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El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, indicó que «es un hecho» el proceso para el retiro de los Policías Federales que no desean seguir en instituciones del Estado y que éste sigue su curso en términos administrativos.

Ante la protesta de policías federales afuera del Aeropuerto capitalino en contra de su incorporación a la Guardia Nacional, el funcionario federal refrendó el llamado de las autoridades a no afectar a terceros y a seguir los conductos legales.

«El proceso para el retiro de los policías federales que no desean seguir en instituciones del Estado es un hecho y sigue su curso en términos administrativos. Reiteramos nuestro llamado a no afectar a terceros y a seguir los conductos legales», afirmó el funcionario vía redes sociales.

Por su parte el titular de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, arribó al lugar donde ha entablado el diálogo con los policías que mantienen el bloqueo.

Durante las horas, se presentaron diversos enfrentamientos entre el contingente de la Policía Federal y los elementos de la policía, quienes al intentar replegarlos y liberar la vialidad, respondieron agrediendo a los uniformados.

La realidad en materia de seguridad ha cambiado dramáticamente, para mal. Lejos de tener una estrategia con metas específicas para presentar resultados, tenemos a un Secretario de Seguridad Pública que señala puntos de inflexión al mismo que tiempo que queda claro que la situación ha empeorado y hay dos factores que lo demuestran contundentemente.

Lo primero es que, de tener un problema grave de inseguridad en pocas ciudades, como Coahuila; Ciudad Juárez; Matamoros y Reynosa, ahora la inseguridad está en prácticamente todo el país, salvo pequeñas islas de tranquilidad como Mérida.

Lo segundo es que ahora los delitos no discriminan niños, mujeres ni familias. La delincuencia ya cruzó esa línea y ya no respeta. Ante la impunidad, la matanza va parejo, como quedó claro con lo ocurrido a la familia Le Barón hace dos días en Sonora, el estado que quiere gobernar Alfonso Durazo. Pero, desgraciadamente éste no es el único caso de asesinatos de familias. Las notas con estas matanzas son ya el pan de cada día en el noticiero que conduzco en Foro TV, A Las Tres.

En los casi diez años que he tenido a mi cargo un noticiero en esta plataforma y antes en Grupo Imagen, he podido ver claramente el deterioro en la seguridad. Las notas cotidianas de asesinatos múltiples de familias y vecinos aparecen con mayor frecuencia. No digo que antes no ocurrieran nunca, como fue el caso de la masacre de Villas de Salvacar en el 2010, pero ahora este tipo de crímenes ocurren con más frecuencia y en más lugares. Tan solo la semana pasada hubo un tiroteo en una fiesta infantil en Iztapalapa y otro en el festejo de San Andrés Totoltepec en donde se dio el tiroteo mientras más de mil personas estaban bailando en la calle.

Y ante este recrudecimiento del crimen, la respuesta de las autoridades es la misma de siempre: lamentamos los hechos; vamos a investigar; lo ocurrido no va a quedar impune. Pero sí queda impune. Ahora con el agravante de que, además, el encargado de la seguridad en el gobierno no sabe del tema. Ha sido un político que ha brincado de partido y de lealtades para mantenerse en el poder, no alguien que conozca desde la teoría hasta la práctica de temas de seguridad. Y por eso, aun cuando era evidente que el problema de inseguridad que heredó el gobierno de López Obrador no se iba a resolver en doce meses, tampoco se va a resolver en los que siguen ni en lo que resta del sexenio con la actual estrategia.

Creer que el cambio lo va a lograr el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que da 3 mil 600 pesos a quienes pueden ganar impunemente miles de dólares producto de las distintas actividades ilegítimas que existen en México, es una ingenuidad monumental.

En la conferencia mañanera el presidente declaró que posiblemente lo ocurrido a la familia Le Barón se trató de una confusión de quienes asesinaron a las 3 mujeres y 9 niños, pero eso tampoco es una justificación. Lo terrible; lo lamentable, es que en México se puede cometer un crimen de esa magnitud para ajustar cuentas entre delincuentes y nada pasa.

Sin duda parte del problema viene del flujo de armas de norte a sur y del enorme consumo de drogas en Estados Unidos, pero el meollo del asunto es la falta de Estado de Derecho en México. Así como no es correcto que el presidente culpe al pasado de lo que ocurre actualmente, tampoco podemos creer que reglas de Estados Unidos van a ser las que traigan seguridad en México.

