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El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que este miércoles se registró un sismo de 5.8 que se localizó al sur de Cabo San Lucas en Baja California Sur.

A través de su cuenta de Facebook, Carlos Alfredo Godinez León, subsecretario de Protección Civil de la entidad apuntó que para los habitantes del municipio fue imperceptible; sin embargo, no se descartan réplicas por lo que estarán pendientes para dar a conocer la información pertinente.

Por su parte, en sus redes sociales el Servicio Sismológico Nacional detalló que el movimiento telúrico se originó a las 15:35 horas, tiempo local, a 275 kilómetros de Cabo San Lucas, a una profundidad de 10 km.

Cabe recordar que en el pasado mes de julio se registró un sismo de 3.8 al norte de Baja California Sur, a 73 km al norte de Santa Rosalía, el cual no causó afectaciones en las zonas urbanas colindantes.

La tarde de este sábado, la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del PAN informó su decisión por unanimidad, de expulsar de las filas del partido a los diputados locales de Baja California que votaron a favor de aprobar la llamada ‘Ley Bonilla’. Con el cual, Jaime Bonilla gobernará por los próximos cinco años, en lugar de los dos originalmente contemplados.

Los legisladores expulsados del PAN son: José Félix Arango Pérez, Iraís María Vázquez Aguiar, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak, Sergio Tolento Hernández, Carlos Alberto Torres Torres y Alfa Peñaloza Valdez.

El 23 de junio pasado, estos diputados, cuya legislatura concluyó el 31 de julio, validaron la legislación.

Además el cómite también separó de Acción Nacional a la presidenta municipal y síndico del ayuntamiento de Playas de Rosarito, Mirna Cecilia Rincón Vargas y Miguel Ángel Vila Ruiz, respectivamente.

Dicho municipio, junto con Ensenada y Tecate, también votaron a favor de la ‘Ley Bonilla’.

A través de un comunicado, el órgano explicó, que se procedió a la expulsión de estos elementos debido a que incumplieron con «obligaciones que como militantes les impone el artículo 12 de los estatutos vigentes y el haber actuado en desacato a un acuerdo de los órganos del Partido, y con ello incurrir en un acto grave de indisciplina».

Las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron desechar la demanda presentada en contra de la llamada #LeyBonilla, que permite la ampliación del periodo del futuro gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

La impugnación fue presentada por la ciudadana Luz María Flores Guarnero en contra de la determinación del Congreso de Baja California de ampliar el plazo del cargo del gobernador de dos a cinco años; se determinó que se desechaba la demanda por falta de interés jurídico.

El Pleno consideró que Flores Guarnero no acredita que dicha ampliación le cause algún daño en sus derechos político-electorales, aunado a que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y estar afiliada a un partido político en otra entidad federativa (Nuevo León) sin acreditar que es ciudadana de Baja California.

Y es que el 24 de julio pasado Luz María Flores Guarnero presentó una demanda en contra del Congreso del Estado de Baja California para controvertir el acto legislativo por el cual ampliaron el termino para ejercer el cargo del gobernador electo a cinco años.

La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó las controversias constitucionales presentadas por los municipios de Tijuana y Mexicali, en contra de reforma al artículo octavo transitorio del decreto 112 de la Constitución de Baja California.

Dicha modificación permite la extensión de mandato del próximo gobernador de la entidad, Jaime Bonilla, pasando de dos a cinco años.

La Comisión, integrada por los Ministros Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá, dos de los magistrados designados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicaron que las controversias eran desechadas por «notoria improcedencia».

Las controversias interpuestas argumentaban que no se convocó a los Ayuntamientos referidos a la Comisión de Dictaminación respecto de la iniciativa de la que ya es llamada la #LeyBonilla.

Los Ministros concluyeron que las controversias fueron promovidas en contra de «actos que no son definitivos por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso, al no haberse publicado la norma general», por lo que no eran procedentes.

Recordemos que la noche de ayer el Congreso de Baja California resolvió el exhorto que le hiciera la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respecto a reconsiderar la extensión de mandato.

Sin embargo, al pedir respetar su autonomía, independencia y soberanía, los legisladores locales validaron la reforma.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el aval que hicieron los diputados del Congreso de Baja California a la ley que contempla la extensión de mandato del próximo gobernador, de dos a cinco años.

