Ana Paula Ordorica
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Localizan y detienen a policía acusado de matar a normalista de Ayotzinapa

Elementos del Ejército detuvieron la madrugada de este miércoles al policía de Guerrero, que es acusado de asesinar a Yanqui Kothan Gómez, estudiante de la normal rural de Ayotzinapa.

“Hoy en la madrugada se detuvo al policía que asesinó al joven de Ayotzinapa, ya están todos los que participaron presos, estaba en un rancho guardado, protegido, se está haciendo la investigación”, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina.

Según una presentación que exhibió, militares y elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron al oficial, identificado como David ‘N’, en el municipio de Tixtla, donde también localizaron un revólver y dos escopetas.

El agente está acusado de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa en contra de Gómez. Por ese hecho, ya hay dos policías estatales procesados por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Yanqui Kothan Gómez murió el 7 de marzo en un retén de la policía de Guerrero cerca de Chilpancingo, donde las autoridades primero aseguraron que el joven y un compañero que resultó herido portaban armas y drogas, además de estar en estado ebriedad, lo que el Gobierno desmintió.

“Cuando se dan a conocer estos hechos, (la versión) era que los muchachos habían disparado y que en respuesta la policía había asesinado al joven de Ayotzinapa, y que incluso tenían armas y drogas, y no aceptamos ese primer informe, y se investigó, y se llegó a la verdad”, comentó López Obrador.

El asesinato agudizó las protestas de los normalistas, que se han incrementado rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio, pues acusan a López Obrador de proteger a militares involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014 y de no resolver el caso.

Apenas el lunes pasado, los estudiantes vandalizaron las instalaciones del Gobierno de Guerrero, e incendiaron al menos nueve vehículos, al cumplirse un mes del asesinato de su compañero.

López Obrador defendió este miércoles que en su gobierno “no son iguales” a los anteriores, pero pidió calma a los habitantes de Guerrero porque “hay muchos intereses que están actuando en esa región y no todos tienen el propósito de que haya justicia o no todos buscan que se actúe con justicia”.

AMLO aprovechó para informar que sí se reunirá con los familiares de los 43 normalistas, pero una vez que pase la jornada electoral. “Estamos esperando que pase este tiempo de campaña para que no se utilicen estos lamentables hechos, porque vivimos tiempos de zopilotes”, dijo el presidente.

Al respecto, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, reiteró en redes sociales el compromiso de su gobierno para hacer justicia para el joven asesinado y su familia.

Indicó que el presunto responsable se encuentra bajo resguardo de las autoridades en tanto la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con las investigaciones.

“Me sumo al llamado de nuestro presidente a que en este proceso de justicia y de exigencia de la misma, nos mantengamos apegados al diálogo y al entendimiento como única vía de solución a los conflictos”, sostuvo la gobernadora.

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INAI ordena al Gobierno federal revelar informes de caso Ayotzinapa

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó este lunes a la Consejería Jurídica de la Presidencia buscar y revelar los informes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

El INAI indicó que esta información, que incluye videos, entrevistas, mensajes entre personas clave, comunicaciones telefónicas, capturas de pantalla, conversaciones y cuestionarios, entre otras, debe difundirse al público en general.

Esto, recordó la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, es parte del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de esclarecer los hechos que ocurrieron el 26 de septiembre de 2014 en los que desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

La funcionaria del organismo autónomo afirmó que el reclamo social sigue vigente y no parará hasta saberse la verdad de los hechos y reparar el daño a los afectados y, por ello, es importante abrir la información relacionada con el caso.

“Estos informes que se están solicitando son informes que continuamente los han hecho públicos, se nos ha informado sobre este caso, se han hecho las denuncias correspondientes y se han informado, entonces, la información existe”, recalcó.

Señaló además que esta resolución ocurre en respuesta a la solicitud formulada por una persona que pidió que la Consejería Jurídica presentara la información sobre el caso, aunque la dependencia negó que existiera registro o constancia de información relacionada.

“Al presentar sus alegatos, la Consejería Jurídica reiteró su respuesta inicial y señaló que no está en posibilidades de buscar en los archivos de la Presidencia de la República, ya que se trata de un sujeto obligado distinto”, detalló el INAI.

Sin embargo, al analizar el caso, el Instituto determinó que la dependencia no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, “pues no consultó a todas las unidades administrativas competentes”.

Y expuso que, aunque la Consejería Jurídica no es la responsable de emitir los informes, puede conocer la información, sobre todo porque está inmersa en los procedimientos.

Ante ello, ordenó una búsqueda de la información en todas sus unidades administrativas competentes.

La resolución sucede tras protestas porque López Obrador no ha cumplido su promesa de campaña de resolver la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

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Vinculan a proceso a policías de Guerrero por homicidio doloso y tentativa de homicidio

Los dos elementos de la Policía Estatal de Guerrero fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso en contra del normalista de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta, y por tentativa de homicidio, contra sus dos compañeros, en el ataque del 7 de marzo.

