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Andrés Villegas, abogado del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, solicitó a un tribunal que anule su detención efectuada dentro de la Embajada de México en Quito tras haber recibido asilo; y  que ordene al Estado ecuatoriano entregar a Glas nuevamente a México o a un tercer país que se comprometa a darle protección.

En la audiencia judicial del recurso de habeas corpus contra la detención de Glas, el abogado argumentó que la captura del exvicepresidente fue ilegal al no atenderse ningún criterio reglamentado y arbitraria por haberse violado sus derechos humanos al privarle del asilo que le habían otorgado.

En ese sentido, se pidió a la sala de la Corte Nacional de Justicia que evalúa el habeas corpus, que sea puesto de nuevo en libertad y entregado a la misión diplomática más cercana, tras haber cerrado México su Embajada en Quito luego de los hechos.

Villegas pidió que el Gobierno exhiba la orden dada “por escrito” por el presidente Daniel Noboa para irrumpir a la fuerza en la sede diplomática de México y cuestionó que el informe policial sobre esta operación haya sido declarado “secreto” para que no se conozcan los detalles.

El abogado señaló que “es evidente que no existió orden de allanamiento” contra la Embajada de México y que tampoco se le consultó previamente a la misión diplomática la posibilidad de realizar esa diligencia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para Villegas, la resolución judicial que legalizó la detención de Glas “tiene verdades a medias y una verdad a medias es igual a una mentira”, al señalar que no se reflejó en ese documento los presuntos actos de tortura que su defendido señala que fue víctima durante el procedimiento de captura.

“No solo se violó el código penal (de Ecuador), sino también normas de derecho internacional universal y regional. Se violó el principio de inviolabilidad de misiones diplomáticas, y se llevaron bienes muebles como celulares y hasta una tableta electrónica de Jorge Glas”, señaló el abogado sobre los elementos incautados.

En su intervención desde la cárcel, Glas indicó que fue golpeado por los policías que lo detuvieron, que le dislocaron dos dedos y que lo sacaron de la Embajada esposado y cargado con los brazos atrás, en “una posición de tortura” que incluso aseguró que estaba siendo transmitida “en vivo y en directo” sin conocer quién estaba al otro lado de la pantalla.

Glas también señaló que el asilo otorgado por parte de México es “un reconocimiento” de que es “un perseguido político”, algo en lo que insiste para sostener para declararse como inocente frente a los procesos judiciales y condenas en su contra.

Por su parte, la jueza de Garantías Penitenciarias de la Corte Nacional de Justicia, Melissa Muñoz, recordó que en el momento que Glas ingresó a la Embajada de México no tenía orden de detención, la cual fue emitida después por encontrarse imputado por presunto peculado en el caso de la reconstrucción de Manabí, la provincia más afectada por el terremoto de 2016.

Por su parte, la ministra de Interior y Gobierno, Mónica Palencia, justificó la detención de Glas en que para el Ejecutivo ecuatoriano nunca hubo asilo para el exvicepresidente, pues la Convención de Asilo Diplomático sostiene que no puede otorgarse a quien esté procesado por delitos comunes.

También descartó cualquier persecución hacia Glas, “que ha venido siendo procesado desde 2017, cuando Noboa aún no era presidente, y no por delitos políticos”.

La detención de Glas llevó a México a romper relaciones con Ecuador y a denunciarlo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por considerar que ha sido violada tanto su soberanía como el derecho internacional.

Foto: @evoespueblo

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó esta miércoles una resolución que condena “enérgicamente” la incursión de la Policía ecuatoriana en la embajada de México en Ecuador.

La resolución, presentada ante el Consejo Permanente de la OEA por la delegación de Colombia, fue aprobada con el voto favorable de la gran mayoría de países; el único voto en contra de Ecuador.

La delegación de México no se presentó a la sesión, mientras que El Salvador se abstuvo en la votación.

La resolución resuelve “condenar enérgicamente la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en el Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión”.

El documento reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas” y hace un llamado a respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece que las embajadas son inviolables.

Las imágenes de las cámaras de seguridad que reveló el Gobierno federal la mañana de ayer en la conferencia matutina del presidente López Obrador, fueron proyectadas en la sesión de la OEA; muestran cómo los policías apuntaron con armas y sometieron en el suelo a Roberto Canseco, encargado de la misión diplomática, mientras se llevaban al exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas.

La resolución aprobada en la OEA reafirma también “la obligación” que tienen los Estados de “respetar en su integridad” las disposiciones de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 y recuerda que los diplomáticos están obligados “a no inmiscuirse en los asuntos internos” del Estado receptor.

Asimismo, el documento exhorta a Ecuador y México a que “inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva”.

La sesión de este miércoles, convocada a petición de Colombia y Bolivia, dos gobiernos aliados de México, es la segunda de esta semana tras la de ayer, que fue convocada por Ecuador para justificar sus acciones.

