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La actividad turística registró una caída del 5.2% en el primer trimestre de 2020 respecto al mismo período del año pasado, debido al impacto de la pandemia de coronavirus, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre enero y marzo pasados, el consumo de los turistas tanto extranjeros como nacionales registró una caída de 4.7% en comparación con el mismo lapso de 2019.

El consumo de los turistas que residen en México cayó 2.4%, mientras que el gasto de extranjeros (turismo receptivo) tuvo un desplome del 13.1% en el mismo periodo.

Por su parte, los servicios ofrecidos a los turistas nacionales y extranjeros, el sector que más contribuye al PIB turístico, cayó 5.6% interanual en el primer trimestre de 2020, mientras que los bienes tuvieron una disminución del 3%.

En cifras desestacionalizadas, el PIB turístico y el consumo turístico cayeron 6.3% frente al trimestre previo.

México se consolidó en 2019 como uno de los 10 países más visitados del mundo al recibir más de 45 millones de turistas internacionales con una derrama económica de 24,563 millones de dólares, un crecimiento de 9% anual.

Junto con las remesas, las exportaciones automotrices y los ingresos petroleros, el turismo es uno de los principales receptores de divisas de México. La industria turística mexicana, que aporta el 8.7% del PIB, no se recuperará por completo hasta 2023, según las estimaciones de Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Aunque el primer trimestre del año, corresponde a los meses previos al inicio de la etapa más severa de la contingencia sanitaria, las afectaciones ya eran visibles, pues se ordenaron los cierres de fronteras en varios países, además de las restricciones de viajes que se implementaron.

Integrantes del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa para facultar al Gobierno Federal a vender mediante sorteo bienes muebles de propiedad federal.

La propuesta plantea reformar el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales, y los artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

El documento fue presentado en tribuna por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, y está suscrito por diversos legisladores de Morena, entre ellos su coordinador, Mario Delgado.

“Se trata de una iniciativa que añade el sorteo como un mecanismo para la enajenación de bienes que, por sus características, o por las condiciones de mercado, no han podido ser vendidos”, apuntó Bonifaz Moedano.

“Comprar un avión para los viajes presidenciales y sus colaboradores fue un exceso. No podemos hoy continuar avalando la opulencia ente una realidad con pobreza extrema y en grandes cantidades. No permitiremos que mientras el pueblo se degrada y se sume en hoyos de vida sin expectativa se tenga un avión con comodidades excesiva y fastuosas”, dijo el legislador al lamentar que se haya comprado una aeronave de dichas características.

En la iniciativa, los legisladores indicaron que en la actualidad existe una gran dificultad para que la Federación enajene los bienes que han ingresado a su patrimonio y que por sus características especiales o condiciones generales no son susceptibles de ser aprovechados o utilizados por las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Además, abundaron, los bienes que se transfieren al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para su enajenación se caracterizan por tener una diferente problemática jurídica y diversa naturaleza, situación que obliga a la utilización de diversas formas y procedimientos jurídicos para transmitir la propiedad de éstos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Población para su dictaminación.

Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afirmó que los bienes que posee son los que mencionó en su declaración patrimonial.

Previó a ello, el funcionario rechazó los señalamientos de un reportaje de Carlos Loret de Mola, sobre las supuestas 25 propiedades que le atribuyen, con un valor superior a los 800 millones de pesos, situación a la que Barlett calificó como “el montaje de un sainete”.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su confianza a Bartlett, además de que acusó que estos “reportajes se hacen para afectar políticamente”.

“Yo le tengo confianza al licenciado Bartlett y como es natural hay adversarios, los conservadores quienes están sacando todo este tipo de cosas pues son los mismos que están inconformes con los cambios que se están llevando en el país, los que no quieren que se lleve a cabo el aeropuerto en Santa Lucía”, dijo.

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde, en lo general, la minuta por la que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

En la sesión extraordinaria de este jueves, el Pleno la avaló con 420 votos a favor, 10 en contra y nueve abstenciones; posteriormente dio paso a la discusión de las reservas.

El documento, además de expedir la Ley Nacional de Extinción de Dominio, reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley de Concursos Mercantiles y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La minuta fue dictaminada la mañana de este jueves, por las Comisiones Unidas de Justicia, y de Gobernación y Población.

La discusión en el Pleno inició a las 12:15 horas con la fundamentación del dictamen y su votación en lo general se dio a las 14:25 horas.