AMLO dijo que es un asunto que tiene que ver con el Congreso local y debe de resolver la autoridad competente, por lo que pidió que no le echen la culpa, pues no tuvo nada que ver.

«No sé si se está informando bien sobre este asunto (…) debe decirse que aprobaron esta medida todos los partidos, empezando por el PAN», acusó el mandatario.

Lamentó que ahora en un «doble discurso con una doble moral», quienes votaron por dicha medida resulta que están en contra y lanzan acusaciones. Así dijo, la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía, y aclaró que dicho grupo no solo incluye al PAN, sino que es más amplio.

«Lo único que quisiera es que no me involucraran en este asunto, porque buscan echarme la culpa de todo. Ya les dije no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba el presidente o eran consultadas al presidente», planteó López Obrador.

Dijo que lo que pasaba antes era que desde Presidencia se daba la orden al secretario de Gobernación para orquestar dichas acciones; sugirió preguntarle a la secretaria Olga Sánchez Cordero si recibió alguna orden para que se llevara a cabo la reforma en Baja California.

Ante la insistencia de la prensa sobre saber su opinión, AMLO dijo que prefiere no emitir ninguna opinión para no dar pie a las malas interpretaciones, aunque finalmente dijo que era un extremo de la hipocresía el que ahora estén haciendo cuestionamientos sobre el asunto los opositores cuando fueron ellos quienes probaron el cambio.

Dijo que si hubiese sido Morena quien logró aprobar dicha reforma, entonces sí habría motivos para acusarlo.

Desde una sede alterna, el Congreso de Baja California resolvió el exhorto que le hiciera la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respecto a reconsiderar la extensión de mandato que se aprobó para el próximo gobernador.

Al pedir respetar su autonomía, independencia y soberanía, los legisladores locales validaron la reforma con la que se amplía de dos a cinco años el mandato del morenista, Jaime Bonilla, ahora gobernador electo.

Ocupando como sede el Palacio Municipal de Playas de Rosarito, los legisladores concluyeron que “se desecha por improcedente la solicitud derivada del exhorto emitido por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a este H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, tomando a consideración el vicio constitucional de fondo que presenta la solicitud de dejar sin efectos el Decreto 112 de la Constitución local, acto jurídico distinto a la Iniciativa que modificada el 8vo Transitorio de fecha 8 de julio de 2019, iniciativa que no se puede dejar sin efectos al no tener el carácter de Decreto por encontrarse todavía en el Proceso Legislativo”.

El exhorto se rechazó con 13 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.

Con el respaldo de las bancadas de Morena, PT, Transformemos, así como de los siete diputados que pertenecían al PAN y PRD que se declararon independientes tras la aprobación de la polémica reforma, se convocó a una segunda sesión para hacer la declaratoria formal de incorporación constitucional, relativa a la polémica reforma, la cual dice:

“Para efecto de la concurrencia de la elección de gubernatura del Estado con el proceso electoral federal 2024, la gubernatura electa en el proceso electoral del 2019 iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2024. La reforma al artículo 44 mediante el cual se declara la toma de posesión del gobernador del Estado el mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al que sea electo en dicho cargo en el proceso electoral del 2030. Por única ocasión el gobernador del Estado electo en el proceso electoral 2024, iniciará funciones el primero de noviembre de 2024 y concluirá el 31 de agosto de 2030”.

Los diputados locales indicaron que pedirán al gobernador de la entidad, Francisco ‘Kiko’ Vega de Lamadrid su publicación en el Periódico Oficial del estado; advirtieron que de confirmarse la negativa para promulgarla, tal como lo declaró el gobernador, la Legislatura solicitará su publicación de manera directa como lo contempla la Constitución.

Eva María Vásquez, diputada del PAN, quien votó en contra de la ampliación del periodo de Bonilla, acusó que sus homólogos estaban convocados a la sesión para emitir dicha validez de una forma extraña, pues junto a su compañero de bancada, Miguel Antonio Osuna Millán, acusaron que la convocatoria no se les hizo de manera formal y terminaron enterándose por terceras personas o por las redes sociales.

El candidato del PRD a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz y la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a interponer una denuncia de hechos contra de quien resulte responsable, por lo que consideraron la «ampliación arbitraria» del periodo de gobierno de Jaime Bonilla de dos a cinco años.

El integrante de la DNE, Ángel Ávila Romero, destacó que la denuncia se sustenta en posibles sobornos a los diputados que avalaron la reforma, “se especula que se pudo dar de a un millón de dólares por voto, por cada uno de los legisladores, esto a propia voz del presidente del Congreso del estado de Baja California”.

