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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concedió a Carmen Aristegui el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2023, la más alta distinción que otorga este organismo de defensa de la libertad de expresión.

“Aristegui brilla por su compromiso y valentía a lo largo de su trayectoria periodística y que, en el último año, pese a las adversidades, ha elevado los estándares a favor de la libertad de expresión en México”, señaló el organismo.

Junto a Aristegui, el Comité Ejecutivo y la Comisión de Premios de la SIP dio a conocer hoy los galardonados en cuatro nuevas categorías: Gran Amigo de la Prensa, Ejecutivo del Año, Transformación Digital y Sustentabilidad Transformadora.

La SIP reconoció a Pamela J. Browning, de The Post y Courier, con el premio a la Ejecutiva del Año y a Alberto Ibargüen, de la Fundación Knight, con el de Gran Amigo de la Prensa.

Los diarios El Tiempo de Bogotá y La Nación de Buenos Aires se han hecho acreedores de los galardones Transformación Digital y Sustentabilidad Transformadora, respectivamente.

Todos ellos, así como los recipientes a la Excelencia Periodística dados a conocer ayer, serán reconocidos el próximo 11 de noviembre durante la 79 Asamblea General de la SIP, que se celebrará en Ciudad de México del 9 y 12 de dicho mes.

“La sólida ruta periodística de Carmen Aristegui está anclada en la rectitud, el valor y la inquebrantable vocación de arrojar luz sobre las gestiones de la institucionalidad mexicana”, señaló el presidente de la SIP, Michael Greenspon, sobre la condecorada este año con el Gran Premio a la Libertad de Prensa.

El también director global de Licencias e Innovación de Impresión del diario The New York Times añadió que Aristegui desarrolla su oficio “pese a las múltiples fuerzas que intentan callar su voz en un país donde el ejercicio de la prensa libre es objeto de un constante y muy peligroso acoso”.

En los últimos años, Carmen Aristegui se ha convertido en blanco de los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Apenas en agosto pasado, en una de sus conferencias matutinas, López Obrador se refirió a la periodista.

“Lo menos era eso de los progres buena ondita, como Carmen Aristegui, por ejemplo. ¡Cómo engañó, tanto tiempo a muchísima gente, así con esa estrategia, ese truco, de progre buena ondita!”, lanzó el mandatario.

Un mes antes, AMLO cuestionó como Carmen Aristegui “decía (…) que era independiente y engañó a muchísima gente, que representaba a la sociedad civil?”, y la acusó de representan al conservadurismo, a la derecha.

“Y no hay ningún problema por eso, lo que está mal es la hipocresía, el decir una cosa y hacer otra, el no ser consecuente”, añadió.

CARLOS LORET DE MOLA

EL UNIVERSAL

 

Ya estuvo de esa patraña de que López Obrador es el Presidente más criticado de la historia, de que todos los medios de comunicación están en su contra, de que los dueños de los medios ordenan a sus periodistas atacar al gobierno. Todo lo contrario.

La línea editorial de la inmensa mayoría de los medios de comunicación ha sido proclive al presidente. Si bien dentro de esos medios ha habido voces que ejercen la crítica, como regla general se han minimizado los escándalos del gobierno, se ha guardado silencio ante sus evidentes errores, se han normalizado sus lances autoritarios y se ha optado por trivializar el periodismo de investigación.

En la inmensa mayoría de los medios de comunicación, desde que ganó las elecciones y hasta la fecha, se han repetido en todos los horarios declaraciones del presidente sin cuestionarlas, y en muchos casos sin tomar siquiera la mínima distancia periodística al presentarlas. Se difunden insultos, ataques y calumnias, afirmaciones sin fundamento, fantasías, mentiras redondas, datos inventados, chistoretes denigratorios, diatribas, expresiones discriminatorias, criminalización de víctimas y mucho más. Todos los días, todos los años, todo el sexenio.

No solo se normalizaron la mentira y la calumnia presidenciales. Se les legitimó al reproducirlas sin más. Ningún político gozó jamás en México de tal impunidad declarativa. Ningún otro actor público recibe el privilegio de que sus dichos pasen libremente el filtro de los criterios de cobertura periodística y se incluyan en espacios destacados aun cuando la mayor parte de las veces son infundios, muchos de ellos constituyen violaciones a las leyes o son abiertamente falsos. Ningún político jamás gozó de tal salvoconducto en tantas redacciones de tantos medios durante tanto tiempo.

Desde la campaña, los medios de comunicación incluyeron en mesas de debate y programas de análisis a morenistas. Pluralidad plena. Tras la victoria obradorista, muchos medios ofrecieron a esos representantes de partido volverse parte de sus alineaciones permanentes. El “equilibrio periodístico” consistió en poner a un morenista con credencial de militante a debatir en una mesa contra un analista que, si bien podía ser crítico del presidente, no tenía filiación partidista. En realidad, fue un desequilibrio: el morenista nunca cuestionaba nada del gobierno porque arriesgaba su futuro político, era capaz de justificar las corruptelas más evidentes con tal de granjearse algunas simpatías en el movimiento, mientras el analista podía lo mismo criticar al régimen que criticar a la oposición (los analistas considerados “adversarios” por AMLO coinciden en la condena del pasado corrupto y vapulearon a la oposición por estar pasmada). Se han transmitido íntegras o en extensos fragmentos sus conferencias mañaneras, en las que suele navegar sin oleaje, al grado que cuando cualquier periodista logra cuestionarlo se vuelve el video viral del día.

Y todavía se queja. Se dice víctima de “los poderosos” cuando detenta más poder que todos… y claro, sus declaraciones victimizándose se reproducen con naturalidad cotidiana.

SACIAMORBOS

Este tema da para más… en futuras entregas.

