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El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, informó este jueves una “inversión histórica” de 3,191 millones de dólares en energías limpias durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El funcionario detalló que la inversión se ha distribuido en 22 proyectos que aportarán un total de 1,500 megavatios (MW) de fuentes renovables. Entre ellas, destacó el parque solar que se construye en Sonora, estado fronterizo con Estados Unidos, al que llama “el proyecto fotovoltaico más importante de América Latina” porque aportará 1,000 MW con una inversión de 1,844 millones de dólares.

También resaltó un parque solar en Yucatán y la modernización de 16 hidroeléctricas.

En conjunto, los 22 proyectos, cuya mayoría estarán listos en 2024, representan 6,925 MW y dejar de emitir 15.5 millones de toneladas de dióxido de carbono, el equivalente a sacar de circulación a 7.24 millones de autos.

“La CFE se reafirma como la mayor generadora de energía limpia en el país, inyectando a la red el 55% de esta entre 2010 y 2023″, sostuvo Bartlett.

El funcionario expuso el “rescate” que ha hecho López Obrador de la CFE, una de sus principales promesas de campaña para contrarrestar la reforma energética que abrió a la inversión privada el sector energético en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Recordemos que el mandatario promulgó en 2021 la polémica Ley de la Industria Eléctrica, que prioriza el despacho de la energía generada en las plantas de CFE por encima de los privados aunque sea menos eficiente o más contaminante.

Bartlett aseguró que ahora produce 22% más energía limpia que los privados y 37% menos de energía fósil.

En total, la CFE reportó invertir 9,171 millones de dólares en 35 proyectos de generación en la administración de López Obrador, con lo que ha cumplido la meta de generar el 54% de la electricidad del país.

“Estos 35 proyectos en conjunto representan 9.000 megavatios de capacidad, un programa de inversión y construcción sin precedentes en una Administración, se cumple el objetivo presidencial, la capacidad de la CFE aumentará hasta el 52 %”, manifestó.

Además, Bartlett dijo que, con la incorporación de 13 centrales de generación que el Gobierno adquirió a Iberdrola en 2023, “la CFE incrementará su generación al 61% a septiembre de este año”.

El director de la CFE también expresó que, sin aumentar las tarifas más allá de la inflación, los ingresos de CFE han crecido en 40% y la deuda ha disminuido en 19% en este sexenio.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazó este lunes los señalamientos hechos por el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, quien el pasado viernes afirmara que el actual sistema “es un atraco contra el pueblo de México”, esto, en medio del debate de la polémica reforma eléctrica del presidente López Obrador.

En sus declaraciones, Bartlett amenazó con cancelar los contratos de los privados y rechazó indemnizarlos si se aprueba la reforma, que limita a 46% la participación privada en la generación eléctrica.

“Con las recientes declaraciones es evidente que el respeto y cumplimiento de las leyes y la Constitución en nuestro país están en grave riesgo y la solución no es que un grupo de personas dicten normas inconstitucionales”, manifestó el CCE en un comunicado.

Y es que los choques entre el empresariado y el gobierno federal se han incrementado desde que el presidente envió el pasado 1 de octubre al Congreso una iniciativa de reforma eléctrica, que revierte la apertura del sector a la inversión privada que inició en 2013.

El CCE ha alertado de que inversionistas acudirán a paneles internacionales para proteger los cerca de 44,000 millones de dólares de inversión que consideran en riesgo de confiscación o expropiación indirecta. Así, los empresarios pidieron al gobierno no caer en “la provocación” ni “la polarización”.

“Los ciudadanos queremos impedir que desde el gobierno arbitrariamente se vulneren y se pasen por alto los diques de contención legales, porque entonces sería admisible que cualquiera lo haga”, sostuvo el CCE.

Recordemos que desde que asumió el poder en 2018, López Obrador se ha opuesto a la reforma energética de Peña Nieto, que abrió el sector a las empresas privadas, a las que acusa de “saqueo” y de ver a México como “tierra de conquista”.

