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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este viernes que el asesinato de la activista Ángela León, una de las líderes de buscadores de desaparecidos en la frontera con Estados Unidos, no se relaciona con su labor.

“Tenemos todo y ya se tiene identificado al presunto responsable y es un asunto que tenemos que ver con calma, no adelantar nada, pero todo indica que no hay relación con lo que ella hacía muy bien, de buscar a una hermana desaparecida en el 2018, que es otro, posiblemente, el motivo, pero no puedo hablar más”, declaró.

El mandatario se refirió al asesinato ocurrido ayer de la líder de la organización ‘Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Tecate’, en Baja California, estado con 2,660 personas no localizadas, según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Las primeras versiones de las autoridades locales, apuntaron a integrantes del crimen organizado que dispararon al rostro de la mujer en su salón de belleza, donde habían intentado secuestrarla.

López Obrador, quien no dio la identidad del presunto responsable, reconoció que la activista había recibido amenazas y había solicitado protección de las autoridades, confirmando que contaba con protección local.

“El caso del asesinato de esta compañera nos preocupó y nos llevó a hacer la investigación sobre lo sucedido, ella tenía una protección de las autoridades locales, ya había ella manifestado tener amenazas, había recibido amenazas, incluso había hecho una solicitud acá con el Gobierno federal”, detalló.

El atentado refleja la violencia que afrontan laos familiares, en especial las madres buscadoras de desaparecidos en México, donde hay 114,000 personas no localizadas, de acuerdo con la CNB, aunque el Gobierno de López Obrador trabaja en un nuevo censo que reduciría la cifra oficial.

Apenas en enero pasado, sujetos armados secuestraron y desaparecieron a Lorenza Cano, madre buscadora de desaparecidos que aún está ilocalizable, tras asesinar a su esposo y su hijo en el municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato.

Al menos tres madres buscadoras murieron asesinadas en 2023 y cinco en 2022, según el recuento de los medios y colectivos de familias de desaparecidos.

Foto: Facebook Union Y Fuerza Por Nuestros Desaparecidos Tecate B.C 

Esta semana, el morenista Jaime Bonilla, regresó a su escaño en el Senado, y en su participación ante Tribuna de la Comisión Permanente, lanzó reclamos e hizo señalamientos en contra de su sucesora, Marina del Pilar Ávila, pese a pertenecer al mismo partido.

El exgobernador de Baja California afirmó que la inseguridad que se vivió el pasado fin de semana en el país, fue diferente en todos los estados, resaltando el caso de su estado.

“Nos tratan de confundir que el tema de Baja California fue el mismo que pasó en Guanajuato y Jalisco, y no es cierto el tema de Baja California es una falla gubernamental estatal, es una falta de oficio político y conocimiento político de lo que estaba pasando en Baja California”, dijo el senador.

Aseguró que que es imposible que las policías municipales, estatales y federales no hayan sabido, con la inteligencia con que trabajan, lo que iba pasar.

“No todo el mundo está preparado para tomar las riendas y ese es el caso de Baja California”, reclamó Bonilla en alusión a Marina del Pilar, a quien acusó de falta de experiencia y de oficio político, así como de conocimiento de los temas que suceden en la entidad.

Sostuvo que en Baja California se optó por un esquema idéntico al de Genaro García Luna, quien ha sido acusado por el propio presidente López Obrador. Reveló que incluso el  jefe del Ejecutivo federal, le dijo a la gobernadora, durante una reunión de seguridad, que ese modelo que había adoptado no funciona. Acusó que pese a pertenecer a Morena y presumir un modelo de 4T, la gobernador adoptó un modelo panista.

“Ahora entra un gobierno de Morena pero realmente operado por un esquema panista donde el mismísimo esposo de la gobernadora toma de decisiones gubernamentales al grado de proponer e imponer a los secretarios”, reclamó Jaime Bonilla.

El punto medular de su mensaje llegó cuando afirmó que lo qué pasó en Baja California se debió a un arreglo previo entre los carteles, en particular con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el gobierno estatal, pues durante la jornada de violencia, el grupo delincuencial le hizo un reclamo a la gobernadora, en una manta, donde le dijeron que violó “el acuerdo”.

Bonilla dijo que eso nunca pasó en su gobierno, así como tampoco hubo incidentes de dicha naturaleza.