Advirtió que harán todo lo posible para detener la contrarreforma político-electoral, “nos queda muy claro que es un laboratorio para el partido de Morena”.

Señaló que la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky está detrás de esta ilegalidad, “lo que quieren hacer es conocer cómo respondería la opinión pública si se lograra pasar esa reforma y lo que estamos haciendo es combatiendo eso”.

En ese sentido, destacó que la Fracción del PRD en la Cámara de Diputados ya interpuso un juicio político en contra de cada uno de los diputados que avalaron dicha reforma y este partido en todo momento ha denunciado que la candidatura de Bonilla violentó la normatividad electoral desde el momento que es residente norteamericano.

En tanto, el dirigente nacional Fernando Belaunzarán aseveró que es difícil pensar que no hubo un acuerdo con el gobierno del estado, ya que nombraron al “contralor carnal” en la misma sesión en que prolongaron el mandato de Jaime Bonilla.

“El presidente del congreso tendrá que explicar el ofrecimiento que le hicieron de un millón de dólares y cómo fue que le llegaron al precio”, expresó.

En ese sentido, pidió “congruencia al Gobierno Federal y a la Secretaría de Gobierno para que la dependencia no sea florero frente a ésto, que tenga una postura clara para bajar esta iniciativa anticonstitucional, no se puede lavar las manos”.

Pese a que diversos actores de Morena han afirmado que la extensión de mandato que se aprobó en recientes días en Baja California era a petición de los propios ciudadanos, la más reciente encuesta de El Financiero demuestra lo contrario.

Al preguntar si el Congreso local hizo bien o hizo mal al extender el periodo en el que gobernará Jaime Bonilla, pasando de dos a cinco años, 57% que opinó que hizo mal; solo un 16% de los entrevistados indicó que hizo bien.

Pese a que se necesitó el apoyo de los legisladores de los partidos de oposición, PAN y PRI, al ser minoría los representantes de Morena, quienes más rechazan la reforma son precisamente los ciudadanos que se identifican con Acción Nacional y con el PRD.

Lo arrojado por la encuesta de El Financiero, coincide con lo reportado por el diario Reforma, quien preguntó la opinión de los bajacalifornianos, y encontró que el 54% está en contra de la ampliación del periodo.

En la encuesta de Reforma, 41% se mostró a favor de la medida.

Al respecto, recordemos que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se manifestó en contra de la decisión del Congreso local, por lo que exhortó al Gobierno de Baja California y a los ayuntamientos a dejar sin efecto el decreto.

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente señaló que dicho acto vulnera el principio de no aplicación retroactiva de la ley, trasgrede el principio de certeza electoral, y violenta el principio de no reelección de gobernantes.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero afirmó que la decisión del Congreso de Baja California de ampliar el mandato del gobernador electo de dos a cinco años se trata de una reforma inconstitucional.

“Yo voy a respetar lo que hizo en Congreso, aunque en mi opinión como ministra en retiro sí te puedo decir, ya no como secretaria de Gobernación, que por supuesto, es una reforma inconstitucional, en mi opinión”, dijo la funcionaria.

Al respecto, informó que la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, le comunicó que estudian la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad contra la decisión adoptada por el Congreso local.

Dicha medida también ha sido anunciada por el Partido Acción Nacional (PAN).

Respecto al anuncio que hiciera el actual gobernador del estado, sobre que no publicaría la reforma, la titular de la Segob indicó que “si no se publica la reforma por parte del gobernador, hay un plazo para que la publique directamente el Congreso”

Sobre lo que se ha planteado en el Congreso de la Unión, sobre la desaparición de poderes en la entidad, la funcionaria indicó que a su parecer, lo más conveniente, es la interposición de las acciones de inconstitucionalidad y de los medios de impugnación que se tienen al alcance, a través de las instituciones del Estado y de los poderes públicos.

Sánchez Codero dijo que se tiene que avanzar para construir un Estado de derecho, por lo que dijo, “yo lo estoy respetando a cabalidad, a diferencia de antes que estábamos acostumbrados a ser ‘intromisos’ en los Congresos, en los partidos, en todas las instancias y en todos los poderes.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que analiza el contenido de un escrito que diversas personas presentaron el pasado 15 de julio, en sus oficinas en la ciudad de Tijuana, solicitando su intervención contra la reforma que permite la extensión de mandato de 2 a 5 años para el Gobernador electo en dicha entidad.