En respuesta, en Conejo dijo que utilizar el nacionalismo como pretexto para atentar contra el Estado de derecho es realmente un ataque contra todos. Sostuvo que es un atentado contra el sistema que tantos años ha costado construir y contra los preceptos legales que protegen a todos los mexicanos de la arbitrariedad del autoritarismo.

“El propio Estado de Derecho no es inamovible, y proporciona los medios para defender cualquier idea y proponer las novedades que se quieran introducir en nuestro sistema constitucional. El problema es que respetando las normas de hoy, estas declaraciones y propuestas no tienen cabida. Reformar la ley con base en la ideología y la manipulación de los distintos sectores de la ciudadanía es totalmente inaceptable. Es una estrategia política que sólo genera, como resultado, el engaño y la división de la sociedad”, indicó el CCE.

La cúpula empresarial pidió “un voto sustentado y responsable” al Congreso, donde tanto el bloque afín al gobierno como la oposición han prometido un parlamento abierto ante la falta de consensos para alcanzar la mayoría calificada que permitirá la eventual aprobación de la iniciativa.

“No a la provocación y a la polarización, sí al diálogo respetuoso para mantener una industria eléctrica fuerte, sana y competitiva”, remató el CCE.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este lunes que inhabilitó a la empresa Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V., propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, por 24 y 27 meses respectivamente, para no realizar operaciones con ninguna entidad gubernamental.

Adicional, la dependencia indicó que se le impusieron a la empresa dos multas, que suman más de dos millones de pesos, por haber lucrado indebidamente con la emergencia sanitaria derivada del Covid-19.

Y es que el pasado 17 de abril, la delegación del IMSS en Hidalgo adjudicó de manera directa un contrato para la compra de 20 ventiladores respiratorios, pese a que a la empresa no produce insumos médicos. Sin embargo, tras ser denunciada dicha adjudicación, se reveló que la contratación se sustentó en falsedades.

Entre las anomalías detectadas, se encontró que el precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del rango del mercado. Además, se concluyó que la supuesta urgencia para adquirir los ventiladores en el IMSS de Hidalgo no tuvo sustento durante las fechas de la contratación.

La SFP señaló que las investigaciones realizadas demostraron que la empresa proporcionó información falsa con respecto a la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos adjudicados, pues los equipos se entregaron tarde, en abierto incumplimiento de las bases de adjudicación.

Adicional, precisó que ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Confirmó que se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado, 11 estaban rotos y totalmente inservibles.

“Durante el viejo régimen no se castigaron ni los desfalcos más dispendiosos, inmorales y evidentes, como el icónico FOBAPROA, que mermó la riqueza de la nación por generaciones y que incluso hoy seguimos pagando. Hoy, en estricto apego a la legalidad y garantizando el debido proceso para todos los involucrados, el gobierno actúa y sanciona todas las infracciones cometidas, incluso sin que se hubiera consumado ningún daño al erario”, precisó la SFP a través de un comunicado.

Además de las sanciones a Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V., la dependencia informó que se investiga la posible comisión de faltas administrativas por parte de servidores públicos vinculados al proceso de adquisición, por lo que se ordenó como medida cautelar la suspensión de cuatro servidores públicos investigados, adscritos al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Hidalgo.

La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, aseguró que no se tolerará la corrupción ni se permitirá la impunidad o el influyentismo; recordó que en la actual administración “no hay intocables ni perseguidos”.

Finalmente, la Secretaría de la Función Pública indicó que desde el 27 de febrero, que se confirmó el primer caso positivo de Covid-19, a recibido 722 denuncias ciudadanas por posibles irregularidades administrativas en instituciones sanitarias, y precisó que a lo largo de la pandemia se han supervisado más de dos mil procesos de contratación en el sector Salud, para asegurar que la emergencia no sea utilizada como “pretexto para encubrir desfalcos al pueblo de México.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) levantó un acta de rechazo para devolver los 20 ventiladores que compró a León Manuel Bartlett, hijo del actual director de la CFE, en 1. 5 millones de pesos cada uno, los más caros de cuantos había comprado el gobierno federal hasta el 1 de mayo, ya que presentaban características distintas a las contratadas.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia explicó que el 8 de mayo, el órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Hidalgo, y luego de una revisión física, detectó que además los ventiladores no contaban con pantalla táctil, es decir no cumplían con los requerimientos funcionales acordados.