La canciller Alicia Bárcena anunció esta mañana que el Gobierno federal enviará una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, para denunciar el asalto de Ecuador a la Embajada de México en Quito el viernes pasado.

“Vamos a enviar una carta al secretario general de las Naciones Unidas para que se presente ante toda la membresía de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General”, adelantó la secretaria de Relaciones Exteriores.

La canciller recordó que México también denunciará a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por irrumpir a la fuerza el viernes pasado en su sede diplomática en Quito, “agredir” a los funcionarios mexicanos y llevarse al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien estaba ahí resguardado.

“Anunciamos que estamos recurriendo ya a la Corte Internacional de Justicia y a otras instancias para denunciar a Ecuador por violaciones al derecho internacional”, apuntó.

Momentos antes, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, argumentó que México incumplió primero la Convención de Viena y la de asilo, y no dio respuestas concretas al país andino sobre sus peticiones respecto a Glas, procesado en casos de corrupción y ahora recluido en una cárcel de máxima seguridad.

Según la titular de la diplomacia ecuatoriana, México no dio “una respuesta positiva”, y solo mencionaba que estaban analizando el caso.

Pero Bárcena aseveró que “no existe ninguna justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la Embajada de México en Ecuador ni de agredir físicamente la dignidad del personal diplomático”.

La secretaria de Relaciones Exteriores defendió que “México se ha apegado al derecho internacional respecto a la Convención de Viena y a la Convención de Caracas” y que “México ha mantenido una comunicación directa y constante con Ecuador antes de este incidente, por supuesto, para abordar el tema del asilo”.

“Si Ecuador tenía una interpretación diferente a la de México respecto a las convenciones de asilo o de Viena, sobre relaciones diplomáticas, debió recurrir en todo momento a procedimientos pacíficos, tal como lo establece la carta de la Organización de las Naciones Unidas”, sentenció.

La crisis entre México y Ecuador comenzó el jueves pasado, cuando el Gobierno de Daniel Noboa declaró persona ‘non grata’ a la embajadora mexicana, Raquel Serur, en respuesta a comentarios que López Obrador hizo un día antes sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y sus consecuencias electorales.

México anunció el mismo viernes que buscaría traer al país a Glas como asilado político, por lo que las fuerzas ecuatorianas ingresaron por la fuerza a la embajada para llevárselo.

La canciller también actualizó e indicó México ha recibido el “apoyo” de 29 países, de los que 20 son de América y 9 de Europa, además de 8 organismos internacionales, según recordó Bárcena.

“Hemos recibido, y especialmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, un apoyo y un respaldo de la comunidad internacional muy importante”, aseveró Alicia Bárcena.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debería rechazar un acuerdo con Estados Unidos que restrinja el asilo e incremente las deportaciones sumarias, afirmó este viernes Human Rights Watch (HRW).

La ONG envió una carta a López Obrador y a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, quien se reunió este viernes en Washington con el secretario de Estado, Antony Blinken.

La reunión ocurre mientras el Gobierno de Joe Biden y el Congreso estadounidense negocian un acuerdo sobre el presupuesto para el período fiscal 2024 que vincula la ayuda a Israel y Ucrania con la política migratoria.

Los legisladores republicanos, que tienen mayoría en la Cámara de Representantes, condicionan su apoyo a la provisión de más de 100,000 millones de dólares a Ucrania e Israel, a la restricción del derecho de asilo y del otorgamiento de residencia temporal a extranjeros por razones humanitarias.

“El presidente López Obrador tiene la oportunidad de defender los derechos de miles de migrantes y solicitantes de asilo vulnerables, en su mayoría latinoamericanos, negándose a acceder a otro acuerdo que permita a Estados Unidos expulsar migrantes hacia México”, indicó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.

Añadió que el presidente debería dejar en claro que no pretende ser cómplice de este intento, por parte de congresistas estadounidenses, de despedazar el sistema de asilo de Estados Unidos.

HRW indicó que, bajo las medidas propuestas, los funcionarios de inmigración tendrían atribuciones para expulsar a los solicitantes de asilo sin una evaluación de sus casos, y restringirían el programa de permisos humanitarios que beneficia a personas de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua.

“Las propuestas que se están considerando en Estados Unidos podrían tener consecuencias devastadoras para los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, socavarían el derecho a solicitar asilo y expondrían a miles de personas a graves peligros”, remató Goebertus.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este martes un acuerdo con Estados Unidos para que el país vecino acepte solicitudes de asilo de migrantes que ya están en nuestro país, que a su vez instalará un “espacio internacional multipropósito” en el sur del país para atender a extranjeros.

“Lo está viendo la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, va a ir a Chiapas en esta semana, porque lo que se busca es que pueda haber opciones de trabajo, de capacitación, para migrantes. Y al mismo tiempo que puedan hacer sus trámites para llegar a Estados Unidos los que lo deseen”, dijo el mandatario.