“Tomando en consideración la naturaleza y características particulares del acto que se aduce vulnera derechos humanos, la CNDH ponderará la factibilidad de su actuación, en particular sobre una acción de inconstitucionalidad, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, una vez que cuente con todos los elementos necesarios para tal efecto”, indicó la Comisión.

Señaló que la reforma constitucional aún no se publica, por lo que todavía no es vigente.

Indicó que se dará la atención y el seguimiento necesario que sea procedente al escrito que le fue presentado y, en su oportunidad, previo estudio y análisis del caso, tomará la determinación que en derecho proceda sobre la promoción del recurso constitucional correspondiente.

Al respecto, la diputada Eva María Vázquez Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Baja California, no convocará a la sesión pública en la cual se podría promulgar la reforma, por lo que será la siguiente legislatura, que inicia el 1 de agosto, la que realice dicha tarea.

Al acompañar a la legisladora, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Larios Córdova, informó sobre la decisión de su legisladora pese a la presión que está ejerciendo Morena.

Dijo que “en todo caso sea la próxima legislatura, que empieza el 1 de agosto, quien termine esta sucia labor, nosotros no nos vamos a prestar a hacer el trabajo sucio”, declaró el líder panista.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) analizará la reforma que realizó el Congreso de Baja California que extiende el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla, a fin de ver qué participación tendrá en el asunto la Cámara de Diputados.

“En la Cámara de Diputados vamos a tener una reunión la Junta de Coordinación Política para ver a la Cámara de Diputados, como institución, qué le corresponde, qué participación puede tener en este asunto, si es el caso”, indicó Mario Delgado.

Sostuvo que habrá que revisar, con cuidado la reforma y ver sobre todo su constitucionalidad y que no sea un caso que atente contra la democracia.

El morenista indicó que la polémica que ha causado la reforma se debe a que pudo haber aprobada antes de la elección, ya que las leyes en general no deben de tener un beneficiario directo; en este caso, reconoció, el gobernador electo es el beneficiario de la ampliación de periodo, lo cual pone en duda por qué se hizo esta reforma.

Aclaró que la modificación a la Constitución estatal “fue respaldada por un partido que no es Morena”, pues lo hizo “una mayoría de Acción Nacional”.

En el caso de los legisladores de Morena que apoyaron la reforma, puntualizó que será el partido quien decidirá sobre ellos, y “seguramente tendrá que ser la Comisión de Honor y Justicia del partido” quien intervenga.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo indicó que debido a la ampliación de mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, el Poder Legislativo analiza proponer la desaparición de poderes en Baja California.

De llevarse a cabo esta acción, la Cámara alta tendría que designar a un «titular del Poder Ejecutivo provisional», que deberá convocar a elecciones conforme a la Constitución de la entidad afectada.

La Constitución establece: «»El nombramiento del titular del Poder Ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna del presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes y, en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas».

Sobre el tema de la reforma que amplia el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla el presidente, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que ya existen denuncias presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre esta decisión y que será este el que decida la legalidad de la iniciativa.

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se le «caería la cara de vergüenza» si como presidente de la República hubiese autorizado la ampliación de mandato del gobernador electo Jaime Bonilla, de dos a cinco años, en Baja California.

«Imagínense si a mí me hubiesen consultado, como era antes, y hubiese autorizado (…) esa reforma, ¿cómo estaría yo hoy? Se me caería la cara de vergüenza, sin autoridad (moral)», dijo.

El mandatario subrayó que fueron legisladores de varios partidos, y no solo los de Morena, lo que dieron su visto bueno para esta reforma.

La reforma fue propuesta en el Congreso de Baja California por Morena, partido que solo tiene tres diputados en ese órgano legislativo de 25 elementos.

La iniciativa fue apoyada por 11 legisladores del PAN, cinco del PRI y uno de Movimiento Ciudadano.

El mandatario subrayó también que ya existen denuncias presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre esta decisión y que será este el que decida la legalidad de la iniciativa.

«Yo les aseguro que nada que sea injusto, porque no se permite, va a prosperar», afirmó.

López Obrador también rechazó la acusación del PAN de que la decisión tomada por el Congreso de Baja California es un «ensayo» para su probable reelección en 2024.