La Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebrará el próximo 30 de abril y 1 de mayo audiencias públicas para escuchar los argumentos de México y Ecuador sobre las medidas cautelares solicitadas contra Quito tras asaltar la Embajada mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas el 5 de abril.
El máximo tribunal de Naciones Unidas, situado en La Haya, dedicará dos días de audiencias a escuchar los argumentos sobre las medidas cautelares solicitadas por México contra Ecuador, a la espera del inicio del juicio y de la sentencia final del procedimiento que enfrenta a ambos países.
El 30 de abril escuchará los argumentos orales de México, y al día siguiente será el turno de Ecuador. Después, el tribunal se retirará a deliberar sobre la necesidad de esas medidas cautelares, que anunciará en cuestión de semanas, pero sin entrar aún en el contenido mismo del procedimiento, algo para lo que todavía no hay fecha de inicio.
México inició el caso argumentando la existencia de una disputa centrada en “cuestiones legales sobre la resolución de disputas internacionales por medios pacíficos y relaciones diplomáticas, y la inviolabilidad de una misión diplomática”.
Antes de entrar a deliberar en el caso, México consideró necesario emitir medidas cautelares contra Ecuador y solicitó a la CIJ exigir a Quito “tomar medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad y archivos, previniendo cualquier forma de intrusión contra ellas”.
Además, pide que la Corte debería instar al Gobierno ecuatoriano a permitir que México “despeje las instalaciones diplomáticas y la residencia privada de los agentes diplomáticos”, y que “no se tome ninguna acción que pueda perjudicar los derechos de México con respecto a cualquier decisión” que la CIJ pueda emitir sobre el fondo de la disputa.
En medio de este conflicto, recordemos que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró el pasado lunes que no se arrepiente de haber ordenado ese asalto de la embajada mexicana.
Ante la condena casi unánime de la comunidad internacional por romper la inviolabilidad de una sede diplomática, Noboa admitió que “fue una decisión muy difícil de tomar”, pero que lo hizo porque su Gobierno considera que fue México el primero en violar las convenciones internacionales.
Justificó que la Convención sobre Asilo de Caracas señala que no se le puede dar asilo a una persona procesada en tribunales ordinarios por delitos comunes.
Y es que sobre el exvicepresidente Glas pesaba una orden de detención por malversación de fondos públicos e ingreso en prisión preventiva por caso de obras de reconstrucción tras el fuerte terremoto ocurrido en 2016.