El presidente se refirió al anuncio que hizo la Casa Blanca el viernes pasado, cuando indicó que Estados Unidos aceptará peticiones de asilo de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ya están en México a la espera de cruzar a territorio estadounidense.

El anuncio resulta de un acuerdo que llega días después de la reunión que tuvo lugar en la Ciudad de México entre una delegación estadounidense y López Obrador, según el comunicado del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

“En el caso de Estados Unidos, (su compromiso) es que los que están en México que no pudieron en sus lugares de origen hacer sus trámites que los puedan hacer en México para ir a Estados Unidos. Sí, se va a abrir esa posibilidad para los que ya están”, detalló López Obrador.

El mandatario reconoció el compromiso de México a crear un espacio en el sur del país para ofrecer nuevas opciones de asilo y de empleo a migrantes.

AMLO indicó que en este espacio “podrían estar consulados móviles (de Estados Unidos) para los que no han hecho sus trámites y que están aquí en la República mexicana, en el sureste”.

Pese a confirmar el acuerdo, López Obrador evitó dar más detalles sobre la ubicación exacta y la fecha de apertura del espacio, al prometer más información dentro de “dos o tres meses”.

“Se está viendo cuál es la mejor opción, pero no solo es el trámite, sino lo que se plantea es que haya, desde luego que eso lo estamos ofreciendo, albergues, alimentación, atención médica, cuidado y también oportunidades de trabajo, porque ahora nuestro país tiene posibilidad para que puedan ofrecerse empleos”, añadió.

El acuerdo es parte de los cambios migratorios de Estados Unidos este año, como el ofrecer asilo a nacionales de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, y la expiración del Título 42, una medida que expulsaba de inmediato a migrantes con el argumento de la pandemia.

“Estados Unidos ya estableció un mecanismo para hacer trámites y lograr ingresar a ese país de manera legal, eso no existía anteriormente, eso hay que reconocerlo, es un planteamiento del presidente (Joe) Biden”, remató López Obrador.

Estados Unidos puso en marcha este miércoles un nuevo reglamento que denegará el asilo a la mayoría de inmigrantes que crucen de forma ilegal la frontera con México, una parte clave del plan del presidente Joe Biden de cara al término de las restricciones fronterizas por el COVID-19, conocidas como Título 42.

El reglamento crea una nueva presunción de que los inmigrantes que lleguen a la frontera no tienen derecho al asilo si han pasado por otros países sin buscar protección antes o si no han utilizado las vías legales de entrada a Estados Unidos.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que la nueva regla significaría consecuencias más duras para los que cruzan la frontera ilegalmente.

En lugar de ser expulsados rápidamente a nuestro país, podrían ser deportados y excluidos de Estados Unidos durante cinco años si no califican para el asilo.

“Estamos dejando muy claro que nuestra frontera no está abierta, que cruzar irregularmente es contra la ley y que aquellos que no sean elegibles para la ayuda (asilo) serán devueltos rápidamente”, dijo Mayorkas en una conferencia de prensa en Washington.

El funcionario culpó al Congreso por no aprobar una reforma migratoria significativa “durante más de dos décadas”, y agregó que los legisladores no han proporcionado los fondos solicitados por la administración Biden para agentes fronterizos, instalaciones y transporte.

Y es que el gobierno de Biden se está preparando para un posible aumento de los cruces fronterizos no autorizados, que ya se encuentran en niveles récord, cuando se levanten mañana las restricciones por el COVID-19, aplicadas inicialmente en marzo de 2020.

Una gran cantidad de migrantes se ha acumulado en México esta semana, mientras miles de personas que cruzan a Estados Unidos han sobrecargado las ciudades fronterizas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que México ofreció asilo y nacionalidad a los opositores nicaragüenses desde hace unas semanas, previo a que fueran expulsados de su país por el gobierno de Daniel Ortega.

Sin embargo, el mandatario invitó a resolver la crisis política  del país mediante el “diálogo”, y evitó una vez más condenar las medidas de su homólogo nicaragüense, que incluyen la retirada de la nacionalidad a centenares de ellos.

López Obrador presentó una carta que envió a Ortega el pasado 1 de diciembre, donde manifestó su apertura a recibir a los opositores entonces encarcelados.

“Asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran”, dijo López Obrador tras anunciar que varios de los nicaragüenses desterrados recientemente a Estados Unidos han solicitado “estar en México”.

Con esto, México se suma a países como España, Argentina, Chile y Colombia, que ya han ofrecido apoyo a los opositores.

“Todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos”, añadió López Obrador.

Señaló que esa fue la instrucción que le dio al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cuando éste le informó que “personas de Nicaragua” habían “pedido estar en México”. Además, López Obrador afirmó que “la nacionalidad no se puede perder por decreto”.

Y es que en las últimas semanas, el régimen de Ortega despojó de la nacionalidad nicaragüense a 316 disidentes: a 222 que estaban presos y a quienes liberó y expulsó a Estados Unidos, y a otros 94, la mayoría exiliados.