La segunda audiencia de vinculación se llevó a cabo ayer en la sede del Poder Judicial de la Federación, en el puerto de Acapulco, con una duración aproximada de 8 horas, en las que se definió la situación jurídica de los elementos que permanecerán en prisión.

El sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, quien dirige el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello y da acompañamiento a la madre del normalista, informó en declaraciones al salir de la audiencia la noche de ayer, que se presentaron 34 medios de prueba, videos y pruebas periciales.

Uno de los cuatro abogados del Centro que llevan la defensa legal de la madre del normalista, que prefirió ocultar su nombre por seguridad, detalló que el abogado de los imputados intentó la desvinculación del caso por parte de los agentes, pero el video de la cámara del ‘C4’ de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicada en el sitio de los hechos, demostró que los normalistas no atacaron a los policías.

“Una prueba contundente es el video del mismo C4, es una prueba fundamental con el que se demuestra que los policías no completaron su protocolo de actuación, y hubo uso excesivo de letalidad en cuestión de armas de fuego”, detalló.

Explicó que tienen cinco meses para las investigaciones complementarias, y estimó que de ser declarados culpables, podrían dictarles hasta 30 años de prisión a los policías identificados como Sigifredo “N” y Francisco “N”.

También se les informó que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa la búsqueda del policía señalado de disparar, quien ha sido identificado como David “N”, y quien se dio a la fuga la semana pasada, según dijo el Presidente López Obrador, con ayuda de otras autoridades.

El ataque contra los tres estudiantes, que derivó en la muerte de Yanqui Konthan, desató una serie de protestas de normalistas de Ayotzinapa, y también tuvo como consecuencia la renuncia de los secretarios General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y el de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, y el inicio del proceso de remoción de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

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López Obrador respalda a Evelyn Salgado en medio de crisis con normalistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó este viernes a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien aceptó la renuncia de dos funcionarios, además de pedir la remoción de la fiscal estatal, luego de la crisis por el asesinato de un normalista de Ayotzinapa a manos de la Policía Estatal.

“Nosotros la apoyamos, a la gobernadora de Guerrero, que no está sola”, respondió López Obrador al ser cuestionado sobre el tema.

AMLO se refirió a la polémica que desató la decisión de Salgado quien, tras el asesinato del joven normalista el jueves de la semana pasada, aceptó la renuncia de los secretarios de Seguridad Pública, Rolando Solano, y de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso.

La mandataria estatal, de Morena, también planteó cesar a la fiscal general del estado, Sandra Luz Gómez, quien argumentó que no puede hacerlo porque es un órgano autónomo.

“También están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo la remoción de la fiscal estatal porque en este gobierno no hay relaciones de complicidad, cero impunidad, se va a investigar a todos”, comentó ahora López Obrador.

La destitución de los altos mandos de seguridad era una exigencia de la familia del estudiante asesinado, Yanqui Khotan Goméz, y sus compañeros porque las autoridades primero afirmaron que el joven habría disparado un arma y estaba drogado, lo que se demostró que era falso.

Hasta ahora, dos policías involucrados están en prisión preventiva. En tanto, está prófugo el presunto autor material del asesinato, identificado como el policía estatal David ‘N’.

Los hechos han desatado protestas esta semana, principalmente en Chilpancingo, capital del estado, contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se registraron destrozos, 11 vehículos quemados y al menos 24 agentes de la Guardia Nacional lesionados.

La polémica se ha recrudecido ante los señalamientos de que López Obrador no ha resuelto, como prometió en campaña, el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014.

El mandatario enfatizó que su Gobierno “no encubre a nadie” y, según él, no se fabrican delitos, no hay tortura ni se reprime.

“Estamos garantizando la paz y la tranquilidad. Otra cosa, no caemos en provocación. Y se burlan de que (el lema es) ‘abrazos, no balazos’, pero ahí están los resultados, estamos bajando el número de homicidios en el país”, sostuvo este viernes.

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Renuncias en Guerrero tras asesinato de normalista. Fiscal se niega a remoción

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, anunció ayer la renuncia del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y el de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, tras el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, a manos de la Policía Estatal.

“En Guerrero hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes. Estamos trabajando en todo momento en estrecha coordinación con el Gobierno de México”, señaló Salgado en un mensaje emitido a través de sus redes sociales.

La gobernadora informó que “en un ejercicio de calidad moral” recibió y aceptó las renuncias del secretario general de Gobierno y del titular de Seguridad Pública; agregó que en breve se darán a conocer a los encargados de despacho de estas dependencias.

Salgado Pineda reafirmó su disposición y compromiso de mantener su colaboración con las instancias correspondientes para llevar a cabo una investigación parcial de los hechos, así como la búsqueda de la justicia.

