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Elementos del Ejército detuvieron la madrugada de este miércoles al policía de Guerrero, que es acusado de asesinar a Yanqui Kothan Gómez, estudiante de la normal rural de Ayotzinapa.

“Hoy en la madrugada se detuvo al policía que asesinó al joven de Ayotzinapa, ya están todos los que participaron presos, estaba en un rancho guardado, protegido, se está haciendo la investigación”, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina.

Según una presentación que exhibió, militares y elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron al oficial, identificado como David ‘N’, en el municipio de Tixtla, donde también localizaron un revólver y dos escopetas.

El agente está acusado de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa en contra de Gómez. Por ese hecho, ya hay dos policías estatales procesados por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Yanqui Kothan Gómez murió el 7 de marzo en un retén de la policía de Guerrero cerca de Chilpancingo, donde las autoridades primero aseguraron que el joven y un compañero que resultó herido portaban armas y drogas, además de estar en estado ebriedad, lo que el Gobierno desmintió.

“Cuando se dan a conocer estos hechos, (la versión) era que los muchachos habían disparado y que en respuesta la policía había asesinado al joven de Ayotzinapa, y que incluso tenían armas y drogas, y no aceptamos ese primer informe, y se investigó, y se llegó a la verdad”, comentó López Obrador.

El asesinato agudizó las protestas de los normalistas, que se han incrementado rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio, pues acusan a López Obrador de proteger a militares involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014 y de no resolver el caso.

Apenas el lunes pasado, los estudiantes vandalizaron las instalaciones del Gobierno de Guerrero, e incendiaron al menos nueve vehículos, al cumplirse un mes del asesinato de su compañero.

López Obrador defendió este miércoles que en su gobierno “no son iguales” a los anteriores, pero pidió calma a los habitantes de Guerrero porque “hay muchos intereses que están actuando en esa región y no todos tienen el propósito de que haya justicia o no todos buscan que se actúe con justicia”.

AMLO aprovechó para informar que sí se reunirá con los familiares de los 43 normalistas, pero una vez que pase la jornada electoral. “Estamos esperando que pase este tiempo de campaña para que no se utilicen estos lamentables hechos, porque vivimos tiempos de zopilotes”, dijo el presidente.

Al respecto, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, reiteró en redes sociales el compromiso de su gobierno para hacer justicia para el joven asesinado y su familia.

Indicó que el presunto responsable se encuentra bajo resguardo de las autoridades en tanto la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con las investigaciones.

“Me sumo al llamado de nuestro presidente a que en este proceso de justicia y de exigencia de la misma, nos mantengamos apegados al diálogo y al entendimiento como única vía de solución a los conflictos”, sostuvo la gobernadora.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó este martes que es “un día triste” por el asesinato de Bertha Gisela Gaytán, candidata de Morena en el municipio de Celaya, en Guanajuato.

“Es un día triste porque ayer asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya, Guanajuato, Bertha Gisela Gaytán, y estos hechos son muy lamentables porque hay gente que está luchando para hacer valer la democracia, que está en la calle, dando la cara, luchando por otros”, declaró el mandatario en su conferencia diaria.

AMLO lamentó la agresión que ocurrió el lunes, cuando Gaytán murió asesinada a balazos tras su primer mitin de campaña en la comunidad de San Miguel Octopan, a 10 kilómetros de la cabecera municipal de Celaya.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que abrió una investigación por el homicidio de la candidata y el ataque que dejó tres personas heridas, aunque aún no adelantó hipótesis sobre el crimen.

“Duele mucho que esto suceda en nuestro país y en cualquier parte, quiero enviar un abrazo muy afectuoso, solidario, mi pésame a los familiares de Bertha Gisela, a todos sus amigos, compañeras, compañeros”, comentó López Obrador.

El crimen elevó la tensión entre Morena y Acción Nacional, que tiene en Guanajuato su mayor bastión político.

La candidata de Morena a gobernadora de Guanajuato, Alma Alcaraz, responsabilizó del ataque a las autoridades del estado, que dijo, tienen manchadas las manos de sangre.

“Queda demostrado por desgracia, en sangre propia, en sangre de gente de Morena, una vez más, que tenemos un estado fallido y que este estado tiene que tener un cambio y que de ninguna manera amigas y amigas, de ninguna manera pueden continuar en el cargo quienes tienen manchadas las manos de sangre; que no les ha importado absolutamente nada. Estamos en un estado que le ha fallado al pueblo, que ha fracasado”, dijo la candidata a la gubernatura en un acto ayer lunes.

En tanto, el actual gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, prometió que “no quedará impune el cobarde ataque”.

Además de unirse a las condolencias, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, utilizó el tema para lanzar un mensaje político.

El morenista dijo que es necesario detener la ola de violencia que azota a las y los guanajuatenses desde hace años, y que “hoy apagó la llama de una mujer extraordinaria que soñaba con escribir ‘un nuevo capítulo con todas y todos los Celayenses unidos por un futuro mejor'”.