El juez octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos Pérez, concedió una suspensión definitiva a Xóchitl Gálvez, para impedir que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hable de ella, esto en medio de la carrera rumbo al 2024.

El juez otorgó  la suspensión definitiva en el amparo luego de que la semana pasada se concediera la suspensión provisional.

Así, el López Obrador no podrá lanzar ataques contra la senadora del PAN, quien aspira a ser la responsable de la construcción del Frente Amplio por México (FAM). La medida será por tiempo indefinido, mientras  se resuelve  el amparo.

Otras de las medidas que se concedieron y que ahora se confirman está el que se deje de difundir, por medios oficiales, la situación financiera, fiscal, empresarial, bancaria o de cualquier tipo de la aspirante presidencial.

La medida refiere al Presidente, a la oficina de la Presidencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

También se ordenó a las autoridades evitar transmitir, a través de las cuentas oficiales de Twitter, cualquier discurso en contra de la senadora, además de que se debe eliminar de sus cuentas oficiales del gobierno en Twitter, YouTube, Facebook, todas las declaraciones, comunicados, publicaciones y contenidos audiovisuales en los que haga referencia a Gálvez Ruiz.

Una serie de ataques rusos con drones causaron este miércoles daños en las infraestructuras portuarias de Ucrania en el Danubio, cruciales para el tránsito de granos tras el fin de un acuerdo de exportación con Rusia.

Kiev, la capital, también fue blanco de artefactos explosivos, pero todos fueron derribados, según las autoridades ucranianas.

Desde que Rusia puso fin en julio pasado al acuerdo que permitía a Kiev exportar pese a la guerra, dos pequeños puertos fluviales ucranianos fronterizos con Rumania, Reni e Izmaíl, en la región de Odesa, se han convertido en la principal ruta de salida para los productos agrícolas ucranianos.

Desde entonces, Moscú ha multiplicado los ataques contra las infraestructuras portuarias ucranianas.

Los drones del miércoles, de tipo Shahed y fabricación iraní, apuntaron al sur de la región de Odesa, dijo el ejército ucraniano en Telegram, sin especificar la ubicación, pero explicando que “el objetivo evidente del enemigo era la infraestructura portuaria e industrial de la región”.

Por su parte el fiscal general de Ucrania explicó en un comunicado que “las instalaciones portuarias y la infraestructura industrial en el Danubio” se vieron afectadas, dañando un elevador, varios silos de cereales, tanques de terminales de carga, depósitos y locales administrativos.

No se reportaron víctimas a pesar de los ataques que causaron un incendio, dijo el gobernador de la región, Oleg Kiper, en Telegram.

El ataque ruso con drones iraníes ha destruido 40,000 toneladas de grano destinado a África, China e Israel, según el Ministerio de Desarrollo Territorial de Ucrania.

“Los ataques contra los puertos ucranianos son una amenaza para el mundo”, afirmó el viceministro de dicho Ministerio, Oleksadr Kubrakov, a través de su cuenta en twitter.

Los bombardeos en esta zona comenzaron después del fin del acuerdo que, bajo los auspicios de la ONU y Turquía, había permitido la exportación de 33 millones de toneladas de cereales y oleaginosas ucranianos, a pesar de la invasión rusa.

En este sentido, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo a su homólogo ruso, Vladimir Putin en una llamada telefónica que “no se deben tomar medidas que aumenten las tensiones en la guerra entre Rusia y Ucrania”.

También enfatizó la importancia del acuerdo que considera un “puente para la paz”, según un resumen de la conversación de la oficina del líder turco.

En la misma llamada, Putin le pidió a Erdogan que ayude a Rusia a exportar cereales a los “países más necesitados” por la escasez de alimentos.

Rusia también dijo este miércoles que había empezado ejercicios navales en el mar Báltico, en los que participaron unos 30 buques de guerra. Durante los ejercicios, la armada practicará cómo proteger las rutas marítimas, transportar tropas y carga militar, y defender la costa, según el ministerio de Defensa ruso.

Antes de los puertos del Danubio, las fuerzas rusas habían atacado las infraestructuras portuarias ucranianas del Mar Negro varias veces en las últimas semanas, particularmente Odesa, desde donde se exportaba grano ucraniano.

El diputado de Morena, Manuel Robles, presentó este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial favorita de la oposición, por presunto enriquecimiento al amparo del poder público.

Al anunciar la denuncia, el diputado argumentó que observó discrepancias en los ingresos declarados por Gálvez, senadora del PAN, quien encabeza las encuestas para representar a la coalición opositora Va por México en las elecciones presidenciales de junio de 2024.

La denuncia, que también se presentó ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se da después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) revelara el viernes pasado los contratos que dos empresas de la senadora habrían firmado con instancias gubernamentales y pidiera que se le investigara y denunciara por ello.

El mandatario acusó a Gálvez de haber firmado contratos con el Gobierno y particulares por alrededor de 1,400 millones de pesos desde 2015.

“Gálvez pretende victimizarse con la información que ha salido a la luz pública, y precisamente sistematizamos las pruebas porque el caso de la senadora es emblemático de la corrupción política, estamos hablando que ella (ha) amasado su fortuna”, aseveró el diputado.

Según la acusación, la legisladora no enunció ser propietaria accionista de las empresas Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI) High Tec Services en sus declaraciones patrimoniales.

“Presentamos estas pruebas ante la Fiscalía porque nos parece importante, y hemos dado parte también a la Unidad de Inteligencia Financiera, porque están tratando de desviar la atención de algo que es fundamental”, comentó Robles.

El diputado expuso que Gálvez, mientras estuvo al frente de la alcaldía Miguel Hidalgo (2015-2018), demarcación de Ciudad de México, y como senadora, habría obtenido contratos por un monto de 77.42 millones de pesos.