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

Medios británicos informaron que los 39 muertos hallados ayer en un camión frigorífico cerca de Londres eran ciudadanos chino. Se informó que eran 8 mujeres y 31 hombres.

En el Reino Unido existe un caso similar a este drama. En junio de 2000, 58 migrantes clandestinos chinos fueron encontrados muertos por asfixia en un camión cerca del puerto de Douvres, en el sur de Inglaterra.

Ayer, la policía británica fue alertada por los servicios de rescate, del descubrimiento de un camión con cadáveres en su interior una zona industrial en la localidad de Grays, a unos 30 kilómetros de Londres.

Desde entonces se puso en marcha una investigación para aclarar las circunstancias de estas muertes, que ya provocaron llamamientos al gobierno para que se refuerce la lucha contra las redes de migración clandestina, que usan métodos muy arriesgados e inseguros para evadir los controles.

La madrugada de hoy, la policía británica registró dos propiedades en Irlanda del Norte. El conductor del camión, un norirlandés de 25 años, está detenido desde el miércoles y es objeto de una investigación por asesinato.

Según la prensa británica, se trata de Mo Robinson, habitante de Portadown, en el condado de Armagh, donde se llevaron a cabo los registros en las últimas horas.

Las autoridades se concentraban en saber qué itinerario siguió ese camión antes de llegar a las afueras de Londres. Según la policía británica, el remolque del camión llegó aproximadamente a las 23 horas del lunes a Purfleet, un puerto del Támesis, procedente de Zeebruges, en Bélgica, mientras que la cabina del camión que remolcó el contenedor partió de Irlanda del Norte.

El jefe del gobierno británico, Boris Johnson, se declaró «horrorizado por este trágico acontecimiento». «Todos los traficantes de seres humanos deberían ser perseguidos y procesados», dijo en el Parlamento.

Dirigentes del Movimiento Nacional Taxista (MNT), el cual llevó a cabo a este lunes los bloqueos en diversos puntos de la capital, alcanzaron un acuerdo con las autoridades federales y locales, siendo el principal el compromiso a no volver a colapsar la ciudad con más bloqueos, mientras continúe el diálogo.

Fue el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, quien encabezó una conferencia de prensa, en la que informó que como parte de los acuerdos, está el revisar si son legales o no las aplicaciones que actualmente operan, y que son las que han generaro molestias entre los taxistas, pues acusan que ha afectado su trabajo.

Adicional, las autoridades se comprometieron a desarrollar, en coordinación con los taxistas, una aplicación de movilidad que permita igualdad de competencia.

La actualización de los avances que se tengan serán tratados entre ambas partes el próximo 14 de octubre, cuando se tenga una nueva reunión.

Los taxistas presentes en al reunión, reconocieron las afectaciones que generaron a la ciudadanía, por lo que pidieron disculpas. «La responsabilidad es compartida, entre autoridades que no le dieron el seguimiento de manera oportuna y nosotros que nos vimos obligados a manifestarnos (…) reconocemos que el servicio que ofrecemos no es el que la ciudadanía se merece, pero también acepten que desde hace 8 años no se regulariza la tarifa que cobramos», acusaron.

A partir de este jueves se reducirá la cantidad de agua potable que el Sistema Cutzamala envía a la Ciudad de México y municipios del Estado de México, informó el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

“Recuerda que a partir de este 12 de septiembre el suministro de agua potable proveniente del #SistemaCutzamala se reducirá un 10% ¡Cuida el agua de manera responsable!”, señaló el organismo.

Aclaró que no se trata de un corte de servicio, sino de una reducción del 10% en el suministro, como medida porque no ha llovido lo suficiente y por los próximos trabajos de mantenimiento en el Sistema Cutzamala.

La reducción de agua incluirá a la Ciudad de México, principalmente a las alcaldías Tlalpan e Iztapalapa, así como al menos a 13 municipios mexiquenses, entre ellos Atizapán, Toluca, Nezahualcóyotl y Tultitlán.

Se informó que la reducción en el envío de agua fue un acuerdo que alcanzaron la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y los Gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México, quienes acordaron reducir 2  metros cúbicos por segundo (m3/seg) el caudal de agua para el Valle de México.

Con esta medida, pasará de 10 mil litros por segundo a 9 mil en el caso de la Ciudad de México, mientras que el Estado de México pasará de 6.5 mil litros a 5.5 mil.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre las declaraciones que hiciera el equipo legal de Joaquín «El Chapo» Guzmán, sobre que solicitarán que los recursos que se le decomisaron a su cliente sean devueltos a México.