En la carta invitación que el IMSS envió el 16 de abril a Víctor Hugo Pérez Solares, representante legal de Cyber Robotics, para la adquisición directa de los ventiladores, se precisó que el equipo solicitado debería contar con «pantalla táctil a color que muestra gráficas, datos numéricos, alarmas priorizadas en tiempo real y los diferentes modos ventilatorios seleccionados para un adecuado tratamiento».

Ahora, el 8 de mayo pasado, el responsable del Hospital General de Zona 1, el subdirector médico, el jefe de Conservación y el de Control de Bienes de esa institución levantaron un Acta de administrativa de Rechazo de Bienes por las fallas, los daños y porque el equipo no correspondía con las características técnicas acordadas.

Fuentes en el IMSS confirmaron a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que se entregó el producto pero cuando se inició el proceso de revisión detectaron que los ventiladores no cumplieron al 100 por ciento con las especificaciones técnicas, por lo que los 31 millones de pesos aún no se pagaban.

Recordemos que fue MCCI quien dio a conocer que el pasado 30 de abril el IMSS firmó un contrato para la adquisición de 20 ventiladores a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett.

El diputado del PAN, Luis Mendoza Acevedo, propuso subastar el inmueble que utilizó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para su campaña electoral, la cual era propiedad de un colaborador cercano al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

El inmueble ubicado en la calle de Chihuahua 216, en la colonia Roma, alberga actualmente las oficinas de Morena, y recientemente se dio a conocer la noticia sobre su adquisición a la empresa Top Real Estate Company, cuyo accionista es José de Jesús Hernández Torres, hombre ligado al actual titular de la CFE.

A través de un comunicado, el legislador panista señaló que “es un claro indicio de corrupción al más alto nivel”.

Ante dicho panorama, el diputado exigió al director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas, incautar la propiedad y subastarla en los términos de Ley, por tener sombras de irregularidad.

“El dinero recabado debe ser destinado para pagar gratificaciones al personal de salud, comprar insumos o bien, habilitar este inmueble como un Centro de Atención Covid-19; ya que la casa está muy bien acondicionada y tiene espacios que pueden aportar a los médicos o enfermos”, indicó.

El diputado panista comentó que hay muchas formas de sacarle provecho a la “Casa Bartlett”, por lo que le pidió al presidente convencer al dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para que facilite los trámites o bien, no darle tantas vueltas y donar el inmueble a la causa.

Comuneros y abogados del poblado Salazar, en el Estado de México, aseguran que León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), intentó extorsionarlos para que le permitieran tomar posesión de terrenos a cambio de la libertad de ocho personas de la comunidad, que más tarde fueron consideradas presos políticos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de una nueva investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se obtuvo los testimonios de cinco personas que estuvieron presentes en dichas reuniones en el 2018.

Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, sus abogados y otros compradores de predios se reunieron con ellos en 2018 para intentar dirimir una controversia sobre tierras comunales en el Estado de México. La oferta del hijo del director de CFE, aseguran esos testigos, era despojarlos de sus tierras a cambio de que los comuneros quedaran libres.

“Nos citaron para llegar a un convenio que nosotros les firmáramos, pobladores de Salazar, las tierras que ellos habían comprado a cambio de que les daban la libertad a los presos que tenían allá en Almoloya de Juárez”, contó Maribel Becerril, madre de Daneyra Kikey y Yuriko Maribel Becerril, dos de las presas de la comunidad de Salazar.

“Decían que si les dábamos las tierras, si los dejábamos bardar nuestras tierras, él (Bartlett Álvarez) les daba la libertad. que porque él tenía contacto directo con la persona indicada, que tenía detenidas a las personas que estaban allá”, añade el testimonio.

Una de las abogadas del caso Salazar, Esther Goujón, lo recuerda así: “Nos chantajeaban, les dejamos libres a su gente a cambio de que nos dejen las tierras. ¿Por qué te vamos a dejar las tierras?”.