Indicó que el fiscal de Baja California, al cual recientemente lo detuvieron en la frontera por contrabando, fue impuesto por el gobierno estatal, incluso violando la Constitución para poderlo designar pues no cumplía con el requisito de edad. Señaló que el fiscal ha sido señalado muchas veces detener acuerdos con los carteles.

“En Baja California hay quien defienda a la sociedad. Rechazó que pese a persecuciones políticas y amenazas para que no salgan estos temas a luz, él dejará de denunciarlo.

“Es altamente ofensivo para la ciudadanía de Baja California tener un gobierno que, a espaldas de lo que le promete al señor presidente (López Obrador), hace cosas completamente adversas que no están de acuerdo a la 4T”, remató el exgobernador.

Sobre los señalamientos hechos por el Senador, la dirigencia nacional de Morena, que encabeza Mario Delgado, así como las y los gobernadores de Morena y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, firmaron un desplegado en que manifestaron su apoyo a la gobernadora.

“Manifestamos nuestra solidaridad con nuestra compañera Marina del Pilar Ávila Olmeda y  rechazamos cualquier acusación de complicidad con la delincuencia venga de donde venga, como la expresada por el senador Jaime Bonilla”, se lee en el desplegado.

La dirigencia del partido indicó que todas y todos quienes impulsan el proyecto de la 4G están al lado del pueblo trabajando en todo el país por un México seguro y en paz, comprometidos con la estrategia de seguridad del presidente López Obrador.

La activista Patricia Rivera, defensora de los derechos de las comunidades indígenas de Baja California, fue asesinada este fin de semana de un balazo en la cabeza en su domicilio, en Tijuana, Baja California.

Tres hombres irrumpieron en su casa, ubicada en la colonia Terrazas de la Presa, y dispararon en la cabeza a Rivera, de 59 años. El ataque tuvo lugar en la noche del sábado, aunque su muerte fue difundido hasta la noche de ayer.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California ha exigido a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y que el crimen no quede impune.

Activistas de Tijuana han mostrado su rechazo al asesinato de Rivera, originaria del estado de Sonora y abogada de formación. Se especializó en Madrid en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Con el ataque a la activista, suman tres los asesinatos de periodistas o defensores de los derechos humanos en la entidad: Margarito Esquivel Martínez y Lourdes Maldonado, comunicadores, fueron asesinados en enero pasado en la entidad.

Durante el ataque y asesinato de Rivero, resultó lesionado un catedrático del Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT).

El gobierno federal informó esta mañana que Baja California se convirtió en la primera entidad del país en tener vacunada contra la COVID-19 a toda su población mayor de 18 años.

“Es la primera entidad donde se vacuna a mayores de 18 años en su totalidad”, señaló la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, al intervenir en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Detalló que en ocho días se vacunaron con el biológico de Janssen, de Johnson & Johnson, a casi 1.25 millones de bajacalifornianos, lo que representa el 92.4% de las dosis asignadas para dicho estado. Recordemos que esta vacuna es de una sola dosis.

“Misión cumplida”, indicó la funcionaria ante el presidente.

Rodríguez dijo que el estado se quedará con 10,000 dosis de las vacunas donadas por el gobierno de Estados Unidos para atender algún rezago que pudiera existir, y precisó que hoy mismo se trasladarán alrededor de 85,000 vacunas a Sonora, en especial al municipio de San Luis Río Colorado, donde comenzará la vacunación en los próximos días.

Recordemos que el gobierno federal inició la vacunación en Baja California el pasado 17 de junio, con la intención de contribuir a la reapertura de la frontera con Estados Unidos, que cerró viajes no esenciales hace 15 meses por la pandemia de COVID-19.

Baja California se convirtió en el primer estado en México en ofrecer la vacunación universal al abrir la inmunización a cualquier persona mayor de 18 años; incluyó a Tijuana, la ciudad más grande de la frontera y el municipio más poblado del país, con más de 1.9 millones de habitantes.

Las autoridades habilitaron 16 puntos de vacunación en los 6 municipios del estado, donde la meta inicial de la Secretaría de Salud era aplicar las 1.35 millones del dosis en 10 días.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ofreció las vacunas de Janssen a López Obrador, quien prometió adquirir más dosis para un programa especial que convenza a Estados Unidos de reabrir la frontera común a viajes no esenciales.

Luego de que el jueves la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizara la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el coronavirus en mayores de 12 años, el presidente señaló que aún no hay fecha establecida para inocular a esta población.