Pilar Ortega Martínez, diputada del PAN, destacó que “esta herramienta, sin duda, era necesaria y está llamada a fortalecer el Estado de derecho mexicano, y a generar acciones contundentes contra la violencia, la delincuencia y la impunidad”.

Rocío Barrera Badillo de la fracción de Morena señaló que la extinción de dominio, en el plano internacional ha dado buenos resultados, pero en México no había logrado “ser el engranaje que engarce una estrategia que combata al hampa con la inteligencia institucional, atendiendo las causas, desmantelando las estructuras, quitándoles viabilidad financiera y erradicando la impunidad”.

El nuevo ordenamiento legal define a la extinción de dominio como la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la propia Ley, declarada por sentencia de una autoridad judicial. No conlleva una contraprestación ni compensación.

Los bienes susceptibles de extinción son aquellos que sean producto o instrumento de un hecho ilícito o estén destinados a cometerlos. La ley determina cuáles delitos serán susceptibles de extinción de dominio.

Los delitos son: secuestro; delincuencia organizada; los cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; contra la salud; trata de personas; por hechos de corrupción; encubrimiento; los perpetrados por servidores públicos; robo de vehículos; recursos de procedencia ilícita y extorsión.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, informó que el Senado de la República planteará al Gobierno Federal la creación de una comisión binacional con Estados Unidos, a fin de negociar la repatriación de bienes y recursos decomisados a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El morenista indicó que los recursos, entre dinero y bienes del capo mexicano, podrían ascender a los 14 mil millones de dólares.

Monreal señaló que Morena, como grupo mayoritario en la Cámara de Senadores, establecerá comunicaciones con la Cancillería para que se prepare la defensa jurídica y se haga una reclamación justa del dinero y patrimonio decomisado.

El legislador precisó que el interés de que dichos recursos se queden en México, responde a que las actividades delictivas desarrolladas durante años por Guzmán Loera han afectado a millones de personas en México; sin embargo reconoció que las actividades ilícitas también han afectado a Estados Unidos.

Indicó que existen tres instrumentos internacionales, de los cuales México y la Unión Americana forman parte, que no han sido usados por el gobierno mexicano. Explicó, se trata de dos convenciones de las Naciones Unidas: Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, y Contra la Delincuencia Organizada Transnacional; así como el Reglamento Modelo de la Organización de Estados Americanos sobre delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Dejó en claro que dichos instrumentos dan a nuestro país la legitimidad para plantear una comisión binacional, no sólo con respecto de los bienes de Joaquín Guzmán, sino de cualquier otro criminal o delincuente que haya sido juzgado por la Corte de Estados Unidos.

Monreal mencionó que hasta el momento México no tiene conocimiento de propiedades registradas a nombre del narcotraficante y no sabe con exactitud dónde está su cuantiosa fortuna, “únicamente lo sabe la Corte de la Unión Americana”.

“Es un tema de la mayor importancia. No puede actuarse con contemplaciones y menos con frivolidades”, subrayó.

Por esa razón, consideró importante crear con urgencia la comisión binacional. “Que no suceda lo que tantas veces: que México no reclama ningún derecho sobre los recursos decomisados producto de actividades ilícitas”, remató.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que está de acuerdo con el abogado de Joaquín Guzmán Loera en que los recursos que sean incautados al narcotraficante deben ser para México.

“Lo vamos a revisar. Estoy de acuerdo con lo que dijo el abogado de Guzmán Loera. Vamos a ver. Él sostiene de que en todo caso, esos bienes, esos recursos, pertenecen a México”, aseguró durante su conferencia de prensa matutina.

–¿Cuántos recursos, cuánto dinero? –cuestionaron reporteros al Jefe del Ejecutivo.

Al preguntarle sobre su opinión acerca de la condena al ex líder del Cártel de Sinaloa, el mandatario se definió como “un idealista” que cree “en el amor, la fraternidad y la felicidad” y dijo que la fortuna del traficante, en su opinión, esta sobrevalorada.

“Se decía que este señor, esta persona, estaba entre los más ricos del mundo y de México. Y no obedecía, considero, a la realidad. Se daban cifras superiores cuando habían traficantes de influencias con mucho más dinero. Pero se hacía esta valoración por razones políticas o publicitarias”, dijo AMLO.