López Obrador insistió en que México aspira a que las diferencias en Nicaragua se resuelvan mediante el diálogo. Dijo que desde tiempo atrás, su gobierno buscó que se llegara a un acuerdo y que se liberara a los presos políticos.

El gobierno de Joe Biden propuso nuevas restricciones al acceso al asilo de los migrantes en la frontera con nuestro país, obligándoles a solicitarlo en países por los que transitan o a pedir cita en línea, una política que se ha acusado es similar a la que instauró Donald Trump.

Recordemos que el expresidente republicano Trump intentó activar en 2019 una medida para impedir que las caravanas que llegaban de Centroamérica entraran en Estados Unidos. Los tribunales se lo impidieron.

La nueva regla, sujeta a 30 días de revisión y comentarios, entraría en vigor cuando el 11 de mayo se levante el Título 42, una norma sanitaria activada por Trump en 2020 con la finalidad declarada de frenar la pandemia de COVID-19 y que permite bloquear a la inmensa mayoría de los migrantes en la frontera.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los migrantes no serán aptos para el asilo a no ser que cuenten con una autorización, hayan usado la aplicación CBP One para programar una hora y un lugar para presentarse en un puerto de entrada (salvo si pueden demostrar que era imposible por una barrera del idioma, analfabetismo, fallo técnico…) o se les denegó el asilo en un país de tránsito.

Los niños no acompañados también estarían exceptuados de la presunción de “inelegibilidad de asilo”.

Hay más excepciones, como las “emergencias médicas agudas” o las “amenazas extremas e inminentes a su vida o seguridad”.

El gobierno de Estados Unidos afirma que es el único medio que tiene para hacer frente con la migración en la frontera, porque el Congreso no se pone de acuerdo sobre una política migratoria.

Sin embargo, los republicanos le acusan de haber perdido “el control efectivo de la frontera”, que en diciembre intentaron cruzar un promedio de 8,500 migrantes por día, la mayoría de ellos con la intención de pedir asilo.

Las nuevas reglas ya se vienen aplicando para grupos de migrantes de Ucrania, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.

Según el DHS hasta el 17 de febrero más de 26,000 cubanos, nicaragüenses y haitianos recibieron autorización de viaje y miles de venezolanos (con acceso al programa desde octubre de 2022) ya han llegado. Un total de 33,800 solicitudes de venezolanos “han sido examinadas” y recibieron luz verde a finales de enero, informa el DHS.

Las autoridades estadounidenses han constatado un descenso del 97% en el número de migrantes procedentes de estos cuatro países entre el 5 y el 31 de enero.

“Estamos fortaleciendo la disponibilidad de vías legales y ordenadas para que los migrantes vengan a Estados Unidos, al mismo tiempo que proponemos más consecuencias para aquellos que no utilicen los procesos que Estados Unidos y sus socios regionales han puesto a su disposición”, afirma el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en un comunicado.

Según el gobierno se trata de “una medida de emergencia” para responder al esperado aumento del número de migrantes en cuanto se levante el Título 42 y está prevista “para una duración temporal”. No especifica qué la sustituiría.

México rechaza que Estados Unidos vuelva a implementar el programa de devolución de solicitantes de asilo a nuestro país, conocido como “Quédate en México”, una medida impuesta por el gobierno del presidente Donald Trump que el actual gobierno de Joe Biden suprimió pero que se vio obligado a reactivar en una ocasión por orden judicial.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que autoridades estadounidenses le notificaron su intención de reiniciar la devolución de personas no mexicanas para que aguarden en territorio mexicano mientras su solicitud de asilo es examinada en Estados Unidos.

El gobierno de Biden no ha hecho públicas tales intenciones luego de que pusiera fin a ese programa, pero políticos republicanos litigaron en los tribunales para su reinstalación.

El caso llegó a la Corte Suprema estadounidense, que le autorizó al mandatario demócrata poner fin a la medida, pero devolvió el tema a tribunales locales por ciertas cuestiones administrativas.

Según el comunicado de la SRE, el 15 de diciembre de 2022 la Corte de Distrito del Norte de Texas emitió un fallo que obligaba de nuevo a Biden a reactivar “Quédate en México”.

El gobierno de Biden ha dicho que se opone a este programa, el cual ha sido criticado por agencias de la ONU y organismos defensores de los derechos humanos, ya que devuelve a los solicitantes de asilo a lugares de gran actividad del crimen organizado y en los que muchos de ellos han sido víctimas de todo tipo de delitos en los últimos años.

Durante el gobierno de Trump más de 70,000 solicitantes de asilo fueron devueltos a México para que esperaran allí el desarrollo de su petición en Estados Unidos.

Cuando Biden se vio obligado a reinstalar el programa, fueron devueltas unas 7,600 personas de diciembre de 2021 a octubre del año pasado, según datos del gobierno mexicano.