“No queremos anunciar nada si no cumplimos con el compromiso de que en octubre estén vacunados todos los mexicanos que lo deseen, mayores de 18 años, y luego vemos”, aseveró.

Indicó que lo primero es terminar con el plan de que en octubre próximo estén inmunizados al menos con una dosis los mayores de 18 años y reiteró que ha ido cumpliendo sus compromisos.

“Dijimos que íbamos a tener vacunados a mayores de 60 años a finales de mayo aún con 1 dosis y cumplimos y ahora vamos a tener vacunados a todos mayores de 18 años en octubre y vamos a cumplir”, remató.

El gobierno federal informó esta mañana sobre el inicio de la vacunación de toda la población mayor de 18 años en Baja California, donde se utilizará el cargamento de 1.3 millones de vacunas de vacunas de Janssen (J&J) que envió el gobierno de Estados Unidos.

En un inicio, las autoridades habían informado que las vacunas se utilizarían para inmunizar a la población de todos los municipios fronterizos del norte del país, 39 en total, para lograr reabrir la frontera con Estados Unidos, pero finalmente se destinarán únicamente a Baja California.

“Baja California, por instrucción del presidente, es la primera entidad que tendrá la vacunación universal a partir de los 18 años en adelante”, informó la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, al intervenir en al conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La funcionaria indicó que se inmunizará a toda la población mayor de 18 años en los seis municipios del estado, Tijuana, Mexicali, Tecate, Rosarito, San Quintín y Ensenada, y no solo en los que colindan con la frontera, a diferencia de lo que se había informado en un inicio.

Explicó que la meta es aplicar los 1.3 millones de vacunas de Janssen, que son de una sola dosis, en 10 días, aunque dijo puede concluir antes o después, en los 16 centros de vacunación y con un promedio de unas 140,000 dosis al día.

Recordemos que el pasado martes, aterrizó en México el cargamento de vacunas de Janssen que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, había prometido a López Obrador. Al respecto, el gobierno anunció entonces que esas vacunas servirían para inmunizar a los 39 municipios fronterizos de los seis estados del norte para poder reabrir cuanto antes la frontera con Estados Unidos, parcialmente cerrada desde marzo de 2020 por la pandemia de COVID-19.

López Obrador explicó esta mañana que una vez que concluya la vacunación en Baja California, seguirá la inmunización en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

El gobierno federal anunció esta semana que está negociando con Estados Unidos un nuevo envío de vacunas Janssen, que serviría para continuar la vacunación en la frontera.

Más de cien personas se contagiaron de COVID-19 en una boda celebrada en Mexicali, Baja California, a inicios de octubre. Al evento acudieron cerca de 300 personas, confirmaron autoridades estatales.

La boda fue entre el actor Armando Torrea y  la hija de un empresario del sector inmobiliario local, la cual tuvo lugar el 3 de octubre en un domicilio particular de Mexicali, donde según los informes oficiales, no se llevaron a cabo protocolos higiénicos ni filtros de salud.

Se indicó que además, el evento no contaba con los permisos necesarios dada la afluencia de personas en plena pandemia.

El secretario de Salud de Baja California, Alonso Oscar Pérez Rico, aseguró en una entrevista con medios locales que “poquito más de cien personas” habían dado positivo a Covid-19.

Las autoridades del estado confirmaron que no se tomó ninguna precaución durante la celebración y ya investigan si alguno de los invitados sabía que que estaba enfermo y aún así asistió, lo que podría conllevar un delito contra la salud.

En las imágenes de la boda divulgadas por medios locales puede verse a los invitados bailando y divirtiéndose sin cubrebocas y sin distanciamiento.

El gobernado de Baja California, Jaime Bonilla, aseguró que aunque no está de acuerdo con la decisión que tomaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respetará el fallo con el que limitan su gobierno a los dos años por lo que originalmente fue electo.

“Siempre dijimos que vamos a respetar la decisión. Votaron como en una democracia, y en una democracia se gana o se pierde. Aquí yo creo que quien pierde es el Estado”, dijo Bonilla en un breve encuentro con medios, luego de conocerse la decisión de la Corte.

Bonilla indicó que estaba peleando más tiempo en la gubernatura para que pudiera cumplir con el programa de gobierno que se ha trazado, “no era nada más ser gobernador por serlo, no nos pensamos canonizar ni perpetuar”.