Con el asesinato de Gaytán, suman 28 aspirantes asesinados en el proceso rumbo a las elecciones del 2 de junio, según la consultora Data Int, que contabiliza 98 homicidios relacionados con los comicios al considerar familiares de candidatos y funcionarios públicos.

El homicidio de Gaytán es uno de los mayor perfil hasta ahora, pues Celaya es la tercera ciudad más poblada de Guanajuato, estado que ocupa el primer lugar en homicidios a nivel nacional.

La candidata a la alcaldía de Celaya, en Guanajuato, Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, fue asesinada la tarde de ayer durante uno de sus primeros eventos de campaña, según confirmaron autoridades locales.

La agresión ocurrió en la comunidad de San Miguel Octopan, situada a 10 kilómetros de la cabecera municipal de Celaya, Guanajuato.

En el evento, la candidata presentó sus propuestas en el tema de seguridad pública.

Sin embargo, sujetos armados le dispararon en varias ocasiones. La víctima murió en el lugar, mientras que otras tres personas resultaron heridas durante el ataque.

Tras los hechos, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, condenó el atentado y dijo que el ataque no quedará impune.

“Con toda firmeza condeno este acto inhumano y reitero todo mi compromiso para que el estado coordine los esfuerzos de todos los niveles de Gobierno en los procesos electorales y así, quienes participen en ellos tengan la protección que sea necesaria”, dijo el mandatario estatal.

“No quedará impune el cobarde ataque que le ha arrebatado la vida a la candidata Bertha Gisela Gaytán en Celaya, mi más sentido pésame a los suyos”, añadió.

Apenas el pasado domingo, la candidata a diputada federal de Movimiento Ciudadano, Alda Pacheco Juárez, denunció haber sido víctima de un atentado mientras circulaba por la carretera que conecta a los municipios de Cortázar y Jaral del Progreso, también en Guanajuato. No obstante, no hubo disparos ni lesionados.

Celaya es la tercera ciudad más poblada de Guanajuato y se encuentra en la zona conocida como Laja–Bajío, una de las más violentas del estado y del país.

La ciudad es gobernada por Javier Mendoza Márquez, del Partido Acción Nacional, cuyo hijo fue asesinado en el 2022; aún así busca reelegirse.

Hasta mediados de marzo, en el actual proceso electoral, sumaban 44 homicidios de candidatos, políticos, funcionarios y familiares.

Sin que haya un registro oficial, datos de la organización Data Cívica apuntan al asesinato de al menos 10 candidatos o aspirantes en el primer bimestre de 2024, mientras que, tan solo en febrero, hubo 36 homicidios de violencia política al considerar también a funcionarios públicos y familiares de los políticos.

En contraste, la consultora Data Int documentó el asesinato de 20 personas que aspiraban a un cargo de elección popular en lo que va del año electoral, en el que en total han asesinado a 76 personas “potencialmente vinculadas al proceso”.

Sobre el asesinato, la candidata de Morena a la gubernatura del estado, Alma Alcaraz, informó la suspensión de sus actividades de campaña, e indicó que en breve haría un posicionamiento oficial.

En un breve mensaje, indicó que el asesinato de la candidata era reflejo de lo que se vive en el estado, que dijo, es un estado fallido. Pidió a la población no mantener en el Gobierno a quienes tienen “manchadas las manos de sangre”, en referencia a las autoridades locales, todas del PAN.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este lunes que “las autoridades están actuando” tras el asesinato de la niña de 8 años, Camila Gómez Ortega, y el linchamiento de una de sus presuntas agresoras en Taxco en Guerrero.

“Se está haciendo la investigación correspondiente, se está actuando, tiene que ver con las autoridades locales, y se quiere tener todos los datos para informar bien sobre este asunto”, dijo el mandatario.

López Obrador adelantó que mañana “van a estar aquí (conferencia matutina) los integrantes del gabinete de seguridad y ellos van a dar un informe general”.

El mandatario se refirió al secuestro y posterior asesinato el miércoles pasado de Camila en Taxco, donde los pobladores protestaron y lincharon hasta la muerte a una mujer, a quien golpearon junto con dos hombres, por señalarlos de ser los presuntos responsables de matar a la niña.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero expuso el jueves que investigaba la muerte de la menor de edad como feminicidio y el deceso de la presunta responsable como homicidio calificado, además de informar de la detención de los otros dos presuntos implicados.

Los hechos causaron conmoción a nivel nacional y despertaron reclamos de justicia de la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, y de la Iglesia católica, que el domingo sostuvo en un editorial que “este hecho evidencia varios de los problemas que han fracturado el tejido social”.