La renuncia de los funcionarios era una exigencia hecha por la madre de Yanqui Kothan Gómez y sus compañeros estudiantes, tras los señalamientos iniciales de las autoridades que apuntaban que el joven asesinado habría disparado un arma y estaba drogado, lo cual posteriormente se demostró que era falso.

En su mensaje, Salgado Pineda informó que también iniciaría un proceso para destituir a la fiscal General de Guerrero, Sandra Luz Gómez Valdovinos, quien reaccionó señalando que se defenderá para permanecer en su cargo.

Mediante un comunicado, Gómez Valdovinos dijo ser respetuosa de lo dicho pero que para removerla se deberán agotar los procedimientos constitucionales y legales, que le permiten ejercer la garantía de audiencia y debida defensa.

Adelantó que hará valer su derecho de audiencia ante el Congreso del Estado para transparentar las acciones que la Fiscalía llevó a cabo en torno al asesinato de Yanqui Kothan que, informó, se investiga por el delito de homicidio calificado.

Ayer, un juez federal dictó prisión preventiva a los dos policías estatales acusados de los delitos de homicidio calificado doloso y tentativa de homicidio.

El sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, quien dirige el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello y da acompañamiento a la madre del normalista, informó del resultado de la audiencia, que se llevó a cabo en los juzgados federales del puerto de Acapulco.

El presunto autor material del asesinato de Yanqui Kothan, que sefugó a inicios de semana, ha sido identificado como el policía estatal David “N”, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a entregarse durante su conferencia matutina del miércoles.

La fuga del agente desató protestas en Chilpancingo contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en donde se registraron destrozos, 11 vehículos quemados y al menos 24 agentes de la Guardia Nacional lesionados.

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Presunto policía asesino de normalista se fuga. Desaparecen elementos de la FGR

Dos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) desaparecieron mientras se dirigían a Guerrero a investigar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, confirmó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Sí existen estas personas desaparecidas, es un hombre y una mujer de la Fiscalía General que están trabajando en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa y desaparecieron y ya se está llevando a cabo la búsqueda”, expresó el mandatario en su conferencia matutina.

La última vez que fueron vistos los agentes fue el domingo en Cuernavaca, Morelos, donde la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas difundió las fichas informativas de Suay Kassandra Domínguez y Enrique Linares.

Aunque algunos medios reportaron que los oficiales investigarían el homicidio de Yanqui Kothan Gómez, estudiante de la normal de Ayotzinapa asesinado la semana pasada en un retén de la Policía de Guerrero, López Obrador comentó que indagaban el caso de los 43 jóvenes de esa escuela que desaparecieron en septiembre de 2014.

“Esto (ocurre), debe saberse, en el marco de los trabajos que se han intensificado para buscar a los jóvenes”, manifestó el presidente.

“Espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jóvenes y estén obstaculizando. Como saben que estamos trabajando y vamos avanzando, quieren impedir que sigamos avanzando. No lo van a lograr”, enfatizó el mandatario.

La tensión entre el López Obrador y las familias y estudiantes de Ayotzinapa ha aumentado. Protestan porque el presidente no ha cumplido su promesa de resolver el caso aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

Los estudiantes de Ayotzinapa derribaron el miércoles pasado una puerta del Palacio Nacional para exigir justicia a López Obrador, a quien acusan de proteger a militares involucrados.

El jueves, se reportó el asesinato de otro normalista de Ayotzinapa, que participaba en estas protestas. En un primer momento, se informó que dos estudiantes viajaban en un auto robado, armados, cuando pasaron por un retén de la policía estatal de Guerrero.

Al marcarles el alto, y no acceder, comenzaron a agredir a los oficiales por lo que los policías habían abierto fuego contra ellos, dejando sin vida a uno de los estudiantes que viajaban en la camioneta. El otro resultó herido.

Sin embargo, ahora se sabe que los jóvenes no viajaban armados y no atacaron a los policías. Incluso el presidente llegó a reconocer que hubo un abuso de autoridad por parte de los elementos de la policía. El mandatario anunció que se llevarían a cabo las investigaciones y se castigaría a los responsables, quienes dijo, estaban detenidos.

López Obrador confirmó esta mañana que el agente de la policía que presuntamente mató al estudiante de la Escuela Normal Rural Isidro Burgo de Ayotzinapa, se fugó ayer poco antes de que se concretara una orden de detención.

“Ayer el presunto responsable del asesinato del joven normalista de Ayotzinapa se fugó”, dijo el presidente López Obrador.

Según lo relatado por el mandatario, el agente se encontraba en arresto administrativo a falta de que las autoridades del estado de Guerrero lo entregaran a la Fiscalía de México, quien atrajo la investigación a petición del Gobierno federal.

“Se había dado la instrucción de que se le arraigara. Se estaba a la espera de la orden de aprensión pero le avisaron o decidió fugarse”, añadió López Obrador que ha garantizado a los familiares del estudiante fallecido que “no va a haber impunidad” con este caso. Incluso dijo que todo indicaba a que hubo actos de complicidad.