“Estamos ante un probable conflicto de interés. Vamos a darle beneficio de la duda de que es una emprendedora exitosa, pero que se haga esta investigación”, subrayó.

La publicación de los documentos sobre las empresas de la aspirante opositora, que también incluyen los ingresos que obtuvieron de empresas privadas, sus gastos, nóminas y datos sobre sus responsables, ha sido el último capítulo de una serie de ataques dirigidos en su contra por López Obrador.

La dirigencia nacional del PAN acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de uso ilegal de información del Estado para atacar a Xóchitl Gálvez, después de que el mandatario exhibiera en su conferencia matutina, información relacionada a las empresas de la aspirante a la candidatura presidencial.

“Se trata de un delito difundir contratos de empresas y de clientes, tanto del sector público como privado”, expuso el dirigente nacional del partido, Marko Cortés, en un comunicado.

Después de amenazar con ello durante días, López Obrador publicó el viernes en su cuenta de Twitter una liga que llevaba a los contratos que dos de las empresas de Gálvez, Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI) y High Tec Services, habrían firmado con instancias del Gobierno y particulares, por valor de cerca de 1,400 millones de pesos.

Los documentos publicados por el mandatario incluían los gastos, nóminas y datos sobre sus responsables de las empresas.

Por ello, el PAN aseveró que el presidente exhibió “contratos falsos” y consideró que se trataba de una amenaza de la autoridad federal contra la senadora, quien se posiciona como favorita para ser la candidata presidencial de la coalición opositora ‘Va por México’ y se ha convertido en el blanco de todos los ataques de López Obrador.

“Acompañaremos a Gálvez Ruiz en todas las acciones legales que pretenda presentar contra el primer mandatario, ya que violó una serie de leyes, y esto no lo podemos dejar pasar”, insistió el dirigente nacional del PAN.

Hicieron un llamado al presidente a frenar los ataques contra Gálvez y lo hicieron responsable de cualquier daño a su integridad, la de su familia y sus clientes.

También instó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, a quien presuntamente acusa de estar detrás de la información sobre las empresas de Gálvez, a no realizar activismo político “con declaraciones paranoicas y de complots”.

El presidente, sin embargo, negó por la mañana haber empleado información federal para elaborar dichos documentos. “Si no se necesita utilizar todo el aparato del Estado, casi es de dominio público”, aseguró.

Además, dijo que él tenía que publicar dichos documentos porque los medios de información son realmente de “manipulación” y están “al servicio de la mafia del poder, del bloque conservador”.

Aunque el mandatario pidió que se investigase a Gálvez por los contratos de sus empresas con el Ejecutivo, que se remontan a 2015, y se interponga la denuncia correspondiente, aunque en ningún momento ha detallado cuáles son las presuntas irregularidades que presentan las cuentas.

La revelación de López Obrador también ha causado polémica porque contrasta con la opacidad que rodea a los contratos firmados por el gobierno para realizar las principales obras públicas del país, como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas.

Los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al Poder Judicial parecen no llegar a su fin. Toda la semana ha arremetido contra la Suprema Corte y sus ministros.

Hoy, López Obrador volvió a insistir en que a diferencia de él y el poder legislativo, que llegaron a sus encargos por el voto de los mexicanos, el Poder Judicial se heredó del antiguo régimen y está prácticamente intacto.

En ese sentido, dijo que el Poder Judicial es el mismo de siempre, por lo que llamó a “renovarlo”.

“Obedece (el Poder Judicial) a los intereses del antiguo régimen, es un poder para proteger privilegios de una minoría, no para defender al pueblo, y para defender a delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada; entonces, ¿cuándo van ellos a resolver de conformidad con la ley, con apego al Estado de derecho, si forman parte de un grupo de intereses creados, si existe una relación de componendas, de complicidades y los miembros del Poder Judicial forman parte de ese agrupamiento conservador, corrupto?”, cuestionó el mandatario.

En ese sentido, ventiló que le hicieron llegar a la Oficialía de Partes de Atención Ciudadana en Palacio Nacional información acerca de que Corte contrató a la que era directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva, cuando Genaro García Luna estuvo al frente, y quien es investigada por firmar contratos iregulares.

“Firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República”, añadió López Obrador.

Señaló directamente a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, de haber contratado a la excolaboradora de García Luna como nueva directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal.

“Entonces, cómo no vamos a blindar los trenes y los puertos. Tenemos que poner por delante el interés general, y ese es mi trabajo. Y ofrezco disculpas por las molestias que causa, pero tengo que defender el interés público. No puede estar el interés personal, por legítimo que sea, por encima del interés público.

Afirmó que con este tipo de acciones, la Corte está buscando bloquear, contrarrestar todo lo que su gobierno hace. “Y es ya de manera abierta, descarada, un poder al servicio del bloque conservador”.

Al presidente se le expuso el caso de dos funcionarios del Tribunal 17 acusados de participar en estafas, siendo el mismo tribunal al que pertenece la magistrada Amanda Roberta García González, que fue quien votó por descongelar las cuentas de Genaro García Luna cuando él estaba siendo declarado culplable en Estados Unidos.

Al respecto, López Obrador acusó que el Consejo de la Judicatura “no sirve para nada, es un florero, está de adorno”, pues debería ser el Consejo quienes tendrían que estar revisando dichas acusaciones. Cuestionó cómo se puede contratar en el Poder Judicial a quien está acusada de firma de contratos ilegales en la época de García Luna.

El reportero, de la revista Contralínea, le insistió en el hecho de que los ministros y más de mil funcionarios del Poder Judicial ganan “cientos de miles de pesos”, más que el propio titular del Ejecutivo.