Esa segunda versión de la medida intentó tener un enfoque más humanitario y afectó a un porcentaje muy pequeño de las decenas de miles de migrantes que son devueltos a México cada mes bajo una norma de salud pública conocida como Título 42, la cual fue impuesta por Trump al principio de la pandemia de COVID-19 con el fin de prevenir la propagación de contagios, y que Biden ha mantenido y ampliado.

No obstante, el gobierno estadounidense actual también incrementó recientemente el número de visas temporales que otorga para ciertas nacionalidades ante el flujo migratorio sin precedentes registrado en el último año en la frontera sur del país.

La Cancillería peruana convocó este viernes al embajador de México en Lima, Pablo Monroy, para transmitirle su rechazo por las expresiones que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y del Canciller Marcelo Ebrard han hecho respecto a la situación política en Perú.

A juicio del Ejecutivo peruano, las declaraciones realizadas por distintas autoridades mexicanas “constituyen una injerencia en los asuntos internos” de su país.

Recordemos que el ahora expresidente Pedro Castillo, acusado de intentar dar un golpe de Estado, solicitó desde el miércoles pasado asilo a México. Fue el canciller Marcelo Ebrard quien confirmó la solicitud al publicar una carta que el abogado del exmandatario hizo llegar.

“Las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes”, se lee en un comunicado de la Cancillería peruano.

La cancillería se encuentra actualmente sin ministro titular, tras la renuncia de César Landa, quien abandonó el cargo acusando a Castillo de dar un golpe de Estado y pedir ayudar internacional para frenar sus intentos.

Y es que aunque el presidente López Obrador defiende los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, no ha dejado de criticar lo sucedido en Perú, acusando que las élites hicieron todo lo que tenían a su alcance para quitar a Castillo del poder.

En una de sus mañaneras de esta semana, el morenista dijo que era lamentable que por intereses económicos y políticos, desde el inicio de la presidencia de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra.

En una especie de justificación, dijo que Castillo fue llevado a “tomar decisiones” que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el “sui géneris precepto de ‘incapacidad moral'”.

Hoy, al encabezar la ceremonia castrense por la conmemoración de la Batalla de Ayacucho, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió dejar atrás los “capítulos de confrontación” y agradeció a las Fuerzas Armadas por “recuperar” el equilibrio de poderes.

En su discurso, la jefa de Estado afirmó que la nación es “fuerte y segura” gracias a las fuerzas armadas que “dan la garantía” al país de vivir “en orden, respetando la Constitución, el Estado de Derecho y el equilibrio de poderes, ese que recuperaron tras una fallida aventura, que debe quedar en la memoria del país para que la historia no se vuelva a repetir”.

Asimismo, Boluarte pidió dejar “atrás los capítulos de confrontación, de dimes y diretes, que nada bien le hicieron al país”, así como también “los infaustos hechos que quisieron quebrar la democracia y las aventuras que no generaron estabilidad”, en clara referencia a la reciente crisis generada por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

Horas antes, Boluarte dijo que en los próximos días visitará Castillo, quien se encuentra preso por acusado de los delitos de rebelión y conspiración.

“En unos días más, si se me permite luego de la juramentación del nuevo gabinete, yo quisiera ir a saludar al presidente Pedro Castillo porque el hecho que haya suscitado de esta manera tan rápido y violenta, también me duele”, dijo la presidenta.

En lo que respecta a la posibilidad de que Castillo y su familia puedan recibir asilo político en México, Boluarte señaló que ella siempre se ha movido por los marcos legales y que “lo que diga el derecho de asilo (…) eso lo tendrá que validar el gobierno mexicano”.

Ayer, el canciller Marcelo Ebrard informó que el embajador Pablo Monroy pudo entrevistarse con Pedro Castillo en el Centro Penitenciario. “Lo encontró bien físicamente y en compañía de su abogado”, dijo el funcionario.

Confirmó que Castillo ratificó su solicitud de asilo, por lo que se procedió a iniciar las consultas ante las autoridades peruanas.

“Con relación a las declaraciones de dichas autoridades respecto al derecho de asilo invocado por el expresidente Pedro Castillo, se señaló al Embajador Monroy la necesidad de que los estados se ciñan a las normas contenidas en los tratados internacionales vigentes sobre la materia y cumplan con todos los requisitos que los mismos establecen”, añade el comunicado de la cancillería peruana.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado esta mañana sobre lo sucedido en Perú, con la destitución y detención del ahora exmandatario Pedro Castillo.

López Obrador dijo que si bien ya había fijado su postura, sobre que México se ceñirá a los principios que guían la política exterior: la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, volvió a lamentar lo que sucedido, pues dijo, desde que Castillo ganó legal y legítimamente, fue víctima de acoso y confrontación.

AMLO reclamó que las élites económicas y políticas de Perú no aceptaron que Pedro Castillo gobernara el país.