AMLO prometió que el Estado hará todo lo que esté en sus manos para resolver la situación, y advirtió que este caso sirve para evidenciar que “hay muchos intereses” cruzados y “hay quienes no quieren que se haga justicia” aunque solo sea por perjudicar al Gobierno en un año electoral.

Detalló que las autoridades han puesto en marcha un dispositivo para dar con el paradero del agente fugado, y ha hecho un llamado a la colaboración ciudadana tanto de Ayotzinapa como de todo Guerrero. “Necesitamos detenerlo”, recalcó.

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Normalistas lamentan que AMLO quiera limpiar su nombre con la muerte de estudiante

Estudiantes de Ayotzinapa exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la destitución del secretario de Seguridad Pública en el estado de Guerrero, Rolando Solano, tras el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta el pasado 7 de marzo.

Las demandas de los normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se dieron en medio de bloqueos en vías principales de comunicación, la toma de vehículos oficiales y la demanda al mandatario, tras dar el anuncio de su muerte, de no utilizar la tragedia para limpiar su nombre.

Los normalistas, acompañados por integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm), llegaron a la capital del estado a bordo de seis autobuses para llevar a cabo una manifestación sobre la autopista del ‘Sol’, en la salida que conduce al puerto de Acapulco.

Los jóvenes, con el rostro cubierto, dejaron un carril de circulación en ambos sentidos de esa vía de cuota para distribuir volantes informativos a los conductores, en los que denunciaron que el asesinato de su compañero no fue un hecho aislado, pues horas antes, otros dos compañeros fueron detenidos y amenazados sobre la carretera federal Chilpancingo-Tixtla.

En una de las concentraciones, uno de los normalistas criticó que el presidente no se ha tomado la molestia de esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes, y ahora con este caso quiere hacerse su amigo.

“Quiere limpiar su nombre diciendo que la policía sí tuvo que ver, diciendo que él va a esclarecer este hecho. ¡Qué incongruencia del presidente Andrés Manuel López Obrador queriendo limpiar su nombre a pocos meses de terminar su sexenio! Sabemos que no lo hace por ser empático, por saber la verdad de nuestro camarada, por tener justicia, sino que lo hace para poder salir limpio, para que no existan represalias contra su Gobierno”, expresó el joven.

Durante las protestas, los normalistas retuvieron dos camionetas, una del Gobierno federal y otra del Gobierno estatal, así como tres autobuses de diferentes líneas comerciales.

En el escrito de seis puntos que repartieron en su protesta, los normalistas reiteraron que la escena del crimen fue alterada por la Policía Estatal, quien manipuló y falseó la información.

También expresan que lo largo de la historia han sido asesinados 11 estudiantes de la normal rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y consideran que ser joven y estudiante de esta los convierte “en un blanco de odio desmedido”.

Los jóvenes exigen el esclarecimiento de los hechos del 7 de marzo, castigo a los autores materiales e intelectuales, la destitución del secretario, y del coordinador de la Policía Estatal. Piden el alto al hostigamiento y a la presión estudiantil de parte de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, el cese a la incriminación de las víctimas de los ataques, y la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos desde 2014.

Por su parte la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, compartió en sus redes sociales que su gobierno coadyuvará con las investigaciones. Confirmó que se reunió con el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la normal de Ayotzinapa.

Dijo que se comprometió con los jóvenes estudiantes con el esclarecimiento del caso, además de que prometió, habrá justicia y no habrá impunidad.

También confirmó que se reunió con la madre del joven asesinado, a quien le expresó su solidaridad y apoyo, y ofreció el acompañamiento en este proceso. “El compromiso tanto con la familia como con los jovenes de la normal Raúl Isidro Burgos no queden en la impunidad y se siente el precedente que este Gobierno no defenderá nada, ni a nadie que haya actuado fuera de la ley”, sostuvo.

En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó que investiga a policías estatales por el homicidio calificado de un estudiante de Ayotzinapa, mientras que la FGR decidió atraer el caso y ha adelantado que ha encontrado indicios suficientes sobre delitos de violación de derechos humanos.

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AMLO reconoce “abuso autoridad” en asesinato de normalista de Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) admitió este lunes que hubo un “abuso de autoridad” por parte de los policías del estado de Guerrero que la semana pasada mataron a un estudiante de la normal de Ayotzinapa, en medio de las protestas por los 43 normalistas desaparecidos.

“Hubo un abuso de autoridad, todavía no quiero adelantar, pero no disparó el joven, por ejemplo, entonces hay que ver todos los peritajes. Ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General, y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación, de querer proteger a los responsables”, sostuvo el mandatario.

López Obrador se refirió a la muerte de un estudiante el pasado jueves en un retén de la Policía de Guerrero.