 También le recordó los “privilegios” que se han expuesto en la mañanera, que gozan los ministros de la Corte. En ese sentido, le planteó si sería bueno que hubiera una rendición de cuentas del Poder Judicial, tanto del Consejo de la Judicatura como de la Suprema Corte, para conocer de qué manera ha evolucionado el patrimonio de sus integrantes.

“Sabemos que ya ganan mucho, pero, aun así, aun así, no se alcanza a explicar la riqueza de muchos integrantes del Poder Judicial, y no necesariamente o solamente los ministros, sino incluso también jueces que, como le decía, ganan más que usted.

Al respecto, López Obrador dijo que todos los mexicanos tienen el derecho a conocer el patrimonio de los servidores públicos. Incluso reclamó que “no tiene por qué ocultarse”, justo en momentos en que se le ha acusado de querer acabar con la transparencia al tener inoperante al INAI.

“Yo les propongo algo: cuando tengan información sobre los bienes de los ministros, magistrados y jueces, que están más allá de lo normal, que resulten extravagantes, vengan aquí”, dijo AMLO apoyando así indagar los ingresos y patrimonio de ministros, magistrados y jueces.

La International Bar Association (IBA), considerada la agrupación de abogados más importante del mundo, manifestó su inquietud por la interferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)  en la independencia judicial, como consecuencia de los ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La IBA recordó que el mes pasado, la Suprema Corte determinó que la reforma promovida por el presidente, de transferir el control dela Guardia Nacional  a la SEDENA, era inconstitucional.

En respuesta a la decisión judicial, AMLO  “atacó” a la Suprema Corte del país y afirmó que los ocho, de los 11 ministros que votaron por declarar inconstitucional la reforma, actuaron “de forma facciosa, siguiendo criterios no legales sino políticos, defendiendo las viejas prácticas del régimen autoritario y corrupto”.

La agrupación de abogados dijo que dichas acusaciones se encuadran en un contexto más amplio de críticas que el presidente ha hecho sobre la integridad del poder judicial, apuntando especialmente a la Suprema Corte.

Enlistó algunos de los ataques que el mandatario a hecho a la Corte. Dijo que el 23 de marzo de 2023, el presidente López Obrador acusó al poder judicial de estar “completamente distorsionado” y “afectado por la corrupción”, con una tendencia a proteger a la élite y no al pueblo. Lamentó que el presidente López Obrador comparara a los jueces con “gánsteres”, basándose en la suposición de que cuanta más experiencia tengan los jueces en el sistema, más probable es que sean corruptos.

También recordó que el 24 de marzo, en comentarios sobre la decisión de la Suprema Corte en relación al Plan B, el presidente afirmó que la Suprema Corte es parte de la “mafia del poder” y que su “sólo Dios es el dinero”.

La IBA señaló que las reformas propuestas detenidas por la Suprema Corte “parecen avanzar en dirección de desmantelar algunos de los controles que son clave para garantizar que el ejecutivo no actúe fuera de sus límites constitucionales”.

También alertó que la mayor autoridad que el presidente López Obrador pretende otorgar al Ejército es “igualmente problemática”. Detalló que presenta el riesgo de crear distorsiones en los límites entre la esfera civil y militar al evitar los controles estándar sobre las nuevas actividades a desarrollar por el Ejército.

“Estas reformas, de ser aprobadas, sumadas a  otras maniobras para centralizar el poder y militarizar el país, determinarían una caída de la democracia en México”, alertó.

Afirmó que las declaraciones del presidente debilitan la confianza pública en el poder judicial, son un agravio al estado de derecho, y afectan la democracia de México. Añadió que constituyen una violación de los principios y normas del derecho internacional.

“Las acusaciones del presidente de México no solo afectan directamente el respeto por el poder judicial, sino que también intimidan a los jueces y les impiden que desempeñen sus funciones de forma independiente. Crean un clima de miedo que tiene un efecto paralizador sobre la capacidad de los jueces de limitar los abusos de poder del ejecutivo. Si existieran acusaciones fundadas de conducta inapropiada y corrupción, deben seguirse las rutas legales institucionales de responsabilidad, en lugar de formular acusaciones directas no fundamentadas en la esfera pública”.

Sostuvo que un poder judicial independiente es la base de cualquier democracia moderna y de un sistema saludable de estado de derecho. Incluso dijo que contar con un poder judicial sólido, independiente y respetado conviene a los intereses del presidente López Obrador, ya que legitima su acción política.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó este jueves que México esté siendo utilizado en Estados Unidos como una suerte de “piñata”, primero con la cuestión migratoria y ahora con el problema del fentanilo.

México ha sido “agarrado de piñata para sacar raja politiquera” y “ahora van a agregar a la agenda lo del fentanilo”, denunció López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

En lo que respecta al problema del fentanilo, López Obrador señaló que es “injusto” que desde Estados Unidos quieran que toda la responsabilidad recaiga en México, y reiteró que en nuestro país “no se produce la materia prima” de esa droga.

Además, destacó que en lo que va de su administración, son ya siete las toneladas de esa sustancia que se han decomisadas.

“Esa crisis, esa pandemia que no han podido enfrentar, pues quieren utilizarla de manera tramposa para culpar a México y debemos, todos los mexicanos y los estadounidenses, estar informados porque también
hay mucha manipulación”, dijo el mandatario.

López Obrador denunció que se ha extendido la “lamentable” idea entre los ciudadanos estadounidenses de que son los migrantes latinos los responsables de la entrada del fentanilo en Estados Unidos.

En ese sentido, AMLO cuestionó el papel de algunas agencias de Washington, como la DEA, por su “mucha deshonestidad y corrupción”.