López Obrador reconoció ahora que “este es un caso muy lamentable, muy triste para todos, desde luego más para los familiares, amigas y amigos, y para los mexicanos en general, porque tiene que ver con la pérdida de vidas humanas, de una niña y también de una señora”.

El presidente prometió que mañana habrá un reporte de los funcionarios de Seguridad Ciudadana, la Marina y la Defensa Nacional “sobre todo lo que aconteció desde que salió la niña de su casa, cuándo la encontraron, las órdenes de detención, los actos estos de ajusticiamiento o linchamiento, y todos los antecedentes”.

“Se va a ver si es necesaria la intervención de la Fiscalía General de la República”, adelantó.

Asesinan a balazos al alcalde de Chahuites, en Oaxaca, Joaquín Martínez López, sumándose así a la creciente ola de violencia política que azota al país, en el marco del proceso electoral, con al menos una decena de candidatos asesinados.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) expuso en un comunicado que Martínez López estaba frente a su domicilio, en la colonia Guachaco, cuando personas no identificadas “lo agredieron a balazos” durante la madrugada, por lo que falleció durante el traslado para recibir atención médica.

“A partir de la información preliminar recabada por la FGEO, se establecieron sólidas líneas de investigación con el objetivo de dar con el paradero de quien o quienes resulten responsables”, indicó el organismo sin más detalles.

La víctima era miembro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que gobierna la entidad.

“Lamentamos profundamente el crimen perpetrado en contra del presidente municipal de Chahuites, Joaquín Martínez López; he pedido a la Fiscalía del Estado una investigación a fondo para esclarecer los hechos y castigar a los responsables”, escribió el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, en su cuenta de X.

Los hechos ocurren en medio de la ola de violencia de cara a las elecciones del próximo 2 de junio, con al menos 10 candidatos o aspirantes asesinados en el primer bimestre del año, según ha documentado la organización Data Cívica.

Tan solo en febrero, hubo 36 asesinatos al considerar también a funcionarios públicos y familiares de los políticos, detalló el informe ‘Votar entre balas’.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, anunció ayer la renuncia del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y el de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, tras el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, a manos de la Policía Estatal.

“En Guerrero hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes. Estamos trabajando en todo momento en estrecha coordinación con el Gobierno de México”, señaló Salgado en un mensaje emitido a través de sus redes sociales.

La gobernadora informó que “en un ejercicio de calidad moral” recibió y aceptó las renuncias del secretario general de Gobierno y del titular de Seguridad Pública; agregó que en breve se darán a conocer a los encargados de despacho de estas dependencias.

Salgado Pineda reafirmó su disposición y compromiso de mantener su colaboración con las instancias correspondientes para llevar a cabo una investigación parcial de los hechos, así como la búsqueda de la justicia.

La renuncia de los funcionarios era una exigencia hecha por la madre de Yanqui Kothan Gómez y sus compañeros estudiantes, tras los señalamientos iniciales de las autoridades que apuntaban que el joven asesinado habría disparado un arma y estaba drogado, lo cual posteriormente se demostró que era falso.

En su mensaje, Salgado Pineda informó que también iniciaría un proceso para destituir a la fiscal General de Guerrero, Sandra Luz Gómez Valdovinos, quien reaccionó señalando que se defenderá para permanecer en su cargo.

Mediante un comunicado, Gómez Valdovinos dijo ser respetuosa de lo dicho pero que para removerla se deberán agotar los procedimientos constitucionales y legales, que le permiten ejercer la garantía de audiencia y debida defensa.

Adelantó que hará valer su derecho de audiencia ante el Congreso del Estado para transparentar las acciones que la Fiscalía llevó a cabo en torno al asesinato de Yanqui Kothan que, informó, se investiga por el delito de homicidio calificado.

Ayer, un juez federal dictó prisión preventiva a los dos policías estatales acusados de los delitos de homicidio calificado doloso y tentativa de homicidio.

El sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, quien dirige el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello y da acompañamiento a la madre del normalista, informó del resultado de la audiencia, que se llevó a cabo en los juzgados federales del puerto de Acapulco.

El presunto autor material del asesinato de Yanqui Kothan, que sefugó a inicios de semana, ha sido identificado como el policía estatal David “N”, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a entregarse durante su conferencia matutina del miércoles.

La fuga del agente desató protestas en Chilpancingo contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en donde se registraron destrozos, 11 vehículos quemados y al menos 24 agentes de la Guardia Nacional lesionados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) admitió este lunes que hubo un “abuso de autoridad” por parte de los policías del estado de Guerrero que la semana pasada mataron a un estudiante de la normal de Ayotzinapa, en medio de las protestas por los 43 normalistas desaparecidos.

“Hubo un abuso de autoridad, todavía no quiero adelantar, pero no disparó el joven, por ejemplo, entonces hay que ver todos los peritajes. Ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General, y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación, de querer proteger a los responsables”, sostuvo el mandatario.