“Muy lamentable lo que pasó. Estuvo siempre acosado, lo fueron debilitando hasta que lograron destituirlo. Pero es la decisión que tomaron estas élites, aunque yo no creo que sea lo mejor para los pueblos. Lo lamento mucho por el pueblo de Perú, es mucha inestabilidad; cinco presidentes en los últimos seis años. ¿Quién sufre? El pueblo, todo por los intereses de las élites”, reclamó.

Tal como lo ha dicho en el caso de México, aseguró que las élites en Perú no piensan en los pueblos.

Dijo que la oposición ya tenían todo listo para destituir a Pedro Castillo por un precepto legal que está en su Constitución: incapacidad moral.

Afirmó que al saber que lo iban a destituir, pedro Castillo tomó la decisión de desaparecer el Congreso, lo que precipitó su destitución y le dio el argumento a sus detractores para quitarlo del poder.

Fue en ese punto donde López Obrador reveló que ayer, en los momentos más álgidos de lo sucedido en Perú, Pedro Castillo habló a Palacio Nacional para avisar que se dirigiría a la embajada de México donde solicitaría asilo.

“Pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y (sabían) que iba a solicitar el asilo (…) busque a Marcelo Ebrard, le informe y le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta del embajada, con apego a nuestra tradición de asilo”, contó el mandatario.

Dijo que al poco tiempo de la llamada, policías y ciudadanos llegaron a las inmediaciones de la embajada para evitar que Castillo ingresara, aunque recordó, el expresidente ni siquiera pudo  llegar pues fue detenido antes.

“Nosotros pedimos que se le respeten sus derechos humanos; que se actúen con legalidad verdadera; que se proteja a su familia, y lo demás, lo político, ya lo va a atender la Secretaría de Relaciones Exteriores”, dijo AMLO.

López Obrador precisó que es importante recoger la lección de lo sucedido en Perú, que además se está aplicando en distintas partes del mundo, recordando que ya paso en Brasil, Argentina y ahora en Perú.

“¿Cuál es la lección que deja todo esto? Hay que gobernar para el pueblo, no se debe confiar en los que supuestamente son líderes de opinión, que pertenecen a la llamada clase política, ahí hay mucha falsedad; antes y todavía se piensa que la política es estar bien con los potentados, con los dueños de los medios de comunicación, con los intelectuales alcahuetes. Y no, hay que estar bien con el pueblo por dos razones: una que es fundamental, el humanismo. Porque gobernar es atender a todos pero fundamentalmente a los más necesitados; y la otra es que el pueblo no es malagradecido. El pueblo es leal, si se voltea ver al pueblo, se le respeta y se cuida del pueblo, se cuenta con el pueblo, se tiene siempre una base social para sostener a un gobierno que busca cambios y transformación”, dijo.

El mandatario habló de los llamados “golpes blandos” que se están produciendo. Dijo que ya no es la intervención militar, sino ir por el control de los medios de información, que son manejados por los oligarcas de los países, lo cual ayuda a ir socavando a autoridades legal y legítimamente constituidas, sobre todo cuando se trata de gente surgida del pueblo o que quiere hacer algo en beneficio del pueblo y que no pertenece a las élites.

“Van implementando campañas de desprestigio, magnificando errores que se cometen, y siguen siendo los medios instrumentos para manipular y justificar actos contrarios a la democracia”, sostuvo.

En ese sentido, fue cuestionado sobre si se está llevando un golpe blando en México, a lo que dijo que, pues en el país “no han podido ni podrán” hacer algo así.

Enfatizó que el pueblo de México está muy avispado, muy despierto, muy consciente. Reiteró que es de los pueblos más politizados del mundo. Añadió que ha dado muy buenos resultados la revolución de las conciencias que se impulsa desde el movimiento que encabeza.

Ante las acusaciones tanto en México como en Perú, sobre que está incurriendo en injerencionismo, AMLO fue enfático en negarlo.

“Si eso es inferencia, creo que es una exageración. Sin embargo, como son parientes los conservadores en todos lados”, recurren a la misma acusación.

Un juez federal de Texas anuló este lunes su orden de restablecer el programa “Quédate en México” lo que permite al gobierno del presidente Joe Biden poner fin a la medida, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar fuera de su territorio el trámite de sus casos.

El juez federal Matthew Kacsmaryk en Texas anuló su fallo en respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La petición se basó en el fallo emitido en junio pasado por la Corte Suprema, que dictaminó que la Administración Biden puede poner fin a la política establecida en 2019 por su antecesor Donald Trump.

La Administración demócrata eliminó en febrero de 2021 el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), también conocido como “Quédate en México”, establecido por Trump, pero en respuesta a una demanda encabezada por Texas las cortes obligaron a restablecer la medida en diciembre pasado.

El fallo del máximo tribunal devolvió la demanda a los tribunales inferiores para que tomaran en consideración el último memorando expedido en octubre pasado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Mayorkas argumentó que había fallas en el proceso y falta de “protecciones humanitarias que las personas merecen según la ley”, coincidiendo con las razones que los defensores de los inmigrantes han expuesto contra el programa. “Tiene fallas de origen e impone costos humanos injustificables”, sostuvo.