Asimismo, criticó a algunas organizaciones en nuestro país, que están dispuestas a seguir con el ideario que les marcan las esferas conservadoras estadounidenses previa financiación, “en plan de traidorzuelos y de intervencionismo”.

López Obrador también reprochó a los medios que, en lugar de informar, manipulan. “Una mentira que se repite muchas veces, puede convertirse en verdad”, recordó a propósito de un reportaje de medios británicos que esta semana se difundió, sobre la supuesta producción de fentanilo en México, en el que dijo, “casi todo es mentira” o “son medias verdades”.

El reportaje, que en México lo replicó Grupo Fórmula, fue analizado  por el secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, que ha criticado su contenido por estar “totalmente fuera de contexto”.

Como si fuera un consuelo, el funcionario aseguró que las personas que aparecen en el reportaje no fabrican fentanilo, sino metanfetamina.

Cerca de 7 de cada 10 mexicanos, es decir, el 68%, está a favor de las conferencias matutinas del Presidente, mejor conocidas como las “mañaneras”, aunque solo una tercera parte las ve, según una encuesta de la firma Poligrama.

En contraste, casi 1 de cada 3 mexicanos, el 32%, se pronunció “en contra” de las ruedas de prensa de López Obrador, que llegan a extenderse por casi 3 horas, según la casa encuestadora.

La encuesta de Poligrama, que se levantó el pasado 10 de abril, llegó en medio de una controversia generada por analistas como la politóloga Denise Dresser que exigen al mandatario poner fin a las “mañaneras” porque polarizan al país, contribuyen a la desinformación y permiten a López Obrador estigmatizar a opositores.

El 65% de los encuestados consideró que las conferencias “ayudan a que la gente esté más informadas” por encima de un 35% que opinó que “distribuyen mentiras”.

Pese al apoyo que recibe el ejercicio, solo el 32% de los encuestados reconoció que las ve en vivo.

Entre quienes las siguen, el 42% dijo hacerlo “todos los días”, seguido de un 36% que las sintoniza de “2 a 3 veces por semana”. El 10% dijo verlas “de vez en cuando”, el 7% “una vez a la semana” y un 5% admitió que “casi nunca”.

Independientemente de si ven o no las conferencias, el 59% dijo que durante el día consulta o recibe información sobre las declaraciones que da el presidente en Palacio Nacional.

Recordemos que el presidente López Obrador inició con las “mañaneras” el 3 diciembre de 2018, 2 días después de asumir la presidencia, como una promesa de ofrecer transparencia y apertura a los medios, en contraste con su antecesor, Enrique Peña Nieto, quien solo ofreció un par de ruedas de prensa de 2012 a 2018.

Pero asociaciones nacionales e internacionales en favor de la libertad de expresión, han acusado al titular del Ejecutivo de usar las conferencias para atacar a periodistas y críticos, mientras que la oposición afirma que difunde desinformación y propaganda.

“Con las mañaneras del presidente López Obrador los medios de comunicación perdieron el monopolio de la agenda informativa. Están molestos que informe, responda ataques, rinda cuentas y revele los intereses detrás de los medios”, dijo Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia.

Pese a la defensa del gobierno federal, las voces que demandan un cambio a este ejercicio de comunicación, siguen creciendo. ¿Deben desaparecer las mañaneras? Ana Paula Ordorica conversa con Vianey Esquinca, analista política, sobre las conferencias matutinas del presidente.

La organización internacional Artículo 19 dijo este martes que 2022 fue el año con más agresiones contra comunicadores en México, desde que tiene registro,.

Señaló a las fuerzas de seguridad y a otros organismos del Estado como los principales perpetradores de esos abusos, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha rechazado estas acusaciones.

En su informe anual “Voces contra la indiferencia”, Artículo 19 documentó que durante el año pasado hubo 696 atentados, que incluyen intimidación y hostigamiento, amenazas, uso ilegítimo del poder público, alteración de contenidos, ataques físicos y a bienes, privación de la libertad y asesinatos.

“En México se mata a periodistas, pero también se les amedrenta y se les calla de manera sistemática y recurrente mediante hostigamientos, estigmatizaciones, amenazas y uso ilegítimo del poder público”, detalla el reporte.

En un comparativo, el organismo explicó que las agresiones aumentaron 4.3 veces respecto al cuarto año de la gestión del expresidente Felipe Calderón y 1.6 veces respecto al mismo periodo de Enrique Peña Nieto.

Más del 40% de los abusos reportados fueron perpetrados por el “Estado” y el 50.57% de las víctimas en esos episodios cubrían casos de corrupción y política.

El documento también destacó que durante la conferencia de prensa que realiza diariamente el presidente a diario, la mañanera, hubo 176 “comentarios estigmatizantes” contra medios de comunicación, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

“2022 fue el año con más agresiones contra la prensa desde que tengamos un registro (2008), 33 de las cuales fueron del presidente con declaraciones estigmatizantes durante su conferencia matutina”, dijo Leopoldo Maldonado, jefe de la oficina para México y Centroamérica de la organización.

Luego de la crítica que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en contra del Poder Judicial y, en especial, contra la ministra Norme Piña, en redes sociales comenzaron a circular amenazas contra la Presidenta de la Corte.

Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación reprobó “enérgicamente” la publicación que circuló en redes sociales, la cual incitó a la violencia en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández.

Al respecto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación reprobó “enérgicamente” dichas amenazas, que dijo, incitan a la violencia, atentan contra la integridad personal y divide gravemente a la sociedad.

Afirmaron que los ataques que comenzaron a circular, son consecuencia de un discurso de odio hacia funciones que constitucionalmente le competen al Poder Judicial de la Federación, esto en referencia a los señalamientos que se han hecho desde la tribuna de Palacio Nacional.