López Obrador se refirió a la muerte de un estudiante el pasado jueves en un retén de la Policía de Guerrero.

Aunque los oficiales habían afirmado que la víctima, de nombre Yanqui Kothan Gómez, y otro estudiante iban armados en un automóvil robado y dispararon a los agentes, el presidente ahora negó esa versión.

López Obrador aseguró que los tres policías que participaron “están detenidos en Guerrero, pero ya están a disposición de la Fiscalía General de la República”, a la que pidió atraer el caso.

“Aprovecho para decir que lamento mucho lo que pasó en Chilpancingo con el joven que fue asesinado, que ya se atrajo la investigación, se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven, a sus amigos”, comentó.

El incidente amenaza con incrementar la tensión entre López Obrador y los estudiantes de Ayotzinapa, quienes protestan porque el presidente no ha cumplido su promesa de resolver el caso aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

En ese sentido, estudiantes y familiares de los desaparecidos derribaron la semana pasada una puerta de Palacio Nacional para exigir justicia a López Obrador, a quien acusan de proteger a militares involucrados, mientras él estaba adentro en su conferencia matutina.

“No vamos a permitir la impunidad, se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables, no permitimos la impunidad y me dolió muchísimo, me duele mucho, y vamos a actuar”, prometió ahora el mandatario respecto a la muerte del estudiante.

Así como avanzan las campañas presidenciales, la violencia política parece hacerse segunda. Presuntos sicarios asesinaron a balazos a Karla Citlalli Herrera González, lideresa del Partido Encuentro Solidario (PES) en Michoacán, un estado gobernado por Morena.

La dirigencia estatal del PES informó que Karla Citlalli fue atacada a balazos la noche del martes, en la recepción del hotel Ejecutivo 8, ubicado a la altura del kilómetro 48 de la autopista federal Toluca-Atlacomulco, en el Estado de México, colindante con Michoacán.


La mujer resultó gravemente herida y fue auxiliada por familiares, quienes la trasladaron a un hospital del municipio de Ixtapaluca, donde falleció cuando recibía las primeras atenciones médicas.

Fue hasta ayer cuando la dirigencia estatal del PES fue notificada del asesinato de la dirigente, quien se desempeñaba como líder de ese partido en el municipio michoacano de Ario de Rosales.

La víctima también fungía como presidenta de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Ario de Rosales, área encargada de la certificación de huertas de aguacate.

No es la primera vez que Herrera González era atacada. Salió ilesa de un ataque a balazos en abril del 2023, cuando encabezaba el festejo del Día del Niño en Ario de Rosales. Sin embargo, ahora no corrió con la misma suerte.

Este asesinato se suma a los homicidios de Miguel Ángel Reyes Zavala y Armando Pérez Luna, aspirantes de Morena y del PAN, a la alcaldía del municipio michoacano de Maravatío. Ambos crímenes ocurrieron el 26 de febrero pasado con sólo cinco horas de diferencia.

Partidos políticos de Michoacán han reportado que un total de 17 aspirantes a alcaldes han renunciado a sus aspiraciones políticas, ante presuntas amenazas de muerte por parte de grupos del crimen organizado.

De estas renuncias, seis corresponden al Partido Encuentro Solidario (PES), cuatro a Movimiento Ciudadano (MC), cuatro al PRI y tres al PRD.

La semana pasada, representantes de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) señalaron que la violencia político-electoral que rodea al actual proceso en nuestro país, cuya etapa de campañas inició el 1 de marzo, es la principal preocupación de partidos, organizaciones políticas y autoridades electorales rumbo a la jornada electoral del 2 de junio.

Un excandidato del PRI a la alcaldía de Paso de Ovejas en Veracruz fue asesinado este lunes, sumándose así a la ola de violencia política que afecta a distintas regiones del país.

Fuentes policiales reportaron que el excandidato a la Alcaldía de Paso de Ovejas, Policarpio Ramírez Coria, fue atacado a tiros cuando salía de un restaurante en la ciudad de Cardel del municipio de La Antigua.

En el lugar de los hechos se registró una intensa movilización policial sin que pudieran ser detenidos él o los responsables del ataque.

La Fiscalía General del Estado informó que inició una investigación por el homicidio del político y detalló que comisionó a peritos y agentes ministeriales.

De acuerdo con fuentes políticas, la víctima es primo del actual dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana y hermano del exalcalde de Paso de Ovejas, Abel Ramírez Coria.

Veracruz, vive un proceso electoral para renovar la gubernatura y 50 diputaciones locales en las elecciones del próximo 2 de junio, lo que lo ha llevado a una espiral de violencia política.

En lo que va del año, han sido asesinados un dirigente local del PRD y el ex presidente municipal de Sayula de Alemán, Andrés Valencia Ríos, militante del PAN.