Aunque los oficiales habían afirmado que la víctima, de nombre Yanqui Kothan Gómez, y otro estudiante iban armados en un automóvil robado y dispararon a los agentes, el presidente ahora negó esa versión.

López Obrador aseguró que los tres policías que participaron “están detenidos en Guerrero, pero ya están a disposición de la Fiscalía General de la República”, a la que pidió atraer el caso.

“Aprovecho para decir que lamento mucho lo que pasó en Chilpancingo con el joven que fue asesinado, que ya se atrajo la investigación, se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven, a sus amigos”, comentó.

El incidente amenaza con incrementar la tensión entre López Obrador y los estudiantes de Ayotzinapa, quienes protestan porque el presidente no ha cumplido su promesa de resolver el caso aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

En ese sentido, estudiantes y familiares de los desaparecidos derribaron la semana pasada una puerta de Palacio Nacional para exigir justicia a López Obrador, a quien acusan de proteger a militares involucrados, mientras él estaba adentro en su conferencia matutina.

“No vamos a permitir la impunidad, se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables, no permitimos la impunidad y me dolió muchísimo, me duele mucho, y vamos a actuar”, prometió ahora el mandatario respecto a la muerte del estudiante.

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AMLO pide que protestas por caso Ayotzinapa no afecten a Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este viernes a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer la investigación de la muerte de un estudiante de la normal de Ayotzinapa en un retén de la Policía del estado de Guerrero la noche de ayer.

“Sí hay esta vinculación, esta relación (con Ayotzinapa). Hemos decidido en el gabinete de seguridad que para aclarar bien lo sucedido, castigar a responsables, que se solicite a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso, vamos a pedir de manera respetuosa, para que se investigue bien”, dijo.

El mandatario detalló en su conferencia matutina que un estudiante murió tras un altercado con la Policía de Guerrero, donde las autoridades locales primero habían informado de dos muertos.

López Obrador señaló que “es muy lamentable que se haya presentado esta situación un día después de que se llevó a cabo una protesta en el Palacio Nacional”, donde estudiantes de Ayotzinapa derribaron una puerta para exigir justicia por la desaparición de sus 43 compañeros en 2014.

“Sin embargo, son cosas distintas porque esto, que lamentablemente ocurre, se da en Chilpancingo (capital de Guerrero), y son dos jóvenes que van en un carro, la Policía de Guerrero sostiene en sus declaraciones que era un carro robado”, comentó.

Y es que de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, a las 20:45 un arco detector del Registro Público Vehicular (Repuve), instalado en la carretera Tixtla-Chilpancingo, ubicó a los jóvenes en una camioneta blanca con reporte de robo.

“Cerca de un hotel los detienen, dicen los policías que los muchachos disparan y responden los policías y, lamentablemente, pierde la vida un joven, uno nada más”, indicó el presidente.

Lo ocurrido amenaza con incrementar la tensión entre López Obrador y los estudiantes de Ayotzinapa, quienes protestan porque el presidente no ha cumplido su promesa de resolver el caso, aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

Aunque el mandatario prometió respetar el derecho a las protestas, cuestionó al abogado de las familias de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales, al exhibir un video en el que amaga con que se van “a aparecer en todos los actos de campaña que haga Claudia Sheinbaum”, candidata presidencial de Morena.

Eso le sirvió para señalar que hay tintes políticos o politiqueros detrás de las protestas.

“Con todo mi respeto que no se vaya a sentir que es un acto de censura, le pido, convoco al abogado que asesora a los papás y mamás de Ayotzinapa que no caiga en actos de provocación, que actúe con responsabilidad”, sostuvo.

AMLO señaló que no tiene nada que ver la desaparición de los estudiantes, con las actividades de una candidata.

“Nosotros tenemos la obligación de atender, pero ¿por qué tiene pasarlo a una candidata? ¿Por qué no mejor a todos los candidatos? A la otra candidata o al candidato, son tres, porque nada más a una, ahora sí que ¿de parte de quién?”, remató.

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Normalista de Ayotzinapa muere en enfrentamiento con policías de Guerrero

Al menos un estudiante murió como resultado de un nuevo enfrentamiento entre estudiantes normalistas de Ayotzinapa y autoridades estatales la noche de ayer en Chilpancingo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, a las 20:45 horas un arco detector del Registro Público Vehicular (Repuve), instalado en la carretera Tixtla-Chilpancingo, ubicó una camioneta blanca con reporte de robo.

Detalló que al pedir que se detuviera el vehículo, el conductor se negó, por lo que la policía disparó.

La camioneta era conducida por estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa: uno de ellos, el conductor, perdió la vida y uno más resultó herido.

Según el comunicado de la SSP de Guerrero, en la camioneta se localizó un arma de fuego corta y cartuchos útiles, tres bolsas de una sustancia cristalina y cervezas; sin embargo, los normalistas denunciaron que les “fue sembrado”.