Asimismo, el presidente afirmó que van a analizar el asunto de “El Chapo” porque lo que están planteando es quedarse con los bienes obtenidos “de esta manera no lo aceptamos si no hay un fundamento legal. Nosotros no vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal. Pasaba que un político mexicano acusado de corrupción era detenido, le quitaban los bienes que eran de México y el Gobierno mexicano no los reclamaba”, afirmó.

Durante la conferencia de este jueves 18 de julio, ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, se abordaron estos temas:

  • El presidente informó que realizará una nueva subasta de bienes, así como la entrega de dinero decomisado al narco.
  • López Obrador detalló que “hay una gran cantidad” de dólares en Juzgados y en la Fiscalía General.
  • “La próxima subasta será sobre más bienes y terrenos confiscadas y la entrega de dinero en efectivo, sobre todo en dólares”, dijo AMLO.
  • El municipio de Naucalpan, Estado de México, solicitó al gobierno federal que se le otorgue un terreno que no se vendió en la subasta del 23 de junio, para construir una escuela, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
  • El mandatario comentó que si el gobierno local entrega el proyecto para la construcción de la escuela, será cedido.
  • Va a haber una exposición de joyas decomisadas en Los Pinos antes de que sean subastadas.
  • AMLO afirmó que una subasta de por vida como la que le dieron a ‘El Chapo’ si conmueve.

Durante la conferencia matutina de este lunes 17 de junio, ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional se abordaron estos temas:

  • El presidente anunció que se realizará una subasta de terrenos y viviendas confiscados a ex funcionarios y al crimen organizado. Los recursos obtenidos serán para municipios marginados de Guerrero.
  • De acuerdo con Ricardo Rodríguez, titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, la subasta se realizará el 23 de junio a las 12:00 horas en Los Pinos.
  • El Presidente informó que en Oaxaca se realizará la construcción de caminos y pavimentación, proyectos que serán realizados sin la intervención de contratistas de modo que los recursos serán entregados de manera directa a las autoridades municipales.
  • El canciller Marcelo Ebrard dijo que el tráfico de migrantes ilegales para llegar a Estados Unidos, como las rescatadas el fin de semana en un tráiler al sur de Veracruz, representa cerca de 69 millones de pesos.
  • Ebrard aseguró que se protegerá a las víctimas de trata de personas y se sancionará a las personas involucradas en estas acciones.
  • El Presidente comentó que en breve se presentará un plan nacional contra la trata de personas y que no habrá intermediarios en la entrega de apoyos en la materia.
  • López Obrador comentó que por la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco, hay gente “que está de malas porque no pudieron consolidar la tranza” y que “era un negocio lucrativo y entonces quedaron molestos”.
  • Luego de que se relacionara al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, con empresas de barcos, el Presidente dijo que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) el avance de la investigación por este caso.
  •  Ante presuntos actos de corrupción en los fondos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), López Obrador dijo que solicitará a la Secretaría de la Función Pública “actuar de inmediato y dar a conocer el resultado de la investigación”.
  • El Presidente anunció que el próximo 20 de junio a las 12:00 horas se reunirá en Tapachula, Chiapas con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. “Nos vamos a reunir porque desde que fui electo nos entrevistamos en Palacio Nacional y hablamos de la cooperación para el desarrollo y de los proyectos que se estaban llevando a cabo en el sureste, sobre todo del programa Sembrando Vida”, añadió.

 

Elba Esther Gordillo no tiene impedimento alguno para volver a buscar la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) si ella así lo desea, afirmó su abogado, Marco Antonio del Toro.

El abogado de la maestra, sin embargo, comentó que hasta el momento no le ha comentado sobre sus intenciones de postularse nuevamente por la dirigencia de la representación magisterial.

“No me ha comentado nada al respecto. No podría actuar yo como vocero de ella. Jurídicamente, puede hacer eso, como cualquier otra actividad (…)en virtud que no existe ninguna limitación a ninguno de sus derechos”, afirmó el abogado.

En entrevista con Grupo Fórmula, el abogado de la exlideresa del SNTE afirmó categórico, además, que no hubo ningún “pacto” con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Ello, luego de que trascendiera en un medio de comunicación que la Fiscalía General de la República (FGR) devolvió bienes confiscados a Elba Esther Gordillo.