El morenista afirmó que con la decisión de la SCJN, se celebrarán elecciones en Baja California en el 2021, por lo que hizo un llamado a quienes aspiren a ser candidatos en Morena, pues dijo, deben “levantar la mano” para que los comiencen a ubicar.

Acusó que hasta ahora ninguno de los ministros de la Suprema Corte ha podido decir qué artículo de la Constitución se violó con la llamada reforma que le permitía extender su mandato por cinco años, por lo que dijo, se “armaron de otros argumentos” para echarla para atrás.

El mandatario local dijo que para que una reforma sea inconstitucional debe haber violado un artículo de la Constitución.

Sobre la petición que la oposición ha hecho de iniciar juicio político en contra de los legisladores que en su momento aprobaron la modificación al artículo octavo de la Constitución del estado que lo beneficiaba, indicó que su gobierno no iniciará ningún procedimiento contra ellos, pues sostuvo que el Congreso local es libre y soberano. “Es una cosa que deben entender en el centro y nunca lo han entendido”.

Aprovechó para culpar a la derecha de haber influido en la decisión de los ministros, específicamente a la Coparmex.

“La cúpula de la derecha trabajó arduamente a través de la Coparmex (…) son cúpulas que no estuvieron con el cambio ciudadano, porque todo lo quieren como antes, impunidad, el rico más rico. Hubo intereses políticos obviamente”, expresó el gobernador.

Incluso dijo que los ministros se protegieron entre ellos al tomar la decisión unánime. Pidió imaginar a un Ministro votando en contra, “iban a decir automáticamente ‘oye, este ya lo maicearon’, entonces se protegieron ellos”.

Luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará este lunes en análisis a la llamada ‘Ley Bonilla’, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunció al respecto, e hizo un llamado a los ministros a anular la ley, pues dijo, es claramente inconstitucional.

A través de un comunicado, la Confederación dijo que aunque es un tema que surge en Baja California, tiene un impacto a nivel nacional debido a que tendrá repercusiones en los cimientos de la Constitución, específicamente en el principio básico de respeto al voto popular.

“Es de tal grado la relevancia de dicho fallo (…) que la SCJN tiene prácticamente en sus manos, el futuro de la democracia en México”.

La Coparmex consideró que con la Ley Bonilla al menos se advierten múltiples violaciones de fondo: la del derecho a la seguridad jurídica, principio de legalidad; la irretroactividad de las leyes; y la vulneración de los derechos político-electorales de la ciudadanía en Baja California.

Recordó que permitir al Congreso local modificar el periodo de encargo de un gobernante electo, es contrario a la esencia del sistema democrático; además de que hay una prohibición expresa en el artículo 105 Constitucional, que indica que las leyes electorales no pueden modificarse 90 días antes al inicio del proceso electoral. 

“Esta prohibición expresa se introdujo en 1996, precisamente para evitar el tipo de fraude a la ley que se pretende con la ‘Ley Bonilla'”.

De acuerdo al proyecto presentado por el ministro Fernando Franco González Salas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría declarar inconstitucionalidad la llamada ‘Ley Bonilla’.

Recordemos que la ‘Ley Bonilla’ amplió de, 2 a 5 años, el periodo de Jaime Bonilla al frente del gobierno de Baja California, una vez que ya había sido declarado como gobernador electo.

Según lo que se ha informado, el proyecto del ministro Franco indica que la reforma que amplió el periodo de gobierno de Bonilla viola los principios democráticos de la Constitución, ya que fue electo popularmente para gobernar dos años y no cinco.

Para poder invalidar la reforma se necesita el voto de por lo menos ocho ministros de la Suprema Corte. Hasta ahora no hay fecha de cuando se discutirá el tema en el Pleno.

En ese sentido, el Partido Acción Nacional (PAN) confió en que la Suprema Corte actuará con absoluto apego a la Constitución.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, hizo un llamado a que lo ordenado en las urnas por los ciudadanos sea respetado por el bien de México, del Estado de Derecho, de la democracia y del equilibrio de poderes.

“Desde el primer momento el PAN ha dado la batalla para que el gobernador Bonilla no trasgreda la Constitución. Desde diciembre pasado la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció la inconstitucionalidad, ahora solo falta el último paso que recae en la Suprema Corte”, dijo la dirigencia nacional de partido.