La corporación policíaca informó que el otro joven fue detenido.

En respuesta al ataque, normalistas a bordo de tres autobuses y dos camionetas, retuvieron a la patrulla de la Policía Estatal marcada con el número 732, que estaba frente al cuartel de la Policía Preventiva Municipal y la incendiaron en la transitada avenida Insurgentes.

En tanto, efectivos de la Guardia Nacional resguardan las instalaciones de las oficinas del Poder Ejecutivo ante posibles movilizaciones de los normalistas.

El nuevo ataque a los normalistas se da en el contexto de su reciente protesta en la Ciudad de México, en donde el miércoles derribaron una puerta de Palacio Nacional para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que reciba a los familiares de los 43 compañeros desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

López Obrador acusó a los abogados y organismos defensores de derechos humanos de querer provocar y retrasar las investigaciones, manipulados por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Al respecto, los padres y madres respondieron en conferencia de prensa este jueves, en la escuela normal de Ayotzinapa, que no aceptarán un diálogo con López Obrador si no es con sus abogados, a quienes defendieron.

¿Qué hay detrás de las nuevas protestas? Ana Paula Ordorica platica con Emilio Álvarez Icaza sobre el caso Ayotzinapa, y cómo el presidente no ha cumplido su promesa de verdad y justicia.

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AMLO insiste: hay mano negra de la oposición en protestas por Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este jueves que hay “mano negra” de la oposición detrás de las protestas de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que ayer derribaron una puerta del Palacio Nacional mientras el mandatario se encontraba adentro.

“Al difundir tanto un hecho de esa naturaleza nos ayuda a que la gente, que ya tiene mucha consciencia, advierta de que en estas acciones hay mano negra, que son actos de provocación, que eso fue lo de ayer, un vulgar acto de provocación”, declaró López Obrador desde Tamaulipas.

El mandatario aseguró que sus “adversarios están desesperados y están recurriendo a la guerra sucia y a actos como el de ayer” en medio de las campañas presidenciales.

“La verdad es que es muy justa la demanda de los padres y de las madres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pero ya se han montado en este asunto grupos de derecha, conservadores, incluso partidos que están en contra de la transformación”, señaló.

Los manifestantes, quienes acusan a López Obrador de no resolver el caso por dar protección a los militares involucrados, tomaron ayer una camioneta de la CFE que utilizaron para tirar una de las puertas principales del Palacio Nacional. Al interior del inmueble, el presidente encabeza la conferencia matutina.

Los estudiantes de Ayotzinapa protestan porque López Obrador no ha cumplido su promesa de resolver la desaparición de sus 43 compañeros en septiembre de 2014, aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

Aunque sugirió que detrás de las protestas podría haber “mercenarios” o “porros” reclutados por opositores, el mandatario prometió que “va a haber diálogo” con las familias de los desaparecidos, pero indicó que no le “dan confianza los intermediarios”.

Además, expresó que le “llamó mucho la atención que llegaron a la Ciudad de México hace como una semana” los manifestantes, quienes “empezaron con actos de provocación en la Fiscalía (General de la República), en la Lotería Nacional, y a romper vidrios en la Secretaría de Gobernación”.

“Y se ponen enfrente del Palacio y de repente antier llegan como seis camiones o más a querer entrar por la fuerza para dar nota a los medios que están al servicio del conservadurismo, de la mafia del poder económico y político que no quiere que continúe la transformación, es muy claro”, acusó.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con el senador Emilio Álvarez Icaza, a quien el presidente señaló de ser quien manipula a los inconformes que ayer entraron por la fuerza a Palacio Nacional.

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Que les diga qué pasó. La verdad él la sabe: Xóchitl a AMLO sobre reclamos de normalistas

La candidata a la presidencia de la República de la coalición PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abrir las puertas de Palacio Nacional a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y decirles con total franqueza qué fue lo que pasó aquel 26 de septiembre de 2014.

“Lo único que pedían era un encuentro con el Presidente, lo único que pedían era ser escuchados y que el Presidente les diga la verdad. Tan fácil que es que el Presidente les diga ¿qué pasó? La verdad, él la sabe, pues creo que los papás la van a entender y en ese sentido pues, creo que sería lógico que el Presidente les abriera las puertas a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa”, dijo durante un acto político en Villahermosa, Tabasco.

La aspirante presidencial aprovechó para recordar que el año pasado, López Obrador también le cerró a ella la puerta de Palacio Nacional, cuando buscó hacer valer su derecho de réplica.

“Ustedes saben cuál fue mi caso: con un amparo en la mano fui a tocar la puerta de Palacio Nacional, no me la abrió, pero tampoco se la abrió a los papás de los niños con cáncer, tampoco se la abrió a las madres buscadoras, no se la abrió a las mujeres, al contrario, seguramente mañana va a poner las vallas para que las mujeres no se puedan acercar a Palacio Nacional”, sostuvo.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con el senador Emilio Álvarez Icaza, a quien el presidente señaló de ser quien manipula a los inconformes que ayer entraron por la fuerza a Palacio Nacional, exigiendo ser recibidos por el presidente para conocer los avances de la investigación sobre la desaparición de los normalistas.