“No tuvo nada que ver el gobierno del señor presidente López Obrador, en tanto que fueron mandamientos judiciales, derivados de una resolución de inocencia”, aclaró el abogado.

El litigante insistió en que la devolución de bienes fue derivada de acciones meramente judiciales y que no podría “haber mano” del presidente.

Al ser cuestionado sobre las acusaciones de la oposición sobre un supuesto pacto para devolver los bienes a Elba Esther Gordillo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no hace acuerdos ‘en lo oscurito’ y no se presta a eso.

“Nosotros actuamos a partir de principios, tenemos ideales, tenemos autoridad moral porque sabemos que de esa manera se puede tener autoridad política, no somos iguales a los conservadores y a sus voceros, somos distintos, no hacemos nosotros acuerdos en lo oscurito, no nos prestamos a ninguna componenda, no estamos al servicio de ningún grupo de interés creado”, afirmó el tabasqueño.

“Es un Gobierno nuevo que surge del pueblo y que tiene como propósito acabar con la corrupción, la impunidad, con el influyentismo con todas las lacras de la política, se trata de ir entre todos, aunque no lo quieran los conservadores, (hacia) la transformación de México, la cuarta transformación del País”, dijo.

Y agregó que la información del pacto con Gordillo “es una  ‘volada’ que inventó el periódico Reforma”.

Y es que ayer, actores políticos del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, consideraron, tras darse a conocer la noticia de la devolución de bienes a la maestra, producto del fallo de un Juez Federal, que es una muestra de que el Gobierno de López Obrador no combate la corrupción y antepone la alianza que tejió con la ex lideresa magisterial en los pasados comicios.

A Gordillo se le devolvieron 7 cuentas bancarias, 3 inmuebles, un lote de libros, obras de arte y 3 vehículos, entre ellos uno de colección modelo 1936, luego de que la Fiscalía cerró todas las averiguaciones en su contra.

La Fiscalía General de la República devolvió a la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales, todos los bienes a su nombre, asegurados cuando fue detenida en 2013.

Esto, al cerrarse todas las averiguaciones previas en su contra por falta de elementos, los cuales estaban dictados en dos indagatorias de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (Seido), según lo informó Marco Antonio del Toro, abogado de Gordillo.

“Al haber concluido los procesos penales, se promovió también por vía de amparo la cancelación de aseguramiento de bienes por inexistencia de delito, mismo que resultó favorable. Actualmente no existe ningún asunto activo en contra de la maestra ni posibilidad del ejercicio de la acción penal, razón por la cual se trata de un asunto totalmente concluido, la maestra ya no enfrenta ninguna acusación penal”, dijo el abogado.

De acuerdo con el periódico Reforma, a la exlideresa magisterial le entregaron 7 cuentas bancarias, 3 inmuebles, un lote de libros, obras de arte y 3 vehículos, entre ellos uno de colección: un Chrysler DeSoto, modelo 1936, según fue el fallo del juez federal Antonio González, dictado el 2 de abril.

Respecto a los inmuebles, se trata del departamento de Galileo 7, en Polanco, donde estuvo en prisión domiciliaria. Además, también fue devuelto el menaje y las obras de arte que estaban en su interior.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de un instituto encargado de confiscar bienes y recursos a la delincuencia organizada para regresarlos a la población a través de hospitales, escuelas y servicios.

En conferencia de prensa, el mandatario informó que mañana o el viernes se ofrecerán detalles sobre la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, la cual es muy importante dentro de la estrategia de la Cuarta Transformación, pues antes era muy difícil quitarle a los delincuentes los recursos y bienes obtenidos ilegalmente.

El Ejecutivo federal dijo que se va a simplificar este proceso de decomiso o confiscación de bienes y recursos, para lo cual se va a crear una institución especializada, a fin de que todos los bienes producto de ilícitos o actos de corrupción, sean expropiados y reintegrados a la población de manera inmediata.

“Los bienes y recursos que se les quiten a los corruptos y organizaciones criminales se van a entregar a la gente mediante un mecanismo específico y de manera inmediata”, dijo el Presidente.

El Jefe del Ejecutivo señaló que lo que se confisque a un político corrupto servirá para edificar un hospital o una escuela, y se dará a conocer que esa obra es producto de lo asegurado a tal o cual delincuente, puesto que antes no se sabía qué pasaba con lo incautado, como ocurrió en el caso del chino-mexicano, Zhenli Ye Gon, a quien presuntamente le quitaron en marzo de 2007, 205 millones de dólares, más de 17 millones de pesos y 207 mil euros en efectivo en una casa ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec.