En las últimas dos décadas, Veracruz ha sufrido una ola de violencia debido a la operación de carteles de la droga, las cuales diversificaron sus actividades al secuestro, tráfico de migrantes y cobro de piso. En los últimos cinco años, Veracruz se ha posicionado entre los estados con más asesinatos de políticos que aspiran a un puesto de elección popular con 42, según informes de Data Cívica.

Apenas el pasado 29 de febrero representantes de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) señalaron que la violencia político-electoral que rodea al actual proceso electoral en México es la principal preocupación de partidos, organizaciones políticas y autoridades electorales rumbo a los comicios.

El Gobierno de México, mediante las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), así como de la Guardia Nacional (GN), coordina los mecanismos de seguridad para proteger a candidatos a cargos públicos al igual que a funcionarios, instalaciones e incluso el material electoral para la elección.

En el país, durante enero, al menos cinco candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular fueron asesinados.

Miguel Ángel Zavala y Armando Pérez Luna, aspirantes de Morena y Acción Nacional respectivamente a la alcaldía de Maravatío, municipio de Michoacán, fueron asesinado la tarde de ayer con solo siete horas de diferencia.

Miguel Ángel Zapata fue asesinado cuando salía de una clínica, su centro de trabajo, en el fraccionamiento Rancho La Huerta.

La agresión fue perpetrada por dos sicarios que, según los primeros reportes, bajaron de un automóvil blanco, se acercaron a la víctima y le dispararon a quemarropa, para luego huir en el mismo vehículo.

Poco después del ataque, agentes de la policía municipal llegaron al lugar, que acordonaron y resguardaron para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

En tanto, Armando Pérez Luna fue asesinado por una persona que viajaba a bordo de una motocicleta. Los hechos ocurrieron en la colonia Infonavit, cuando el aspirante iba de camino a recoger a su esposa, a un negocio de alimentos familiar.

Estos asesinatos llaman la atención pues apenas el pasado 19 de octubre del 2023, sujetos plagiaron y asesinaron a balazos a Dagoberto García Reyes, un líder de Morena que también aspiraba a la presidencia municipal de Maravatío.

En esa zona operan los carteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, los cuales se disputan el control de diversas actividades ilícitas en Michoacán.

Durante enero, al menos cinco candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular murieron asesinados, de acuerdo con un conteo de la organización civil Data Cívica. Así, recuentos revelan que suman 14 aspirantes o políticos asesinados en el actual proceso electoral.

El número de homicidios relacionados con la violencia político-electoral se eleva a 20 si se tiene en cuenta también a funcionarios públicos y familiares de los políticos, detalló el informe ‘Votar entre balas’ de Data Cívica,

Desde enero de 2018 hasta diciembre de 2023, la organización ha documentado 105 asesinatos de candidatos, precandidatos y excandidatos.

En tanto, un estudio de Laboratorio Electoral, asegura que los asesinatos por violencia electoral se han registrado en 13 de los 32 estados, siendo Guerrero la entidad con mayor incidencia, seguida de Veracruz y Michoacán.

Un juez que investiga el asesinato del presidente de Haitó, Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021, emitió un informe final en el que acusa formalmente a su viuda Martine Moïse, al ex primer ministro Claude Joseph y al exdirector de la Policía Nacional de Haití, Léon Charles, entre otros.

Se prevé que las acusaciones del juez desestabilicen todavía más a un país que ya enfrenta enormes dificultades debido a un repunte en la violencia de pandillas y que vivió recientemente una serie de protestas en las que se exigía la renuncia del primer ministro Ariel Henry.

Decenas de sospechosos fueron encausados en el informe de 122 páginas dado a conocer ayer por Walther Wesser Voltaire, el quinto juez en encabezar la investigación después de que los previos renunciaron por diversas razones, entre ellas el miedo a ser asesinados.

Charles, quien ahora es el representante permanente de Haití ante la Organización de Estados Americanos (OEA), enfrenta los cargos más graves: homicidio; intento de homicidio; posesión y portación ilegal de armas; conspiración contra la seguridad interna del Estado y asociación delictuosa.

Por su parte, Martine Moïse y Joseph están acusados de complicidad y asociación delictuosa.

Joseph compartió un comunicado con The Associated Press en el que acusó a Henry de “socavar” la investigación y beneficiarse de la muerte del presidente. “Henry… está usando el sistema de justicia haitiano como arma, persiguiendo a opositores políticos como yo. Es un golpe de Estado clásico”, declaró Joseph.

“Fracasaron en matarme a mí y a Martine Moïse el 7 de julio de 2021, y ahora usan el sistema de justicia haitiano para impulsar su agenda maquiavélica”, añadió.

Joseph volvió a exhortar a Henry a renunciar, e hizo notar que, cuando él aún era primer ministro, invitó al FBI para que ayudara a las autoridades locales a investigar el homicidio y le escribió a la ONU y a la OEA para solicitar ayuda. “No dejaré de luchar. Se debe hacer justicia”, declaró.