Aprovechando su visita a Tabasco, Gálvez Ruiz afirmó que de llegar a la Presidencia investigará, auditará y castigará a los responsables del sobrecosto de la refinería de Dos Bocas que se construyó durante este sexenio.

Lamentó que esta obra, emblema del Gobierno Federal, contemplaba una inversión de 160 mil millones de pesos, pero ya costó más de 400 mil millones de pesos.

La hidalguense aseguró a los tabasqueños que van a tener a la Presidenta de la República más valiente que han tenido, que no le dará abrazos a los delincuentes.

Llamó la atención que como parte de su mensaje, la candidata presidencial dijo que “a alguien en el Palacio se le va a revolver el estómago hoy”, en referencia a López Obrador.

Y es que explicó que aunque le aconsejaron no visitar Tabasco, bajo el argumento de que “allá todos están con López Obrador”, ella decidió visitar el estado natal del presidente.

“Pero miren, no les hice caso ¡Aquí estoy! Estoy caminando las calles, estoy convenciendo persona por persona, porque yo sé que muchos de ustedes dieron la confianza, muchos creían que le iba a ir bien a México. Muchos nos fuimos con la idea, ¿pero qué paso? Dividió, polarizo, convocó al odio y la inseguridad se apodero de Tabasco”, lamentó la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México.

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Dictan auto de formal prisión contra militares que habían sido liberados relacionados al caso Ayotzinapa

Una jueza federal dictó formal prisión en contra de los ocho militares que se encuentra relacionados con el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa por el delito de delincuencia organizada

Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habían sido procesados previamente por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, pero habían alcanzado su libertad condicional con el pago de 50,000 pesos.

Sin embargo, desde el jueves pasado, cuatro de ellos fueron reaprehendidos mientras cumplían con su cita a firmar y reportarse en un juzgado, mientras que el resto se entregaron tras enterarse de la nueva imputación en su contra.

Raquel Duarte, titular del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales con sede en Toluca, Estado de México, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció indicios suficientes para someterlos a un nuevo juicio.

Esto implicará que los militares, presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa, permanezcan en calidad de detenidos en una prisión militar de Ciudad de México hasta que se resuelva su caso.

La decisión de la jueza se da luego de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtiera en una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las implicaciones de liberar a los militares, como “un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país”.

Incluso llevó a Alejandro Encinas, extitular de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa creada por López Obrador, a decir que abogados de la Sedena litigan contra la investigación.

Los abogados de los militares señalaron que presentarán denuncias contra las autoridades judiciales, incluso contra el extitular de Derechos Humanos del Gobierno federal, Alejandro Encinas, y aseguraron que defenderán la libertad de los elementos del Ejército, pues enfatizaron que se trata de “persecución política”.

La Comisión de la Verdad, que presidió Encinas hasta su renuncia como subsecretario de Derechos Humanos en octubre pasado, concluyó en 2022 que la desaparición de los jóvenes fue un crimen de Estado, con la participación de funcionarios de todos los niveles, incluyendo militares.

La investigación desacreditó la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto conocida como ‘verdad histórica’, sobre que policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, los asesinaron e incineraron en un basurero.

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Vuelven a detener a militares liberados relacionados al caso Ayotzinapa

A menos de dos semanas de que una jueza liberara a ocho militares acusados de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa para que siguieran su juicio en libertad, las autoridades volvieron a detenerlos.

Uno de ellos, miembro de la Secretaría de Defensa, informó que ayer por la tarde ya se habían cumplimentado las órdenes de aprehensión contra los ocho elementos por el cargo de delincuencia organizada.

Por su parte, un funcionario de la Fiscalía General de la República confirmó las detenciones, pero no los cargos. Ambos hablaron a condición de anonimato por no estar autorizados a comentar el tema públicamente.

La decisión de la jueza, con la que revocó la prisión preventiva a los militares por medio del pago de una fianza, la prohibición de salir del país y su presentación quincenal ante los juzgados, fue duramente criticada, no sólo por los abogados de las víctimas.

El gobierno y la fiscalía sorprendieron entonces con una fuerte condena al fallo de la magistrada, y la fiscalía anunció que lo impugnaría y que interpondría acciones jurídicas por conceder “ventajas indebidas a quienes no lo merecen”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo interpretó como un nuevo ejemplo de jueces que benefician a criminales, declaración que no sorprendió porque sus críticas al Poder Judicial son continuas.

La nueva detención suscita más preguntas que respuestas sobre cómo se investiga este caso, que aunque este Gobierno se ha referido a él como “un crimen de Estado”, ha tenido muchas irregularidades desde que comenzó.