Los magistrados y jueces exigieron una investigación para dar con los responsables de las publicaciones en redes sociales.

“Expresamos nuestro respaldo absoluto a la señora ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal”, remataron los firmantes.

Y es que recordemos que el pasado miércoles, en su conferencia matutina, el presidente se volvió a lanzar contra el Poder Judicial, que dijo, no se ha podido reformar. “Viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción”, sostuvo.

Además, afirmó que ahora que llegó la ministra Norma Piña a la presidencia de la Corte, debido a su formalismo extremo, declaró que los jueces son autónomos, lo que les abrió la puerta a que hagan lo que quieran.

“Apenas llegó la nueva presidenta (Norma Piña) y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”, acusó López Obrador.

Sobre las declaraciones del mandatario también se expresó la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, quien le pidió a López Obrador y a los integrantes del Congreso conducirse con respeto en sus expresiones públicas respecto al Poder Judicial de la Federación y sus integrantes”.

“Denostar, ofender, calumniar o hacer aseveraciones sin argumentos ni pruebas, respecto el trabajo de personas impartidoras de justicia solamente debilita a nuestra democracia y a nuestro sistema jurídico”.

Alertó que quienes hacen descalificaciones a jueces, magistrados y ministros, quebrantan el principio de independencia judicial.

“Nadie tiene derecho a violentar o agredir a las y los jueces mexicanos. Dividir a la sociedad mexicana basado en prejuicios no es propio de demócratas, ni de los líderes que requiere nuestro país”, concluyó la Barra.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Javier Martín, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre los ataques del presidente al Poder Judicial, a la ministra Norma Piña y sobre la polémica en torno a Yasmín Esquivel.

Tras ser declarado culpable Genaro García Luna en una Corte de Nueva York, el expresidente Felipe Calderón se pronunció sobre el veredicto que recibiera  quien fuera su secretario de seguridad.

El exmandatario indicó, en una carta publicada en sus redes sociales, que siempre ha sido un hombre de leyes, por lo que respeta las resoluciones de los tribunales que actúan conforme a derecho, asegurando que en este caso no será la excepción

“Esa resolución no demerita la lucha valiente de miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces y servidores públicos de bien que defendieron a las familias mexicanas de la delincuencia”, precisó Calderón Hinojosa.

Lamentó que desde un entorno de polarización y hostigamiento, el veredicto contra el que fuera su excolaborador esté siendo usada políticamente para atacarlo, en referencia a los señalamientos que se han hecho desde Palacio Nacional y en las filas de la 4T.

Aseguró que como Presidente de México luchó con toda su determinación en contra de la delincuencia, siempre apegado y guiado por la ley; sostuvo que no dio tregua ni hizo distinciones entre grupos criminales.

Fue enfático al señalar que “jamás negocié ni pacte con criminales. Jamás use la investidura presidencial para abogar por sus intereses”.

Reafirmó que volvería a actuar de la misma forma, en referencia a su estrategia de seguridad, pues dijo, defendió a las familias mexicanas con toda la fuerza del Estado.

Calderón insistió en que ha sido el presidente que más ha actuado en contra de la delincuencia organizada.

Como muestra dijo, los delincuentes confesos que fueron llamados por la fiscalía de Estados Unidos como testigos en el juicio de García Luna, “fueron también en su gran mayoría perseguidos, detenidos y extraditados por mi gobierno”.

Sin mencionar a García Luna, afirmó que “la lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una persona”; indicó que fue un esfuerzo de miles de mujeres y hombres que arriesgaron su vida al defender a las familias mexicanas.

“La ruta que trazamos fue la correcta: luchar con valor contra los criminales, apostar por la construcción de instituciones civiles de seguridad y proteger a las víctimas”, añadió.

También resaltó que con la información disponible, tomó las medidas que consideró correctas, añadiendo que su gobierno contó con el apoyo y reconocimiento de instancias del gobierno de Estados Unidos en el marco de las iniciativas de cooperación en materia de seguridad.

“Llamo a los mexicanos a no distraerse de lo fundamental: hoy mismo, las familias sufren todos los días la extorsión, el robo, la violencia y la impunidad de los criminales. Por eso el Estado debe usar su poder para luchar contra la delincuencia y no para hacer uso faccioso de la justicia e intimidad a críticos y opositores”, remató.

El presidente López Obrador reaccionó al comunicado emitido por Calderón, y dijo que en su posicionamiento el expresidente se fue por la “tangente” al no responder los interrogantes sobre el caso.

“¿Cuál es la explicación que les va a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna y si sabías o no sabías?”, reclamó AMLO.

El presidente también recriminó a Calderón por hacer “apología a la violencia del Estado”, al defender la que considera, su fallida estrategia de seguridad. Indicó que sus palabras “no sirven para nada” y “no tienen nada que ver” con el tema que se trata.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deberá informar el número de ataques a medios de información registrados en su base de datos, entre el 1 de enero y el 6 de octubre de 2022, según el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).

El órgano autónomo resolvió que la CNDH debe revelar el cargo de las personas que integran la Dirección General del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, en específico, el número de cada persona visitadora adjunta.

El comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña, expuso ante el pleno que los ataques a medios de comunicación tienen la “intención de cegar y de ponerle una mordaza al medio de comunicación social que está cumpliendo con su deber”.

“El ataque a medios informativos es una de las manifestaciones intimidatorias más graves, que no solo ha sido tristemente en muchísimos de los casos, una amenaza cumplida, una advertencia cobarde, pusilánime”, consideró.