Salazar es una zona boscosa en el municipio de Lerma, a 20 kilómetros de Santa Fe en la Ciudad de México, dedicada a la siembra.  La disputa por las tierras empezó en los años setenta cuando la comunidad de Salazar y el Ejido San Mateo Atarasquillo iniciaron un proceso judicial agrario para dirimir a cuál de esas poblaciones corresponden 217 hectáreas.

Sin embargo, no es la única información que este fin de semana salió a la luz sobre los Bartlett. El periodista Carlos Loret de Mola publicó en The Washington Post que, la casa  que fungió como sede del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue propiedad de la empresa Top Real Estate Company, siendo el socio mayoritario de dicha empresa José de Jesús Hernández Torres, colaborador cercano desde hace 49 años de Manuel Bartlett Díaz.

Hernández Torres resulta también ser socio de León Manuel Bartlett Álvarez, en una empresa hotelera llamada Xibalba Resorts ubicada en Cancún, Quintana Roo.

Se trata de la casa ubicada en Chihuahua 216, en la colonia Roma; la empresa Top Real Estate Company, de Hernández Torres, rentó en 2017 la propiedad  a Morena, partido que llevó a triunfo a López Obrador. El contrato fue por un año cuatro meses, fijando un precio de 130,000 pesos mensuales. Posteriormente, el contrato se renovó en 2019 y la renta aumentó a 138,000 mensuales.

Cuando AMLO trasladó sus oficinas a Palacio Nacional al tomar posesión al cargo, el inmueble quedó como centro de operaciones del partido (Morena). La dirigencia de Yeidckol Polevnsky la ocupaba como oficina y después anunció que, para no seguir pagando renta, Morena compraría la propiedad dado el valor simbólico que tenía, “eran las oficinas de López Obrador”.

“Este episodio no es una casa más ligada a un funcionario muy cuestionado. El inmueble era la casa de campaña de López Obrador, fue la sede del gobierno electo de México, la oficina del presidente entrante donde se tomaron decisiones centrales sobre el destino del país y se hicieron reuniones de impacto internacional”, publica Loret de Mola.

La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, presentó este miércoles ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia contra León Manuel Bartlett Álvarez, Manuel Bartlett Díaz y Zoé Robledo Aburto por presunta utilización indebida de información privilegiada, conflicto de interés y tráfico de influencias.

En un comunicado, la bancada perredista informó que la denuncia fue presentada por el contrato que la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo asignó a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de Bartlett lvarez, por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios.

Lo anterior, debido a que cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos, que es el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria por COVID-19, y a raíz de que el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, convalidó la adquisición.

Según la legisladora, León Manuel Bartlett lvarez, además de ser beneficiado con el contrato aludido, recibió de distintas dependencias del gobierno federal otros seis contratos, todos por adjudicación directa excepto uno. “El monto de recursos públicos implicados alcanza en total 162 millones 240 mil pesos”.

Juárez Piña añadió que se vislumbra una utilización indebida de información privilegiada, actuación bajo conflicto de interés y tráfico de influencias, todas ellas infracciones graves contempladas por la ley.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que realiza una investigación por la compra de ventiladores pulmonares que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

La investigación se desprende de la investigación que presentó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) la semana pasada, sobre que la delegación del IMSS en Hidalgo adjudicó de manera directa a Cyber Robotics Solutions un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios para atender la pandemia por Covid 19.

Cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos,  el precio más alto pagado por el gobierno federal desde que se declaró la emergencia sanitaria, de acuerdo con una revisión de contratos públicos realizada por MCCI.

Tras la publicación del reportaje, Bartlett Álvarez dijo en la red social Twitter que el proceso de compra fue legal, transparente y cumpliendo con la normativa establecida, y  señaló que el Gobierno de la Ciudad de México compró ventiladores 72 por ciento más caros que los de él.

Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública informó que desde el día de la publicación del reportaje el órgano interno de control del IMSS abrió un expediente de investigación por la adquisición de ventiladores pulmonares por parte de la delegación del IMSS en el Estado de Hidalgo.