No deja de sorprender que los ocho militares detenidos de nuevo forman parte del grupo cuya detención se pidió en 2022, luego se retiró, en teoría por carecer de elementos, pero posteriormente volvió a pedirse por el delito de desaparición forzada ante la presión de los abogados de los padres de los estudiantes.

La participación de las fuerzas armadas en el caso está confirmada por la Fiscalía General de la República, así como por la Comisión de la Verdad creada al principio de este Gobierno y por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investigaron el caso ocho años.

Expertos y los abogados de las víctimas aseguran que existen muchas evidencias de que la participación de los militares fue mucho mayor a la reconocida por las autoridades, ya que la Secretaría de la Defensa sigue ocultando unos 800 documentos de inteligencia que podrían contener datos clave para esclarecer los hechos.

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AMLO rechaza que el Ejército haya intercedido por militares del caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó este martes las acusaciones de Alejandro Encinas, extitular de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, sobre que abogados del Ejército interceden por los militares involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes.

“No estoy de acuerdo con lo que dijo (Alejandro) Encinas”, expresó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Por el contrario, López Obrador argumentó que “lo lamentable es” que el Poder Judicial proteja a quienes participaron en la desaparición de los normalistas en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

AMLO respondió así a las declaraciones del exfuncionario federal, quien aseveró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intervino a favor de ocho militares involucrados en el caso Ayotzinapa que una jueza liberó el pasado fin de semana por “falta de pruebas”.

La decisión permitió a los militares seguir su proceso en libertad condicional, al pagar 50,000 pesos.

Al respecto, López Obrador afirmó que envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para advertirle sobre la liberación de los militares. Aseguró que estas acusaciones responden a dos cosas: opositores que buscan el desprestigio del Ejército porque “no quieren que haya una institución independiente” y también para hacerlo “quedar mal”.

López Obrador volvió a arremeter contra organizaciones de derechos humanos, en especial contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Desde el principio está politizando este asunto, desde que estaba de director ejecutivo de la CIDH (Emilio) Álvarez Icaza, y tengo pruebas para sostener que dejaron libres a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y las organizaciones, supuestamente de derechos humanos, se quedaron callados”, enfatizó.

No obstante, prometió que su Gobierno seguirá con la investigación al sostener que no está encubriendo a nadie.

Según la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto, conocida como ‘verdad histórica’, policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, los asesinaron e incineraron en un basurero. Sin embargo, dicha versión quedó desacreditada.

En 2018, López Obrador reabrió las pesquisas y creó una Comisión de la Verdad, a cargo de Encinas, que en 2022 concluyó que fue un crimen de Estado con la participación de funcionarios de todos los niveles, incluyendo militares.

Sin embargo, las familias de los desaparecidos denuncian que persiste la falta de voluntad del Gobierno y que las presiones del Ejército han impedido nuevos avances.

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Gobierno acusa al PJ de obstaculizar caso Ayotzinapa; refiere razones políticas

El Gobierno federal aseguró que el Poder Judicial se ha dedicado a obstaculizar el caso de lo 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.

“No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”, dijo en un comunicado el Gobierno federal.

La reacción emitida por la Secretaría de Gobernación llega luego de que el pasado viernes se diera la liberación de ocho militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes, tras lo cual el presidente López Obrador se reunió con el fiscal especial para el caso Rosendo Gómez.

La decisión de una jueza permitió a los militares seguir su proceso en libertad condicional, al pagar 50,000 pesos cada uno.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) dijo el domingo pasado que iniciará un procedimiento legal en contra de la jueza Raquel Duarte que fue quien dio la libertad a los militares.

En el comunicado, el Gobierno dijo que “una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia” y dijo que previamente había liberado a 62 implicados en los hechos, al argumentar que “habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel”.

Dijo que también intentaron dejar en libertad al extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares.

“Ahora, sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército (…) todo ello, por razones estrictamente políticas”.

Además dijo que con este tipo de decisiones, el Poder Judicial “mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”.

Finalmente, reiteraron que el caso Ayotzinapa “es un asunto de Estado” y por ello se pedirá a la FGR “solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto de 2023, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos.

Se “va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación”, indicó el Gobierno federal.

Según la desacreditada versión del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, conocida como ‘verdad histórica’, los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos en septiembre de 2014 por policías corruptos vinculados con el crimen organizado que los asesinaron e incineraron en un basurero.

En 2018, López Obrador reabrió las investigaciones, se ordenó la captura de militares vinculados al caso y ahora ha admitido la participación del Estado mexicano.

Sin embargo, las familias de los desaparecidos siguen apuntando hacia una falta de voluntad del Gobierno, en tanto que, las presiones del Ejército han impedido nuevos avances y han derivado en la renuncia del exfiscal especial del caso Omar Gómez Trejo y en la salida de los expertos de la CIDH del país.

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