En su informe, el juez puso de relieve que el ex secretario general del Palacio Nacional, Lyonel Valbrun, les dijo a las autoridades que recibió “fuerte presión” de parte de Martine Moïse para que pusiera la oficina presidencial a disposición de Joseph porque él la necesitaba para “organizar un consejo de ministros”.

Valbrun también testificó que, dos días después de que fuese asesinado su esposo, Martine Moïse visitó el Palacio Nacional y pasó allí casi cinco horas retirando “un montón de cosas”.

Dijo también que dos días después del asesinato de Jovenel Moïse, Martin Moïse le llamó para decirle que “Jovenel no hizo nada por nosotros. Tienes que abrir la oficina. El presidente le dijo a Ti Klod que creara un consejo de ministros; él llevará a cabo elecciones en tres meses de forma que yo pueda convertirme en presidenta… ahora tendremos poder”.

Aunque el documento no identificó a Ti Klod, el ex primer ministro Claude Joseph es conocido por ese nombre.

En su informe, el juez también declaró que Martine Moïse “dejó entrever” que se refugió debajo de la cama para protegerse de los atacantes, pero hizo notar que las autoridades en el lugar hallaron que “ni siquiera una rata gigante… cuyo tamaño es de entre 35 y 45 centímetros” podría caber debajo de la cama.
El juez dijo que las declaraciones de la ex primera dama estaban “tan viciadas por contradicciones que dejan mucho que desear, y la desacreditan”.

Otras personas que enfrentan cargos, incluido el de asesinato, son: Christian Emmanuel Sanon, un pastor de nacionalidades haitiana y estadounidense que se consideraba a sí mismo como el próximo presidente de Haití y que dijo que pensaba que Moïse sólo sería detenido; Joseph Vincent, un ciudadano de nacionalidades haitiana y estadounidense y exinformante de la DEA; Dimitri Hérard, jefe de seguridad presidencial; John Jöel Joseph, un exsenador haitiano; y Windelle Coq, una jueza haitiana que, de acuerdo con las autoridades, se encuentra prófuga.

Recordemos que fiscales estadounidenses han dicho que se trató de un complot orquestado en Haití y en Florida para contratar mercenarios con el fin de secuestrar o matar a Moïse, quien tenía 53 años cuando fue asesinado en su vivienda privada cerca de la capital Puerto Príncipe.

El informe del juez destacó que algunos de los policías en el lugar fueron desarmados y esposados, mientras que otros “tuvieron tiempo de arrojarse por un barranco” en busca de seguridad. Además, el oficial de policía que supervisaba la seguridad presidencial fue acusado de recibir 80,000 dólares para sobornar a ciertos agentes “para que permanecieran inactivos” durante el asesinato, según el informe.

También resaltó que “ninguno de los policías que brindaban seguridad al jefe de Estado estuvo en peligro. Desafortunadamente, el jefe de Estado fue asesinado con facilidad”.

Foto: X @moisejovenel

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este viernes que el asesinato de la activista Ángela León, una de las líderes de buscadores de desaparecidos en la frontera con Estados Unidos, no se relaciona con su labor.

“Tenemos todo y ya se tiene identificado al presunto responsable y es un asunto que tenemos que ver con calma, no adelantar nada, pero todo indica que no hay relación con lo que ella hacía muy bien, de buscar a una hermana desaparecida en el 2018, que es otro, posiblemente, el motivo, pero no puedo hablar más”, declaró.

El mandatario se refirió al asesinato ocurrido ayer de la líder de la organización ‘Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Tecate’, en Baja California, estado con 2,660 personas no localizadas, según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Las primeras versiones de las autoridades locales, apuntaron a integrantes del crimen organizado que dispararon al rostro de la mujer en su salón de belleza, donde habían intentado secuestrarla.

López Obrador, quien no dio la identidad del presunto responsable, reconoció que la activista había recibido amenazas y había solicitado protección de las autoridades, confirmando que contaba con protección local.

“El caso del asesinato de esta compañera nos preocupó y nos llevó a hacer la investigación sobre lo sucedido, ella tenía una protección de las autoridades locales, ya había ella manifestado tener amenazas, había recibido amenazas, incluso había hecho una solicitud acá con el Gobierno federal”, detalló.

El atentado refleja la violencia que afrontan laos familiares, en especial las madres buscadoras de desaparecidos en México, donde hay 114,000 personas no localizadas, de acuerdo con la CNB, aunque el Gobierno de López Obrador trabaja en un nuevo censo que reduciría la cifra oficial.

Apenas en enero pasado, sujetos armados secuestraron y desaparecieron a Lorenza Cano, madre buscadora de desaparecidos que aún está ilocalizable, tras asesinar a su esposo y su hijo en el municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato.

Al menos tres madres buscadoras murieron asesinadas en 2023 y cinco en 2022, según el recuento de los medios y colectivos de familias de desaparecidos.