En un comunicado emitido ayer por la noche, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) celebró la decisión del magistrado y dijo que “se compromete a poner fin a la implementación de MPP de una manera rápida y ordenada”.

Más de 60,000 solicitantes de asilo, la mayoría de los cuales quedaron varados en campamentos en la frontera del lado de México, formaron parte de la primera etapa del programa.

Cerca de 5,800 inmigrantes han sido procesados a través de la segunda fase de MPP impuesta desde diciembre pasado, según recientes cifras. La mayoría son de Nicaragua, Cuba, Colombia y Venezuela.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que pedirá a su homólogo estadounidense, Joe Biden, mediar en el caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, luego de que el gobierno de Gran Bretaña ordenó la semana pasada su extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos por espionaje.

López Obrador salió una vez más en defensa de Assange, al que consideró un “preso de conciencia”, y afirmó durante su conferencia matutina que es “decepcionante” que lo envíen a Estados Unidos para condenarlo a cadena perpetua.

“Quiero plantear que voy a pedir al presidente Biden que se atienda esta asunto, estoy consciente que va en contra de grupos duros, severos, que hay en Estadios Unidos, como en todos los países, pero también debe de prevalecer el humanismo.”, dijo AMLO tras cuestionar el proceso que se ha seguido en Estados Unidos contra Assange, quien enfrenta 17 cargos de espionaje y uno por uso indebido de computadoras.

López Obrador recordó que los presidentes estadounidenses tienen la facultad de emitir decretos para indultar a los presos y liberarlos.

“¿Vamos a quitar la Estatua de la Libertad de Nueva York? ¿Vamos a seguir hablado de democracia, seguir hablando de protección a los derechos humanos, de libertad de expresión?”, cuestionó.

La fiscalía estadounidense sostiene que Assange ayudó ilegalmente a Chelsea Manning, analista de inteligencia del ejército estadounidense, a robar cables diplomáticos y archivos militares clasificados que fueron publicados después por WikiLeaks y pusieron muchas vidas en peligro.

López Obrador reiteró el ofrecimiento de asilo para el fundador de WikiLeaks en caso de que sea liberado y exhortó a las Naciones Unidas (ONU) a pronunciarse sobre el caso.

“México le abre las puertas a Assange en el caso de que se resuelva liberarlo, hay mecanismos para hacerlo”, sostuvo.

Tras la orden de extradición del gobierno británico, WikiLeaks dijo la semana pasada que apelará la decisión, proceso para el que tiene un plazo de 14 días.

Los seguidores y los abogados de Assange sostienen que estaba actuando como un periodista y que tiene derecho a las protecciones que concede la Primera Enmienda a la libertad de expresión por la publicación de documentos que expusieron las irregularidades militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Alegan que el caso tiene motivaciones políticas y que no podría tener un juicio justo.

Assange se encuentra actualmente en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, desde 2019. Antes de eso pasó varios años refugiado en la embajada de Ecuador en la capital británica para evitar su extradición a Suecia por supuestos cargos de violación y abuso sexual, que fueron retirados en noviembre de 2019.

El gobierno estadounidense publicó este jueves una normativa para agilizar el proceso de asilo en los casos “creíbles” de miedo a persecución o tortura y expulsar “rápidamente” a quienes incumplan los requisitos, informó el Departamento de Justicia.

La nueva tramitación de asilo y deportaciones en la frontera entre Estados Unidos y México,  llega cuando un número récord de migrantes está intentando entrar en su territorio.

La mayoría de los migrantes varados en la frontera sur de Estados Unidos proceden de México y Centroamérica, pero cada vez son más los que llegan de lugares más lejanos buscando refugio, incluidos en las últimas semanas los ucranianos que huyen de la invasión rusa de su país, una acción que Moscú califica de “operación militar especial”.

Con esta nueva medida, los funcionarios de asilo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) podrán tratar las solicitudes de las personas que alegan que no pueden regresar a sus países por temor de ser víctimas de persecución o tortura.

Actualmente el proceso de asilo es competencia de los jueces de inmigración y suele tardar de varios años debido a la cantidad de solicitudes que reciben.

Esta normativa, con la que el gobierno del presidente Joe Biden espera reducir la demora a varios meses, está destinada a “garantizar que las solicitudes de asilo se procesen de manera justa, diligentemente y de acuerdo con el debido proceso”, afirmó el secretario de Justicia Merrick Garland.

“Ayudará a reducir la carga de nuestros tribunales de inmigración, protegerá los derechos de quienes huyen de la persecución y la violencia y permitirá que los jueces de inmigración emitan órdenes de expulsión cuando corresponda”, añadió.

Para el secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas, se trata de construir un sistema de asilo más funcional y sensato para garantizar que las personas elegibles reciban protección más rápidamente, mientras que las que no son elegibles sean expulsadas rápidamente.

