La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó sobre irregularidades en proyectos y programas sociales del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, la 4T, las cuales fueron entregadas el sábado pasado a la Cámara de Diputados.
“El fin último del ejercicio fiscalizador radica en la manera en la que las observaciones emitidas contribuyen a un proceso de perfeccionamiento de la actuación de las dependencias gubernamentales en los tres Poderes de la Unión y en los ámbitos federal, estatal y municipal, en términos de eficiencia, eficacia, economía y transparencia; valores centrales en la rendición de cuentas y, en último término, de la gobernanza democrática de la nación”, dijo David Colmenares, Auditor Superior de la Federación.
El nuevo paquete de informes entregados incluyó 871 documentos correspondientes a las auditorías realizadas que, sumados a los 487 informes individuales proporcionados en octubre de 2020, sumaron en total 1,358. En estos informes se reveló, entre otras cosas, que la cancelación del Aeropuerto en Texcoco costó un 232% más de lo estimado inicialmente por el Gobierno mexicano.
En su revisión, la ASF detectó que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fueron utilizados de forma irregular 67,498 millones de pesos. De éstos, 28,934 millones de pesos corresponden al gasto federalizado, es decir, los recursos que el gobierno federal transfiere a las entidades federativas y municipios por medio de participaciones, aportaciones federales, subsidios y convenios.
Las instituciones federales que más irregularidades presentaron fueron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Bienestar.
Una de las anomalías corresponde al programa estrella del gobierno federal: Jóvenes Construyendo el Futuro, que está a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde se detectaron fallas en la verificación de datos para inscribir a usuarios y duplicidades de registros.
En total, el organismo encontró irregularidades por 57 millones de pesos durante el 2019, de los cuales 51.2 millones se les pagó a jóvenes que estaban estudiando, además 482,400 pesos se otorgaron en becas a 68 personas que ya habían fallecido y 5.3 millones se dieron a empresas de las que no se encontró su existencia.
La ASF pidió que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aclare 156.1 millones de pesos por el proyecto del Tren Maya, uno de los proyectos prioritario de López Obrador. Según el organismo, el Fonatur suscribió dos acuerdos con ONU-Hábitat y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para asistir en el diseño del proyecto del Tren Maya pero no justificó su participación ni comprobó la evidencia del trabajo.
Advirtió que no se han entregado los recursos conforme a lo prometido inicialmente para el proyecto que tiene una inversión de 6.294 millones de dólares.
La Auditoría refirió que las obras de la Refinería de Dos Bocas se iniciaron cuando aún no se contaba con suficiente información técnica del proyecto por lo que no se tomó en cuenta el riesgo de inundación y erosión del terreno sobre el que se construye.
Además detectó pagos fuera de norma por 75.5 millones de pesos en su construcción lo cual se consideró un daño al erario debido a que se realizaron pagos no aprobados o la falta de correspondencia entre el volumen de material y servicios con el monto erogado durante el avance de la obra en 2019.
Otro de los datos que se mencionan en el informe, es que el gobierno de López Obrador puso en marcha la Guardia Nacional con recursos manejados sin reglas claras y en procesos pocos transparentes. Señaló que pese a que se dio un despliegue masivo, no se atendió ninguna lógica criminal ni de incidencia delictiva desde su creación.
Además, indicó que aunque se logró reclutar y desplegar en 2019 a 90,000 elementos, existieron elementos que no cumplieron en totalidad con los requisitos de ingreso ni con la Formación Inicial Policial.
La Auditoría Superior de la Federación acusó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de impedirle realizar su trabajo al ocultar información sobre el estado patrimonial de un líder sindical y mostrar resistencias al proceso de fiscalización; además, señaló que existe discrecionalidad en las investigaciones que realiza.
En cuanto a la compra de medicamentos la ASF detectó anomalías por unos 187.7 millones de pesos en 2019, pese a que López Obrador prometió acabar con la corrupción en dicho sector. Las anomalías se detectaron en instituciones como la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), principalmente.
El dato que más se ha viralizado en redes sociales, y sobre el cual los medios de comunicación han hecho un especial énfasis, es que la ASF ha estimado en 331 mil 996 millones de pesos el costo total de la cancelación del Aeropuerto Internacional en Texcoco, que inició la pasada administración. Este dato está lejos de los 100 millones de pesos que estimaba el gobierno federal cuando informó sus razones de la necesidad de cancelar el proyecto, para dar paso a la construcción en la base aérea militar de Santa Lucía.
“Se identificó que el costo total de la cancelación del NAICM estimado por la ASF de 331,996 millones de pesos, es superior al costo de 100 mil millones de pesos calculado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el documento ‘Razones para la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco’ publicado el 26 de abril de 2019”, explica el documento de la ASF entregado a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Además, la ASF advierte de que el costo total de la cancelación del proyecto de Texcoco podría incrementarse por factores como la liquidación de los contratos pendientes y los juicios y demandas interpuestos.
El 49.3% de este costo se debe a gastos no recuperables de la inversión y de la terminación anticipada de los contratos y convenios de obra, adquisiciones y servicios. También incluyen los costos derivados del esquema de financiación para la construcción del proyecto y los costos legales derivados de la cancelación del proyecto.
El 50.7% restante corresponde a costos adicionales que se derivan de obligaciones pendientes para la cancelación, como la liquidación de la totalidad de los bonos emitidos, contratos pendientes de liquidar, así como juicios y demandas en proceso.
Colmenares Páramo indicó que asumir una visión estrictamente sancionatoria de la auditoría gubernamental, pese a tener un impacto positivo en cuanto a determinar la existencia de errores, omisiones o inclusive irregularidades, limitaría su potencialidad para constituirse en un aliado estratégico en el mejoramiento de la administración pública, un rol que la fiscalización superior cumple a través de proporcionar a los entes auditados información objetiva y confiable, derivada de un análisis riguroso e imparcial, respecto al cumplimiento de la normativa aplicable, a la calidad de su desempeño y a la debida utilización de los recursos que les han sido asignados para el cumplimiento de sus funciones.