«Me gustó la declaración. ¿Para qué digo que no, si sí? Me gustó la declaración, no sé si sea cierta, no puedo yo verificarlo, pero si es como salió en los medios, que un abogado expresa que Guzmán Loera quiere que su riqueza se entregue a las comunidades indígenas de México, yo lo veo bien, lo celebro», dijo el mandatario.

En ese sentido indicó que el gobierno mexicano ya inició un proceso legal para que todo lo que se confisque en Estados Unidos a delincuentes o presuntos delincuentes de nuestro país se le devuelva a México.

Advirtió que ningún asunto va a dejar de litigarse cuando se trate de dinero que queda en Estados Unidos y que pueda corresponder a los mexicanos.

Aprovechó para informar sobre el caso del tiroteo de El Paso, Texas. Dijo que el gobierno mexicano está muy pendiente del juicio que se le sigue al responsable, mediante un trabajo coordinado entre la Fiscalía General y la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el fin de que se castigue el crimen de odio, xenofobia y racismo contra mexicanos.

Reveló que si es necesario y procede de conformidad con la ley dependiendo de los delitos que se le van a fincar, se podría ejercer el derecho a solicitar su extradición a nuestro país.

«No a los crímenes de odio, no al racismo, no a la xenofobia. Eso no se va a permitir, no se va a aceptar», remató el presidente.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó esta mañana un informe sobre la situación legal de las personas procesadas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Confirmó que el pasado 30 de agosto, el juez 1º de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, el juez Samuel Ventura Ramos, dictó sentencia absolutoria a Gildardo López Astudillo conocido como ‘el Gil’, quien es señalado como jefe de plaza de ‘Guerreros Unidos’ en Iguala al momento de la desaparición de los 43 estudiantes.

Encinas explicó que el juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, y con ello desestimó 44 pruebas en contra de López Astudillo que buscaban acreditar el delito de secuestro.

«Se circunscribió solamente analizar 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación y consideró que se había aplicado el delito de tortura (…) este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de la desaparición forzada», dijo Encinas.

Fue en ese punto donde recordó que del 26 de septiembre de 2014 al 30 de agosto del 2018 se han consignado a 169 personas, de las cuales fueron detenidas 142, particularmente civiles vinculados al cártel de Guerreros Unidos de la región, así como policías municipales de Iguala y de Cocula.

Los delitos fundamentales que se les fincaron entonces fue el de delincuencia organizada vinculada con delitos a la salud, los delitos previstos en la Ley Federal de Armas y Fuegos y el de la Ley de Secuestro.

De las 142 personas detenidas, la entonces Procuraduría General de la República entonces procesó a 70 personas por el delito de secuestro a los normalistas; sin embargo, a la fecha han sido liberados 53 personas. En ese sentido, fijo el funcionario, con el precedente de la libertad absolutoria de López Astudillo existen los elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos.

El subsecretario dijo que las liberaciones y sentencias se deben a una indebida integración de la investigación por parte de las autoridades ministeriales basadas en irregularidades y graves violaciones a la ley.

«Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas», sostuvo Encinas.

Señaló que habiendo elementos claros y suficientes para fincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos, la actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley se puedan retirar los cargos que se le imputaron a los detenidos.

Aprovechó para hacer un exhorto a la Fiscalía General de la República (FGR) para que reencauce la investigación, subsane las omisiones y permita una investigación diligente para poder deslindar las responsabilidades que se cometieron por parte de autoridades o civiles en esta desaparición.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que ante las movilizaciones que se registraron la mañana-tarde de ayer en la capital del país, autoridades recibieron a una comisión de integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), quienes expusieron sus principales demandas.

En la mesa de trabajo estuvieron presentes la Secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Movilidad, Andrés Lajous; el subsecretario de Gobierno, Arturo Medina, y el director general de Licencias y Operación de Transporte Vehicular, Carlos Augusto Morales; ahí se abordaron los 5 puntos del pliego petitorio de los manifestantes.

La Secretaria de Gobierno dijo que se escucharon los planteamientos de los manifestantes, pero también se puso sobre la mesa el interés del Gobierno local de contar con un transporte público accesible, seguro y moderno, en el que se contemplen nuevos esquemas de movilidad.

