manos, duchas y limpieza de superficies ante la propagación del virus.

“Entre las tradiciones más reconocidas en la CDMX se encuentra el sábado de gloria, actividad en la que se desperdicia volúmenes significativos de agua, toda vez que, entre los ciudadanos a manera de juego se mojan usando cubetas, mangueras, recipientes y globos llenos con agua”, señaló el SACMEX.

Indicó que se tienen cálculos de que quienes desperdician agua, lo hacen en un promedio de 100 litros por persona, equivalente al doble del volumen mínimo que requiere una persona para cubrir sus necesidades básicas al día, que es de 50 litros por habitante al día de acuerdo con la estimación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante dicha situación reiteraron que de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, el desperdiciar el agua se clasifica como infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad de México.

Por desperdiciar el agua o impedir su uso a quienes deban tener acceso a ella en tuberías, tanques o tinacos almacenadores, así́ como utilizar indebidamente los hidrantes públicos, obstruirlos o impedir su uso se podrá sancionara con un arresto de 20 a 36 horas o bien con 10 a 18 horas de trabajo en favor de la comunidad.

La organización no gubernamental Human Rights Watch pidió al gobierno de Argentina detener al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y crímenes de guerra en Yemen.

En el marco de la visita del príncipe saudí a la cumbre del G20, que se llevará a cabo en Buenos Aires los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, “las autoridades judiciales argentinas comenzaron a analizar una denuncia sobre el presunto rol del príncipe heredero Mohamed bin Salmán en posibles crímenes de guerra cometidos por la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen y en casos de tortura cometidos por oficiales sauditas”, indicó la organización en un comunicado.

Además, HRW pide a autoridades del país sudamericano indagar la “posible complicidad” de Bin Salman en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ocurrido en el consulado saudí en Turquía el 2 de octubre pasado.

De acuerdo con la agencia AFP, que cita a medios argentinos, será el fiscal Ramiro González el encargado de dictaminar si se persigue al príncipe saudí, tras la denuncia presentada por el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth.

Este lunes, la Patrulla Fronteriza anunció el arresto de 42 migrantes centroamericanos que lograron ingresar ayer a territorio estadounidense como parte de la movilización que fue disuelta con gases lacrimógenos.

El Jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de San Diego, Rodney Scott, afirmó que los detenidos están siendo procesados por las autoridades estadounidenses y que la mayoría son varones adultos.

“Cuarenta y dos cruzaron la frontera y fueron arrestados. El grupo traspaso dos secciones (de muro) y penetraron. Fue en ese momento que empezaron a agredir a nuestros agentes, pudimos contenerlos usando técnicas para disturbios”, dijo en entrevista con la cadena CNN.

Para contener la situación en las inmediaciones de la garita de San Ysidro, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) trasladó a cientos de agentes de la Patrulla Fronteriza de otros sectores de Estados Unidos.

El funcionario estadounidense aclaró que en las acciones de contención de la movilización de inmigrantes centroamericanos sólo participaron agentes de la Patrulla Fronteriza y no elementos de las fuerzas armadas estadounidenses desplegados en la zona.

El arresto en Estados Unidos de Maria Butina, una mujer rusa acusada de haber intentado, en secreto, tener influencia en organizaciones políticas estadounidenses a cuenta de Rusia, es “inaceptable”, declaró este sábado el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov.

En una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, Lavrov “subrayó que las acciones de las autoridades estadounidenses que detuvieron a la ciudadana rusa en virtud de unas acusaciones falsas son inaceptables”, indicó en un comunicado el ministerio ruso de Relaciones Exteriores.

Lavrov también señaló que era “necesario liberarla lo antes posible”, según el ministerio.

Maria Butina, de 29 años, fue arrestada en Estados Unidos por haber actuado “como agente responsable de un gobierno extranjero”. Está acusada de haber “infiltrado organizaciones” políticas “para promover los intereses de la Federación de Rusia”, según el acta de acusación, que menciona una “organización que milita por el derecho a portar armas”.

La joven, que asegura ser no culpable, compareció el miércoles ante un tribunal de Washington. Podría enfrentar al menos diez años de prisión.

Incluso el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, cambia su foto de perfil en Twitter por una de Butina, acompañada del hashtag #FreeMariaButina.

 

Con información de AFP / Foto: Archivo APO

La justicia británica rechazó hoy los argumentos de la defensa del activista australiano Julian Assange, que pedía que se levante la orden de arresto que pesa sobre él en el Reino Unido al considerarla una medida “arbitraria, poco razonable y desproporcionada”.