En los casos en los que el temor de persecución o tortura es “creíble”, el solicitante pasará a una entrevista con un funcionario de asilo que recabará información y a continuación el USCIS decidirá si le otorga asilo. Si no se lo concede, el solicitante entra en un proceso de deportación ante un juez de inmigración.

Aunque la normativa simplifica las expulsiones, no se aplicará a los niños no acompañados.

Su puesta en marcha se hará de forma gradual, por fases, comenzando con un número limitado de personas que se irá ampliando a medida que la División de Asilo de USCIS se desarrolle y reciba más recursos, informa el comunicado.

Según el Centro de Información y Acceso de Registros Transnacionales (TRAC), los tribunales de inmigración, dependientes del Departamento de Justicia, acumulan atrasos, con montañas de casos pendientes en los despachos de los jueces.

Algunos defensores de los derechos de los inmigrantes se oponen al cambio de norma, cuyo objetivo es tramitar los casos en 90 días, por temor a que provoque más deportaciones.

Recordemos que el presidente Biden ha mantenido un polémico decreto conocido como Título 42, puesto en marcha en marzo de 2020 por su predecesor, Donald Trump, y que permite expulsar rápidamente hacia México u otros países a la mayoría de los migrantes sorprendidos cruzando la frontera para limitar la propagación del COVID-19.

México registró en 2021 más de 130,000 solicitudes de refugio, un 87% más que las recibidas en 2019, según los datos publicados este lunes por la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR).

El que casi se haya duplicado la cifra de hace dos años consolida a México como país de destino de la migración y no solo como país de origen y tránsito, pese a que las autoridades federales se empeñen en referirse a nuestro país de esta manera.

En tanto, los solicitantes de asilo se redujeron en 2020, hubo 41,000 peticiones, aunque según diversos especialistas esto no representó un cambio de tendencia, sino que más bien estuvo influenciado por la pandemia, pues con el inicio de la emergencia sanitaria, decreció el flujo general de migrantes debido al cierre de muchas fronteras. No fue sino hasta finales de ese año cuando los migrantes volvieron al camino.

La nacionalidad que ha registrado un mayor aumento en las solicitudes de refugio es la haitiana: los originarios de ese país pasaron de los 5,530 solicitantes en 2019 a los 51.827 en 2021.

Esta cifra desbanca por mucho a los hondureños, tradicionalmente los que más protección pedían en México y que solo aumentaron de los 30,082 de hace dos años a 36,361 actuales

La gran mayoría del total de las solicitudes, casi 90,000, se hicieron en Tapachula, Chiapas, ciudad cercana a la frontera con Guatemala donde miles de migrantes están varados desde hace meses y que se ha alertado en los últimos meses que estaba desbordada.

Ante esta situación, las autoridades federales optaron desde noviembre por trasladar a algunos migrantes a otros puntos del país, para continuar con sus tramites de peticiones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió al gobierno de Estados Unidos ser “humanitario” con Julian Assange, fundador de WikiLeaks, quien está preso en Reino Unido y es requerido por la justicia estadounidense acusado de espionaje.

El mandatario izquierdista reiteró en su conferencia matutina la oferta de asilo político en México a Assange y reveló que incluso envió una carta pidiendo el perdón para el activista a Donald Trump antes de que concluyera su presidencia en Estados Unidos.

Recordemos que hace un año, López Obrador ofreció albergar al programador y activista, quien libra una batalla legal para evitar ser extraditado a Estados Unidos.

Assange y WikiLeaks saltaron a la luz pública en 2010 tras publicar cientos de miles de documentos secretos estadounidenses sobre prácticas en las guerras de Irak y Afganistán.

El experto en informática, de nacionalidad australiana, se refugió en 2012 en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia para responder a una acusación de violación, misma que rechazó y que finalmente fue archivada.

En 2019, Ecuador le retiró el asilo y fue detenido en un espectacular operativo para ser recluido en una prisión de alta seguridad cerca de Londres.

López Obrador también aprovechó su conferencia para revelar que envió una carta al hoy exmandatario estadounidense Donald Trump, previo a que dejara el cargo, para solicitarle la exoneración de Julian Assange.

“Antes de que terminara la administración del presidente Donald Trump yo le envié un escrito pidiéndole que se le exonerara, se le perdonara (a Assange)”, dijo el mandatario.

AMLO recordó que al final de cualquier administración en Estados Unidos, los presidentes salientes tienen la facultad de exonerar a ciertos acusados “entonces yo envié esa carta (a Trump, 2017-2021) pero no tuve respuesta”, argumentó.

López Obrador aseguró que el derecho de asilo es parte de la política exterior de México. Recordó que esta tiene una reglamentación en el sentido de que quien recibe el beneficio de asilo debe actuar con respeto a las leyes del país y no puede intervenir en asuntos externos.

Ante ello, consideró que el periodista australiano cumple con los requisitos y “no representa ningún peligro Assange en México”.