“Durante el fin de semana se realizaron ya los primeros requerimientos de información al IMSS, e incluso, la propia secretaria (Irma Eréndira) Sandoval Ballesteros giró un oficio al Director General del instituto para contar con mayores elementos para resolver este caso con celeridad”, dijo la ependencia.

Afirmó que no sólo se va a castigar a los funcionarios, sino a los actores que especulan contra el Estado y el interés público, por lo que, de ser necesario, se dará vista penal, para lo que se espera la colaboración de las fiscalías General de la República y Especializada en Combate a la Corrupción.

La SFP manifestó que para hacer más eficaz el gasto público, han puesto énfasis en las compras para atender la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, su transparencia y que se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles para el Estado.

“Durante la actual contingencia, para la Función Pública es una prioridad que las actuaciones de las dependencias y entidades, además de legales, sean morales y no se alejen de la ética pública de la Cuarta Transformación. Asimismo, que el desempeño se ajuste a los criterios de razonabilidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y austeridad republicana”, señaló la dependencia en un comunicado.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que su gobierno, a través de la Secretaría de la Función Pública, investigaría la asignación del contrato a la empresa de Bartlett Álvarez.

“Quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado, y no debe de permitirse la impunidad”.

Luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) informara que no encontró evidencias de conflicto de interés o corrupción por parte del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que “no se puede acusar sin pruebas”.

“Entiendo que la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta administración y eso es lo que se resolvió”, dijo AMLO respecto al dictamen de la SFP.

Añadió que además reiteraba el criterio que siempre ha tenido para este tipo de casos: no se puede acusar sin pruebas, “yo fui opositor mucho tiempo y presenté denuncias, pero siempre probé”.

Tras mencionar que antes en la CFE los contratos se hacían por influencia, el mandatario federal sostuvo que si se tiene que juzgar lo hecho en tiempos pasados por el ahora titular de esta Comisión, “bueno eso se juzga y pues cada quien tiene que responder”.

AMLO recordó el caso del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien amenazó con demandarlo cuando él reveló la lista de los beneficiados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

“Hice la denuncia y la lista de todos los beneficiarios y salió a decir que me iba a demandar un dirigente que luego fue presidente de la República, no voy a mencionar su nombre”, finalizó al reiterar que no lo han demandado por calumnia.

A partir de 2020 todos los funcionarios deberán hacer públicos los bienes de las personas con quienes tienen un vínculo sentimental como parejas, aunque no estén en concubinato ni sean cónyuges, informó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval.

Lo anterior luego de que la investigación contra Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), concluyera que no incurrió en conflicto de interés, ni faltó a la veracidad en sus declaraciones patrimoniales.

La funcionaria planteó que es cierto que legalmente Julia Abdalá, pareja sentimental de Bartlett, no es su esposa, su cónyuge ni su concubina, por ello con la legislación actual no está obligado a declarar sus bienes, pero a partir del próximo año deberá rendir cuentas del patrimonio de Abdalá.

“Este caso dibuja claramente la propuesta que personalmente realicé en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción para cambiar los formatos de la declaración patrimonial. Los formatos habían sido diseñados de forma minimalista y simuladora en el anterior régimen para no dar cuenta real del patrimonio de los servidores públicos y sus conflictos de intereses”, sostuvo la titular de la SFP.

Los nuevos formatos fueron aprobados por el Sistema Nacional Anticorrupción el 11 de diciembre pasado, y los cuales entrarán en vigor a partir del 1 de enero.

Sandoval Ballesteros reiteró que la SFP actúa con plena libertad y autonomía, que no hay intocables, y todo servidor público denunciado ha sido y seguirá siendo investigado y, en su caso, serán sancionados conforme a las leyes aplicables.

“Nuestra actuación nunca ha sido ni será por consigna, ni arbitraria. Actuamos y seguiremos actuando con la ley en la mano, no hay intocables, no hay perseguidos y cuando no se encuentren elementos que sustenten una posible irregularidad se concluirán las investigaciones en estricta observancia a los principios de legalidad”, remató.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, presentó esta tarde los resultados de la investigación iniciada en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel  Bartlett, sobre quien se concluyó que no incurrió en ningún conflicto de interés.