Esta resolución ocurre después de que la CNDH se declarara “incompetente” y negara la información a un ciudadano al que sugirió dirigir su petición a la Fiscalía General de la República (FGR).

En el análisis del caso, el comisionado Acuña advirtió que la CNDH sí es competente para conocer el número de ataques a la prensa, como se puede constatar en su portal institucional en el que, de 2005 a 2017, tiene registrados 52 atentados a instalaciones de medios de información.

“La CNDH, que es el ombudsman a nivel nacional, no puede dejar de atender una contabilidad lastimosa y triste de cuántos ataques se están llevando a cabo porque un ataque aislado, así sea en el punto más desconocido o menos frecuentado de la geografía, es una amenaza a todo el país”, advirtió el comisionado.

También dio la razón al ciudadano en cuanto a que la información de los directivos del programa de protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos está incompleta.

“Es importante aprovechar la oportunidad para manifestar solidaridad con todos los periodistas que han sido victimados, con sus familiares, con sus deudos, con sus cercanos y con todos los integrantes de la familia periodística de México”, manifestó Acuña.

La orden del INAI llega en momentos en que México se consolida como el “país en paz” más peligroso para la prensa, al concentrar 20% de los asesinatos de periodistas del mundo en 2022, con 13, según Reporteros Sin Fronteras.

Sin embargo, otras asociaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), contabilizan cerca de 20 asesinatos.

Autoridades detuvieron la noche de ayer, en el estado de Michoacán,, al presunto sicario y autor material del ataque al periodista Ciro Gómez Leyva, perpetrado el pasado 15 de diciembre en la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó en redes sociales que la detención se realizó en el estado de Michoacán.

El ahora detenido fue identificado como Héctor Eduardo “N”., de 32 años, quien fue capturado en el municipio de Tangancícuaro, en medio de un operativo en el que participó el Ejército, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, las Fiscalías de la Ciudad de México y de Michoacán.

El presunto sicario fue arrestado con base a una orden de aprehensión, por lo que la misma noche de ayer fue trasladado mediante un fuerte dispositivo a la capital.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que su administración ha dado facilidades a las autoridades de la Ciudad de México para continuar las investigaciones por el ataque contra Gómez Leyva. El fiscal de la entidad confirmó la arresto.

En tanto, Claudia Sheinbaum afirmó que el detenido es la persona que viajaba como copiloto en la motocicleta que siguió al periodista y desde la cual dispararon contra él e impactaron el vehículo en el que viajaba la noche del 15 de diciembre antes de llegar a su casa en el sur de la Ciudad.

“Detuvieron en Michoacán al presunto responsable de disparar en contra de Ciro Gómez Leyva. Se trata de la persona que iba de copiloto en la moto el día del atentado. Nuestro compromiso es acabar con la impunidad”, añadió Sheinbaum en un mensaje en Twitter.

Esta detención se produce luego de que en la madrugada del pasado 11 de enero, autoridades capitalinas detuvieron a 11 personas en 12 cateos llevamos a cabo de manera simultanea en diversos inmuebles de la Ciudad de México.

Ayer, el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la captura de otros cuatro implicados en el caso. En total suman 16 detenidos relacionados con el ataque al periodista.

El atentado ha causado polémica en México por tratarse de uno de los comunicadores más reconocidos del país y por la cobertura crítica que hace al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los principales gobiernos mundiales, entre ellos China, Rusia, Estados Unidos, la India y México, así como instituciones internacionales, han cerrado filas en torno al presidente brasileño, Lula da Silva, contra los radicales seguidores de Jair Bolsonaro que ayer tomaron las principales sedes de poder.

Ayer domingo, partidarios del expresidente ultraconservador, Jair Bolsonaro, invadieron las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Tribunal Supremo en Brasilia y llamaron a la intervención militar para sacar del poder a Lula da Silva, lo que sería un golpe de Estado.

Otros radicales han acamparon en los últimos dos meses en las puertas de los cuarteles militares de varias ciudades para exigir una “intervención” militar que impidiese la toma de posesión de Lula, que tuvo lugar el pasado 1 de enero.

Ante esta situación, diversos líderes mundiales reaccionaron y se posicionaron.

El Kremlin condenó este lunes de una forma rotunda las acciones de “los instigadores de los desórdenes en Brasil” y reiteró su apoyo al presidente Da Silva. “Moscú condena rotundamente las acciones de los instigadores de los desórdenes en Brasil”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Agregó que Rusia apoya “las acciones para restaurar el orden y la legalidad” en el país latinoamericano.

Por su parte, China expresó hoy que apoya “las medidas tomadas” por el gobierno brasileño para “restaurar el orden y la estabilidad” tras el asalto a las sedes institucionales de miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.

“China apoya las medidas tomadas por el gobierno brasileño para restaurar el orden y la estabilidad. Creemos que bajo el liderazgo del presidente Lula Brasil mantendrá la estabilidad nacional y la armonía social”, dijo este lunes el portavoz de Exteriores Wang Wenbin en rueda de prensa.

En tanto, el primer ministro de la India, Narendra Modi, condenó también el asalto violento de los bolsonaristas y mostró su apoyo a Lula y su gobierno.

“Profundamente preocupado por las noticias de disturbios y vandalismo contra las instituciones estatales en Brasilia. Las tradiciones democráticas deben ser respetadas por todos”, expresó el mandatario indio.

Los máximos responsables de las instituciones europeas condenaron este lunes con firmeza el asalto al Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de Brasil, que consideraron un “ataque a la democracia”, y reiteraron su apoyo al presidente brasileño.