Los principales actores de la industria automotriz en el país, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automores (AMDA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPAC), la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), alertaron esta tarde de la intención del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de legalizar vehículos de contrabando apoyado por legisladores locales.

Las asociaciones automotrices recordaron que conforme a la Constitución Política, es facultad privativa de la Federación gravar y fiscalizar las mercancías que se importen o exporten, por lo que en agosto de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Baja California, mediante el cual dicha entidad federativa en materia de vehículos ilegales tiene las siguientes obligaciones: verificar la legal estancia de los vehículos, en caso de no acreditarla tiene facultad para embargarlos y negar el registro estatal a los vehículos que no acrediten la legal estancia.

Además, señalaron que cuando la entidad federativa otorgue documentación o placas a vehículos que no acrediten la legal estancia, será sancionada además de la responsabilidad federal en materia de contrabando, con un descuento de los incentivos o de las participaciones de la entidad.

Al respecto, indicaron que Jaime Bonilla  remitió al Congreso del Estado el 30 de diciembre de 2019 la “Iniciativa de ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California”.

“Mañana el Congreso del Estado de Baja California pretende aprobar el censo de vehículos ilegales a través del pago de $1,000 por trámite e identificación mediante calcomanías, otorgándoles derechos a través de un esquema registral al contrabando que pretende además, dotar al vehículo de placa o placas metálicas y tarjeta de circulación. El censo abarcaría a automóviles, camiones, omnibuses, motocicletas cualquier que fuese su tipo de combustible así como de remolques”, señalaron en el comunciado conjunto que emitieron.

Dicha iniciativa pretende legalizar el contrabando de vehículos en Baja California, lo que dijeron, contraviene el marco jurídico federal, por lo que implementar un Instituto como el planteado iría aún más allá de una pretendida regularización, ya que se persigue instituir un mecanismo paralelo que metódicamente será condescendiente con aquellos que violan la ley.

“En el sector automotor hemos visto con beneplácito la actual política de combate a la corrupción, consideramos que es inconsistente apoyar cualquier acción que emane de un acto de ilegalidad, instaurándose así, la oficialización de un perverso incentivo a la impunidad”, añadieron.

Solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, para hacer respetar el Estado de Derecho.

Rematon asegurando que la iniciativa de Bonilla viola los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad en el pago de contribuciones y cumplimiento de obligaciones aduaneras, cuando pretende regular la ilegalidad y el contrabando, al incentivar el incumplimiento de las disposiciones federales (aduaneras) cuando trata de conceder derechos registrales a los vehículos ilegales.

El ex candidato del PRD a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz y la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) de dicho partido, presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los presuntos “moches” que han cometido funcionarios de primer nivel del actual gobierno de Baja California, encabezado por el morenista Jaime Bonilla.

Martínez Veloz explicó que en el estado se han repetido actos de corrupción, mismos que se han denunciado oportunamente y existen evidencias sobre el uso de 28 millones de pesos que fueron utilizados para favorecer contratos a distintos empresarios, “es por eso que acudimos a la FGR para que intervenga y dé certidumbre a la ciudadanía y a los empresarios del estado”.

Acompañado de los dirigentes nacionales Ángel Ávila, Camerino Márquez y la dirigente estatal Brenda Villena, agregó que “los moches empezaron a producirse a partir de la detención del chofer de la ex Secretaria del Bienestar Social, que portaba la cantidad de cuatro millones 700 mil pesos y, a partir de ahí, empiezan a aparecer una serie de declaraciones por parte de funcionarios, exfuncionarios y empresarios que señalan que hubo al menos 28 millones de pesos que le fueron solicitados a distintos empresarios a cambio de favorecerlos con contratos cuando llegara a ocupar su cargo”, acusó.

El ex candidato del PRD detalló que dichos recursos fueron utilizados en una asociación llamada “voluntariado de Jaime Bonilla” y de acuerdo con declaraciones de la Secretaria del Bienestar, parte de esos recursos fueron destinados para distribuir mochilas y promover la figura y la imagen del ya gobernador electo.

En ese sentido, Ángel Ávila señaló que Jaime Bonilla es un personaje nocivo para la vida pública del país, pues a menos de un mes de tomar protesta como gobernador se destapan ese desvío de recursos por parte de funcionarios de primer nivel, “ya renunció la Secretaria del Bienestar y el Oficial Mayor, por tanto esas acciones deben ser investigadas de manera inmediata”, subrayó.