La funcionaria señaló que se recibieron diversas denunciar por posibles faltas administrativas sancionables atribuibles a Bartlett Díaz, tales como: conflicto de interés, tráfico de influencias y enriquecimiento oculto u ocultamiento del conflicto de interés.

Sandoval enfatizó que la dependencia a su cargo unicamente tiene facultades para investigar al Director General de la CFE, a partir del 1 de diciembre de 2018, cuando asumió el cargo.

Indicó que los particulares sólo pueden ser investigados en virtud de su vinculación con servidores públicos a quienes se le atribuyan faltas administrativas graves y con relación a los hechos que presuntamente constituyen estas faltas, durante el periodo comprendido desde el nombramiento del servidor público y hasta la presentación de la denuncia.

Adicional, señaló que la pareja sentimental del director de la CFE, Julia Abdalá Lemus, no se encuentra en los supuestos jurídicos de cónyuge, ni concubina en términos de las disposiciones civiles aplicables, aunado a que ni ella ni sus respectivos hijos son dependientes económicos y por consecuencia no está obligado a proporcionar información de ellos en su declaración patrimonial.

Irma Eréndira detalló que en los tres meses que duró la investigación, se realizaron alrededor de media centena de diligencias ante 15 instancias públicas y privadas de los órdenes federal y estatal con el fin de obtener la información necesaria para completar la carpeta.

Sostuvo que la Dirección de Registro Patrimonial y de Intereses de la SFP solicitó la copia certificada de las declaraciones patrimoniales de Bartlett correspondiente al periodo 2018-2019, aunado a que requirió a la Contraloría
Interna del Senado la copia certificada de las declaraciones patrimoniales correspondientes al periodo 2014-2018, a fin de establecer una línea base para el análisis de situación patrimonial.

La colaboradora del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que también se recabó información fiscal y patrimonial de los allegados a Bartlett, a fin de confirmar o descartar posibles irregularidades; en ese sentido, se requirieron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) las declaraciones fiscales del investigado, su pareja y sus respectivos hijos.

También se realizaron requerimientos de información sobre participación en sociedades mercantiles y propiedades inmobiliarias a los registros públicos de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Tabasco, que son las entidades en las que Bartlett ha tenido alguna presencia profesional, familiar o comercial.

Entre los elementos que permitieron establecer que no se incurrió en conflicto de interés, la SFP señaló que el artículo 291 Bis del Código Civil para el Distrito Federal establece que el concubinato se actualiza con la unión de dos personas, que han establecido una vida en común de forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años o bien, que procrearon juntos un hijo; al investigar este hecho, no encontraron pruebas de que Barlett y Abdalá haya cohabitaron u ostentado en algún momento un mismo domicilio particular con el propósito de establecer una vida en común.

“Sobre la participación de Manuel Bartlett Díaz en sociedades mercantiles, esta autoridad tuvo a bien verificar el contenido de las declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas por el servidor público ante la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, se comprobó que no existen indicios de que sus hijos León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez, sean dependientes económicos; mientras que la señora Julia Elena Abdala Lemus, si bien es su pareja sentimental, entre ambos no existe un vínculo legal de matrimonio o concubinato”, indicó la SFP.

La dependencia precisó que Manuel Bartlett proporcionó información verídica sobre su patrimonio, al declarar ser titular de cuatro cuentas bancarias cuyo activo suma 51.1 millones de pesos, además de ser propietario de cinco inmuebles con valor total de compra de 8 millones de pesos.

A la acusación de que a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres, Manuel Bartlett se ha hecho de un imperio inmobiliario de 25 propiedades con valor aproximado de más de 800 millones de pesos, la dependencia concluyó que “el investigado no tiene injerencia como propietario en los inmuebles de su pareja ni de sus respectivos hijos. Por lo que sería falsa la afirmación de que el servidor público acumula un patrimonio de 800 millones de pesos en inmuebles”.

La secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, informó que han recibido 21 denuncias sobre las presuntas irregularidades en la declaración patrimonial del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

Esa fue la respuesta a la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, durante su comparecencia ante la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y participación Ciudadana del Senado, la tarde-noche de ayer.

La legisladora panista preguntó: ¿Cómo va la investigación?, ¿se obligará a Bartlett a que declare lo que omitió?, ¿se le sancionará?.

Al responder, la funcionaria federal agradeció a la senadora que hubiera interpuesto su queja ante la Función Pública, y le reiteró el compromiso de la dependencia de atender todas y cada una de las investigaciones que se le solicitan.

“Le agradezco mucho que, con su investidura de senadora, se haya tomado la molestia de venir, incluso en bicicleta, a poner la denuncia, pero es una investigación que acumula 21 denuncias, la más reciente se presentó el 30 de septiembre pasado, precisó Sandoval Ballesteros.

Sostuvo que no van a defraudar la confianza de la ciudadanía, y que van a llegar “hasta las últimas consecuencias” en esa investigación ya que, reiteró, la Secretaría de la función Pública (SFP) tiene como uno de los ejes la apertura total de las investigaciones para acercarse a los ciudadanos.

“Como lo mandata la ley, hay que ser muy prudente, pues se tiene que respetar la presunción de inocencia, que corresponde a todos y cada uno de los servidores públicos; también exigentes, autoexigentes, para no dejar sin asignación una responsabilidad que merezca sanción, como una violación o un acto de corrupción”, indicó la funcionaria.

Durante la comparecencia, la titular de la SFP aseguró que la prioridad del nuevo gobierno es acabar con la corrupción y la impunidad, lo que se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo y el trabajo de la Secretaría. Señaló que lo que buscan es instaurar una nueva ética de trabajo en el servicio público con “honestidad, eficacia, profesionalización y transparencia”.

Sandoval Ballesteros reveló que recibió una secretaría que no funcionaba. “La primera misión fue reanimar, relanzar, revivir y fortalecer la Función Pública para que utilizara todas sus facultades”, apuntó.

Detalló que hay alrededor de 28 mil investigaciones en proceso por presuntas irregularidades de servidores públicos, de éstas, han concluido alrededor de 5 mil 480, un 30% más que en el gobierno anterior. “En la Función Pública ya no hay intocables ni siguen existiendo perseguidos políticos”, sentenció.

Irma Eréndira Sandoval reveló que debido a la transformación de la visión de la auditoría, de la fiscalización y de la examinación, han resuelto que los gobiernos estatales tienen pendiente la justificación o devolución a la Federación, de 46 mil 121 millones de pesos, lo que representa 50 veces el presupuesto de la Función Pública en este año.

Además, agregó, tienen observaciones en auditorías de obra pública por un monto de 17 mil 319 millones de pesos, más de 16 mil millones de éstos, vinculados al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco.

En materia de combate a la impunidad, informó que han impuesto 2 mil 791 sanciones a servidores públicos, entre las que destacan 875 inhabilitaciones y 237 sanciones económicas resarcitorias, por más de 3 mil 596 millones de pesos, sin contar las que continúan en litigio.

La tarde noche de ayer, el director general la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, compareció ante las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructuracon motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

Ahí, el funcionario indicó que bajo el marco normativo de la reforma energética de 2013, el gobierno federal buscará rescatar a la CFE, hacerla autosuficiente y que deje de comprar energía a terceros.

“El Presidente de la República ordenó rescatar a la CFE y hacerla generar energía, por que el sistema que existe fue haciendo de la CFE una entidad compradora y no generadora de energía”,sostuvo Bartlett Díaz.

Indicó que desde que llegó a la CFE, se han tomado en cuanto las condiciones en que se encuentra la empresa, por lo que cual han concluido que, sin reformar la ley, se puede recuperar y fortalecerla.

Bartlett Díaz resaltó la importancia de no permitir que la empresa vaya desapareciendo y se convierta en un organismo sin relevancia para el país. Coincidió en lo que ha dicho el presidente, respecto a que la CFE debe mantener entre el 54% y 55% de la generación de energía eléctrica, y el resto puede provenga del sector privado.