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, comentó que después de escuchar sus planteamientos y analizar distintas opciones, se acordó con los transportistas instalar una mesa de trabajo el martes 10 de septiembre, en donde se formulará un calendario sobre reuniones subsecuentes.

Respecto al uso de GPS, cámaras y botones de pánico expresó: “Tenemos un acuerdo sobre la importancia de incorporar tecnología, que es parte de la mejora del servicio y ellos también están convencidos de que tiene que mejorar el servicio.”

En cuanto a la certeza jurídica que piden respecto de sus concesiones, expresó que es un tema que se trabaja de manera cotidiana con los transportistas, en general, y se acordó que, a partir del martes siguiente, se revisará con este grupo de concesionarios de manera particular. Además, se revisará la certeza jurídica de las concesiones, el cual es un tema recurrente.

Sobre el registro de operadores, Lajous manifestó que se mostraron dispuestos, pero necesitaban aclaraciones sobre las características de cómo se hace el registro y sus implicaciones, pero no sobre el registro mismo, dado que se trata de seguridad de las personas usuarias y de los concesionarios y operadores mismos.

Enfatizó que debido a que no es factible aumentar la tarifa ofreciendo la misma calidad de servicio a las personas usuarias, se mantuvo la convicción de no elevarla en estos momentos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió esta mañana al ataque perpetrado en un bar de Coatzacoalcos, Veracruz, en donde según la cifra actualizada 26 personas perdieron la vida y 11 resultaron heridas.

«Ayer fue un día muy difícil para nosotros por la violencia, por lo que sucedió en Coatzacoalcos. Ahí, en un centro recreativo llegaron delincuentes, cerraron las puertas de salida de emergencia e incendiaron el lugar. Y es muy lamentable (…) muy triste todo esto», dijo el presidente.

Relató que de acuerdo a las primeras investigaciones, los posibles responsables ya habían sido detenidos y se les dejó en libertad.

En ese sentido hay un problema que tiene que investigarse sobre la actuación de la Fiscalía en Veracruz, por lo que se está pidiendo al Fiscal General que atraiga las investigaciones y se lleve a cabo una investigación a fondo.

Dijo que los hechos evidencian la forma tan lamentable con que actúa la delincuencia organizada, «lo más inhumano que puede haber».

Por lo otro, lamentó y condenó que siga existiendo contubernio entre la delincuencia y las autoridades. «Lo mínimo que tenemos que hacer es separar tajantemente a la autoridad de la delincuencia, porque si no, no avanzamos».

Al respecto dijo, además de ir al fondo en las investigaciones, las autoridades no sólo deben castigar a quienes cometieron el ataque, sino también a las autoridades que lo permitieron. Explicó que si se detuvo a los presuntos autores del ataque al bar y se les dejó en libertad, tiene que justificarse la razón de hacerse.

Señaló que el presunto contubernio es un ejemplo más de que en muchas áreas del país impera la corrupción.

AMLO insistió en que la inseguridad que se vive en el país es algo complejo, y todo se debe a que en el pasad se dejó crecer muchísimo el problema; «no es echarle la culpa a los que se fueron, pero no se atendieron las causas que originan la inseguridad y la violencia, y se simuló que les preocupaba el problema de la inseguridad y la verdad no se aplicaron a fondo».

Dijo que los crímenes como el de Coatzacoalcos están vinculados a bandas; es decir, la delincuencia organizada, bandas a las que se les dejó crecer por mucho tiempo.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, dio el banderazo al “Operativo regreso a clases”, en el que participan unos 12 mil policías que vigilan la seguridad de 2.8 millones de alumnos de preescolar y primaria en siete mil 700 planteles de la capital.

En el evento realizado en el circuito escolar «Revolución», Arcos de Belén y Balderas, en la alcaldía Cuauhtémoc, el funcionario explicó que se llevarán a cabo patrullajes dinámicos en dos mil rutas llamadas “Senderos Seguros”, por donde transitan todos los días los alumnos y sus padres rumbo a los planteles.

Respecto al operativo «Mochila segura», dijo que no se aplicará de forma generalizada, sino únicamente en los planteles donde haya acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los padres de familia, y conforme a las condiciones de cada escuela.

Orta Martinez destacó la importancia del operativo este lunes que inicia el ciclo escolar 2019-2020, y exhortó a los padres de familia a evitar las dobles o triples filas, a fin de agilizar la vialidad cuando lleven a sus hijos a los planteles.