La Contraloría General de Venezuela anunció este lunes la apertura de una investigación sobre el patrimonio del líder opositor Juan Guaidó, en una nueva escalada del enfrentamiento entre el gobierno y la Asamblea Nacional.

El contralor general Elvis Amoroso dijo a la prensa que ordenó una auditoria del patrimonio de Guaidó, quien se declaró el mes pasado presidente encargado de Venezuela, tras detectar que supuestamente “falseó datos” en su declaración jurada y recibió dinero de entidades internacionales “sin ningún tipo de justificación”.

La acción de la Contraloría General, un órgano manejado por el gobierno que tiene a su cargo la revisión de la gestión de todos los organismos estatales y funcionarios públicos, se da a menos de dos semanas de que el Tribunal Supremo de Justicia le prohibiera a Guaidó la salida del país, congelara sus cuentas bancarias y le prohibiera enajenar y gravar bienes en atención a una solicitud que realizó la Fiscalía General que investiga al líder opositor por hechos violentos ocurridos en enero.

Desde el mes pasado el gobierno y la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, mantienen una pugna tras declarar que el presidente Nicolás Maduro usurpa el cargo al ser reelecto en comicios que la oposición considera una “farsa”.

Las tensiones se han acrecentado en los últimos días ante el plan que impulsa el Congreso para ingresar al país ayuda humanitaria con el apoyo de Estados Unidos y Colombia.

SALVADOR CAMARENA

EL FINANCIERO

En estos días han arreciado las polémicas por las declaraciones patrimoniales de los funcionarios de un gobierno federal que se ha autoimpuesto la obligación de no ser “como los de antes”, de no sólo declarar sus bienes y conflictos de interés, sino transparentarlos al máximo.

Secretarios que a regañadientes han soltado prenda, funcionarios que culpan al sistema Declaranet de la Función Pública de no ayudar mucho que digamos a la hora de detallar sus bienes y conflictos, etcétera.

La polémica más reciente envuelve a la secretaria de Gobernación, a quien le apareció un departamento en Texas que no estaba en la declaración que cualquier hijo de vecina puede consultar en Internet.

Pero podría haber otros casos de igual o mayor suspicacia que el de los enredos patrimoniales de la exministra de la Corte. Por ejemplo, el de Alfonso Romo, mejor conocido como Poncho Romo, empresario norteño de fama internacional.

Tratar de resumir en un par de líneas las ramas de la economía en las que ha incursionado Romo, sería injusto con este hombre inquieto, que lo mismo es un criador de caballos de renombre mundial que un empresario non de la innovación. Y que hoy es, luego de haber ayudado a llegar a Palacio Nacional a Andrés Manuel López Obrador, su jefe de oficina en la Presidencia.

Romo ha presentado una declaración patrimonial y de intereses de lo más peculiar. Declara un solo automóvil (Land Rover de 3 millones 972 mil de pesos), dos terrenos (ni una casa habitación, ni casa chica ni grande, pues), y cero muebles (nada, ni un escritorio donde redactar sus memorias, ni un sillón para leer ni una obra de arte, vaya, así fuera una de esas de papel de china de Chucho Reyes que ya son plaga). Válgame, ni un caballo de los que tanto gusta (fue jinete olímpico) se ha quedado luego de entrar a la política.

Poncho el austero le van a empezar a decir sus amigos. Todo eso de acuerdo con su declaración, en la que da cuenta de deudas por unos 550 mil pesos, y unos ingresos mensuales por 1 millón 543 mil pesos.

¿Cómo pudo pasar Poncho Romo, de ser un empresario de la lista de millonarios de la revista Forbes, a un cuasifranciscano con un ingreso de sólo millón y medio de pesos al mes? Ese es el reportaje que la prensa no hemos publicado. A quién encargó sus empresas, a quién dejó el manejo de su capital.

En su declaración patrimonial, Romo expone que en noviembre abandonó su puesto en Vector Empresas, en esa fecha dejó de ser presidente honorario, y dejó de ser consultor estratégico de Vector Casa de Bolsa, una firma que es considerada una de las mejores del país. Dejó asimismo el consejo de administración de Synthetic Genomics Inc., cargo que tuvo 13 años, e igual pasó con el J. Craig Venter Institute.