El funcionario federal recordó que estuvo en contra de la reforma energética que se implementó en el sexenio anterior, porque la energía debe ser un instrumento del Estado y no estar fragmentado en intereses particulares.

Y aunque la comparecencia implicaba responder las preguntas de los legisladores, el director de CFE evadió todas aquellas que tuvieran que ver con los escándalos que recientemente lo han alcanzado, sobre sus declaraciones patrimoniales y de intereses.

Al respecto, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó que avanza la investigación en torno a la denuncia ciudadana que se presentó contra Bartlett; y prometió que pronto habrá resultados.

“Van con buen paso, vamos a dar noticias pronto”, comentó la funcionaria federal, quien dijo que desconoce si se encontraron irregularidades en las investigaciones sobre su declaración patrimonial. “No sabría decirle, depende de los investigadores pero me reportan cada tres días”.

Indicó que al tratarse de una investigación en curso, hay secrecía procesal.

De acuerdo a la más reciente encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), el 92.4% de los mexicanos consideran que se debe iniciar una investigación en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, en relación a las presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimonial y de intereses.

Sólo un 4.8% está en desacuerdo en iniciar una investigación, un 1.9% no sabe, el 0.6% indicó que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Al plantearle a los encuestados su opinión sobre los presuntos bienes que el funcionario ocultó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), y que en realidad su fortuna supera los 51 millones de pesos que él asegura tener, el 76.4% de las personas consideró que la declaración patrimonial de Bartlett es falsa.

En días recientes se ha publicado en diversos medios información, a partir de una investigación de Arelí Quintero, que vincula al director de la CFE y a sus familiares con 12 empresas y 23 casas, propiedades que el mismo funcionario ha negado tener y que sumaría una fortuna de 800 millones de pesos en bienes raíces.

Al respecto, este viernes, Manuel Bartlett confirmó su relación sentimental con Julia Abdala, esto luego de que ayer indicara que el patrimonio de la señora Abdala y el suyo eran totalmente independientes.

“No existe dependencia económica alguna entre ella y un servidor. No vivimos bajo el mismo techo, eso es del dominio público”, dijo la tarde de ayer el director de CFE.

El titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, sostuvo que presentará toda la documentación e información que las autoridades requieran, esto luego de que se confirmara que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una investigación sobre su declaración patrimonial y su declaración de intereses.

A través de su cuenta de Twitter, Bartlett insistió en que es falsa la información que días atrás publicó el periodista Carlos Loret de Mola respecto a inmuebles que supuestamente son de su propiedad y que omitió de sus declaraciones.

El colaborador del presidente López Obrador recordó que su declaración patrimonial está en regla. En ese sentido, acusó, Loret de Mola y la reportera que firmó la nota “han montado un sainete en radio con mentiras y afirmaciones que rechazo categóricamente”. Calificó su trabajo como “periodismo venal”.

Y es que recordemos que la noche de ayer, la Secretaría de la Función Pública confirmó que abrió un expediente de investigación en torno a las declaraciones de Bartlett tras recibir una denuncia ciudadana anónima a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.

La dependencia federal detalló que la denuncia será atendida “de forma rigurosa, imparcial y apegada a la legalidad”.

Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afirmó que los bienes que posee son los que mencionó en su declaración patrimonial.

Previó a ello, el funcionario rechazó los señalamientos de un reportaje de Carlos Loret de Mola, sobre las supuestas 25 propiedades que le atribuyen, con un valor superior a los 800 millones de pesos, situación a la que Barlett calificó como “el montaje de un sainete”.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su confianza a Bartlett, además de que acusó que estos “reportajes se hacen para afectar políticamente”.

“Yo le tengo confianza al licenciado Bartlett y como es natural hay adversarios, los conservadores quienes están sacando todo este tipo de cosas pues son los mismos que están inconformes con los cambios que se están llevando en el país, los que no quieren que se lleve a cabo el aeropuerto en Santa Lucía”, dijo.