 

La Corte de Magistrados de Westminster ya respaldó la semana pasada que la policía arreste a Assange si abandona la embajada de Ecuador en Londres, donde está refugiado desde 2012.

 

Los abogados del fundador de WikiLeaks sostuvieron ante el tribunal que la decisión va en contra de los “intereses de la justicia” y representa un castigo “desproporcionado”, razonamientos que la juez también rechazó.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

Este fin de semana se ventiló que el jugador mexicano de Beisbol y ex esposo de la cantante Jenni Rivera, Esteban Loaiza, fue detenido en San Diego, California, Estados Unidos, debido a una infracción menor de tránsito, sin embargo al hacer la revisión del automóvil se encontraron indicios de que podría estar participando en el contrabando de estupefacientes, armas o dinero.

 

El departamento de policías solicito una orden de registro de la casa de Loaiza en Imperial Beach, en donde fueron hallados 20 kilogramos de cocaína y heroína. Tras el hallazgo se procedió a la detención del mexicano.

 

El deportista salió de prisión a las pocas horas de ser detenido, luego de haber pagado una fianza de 200 mil dólares, aunque será el próximo miércoles cuando se deba presentar ante la corte estadounidense donde se le leerán los cargos que pesan en su contra.

 

Recordemos que Loaiza ha enfrentado a la justicia en otras ocasiones. Tan solo en junio de 2006 fue detenido por conducir en estado de ebriedad y a exceso de velocidad.

 

Con información de Univisión / Foto: Twitter

Tras el arresto que sufrió la tarde de ayer en Cuernavaca, el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, logró que un Juez de Control y Juicios Orales le concediera el beneficio de arraigo domiciliario.

 

En entrevista Vera aseguró que el arresto que sufrió fue arbitrario, pues “indicaron a la gente que estaba que me llevaban con un juez de control, entiendo que esa era la instrucción, pero acabé en el reclusorio de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec”.de en el municipio de”. Relató que al llegar al penal, le negaron la llamada telefónica a la que tenía derecho, por lo que no pudo hablar ni con sus abogados.

 

“Me parece que es una manera autoritaria en que ha procedido el gobernador de manera sistemática, inventándome delitos, ya llevo nueve, intentaron meter algunas ante la PGR por tráfico de órganos, pagando a testigos, a la líder sindical… ahora estoy con arraigo domiciliario, estoy con la custodia de la policía hasta que el juez determine lo procedente”, añadió el ex rector de la UAEM.

 

Por su parte la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción del Estado, informaron que tras cumplimentar la orden de aprehensión en contra del ex rector, “con estricto apego a derecho y salvaguardando sus garantías individuales”, Alejandro Vera fue trasladado a las instalaciones del Centro de Reinserción Social “Morelos”, siendo la Policía de Investigación Criminal, la que procedió a la detención.

 

Con información de El Financiero / Foto: Archivo APO

La Policía de Bolivia hoy una investigación para determinar cómo José González Valencia, considerado el líder de uno de los cárteles más importantes del narcotráfico en México, ingresó al país y consiguió una autorización para radicar legalmente, informó una fuente oficial.

 

El comandante de la Policía de Santa Cruz (este), Rubén Suárez, en un contacto con los medios, indicó que el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, ordenó que se haga una “investigación profunda” respecto a la permanencia de González en Bolivia.

El miércoles la Policía Federal brasileña detuvo a González Valencia, de 42 años, en un lujoso complejo turístico de la ciudad de Fortaleza. El arrestado portaba un documento expedido por Bolivia, en el que se identificaba como ciudadano mexicano pero con el falso nombre de Jefett Arias Becerra.

El jefe policial boliviano explicó que en los siguientes días se tendrá una información oficial que determinará “desde cuándo esta persona ingresó, por dónde ingresó” a Bolivia.

 

Con información de Agencias / Foto: Archivo APO

El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió hoy una orden de arresto contra un indocumentado mexicano que este jueves fue declarado no culpable de la muerte de una joven en San Francisco (California) en 2015.

 

La orden de arresto emitida por el Tribunal federal del Distrito Oeste de Texas,  acusó al mexicano José Inés García Zarate, que ha sido deportado previamente cinco veces, de violar su libertad vigilada.

 

Zarate fue absuelto esta semana de los cargos de homicidio en primer grado, homicidio en segundo grado y de homicidio involuntario, tras seis días de deliberaciones de un jurado de California en el caso de la muerte de Kate Steinle, de 32 años. Durante el juicio, la defensa argumentó que el mexicano, un desamparado de 54 años, encontró debajo de un banco un arma que se disparó accidentalmente y ocasionó la muerte de Steinle, que en ese momento paseaba por el muelle californiano del brazo de su padre.