Y declaró que no tiene conflicto de interés alguno. En ese renglón declara que no tiene puesto, cargo, comisión, actividades, poderes (ni él ni su cónyuge o concubina, o sus dependientes económicos) en asociaciones, sociedades, consejos, filantropía y/o consultoría. Nada. Y declaró que no tiene participaciones económicas o financieras (ni él, su cónyuge o dependientes económicos).

En su declaración reconoce inversiones por menos de 6 mdp, pero hay una cuenta que no tiene monto. Se asume que ésa es una que tiene con alguien más, pues “sólo se incorpora la información reportada de cuentas e inversiones a nombre del declarante y del declarante y su cónyuge, en este último caso se omite el monto”.

Aquí llegamos al nudo del asunto: ¿Romo metió todo su dinero ahí, en esa cuenta de la que no tenemos detalles? ¿Por qué no la transparentó? Y si sí, en qué banco está, en qué instrumentos, con qué instrucciones a sus manejadores… ¿Lo metió en un fideicomiso? ¿O donó todo?

Estas preguntas no son sobre el patrimonio de Romo, público en muchos sentidos por sus múltiples y exitosas actividades empresariales. Son en torno al probable conflicto de interés en que pudiera caer el exempresario que ahora despacha como funcionario.

Porque a Romo, como se sabe, el presidente López Obrador le ha confiado algunos encargos específicos, como los bancos de desarrollo Nacional Financiera y del Comercio Exterior.

¿Se imaginan que se llegue a dar el caso que en esos bancos, a cuyo frente hizo nombrar a uno de sus añejos colaboradores, lleguen proyectos que afecten a las empresas que él creó, o que beneficien a esos negocios que él durante buena parte de su vida, y hasta hace muy poco, promovió? ¿O que afecten el destino de su dinero… invertido o donado?

Vaya que la prensa tiene una chamba pendiente en torno a qué hizo Romo para blindarse de caer en la tentación del conflicto de interés. Y vaya que Romo tendría que ser el primer interesado en que esa historia se conociera bien, y pronto.

El expresidente de México, Vicente Fox, se mostró incrédulo respecto a los bienes y declaración patrimonial que presentó Andrés Manuel López Obrador.

Fox publicó en su cuenta de Twitter un mensaje citando una nota donde se destaca que AMLO declaró no tener inmuebles ni automóviles, a lo que el expresidente dijo: “que se lo crea su abuela. Despierta México”.

Y es que este viernes, AMLO presentó su declaración patrimonial donde señaló no tener bienes inmuebles y destacar que solo cuenta con una cuenta bancaria donde se le deposita su sueldo como presidente de México.

López Obrador señaló que la quinta que tiene en Palenque, Chiapas, fue heredada en vida a sus hijos aunque el tiene el derecho de usarla hasta que muera.

 

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que ya presentó su declaración de bienes ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y que el único bien que posee es la quinta de Palenque, Chiapas, la cual ya está escriturada a nombre de sus hijos.

“No tengo bienes más que la quinta de Palenque que ya está escriturada a nombre de mis hijos. Yo tengo derecho al usufructo hasta que deje de existir, ese es el acuerdo y está en la escritura pública. Son 12 mil metros cuadrados que pertenecen a mis cuatro hijos”, afirmó el tabasqueño.

En la declaración patrimonial de AMLO, que aparece en Declaranet, con fecha 4 de enero, el mandatario únicamente reporta dos cuentas bancarias con saldo aproximado de 440,000 pesos e ingresos mensuales por 108,744 pesos, que corresponden a su sueldo como presidente.

El mandatario mexicano enfatizó en su conferencia de prensa de este viernes que nunca le ha interesado el dinero y lucha por ideales y por principios, y aclaro, que, para no ofender a nadie, “no todo el que tiene es malvado”.

“Hay muchos ciudadanos que han acumulado fortuna, bienes de manera legal con su esfuerzo, con su trabajo, que merecen respeto. Nada más aclaro que nunca he tenido como objetivo acumular bienes materiales, pienso que la felicidad no es acumular bienes materiales, sino estar bien con nosotros mismos, nuestra conciencia y el prójimo. Y doy gracias a la vida que me ha dado tanto”, dijo.

López Obrador reiteró que la misma declaración deberán hacerla todos los servidores públicos del gobierno.