Foto: Facebook Union Y Fuerza Por Nuestros Desaparecidos Tecate B.C 

El aspirante a alcalde del municipio de Mascota en Jalisco, Jaime Vera, fue asesinado a balazos la tarde de ayer en el municipio de Zapopan, informó el coordinador del gabinete de seguridad en la entidad, Ricardo Sánchez.

Según las primeras versiones, el fallecido estaría inscrito para contender en el proceso electoral por el Partido Verde en aquel municipio, por lo que, de acuerdo con los resultados de las investigaciones que realiza la Fiscalía del Estado de Jalisco, la información se hará de conocimiento público conforme avancen las mismas”, señaló el funcionario en un mensaje de redes sociales.

El homicidio ocurrió entre las avenidas Moctezuma y Manuel J. Clouthier, en la colonia Puerta del Sol, en Zapopan, donde un sujeto se acercó al político y le disparó en repetidas ocasiones para luego huir a pie del lugar. El candidato quedó tendido sobre el asfalto, a un lado de su vehículo.

La Fiscalía de Jalisco también público en su cuenta de X que ya investiga el hecho, al tiempo que Sánchez informó que las autoridades también se pusieron en contacto con la dirigente estatal del PVEM para ofrecer el apoyo necesario.

“La Fiscalía Estatal lleva a cabo investigaciones para esclarecer los hechos en los que perdió la vida un hombre, en los cruces de Avenida Manuel J. Clouthier y Avenida Moctezuma, en Zapopan”, publicó la Fiscalía.

El asesinato del político se da un día después de que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, denunciara que la crisis de violencia e inseguridad que atraviesa México pone en riesgo el proceso electoral del próximo 2 de junio y por ello requiere de una atención inmediata por parte del actual Gobierno.

En tanto, la candidata presidencial Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró ese mismo día que las próximas elecciones, las más grandes del país en su historia, serán “limpias y pacíficas”, con gran afluencia del voto en las urnas durante la jornada comicial.

“Van a ser elecciones pacíficas, limpias y de una gran participación del pueblo de México”, señaló la exalcaldesa del Gobierno de la Ciudad de México durante la XII Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del gobernante Morena en el Senado.

Pese a estos dichos, la ola de violencia ligada al crimen organizado que sacude a México también ha alcanzado a políticos.

Según un informe de la consultoría Etellekt, 96 alcaldes fueron asesinados entre 2000 y 2022 en el país.

Este tipo de agresiones se acentúan especialmente durante periodos de campaña electoral como el que vive México este año. El Universal contabiliza ocho aspirantes a cargos públicos asesinados entre diciembre y finales de enero. A este se suma el de Vera ocurrido ya en febrero.

El municipio de Mascota colinda con Puerto Vallarta, donde existe una importante presencia de grupos de la delincuencia organizada debido a la alta afluencia de turistas, según reportes de las autoridades.

A mediados de 2021, la ONG ‘Consejo Civil para la Silvicultura Sostenible’ advirtió que narcotraficantes ya incursionaban en la producción forestal a través de la tala clandestina en municipios de Jalisco, entre ellos Mascota.

Debido a sus extensas regiones boscosas, esta localidad atrae a criminales que se dedican a la tala ilegal y deciden sobre los precios de la madera, señaló la organización.

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) un indulto para Mario Aburto, asesino confeso de su padre Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado en 1994 en plena campaña presidencial.

“Apelando a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto (…), que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos”, dijo el también aspirante al Senado.

La solicitud llega tres semanas después de que un juez desechara pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra un supuesto “segundo” implicado en el crimen.

La dependencia dijo que hace 20 días el juez quinto de distrito de procesos penales federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, “actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR”.

La Fiscalía dijo que esas pruebas “implican a Jorge Antonio ‘S'”, agente del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) asignado a cubrir al candidato presidencial, y quien fue liberado en aquellos momentos, en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro García Luna, quien entonces era subdirector operativo en el Cisen y fue quien se presume lo rescató en Tijuana.

Además, la FGR señaló que se encuentra “debidamente probado” que el Cisen, en aquel entonces de la Secretaría de Gobernación “mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia”.

“Todas las pruebas aportadas por la FGR, y en especial las de análisis de sangre, demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima”, aseguró la FGR en un comunicado, en el que anunció que apelará la decisión del juez.

Aburto, de 53 años, es hasta el momento la única persona encarcelada por el magnicidio que sacudió al país durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Según las investigaciones, el hombre admitió ser el asesino de Colosio y haber actuado por cuenta propia. Fue condenado a 45 años de prisión.

Colosio Riojas pidió “dejar esto ya en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es vuelta a la página y construir algo nuevo”.

En octubre pasado, un tribunal otorgó a Aburto un amparo que invalidaba su sentencia, argumentando que debió haber sido procesado con base en el Código Penal de Baja California y no con el federal.