Precisó que la decisión de acudir a la FGR es porque las autoridades locales no van a resolver conforme a derecho, pues hace unos días nombraron al nuevo Fiscal de Baja California que es nada menos que el compadre de Jaime Bonilla, por tanto, no hay confianza en las autoridades del estado resuelvan a favor de la legalidad.

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, hace campaña política porque quiere ser candidato en Baja California, afirmó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de De Hoyos Walter, quien consideró que con la firma del adendum del T-MEC se cedió bastante frente a Estados Unidos y Canadá, el mandatario federal señaló que por su comportamiento, no representa realmente a los empresarios, sino que es más bien “como una especie de dirigente de un partido”.

“Él está haciendo campaña política porque quiere ser candidato de un partido conservador en Baja California, es un indicio por su comportamiento”, sostuvo López Obrador durante su conferencia de prensa.

Y es que desde ayer, López Obrador lamentó la postura del presidente de la Coparmex al no respaldar las negociaciones del T-MEC, a lo que el empresario dijo que la organización que dirige defiende los intereses legítimos de los empresarios.

Y es que de Hoyos Walter, dijo que estaban contentos de que concluya la negociación del T-MEC, aunque criticó la premura y, en su opinión, lo mucho que se cedió.

“Hasta el momento nadie (los empresarios) conoce los detalles solamente los funcionarios, y lo que preocupa es la ‘letra chiquita del Tratado'”, señaló.

Además, el dirigente lamentó que en las dos últimas semanas de negociaciones, el sector empresarial fuera relegado del proceso.

De Hoyos Walter dijo que desde el inicio de las negociaciones del T-MEC en Washington, y durante todo el proceso, un equipo de más de 350 expertos empresariales estuvo presente, sin embargo, en la recta final quedaron fuera y la información estuvo “a cuenta gotas”.

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD y el excandidato del PRD a la gubernatura por el estado de Baja California, Jaime Martínez Veloz reconocieron la opinión técnica que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), respecto a la violación constitucional que se cometió en Baja California al ampliar el mandato del Gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Lo anterior luego de que Magistrados del TEPJF emitieron una opinión técnica y concluyeron que el Decreto 351 con el que se amplió el periodo gubernamental en el estado, trasgredió los principios de certeza, periodicidad de las elecciones, libertad y autenticidad del sufragio, lo mismo que los derechos de votar y ser votados.

Martínez Veloz sostuvo que la conclusión del Tribunal es importante, porque establecen los criterios y la jurisprudencia que existe en la entidad y con ello se convalidan los argumentos de quienes han demandado persistentemente el “atropello” a la legalidad.

El excandidato perredista dijo que la SCJN debe emitir una resolución tomando en cuenta la opinión de las instancias correspondientes en materia electoral, debido a que aporta elementos necesarios para que los ministros de la Corte puedan fundamentar la resolución legal.

Cabe señalar que la sala superior y el pleno de la SCJN han sostenido que “el principio de no reelección implica una prohibición fundamental: la prórroga o extensión del mandato más allá para el cual ha sido electo democráticamente, sea mediante la organización de nuevas elecciones, sea mediante una ampliación con esos efectos”.

Por su parte el presidente del PAN, Marko Cortés, también reconoció la resolución de la sala superior del TEPJF,  peus dijo, dejaron en claro lo que el partido dijo desde un principio.

“Lo que falta es que la Suprema Corte de Justicia la declare inconstitucional para que entonces todo mundo en Baja California tenga certidumbre y se deje de estar especulando en un gobierno que claramente es de 2 años”, declaró.

El Cortés Mendonza indicó que el PAN ya se entrevistó con el Ministro de la Suprema Corte, José Fernando Franco González Salas, para presentar los argumentos legales del caso y también se harán visitas a los demás ministros para el mismo fin.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) calificó como inconstitucional la llamada #LeyBonilla, con la que se amplió de 2 a 5 años el periodo de Jaime Bonilla al frente del gobierno de Baja California.

El TEPJF indicó que con la #LeyBonilla se violan los principios constitucionales de certeza, de no reelección, así como el derecho a votar y ser votado. Adicional señaló que se aparta de la regularidad constitucional.

Los magistrados incluyeron su determinación en un escrito de opinión que dirigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien lleva a cabo el análisis de los recursos de inconstitucionalidad contra la #LeyBonilla.