Explicó que desde las 05:00 horas de este lunes se desplegaron siete mil 900 elementos de Tránsito, Policía Preventiva y unidades tácticas.

Lo cual se suma a la coordinación con las 16 alcaldías, que apoyarán con cuatro mil policías auxiliares y policías bancarios, con lo que el “Operativo regreso a clases” contará con alrededor de 12 mil elementos.

El operativo se realizará en tres etapas horarias, que será una para los planteles media superior y superior, que iniciaron clases hace dos semanas.

Lo anterior, debido a que en el último semestre se incrementó la inseguridad y violencia en preparatorias, Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y universidades, tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como privadas.

La noche de este viernes, se registró el asesinato Jorge Celestino Ruiz, corresponsal del diario Gráfico de Xalapa en el estado de Veracruz.

Ruiz fue asesinado a tiros en el municipio de Actopan, en la región central del estado, según confirmó el alcalde de la ciudad, Paulino Domínguez. «Se trató de un ataque con armas de fuego directo a él», agregó el funcionario.

 

Una fuente policial que pidió el anonimato dijo que la casa de Ruiz «fue atacada a balazos» en octubre pasado por lo que el comunicador presentó una denuncia para que el hecho fuera investigado. En esa ocasión, también «lanzaron disparos contra su vehículo para intimidarlo», agregó la fuente que, sin embargo, no precisó los motivos ni los posibles autores de tales agresiones.

Colegas de la zona dijeron que, tras la denuncia, Ruiz esperaba que el gobierno de Veracruz le brindara medidas de protección y que evitaba firmar sus artículos para mantener un perfil bajo ante los riesgos.

En ese sentido, la Fiscalía del estado indicó en un comunicado que se investigará porqué no se dio cumplimiento a las medidas de protección dictadas a favor de la víctima y su familia, pues recordó que se encontraban vigentes.

Este nuevo asesinato agudiza la tragedia del periodismo, ya que esta misma semana otros dos comunicadores fueron asesinados, además de que la redacción de un diario fue atacada con bombas «molotov».

Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Artículo 19 señalan a nuestro país como uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el oficio, con más de un centenar de periodistas muertos desde el año 2000.

El secretario de Seguridad de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, «condenó enérgicamente» el homicidio del periodista , y calificó el hecho como «una afrenta contra la libertad de expresión». Afirmó que colaborarán en todo lo que sea necesario para dar con los responsables del crimen.

El crimen de Ruiz ocurre menos de 24 horas después de que Édgar Alberto Nava, director y editor del portal de noticias ‘La Verdad de Zihuatanejo’, en el estado de Guerrero, también fuera asesinado en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

En su tercer parada por Chiahuahua, de visita por Parral, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a cambiar la forma de referirse al episodio que se vivió la semana pasada con Estados Unidos y la posible imposición de aranceles.

«Acaba de suceder una situación especial. Tuvimos que enfrentar una amenaza del gobierno de Estados Unidos que quería cobrar impuestos a las mercancías que se producen en México y se venden en Estados Unidos», dijo AMLO cuando en los eventos previos se refirió a dicha situación como una «crisis» y más tarde como una «difícil situación».

López Obrador recordó que se pudo resolver el problema, porque en vez de caer en la provocación y en el enfrentamiento, su gobierno decidió buscar la conciliación para mantener la amistad con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Trump, y sobre todo con el pueblo estadounidense.

El mandatario enfatizó que durante los días en que se realizó la negociación, en Estados Unidos mucha gente apoyó a México: tanto ciudadanos como autoridades.

Recordó que en un encuentro de alcaldes de Canadá, de Estados Unidos y de México que se realizó en Los Cabos, algo que le conmovió mucho fue que el alcalde de Los Ángeles se levantó a hablar y dijo: ‘Yo estoy con México, porque mis abuelos eran de Parral’.

Fue en ese momento cuando AMLO hizo un llamado a toda la ciudadanía a seguir apoyando al gobierno, pues dijo, lo que él encabeza es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Dijo que él solo no podría conducir al país.

En ese sentido, mencionó que al llegar a Chihuahua lo primero que hizo fue visitar al gobernador Javier Corral en el Palacio de Gobierno, demostrando que no existe con ninguna diferencia con el mandatario local. Adicional reconoció que el presidente municipal de Parral también lo acompaña, y se trabaja de manera coordinada.


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