El asalto a las más altas instituciones federales de Brasil “es una gran preocupación para todos nosotros, defensores de la democracia”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de su cuenta oficial en Twitter.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, condenó también “con firmeza” el “asalto a las instituciones democráticas en Brasil” y expresó su “pleno apoyo” a Lula da Silva, “elegido democráticamente por millones de brasileños a través de unas elecciones justas y libres”, dijo en un tuit.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se expresó en los mismos términos.

La primera ministra italiana y líder de la ultraderechista Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, calificó este lunes de “inaceptable e incompatible con cualquier forma de disidencia democrática” la invasión de las principales sedes institucionales en Brasilia.

“Lo que está pasando en Brasil no puede dejarnos indiferentes. Las imágenes de la irrupción en los cargos institucionales son inaceptables e incompatibles con cualquier forma de disidencia democrática”, dijo la mandataria ultraderechista.

Y el gran partido de la extrema derecha francesa, Agrupación Nacional(RN), condenó el asalto a las instituciones en Brasilia, que ilustra “el resultado de una democracia malsana” con bloques polarizados que se consideran enemigos.

“Ahí tenemos el resultado de una democracia malsana en la que hay dos campos que no se consideran adversarios políticos, sino enemigos”, señaló el presidente de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella.

Estas autoridades se unen a otros países que desde ayer se manifestaron al respecto, tales como Estados Unidos, cuyo presidente, Joe Biden, afirmó que la voluntad del pueblo de Brasil no debe ser socavada y dijo que desea “seguir trabajando” con Lula.

“Condeno el asalto a la democracia y la transferencia de poder pacífica en Brasil”, indicó en su cuenta de Twitter el mandatario.

Además de Biden, diferentes gobiernos latinoamericanos y organismos multilaterales, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para Los Pueblos de Nuestra América (Alba) se pronunciaron al respecto.

“La Presidencia Pro Tempore de la Celac manifiesta su respaldo al Gobierno de @LulaOficial, elegido por el pueblo de Brasil, y rechaza las acciones violentas contra las instituciones democráticas brasileñas”, señaló en su cuenta de Twitter la Celac, que agrupa a 33 países de América Latina y el Caribe.

Mientras que desde la Alba, su secretario general, Félix Plasencia, manifestó su apoyo al presidente brasileño y rechazó el intento de los golpistas, a los que calificó de “neofacistas”.

El presidente de Argetina, Alberto Fernández, expreso a través de Twiter su “repudio” a los ataques de los bolsonaristas radicales y manifestó su “incondicional apoyo y el del pueblo argentino” a Lula ante el “intento de golpe de Estado”.

En esa misma línea, el presidente de Chile, Gabriel Boric, salió a respaldar a Lula, y calificó el intento de golpe de los ultraconservadores como un “cobarde y vil ataque a la democracia”.

“Impresentable ataque a los tres poderes del Estado Brasilero por parte de bolsonaristas”, añadió a través de redes sociales.

A su vez, la Cancillería española brindó su “apoyo incondicional” a Lula, “elegido democráticamente por el pueblo brasileño”.

Por su parte, el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, condenó el “intolerable” e “inaceptable” asalto a las instituciones democráticas en Brasilia.

Por su parte, su homólogo colombiano, Gustavo Petro, cercano ideológicamente a Lula, pidió una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para atender el intento de “golpe” en Brasil.

“Toda mi solidaridad a Lula y al pueblo del Brasil. El fascismo decide dar un golpe. Las derechas no han podido mantener el pacto de la no violencia. Es hora urgente de una reunión de la OEA, si quiere seguir viva como institución y aplicar la Carta Democrática”, dijo Petro en un mensaje publicado en Twitter.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, no solo condenó los ataques, sino que señaló como presunta responsable del intento de golpe a “la cúpula del poder oligárquico” de Brasil.

Manifestó que Lula “no está solo”, porque cuenta con “el apoyo de las fuerzas progresistas de su país, de México, del continente americano y del mundo”.

En su conferencia de hoy, AMLO reiteró su respaldo a su homólogo brasileño y a la democracia del país. “(Nos pronunciamos) en rechazo a la actitud irresponsable, antidemocrática en Brasil y a favor del presidente Lula, esa es nuestra postura”, dijo al ser cuestionado sobre el tema.

Destacó las coincidencias en las posturas del mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quienes esta semana se reúnen en nuestro país para la X Cumbre de Líderes de América del Norte.

“Coincidimos en esto, vamos a continuar apoyando al presidente Lula, que fue electo democráticamente, lo apoyan las fuerzas progresistas de Brasil, de México, del continente americano”, añadió.

López Obrador dijo es “muy satisfactorio” que la solidaridad hacia el presidente Lula no sea nada más de países de América Latina y el Caribe, sino que también el apoyo a la democracia en Brasil, al presidente Lula, también incluya a Canadá, a Estados Unidos y a países de todo el mundo.

“Es un consenso de los países del continente americano, eso es muy bueno, porque independientemente de las posturas políticas partidistas, se tiene que defender la democracia, se tiene que respetar la voluntad del pueblo, remató López Obrador.

Otro de los mandatarios progresistas de Latinoamérica, el boliviano Luis Arce, condenó el “asalto” de “grupos antidemocráticos” a las sedes de los tres poderes del Estado brasileños. Dina Boluarte en Perú, condenó “enérgicamente” el asalto a las sedes de los poderes en Brasil, así como de “cualquier intento de desconocer” la legitimidad de las elecciones presidenciales de octubre pasado en las que Lula venció a Bolsonaro.

El Gobierno de Nicolás Maduro indicó que desde Venezuela ven con “estupor y preocupación” los actos violentos emprendidos por “grupos fascistas y de extrema derecha”, que, a su parecer, fueron “aupados por sus líderes dentro y fuera del país”

Otros mandatario que se manifestaron fueron los de Honduras, Panamá, Ecuador y Uruguay.