Al respecto, Colosio Riojas dijo que la FGR no ha contactado a su familia y expresó su rechazo a que el tema sea “manoseado” en tiempos electorales. “Es meter ruido innecesariamente. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué siempre en época electoral?”, cuestionó el político.

Esta mañana, en su conferencia de prensa, el presidente respondió al alcalde y le dijo que “no puedo hacerlo”.

“Sé que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata, repito de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar (…) Yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así”, dijo el mandatario.

Colectivos LGBTI+ protestaron este lunes en Palacio Nacional para condenar y exigir justicia tras la muerte de la activista y política Samantha Fonseca, la cuarta mujer trans asesinada en lo que va del año en el país.

Las manifestantes, en su mayoría mujeres trans, pintaron las paredes de Palacio Nacional con consignas como “las vidas trans importan”, “México transfóbico” y “Ley integral trans”.

“¿Hasta cuándo van a parar los asesinatos y los crímenes contra las personas trans? ¿Cuánto más tendremos que tolerar?”, manifestó una de las asistentes mediante un altavoz.

La protesta ocurre tras el asesinato de Fonseca, a quien balearon ayer cuando salía del Reclusorio Sur en la Ciudad de México, donde era activista y defensora de derechos humanos y quien militaba en Morena.

Es el cuarto asesinato de una persona trans en los primeros 15 días del año, donde el sábado reportaron el hallazgo del cadáver de una mujer trans no identificada en Tlaquepaque, en el estado de Jalisco.

El jueves pasado mataron a Miriam Ríos Ríos, comisionada trans de Movimiento Ciudadano (MC) en Michoacán. Y el 6 de enero apareció muerta la estilista Gaby Ortiz en el estado de Hidalgo junto a una cartulina con un mensaje de odio.

La indignación ha crecido porque el lunes pasado López Obrador se refirió a una diputada trans de su partido, Salma Luévano, como “un señor vestido de mujer”, aunque un día después ofreció disculpas y reconoció el derecho a la identidad de género.

“Andrés Manuel, eres un señor vestido de izquierda”, expresó otra de las manifestantes afuera de Palacio Nacional.

Aunque al menos 20 de los 32 estados han legislado la identidad de género, México es el segundo país de Latinoamérica con más violencia por homofobia y transfobia, después de Brasil, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Fundación Arcoíris.

Hubo 52 asesinatos de personas trans y de género diverso entre octubre de 2022 y septiembre de 2023 en nuestro país, solo por debajo de los 100 casos que se registraron en Brasil, según datos del proyecto de investigación Monitoreo de Asesinatos Trans 2023, de TGEU (Transgender Europe) citados por la agencia Statista.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, lamentó el homicidio del precandidato Giovanni Lezama, por lo que demandó al Gobierno federal y al gobernador de Morelos implementar estrategias efectivas en materia de seguridad, para que este proceso electoral se desarrolle en completa tranquilidad.

“Lamentable y condenable lo sucedido en Cuautla, Morelos, exigimos que el gobernador de ese estado, Cuauhtémoc Blanco y el gobierno federal encuentren a los responsables del asesinato del precandidato Lezama y que los responsables sean castigados”, dijo el perredista.

Giovanni Lezama, actual regidor de Cuautla por el PAN, aspiraba llegar al Congreso estatal. La alianza Va por Morelos, la cual impulsó, lo habilitó para contender por el séptimo distrito local por Cuautla.

El político fue atacado con arma de fuego cuando estaba en un gimnasio ubicado en el centro de Cuautla. La Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos informó que tras recibir el reporte y acudir al lugar, implemento un operativo de búsqueda para localizar a los presuntos responsables.

Los primeros reportes indican que la agresión en contra del regidor fue de manera directa, aunque por el momento no hay detenidos.

En ese sentido, el dirigente del PRD aseguró que es necesario que se garantice la seguridad de las y los precandidatos y candidatos en todos los estados del país, para que lo sucedido en Morelos no se repita y que el proceso electoral sea seguro para todos los  participantes.

Zambrano Grijalva recordó que la violencia en México sigue en aumento, con homicidios dolosos en procesos electorales pasados.

Recordó que desde el inicio del proceso electoral de septiembre del 2020 y ,hasta el 30 de abril del 2021, se contabilizaron 169 incidentes de violencia política con 210 víctimas; de las cuales 67 resultaron heridas y 143 en homicidios.

“En el país se necesita mayor seguridad, lo hemos repetido en varias ocasiones, es imprescindible contar estrategias efectivas de seguridad, que estos actos de cobardía no se queden en la impunidad y en el olvido, no aceptamos estos actos y exigimos al inquilino de Palacio (Nacional), que atienda este gravísimo problema que pone en riesgo la integridad de la sociedad mexicana y del país”, remató Jesús Zambrano.