Entre los puntos que destacaron los magistrados para determinar como inconstitucional la ley, es que se vulneró el principio de certeza garantizado en los artículos 105 y 116 de la Constitución, que enuncia la prohibición a realizar modificaciones sustanciales a las leyes electorales 90 días previos al inicio de la etapa de preparación de las elecciones.

“El Decreto impugnado se publicó el 17 octubre de 2019, mientras que el proceso electoral en el Estado de Baja California inició el 9 de septiembre de 2018 y concluyó el 7 de octubre del año siguiente, es decir, la reforma entró en vigor una vez concluido el proceso electoral, de ahí que no se cumple con la temporalidad mínima de 90 previos al inicio de la etapa de preparación de las elecciones”, detallaron los magistrados.

Fue el ministro de la Suprema Corte, José Fernando Franco González Salas, quien solicitó al Tribunal Electoral una opinión técnica sobre la constitucionalidad o no de la Ley, con el fin de contribuir al análisis que realizan.

Finalmente, el Tribunal aclaró que las opiniones emitidas respecto a temas con contenido electoral no son vinculantes, aunque aportan “elementos adicionales para el estudio de las instituciones pertenecientes a la materia electoral, con la finalidad de orientar el ejercicio del control abstracto de constitucionalidad de las normas impugnadas”.

La presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, interpuso un recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que resuelva la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en contra de la llamada #LeyBonilla, que busca extender el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años.

En conferencia de prensa a las afueras de la SCJN, la activista señaló que el documento, firmado por 137 ciudadanos, se basa en la figura jurídica “Amicus Curiae (amigos de la Corte), con la que respaldan la acción de inconstitucionalidad promovida el 30 de octubre por la CNDH.

La activista señaló que el recurso debe ser considerado por los ministros al emitir su fallo, pues la extensión del mandato del actual ejecutivo estatal, afecta no sólo a la entidad, sino a todo el federalismo mexicano.

Por lo anterior subrayó que la #LeyBonilla es ilegal, y lamentó que siga vigente, por lo que urgió a la Suprema Corte a que la anule.

Morera indicó que con su escrito apoyan el recurso de la CNDH, porque la mencionada ley vulnera los valores democráticos, como el respeto del voto, ya que el Congreso estatal suplanta la voluntad de los electores, al elegir de facto a un gobernador por tres años más, sin mediar elecciones.

Además, con ella se vulnera la idea de la soberanía popular y contraviene normas constitucionales, pues no fue promulgada, y se publicó 90 días antes del proceso electoral, pese a que incidía en la periodicidad del cargo electo.

La activista instó a la Corte a resolver la acción, pues a 26 días del inicio del cargo de Jaime Bonilla, los ciudadanos aún reclaman la forma inconstitucional en la que éste amplió su mandato.

Finalizó al decir que la intención es mandar el mensaje de que cualquier intento por debilitar a las autoridades o las instituciones, será cuestionado por una sociedad civil atenta e informada.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la que busca dar certeza jurídica al proceso electoral efectuado en el estado de Baja California el pasado 2 de junio.

La Acción de Inconstitucionalidad presentada por el Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, en representación del Instituto, pretende que la SCJN declare inconstitucional el Decreto número 351 aprobado por el Congreso de Baja California el pasado 11 de septiembre, mediante el cual se modifica el mandato para el cual fue electo el candidato Jaime Bonilla, pasando de dos a cinco años.

El INE argumentó ante la Suprema Corte que el decreto publicado el pasado 17 de octubre de 2019 contraviene la Constitución Federal, ya que dicho ordenamiento pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se realizara el proceso electoral local en Baja California.

En el segundo recurso legal interpuesto por el INE en relación al proceso electoral en Baja California, ya que el pasado 24 de octubre interpuso una acción declarativa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar que se aclarara el periodo del próximo gobierno.

El INE recordó que la Constitución expresamente, en su artículo 105, que: “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y, durante el mismo, no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

En la Acción de Inconstitucionalidad, el INE expuso que la reforma efectuada por el Congreso de Baja California para ampliar el periodo de gestión del gobernador electo, de dos a cinco años, pone en riesgo la certeza jurídica establecida en el artículo 41 Constitucional, ya que dicha modificación, posterior al proceso electoral, cambió las reglas sobre las cuales la ciudadanía y los diversos actores políticos de la entidad participaron en los comicios del pasado 2 de junio.