 

El jurado sí halló al mexicano culpable del delito de posesión de arma de fuego mientras se encontraba en libertad condicional, delito por el que afronta una pena máxima de tres años de prisión de los cuales ya pasó casi año y medio en la cárcel.

 

Después del veredicto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) afirmó en un comunicado que Zárate sería deportado. “Después de la conclusión de este caso, ICE trabajará para tomar la custodia del Sr. García Zárate y finalmente sacarlo del país”, señaló la autoridad migratoria.

 

La orden de detención emitida hoy fue redactada originalmente en 2015 y modificada esta semana para incluir los cargos de posesión de arma de fuego, homicidio involuntario y asalto con un arma mortal, según el propio documento.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

Paul Manafort, ex jefe de campaña del Presidente Donald Trump, ofreció 12 millones de dólares en activos inmobiliarios, así como “restringir” sus viajes, para evitar seguir bajo arresto domiciliario.

 

Manafort, junto a su socio Richard Gates se encuentran en arresto domiciliario luego de que una corte de Estados Unidos les fincara cargos por lavado de dinero, conspiración contra Estados Unidos y la omisión de registrarse como agentes externos de un partido ucraniano vinculado al Gobierno ruso.

 

Los ahora inculpados se declararon no culpables la semana pasada, sin embargo, dado su comportamiento de viajes, se les impuso la pena para evitar huyeran del país.

 

 

Se sabe que la limitación de viajes que contempla la defensa de Manafort, abarca viajes a Nueva York, Washington y Florida.

 

 

Con información de El Economista / Foto: Archivo APO

La policía turca ha detenido en Estambul a 30 presuntos miembros del grupo terrorista Estado Islámico (EI), informó hoy el diario Hürriyet. Los arrestos tuvieron lugar entre la pasada noche y esta madrugada, en una operación de las fuerzas de seguridad que abarcó quince domicilios de ocho distritos de la ciudad.

 

Los detenidos fueron trasladados a un cuartel general para su interrogatorio. La Fiscalía los acusa de haber reclutado nuevos combatientes del EI para enviarlos a zonas de conflicto en el exterior.

 

Siete de los sospechosos son de nacionalidad turca, mientras que el resto son extranjeros, aunque su nacionalidad no ha sido revelada.

 

Turquía ha sufrido en los últimos años varios atentados suicidas de gran envergadura, con cientos de muertos, reivindicados por el Estado Islámico. El último ataque yihadista tuvo lugar en la Nochevieja pasada, cuando un militante del EI, más tarde detenido, mató a tiros a 39 personas en la discoteca Reina de Estambul.

 

 

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

Otro ex gobernador acusado de delitos de corrupción y desfalco ha obtenido una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión; esta vez se trata de Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, al que un juez federal le otorgó el beneficio como parte del proceso que se sigue para su extradición por parte de las autoridades mexicanas.

 

Para que dicha suspensión tenga efecto, el juez fijó una fianza de 59 mil pesos y estableció que será el próximo 28 de julio cuando se lleve a cabo la siguiente audiencia.

 

Recordemos que Borge se encuentra en Panamá donde fue detenido por la Interpol el pasado 5 de junio, donde permanece hasta que se resuelva su proceso de extradición.

 

Con información de 24 Horas / Foto: Archivo APO

Luego de que durante la tarde de ayer comenzaran a circular rumores sobre posibles ordenes de arresto en contra de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, fue su esposo quien confirmó que hasta donde tienen conocimiento, no existen tales acciones judiciales.

 

Germán Ferrer, quien también es diputado de la Asamblea Nacional, indicó que “Desde hace dos días surgió el rumor de que el Tribunal 39 de Control estaba trabajando en una orden de aprehensión, pero los abogados especialistas dicen que ese no es el procedimiento adecuado (…) hasta donde sabemos, eso no se ha hecho”.

 

Sin embargo confirmó que existe un acoso en contra de su esposa, proveniente desde las oficinas de Nicolás Maduro, quien instruyó al Tribubal Superior, nombrar a un vicefiscal distinto al que juramento la Asamblea nacional, y quien es el órgano encargado para hacer dichos nombramientos.

 

A pesar del acoso del que se dice victima, Ferrer indicó que indicó que “nosotros (él y la fiscal general) seguimos siendo chavistas, lo que no somos es madurista”.

 

Con información de El Estímulo / Foto: Archivo APO