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El presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que daría a conocer los detalles de la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte, pero en su lugar se dedicó la mañanera de Palacio Nacional para dar detalles del avión presidencial, el TP-01, que más de un año después de que prometiera venderlo, esto simplemente no ha ocurrido.

Las razones por las que el avión no se ha vendido es que es una aeronave hecha para volar a mandatarios, no para fines comerciales. Si lo quisiera comprar una línea aérea, acomodarlo para viajes comerciales implicaría un gasto importante, primero que nada, por el peso del 787-8. Al cumplir con requisitos de seguridad para volar a un Jefe de Estado, el avión pesa más que un avión comercial. Sus despegues y aterrizajes, por lo tanto, cuestan más. Para una línea aérea comercial esto requeriría de ajustes más de allá de las de por sí necesarias modificaciones a la cabina para sentar a los pasajeros.

Así, el mercado de posibles compradores del TP-01 queda muy reducido. Los particulares y/o empresas que tengan interés en comprar un avión con estas características son muy pocos.

Pero, aun así, el presidente López Obrador insiste en que quiere vender el avión. Cuando menos ahora lo va a regresar a México. Esperemos que sea guardado en el hangar presidencial construido específicamente para este avión. Con ello dejaremos de pagar los $719 mil 321 dólares anuales que cobraron en Victorville, California solo por su resguardo. Habrá que conocer los detalles de costos de mantenimiento en México, que sin duda deberán seguirse dando si no queremos que el avión se deteriore y se vuelva una pieza de chatarra.

El discurso presidencial de no volar en el avión que “no tiene ni Obama” le ha sumado muchos simpatizantes a AMLO. Ha resultado música para los oídos de varios saber que el dinero producto de la venta va a ser utilizado para mejorar la vida de miles de mexicanos. Lástima que todo sea una quimera.

En junio pasado, en concreto el día 12, el presidente prometió que el dinero de la venta lo destinaría al Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica. Y, sin embargo, ayer, en su conferencia mañanera, el presidente declaró que el dinero que se va a obtener “nos va a permitir tener recursos para tener equipos que hacen falta en hospitales, rayos X, tomógrafos, ambulancias, sólo por hablar de necesidades de salud, pero cuántas otras necesidades hay, demandas de la gente”.

Por fin, ¿el dinero será para el desarrollo de Centroamérica o para cubrir las necesidades de salud?

Ya en otra columna (19.Sept.19) había apuntado que no hay claridad respecto a qué pasaría con el dinero de la venta del avión en el remoto caso de que se logre vender. El contrato de Banobras con Boeing para la compra del avión está protegido por el secreto bancario. El Director de Banobras, Jorge Mendoza, dijo que el banco ya ha pagado mil 833 millones de pesos de la deuda e intereses y que aún hay un remanente de más de 2 mil 700 millones de pesos que se deben pagar hasta el 2027.

Por ello, una vez que Banobras pague todo el avión, será el banco gubernamental el dueño del TP-01. Si se vende antes, Banobras dejará de tener que pagar las mensualidades. Así que no habría dinero para enviar a migración, al desarrollo de Centroamérica o al sector salud, como ha prometido el presidente.

 

Columna completa en El Universal

¿Podemos confiar en Estados Unidos? La respuesta es un claro y rotundo no. No podemos confiar en Estados Unidos. No lo podíamos hacer antes, cuando tenían presidentes mucho más serios, capaces y profesionales que Donald Trump, porque siempre hemos sabido que nuestro vecino del norte no tiene amigos ni aliados, tiene intereses.

Si eso era verdad con Obama, Bush, Clinton y tantos otros presidentes antes de ellos, lo es aun más con un Donald Trump que el día de hoy se convertirá en el tercer presidente en toda la historia del país en ser sometido a un juicio político precisamente señalado por ver por sus intereses antes que por los de su país.

Y su interés desde que estaba en campaña ha sido ganar las simpatías y los votos de su base electoral principalmente a través de los señalamientos de que la relación con México ha sido perniciosa para Estados Unidos. Lo ha sido así en materia migratoria, de seguridad y de comercio.

Por eso, por lo negativo que ha sido el intercambio comercial con México, es que Trump declaró que el TLCAN era el peor acuerdo que Estados Unidos había firmado en su historia y por ello, desde el día uno lo quiso cancelar.

Ya en el curso de su presidencia el TMEC o TLCAN, como le queramos llamar, ha sido de los pocos temas en los que hemos visto rectificar marginalmente a Trump. De quererlo cancelar, estuvo dispuesto a renegociarlo, pero siempre con la idea de que el nuevo tratado sería benéfico para sus intenciones políticas: colgarse la medalla de cancelar un mal acuerdo comercial. Esto del ganar-ganar no está en el ideario del presidente norteamericano.

Tomando esto en cuenta, es evidente que la prisa que le entró al presidente Andrés Manuel López Obrador por firmar el adendum al TMEC para que la Cámara de Representantes de Estados Unidos hiciera lo propio antes de que terminara el año ha resultado bastante costoso para la cancillería y para México.

El 25 de noviembre, el Subsecretario para América del Norte y negociador del TMEC, Jesús Seade, veía poco probable que se lograra legislar y aprobar el TMEC en el legislativo estadounidense antes de que concluyera el año. Así lo dijo en la conferencia matutina en Palacio Nacional, en la que dijo claramente: estoy pesimista. AMLO, ni tarde ni perezoso, lo corrigió inmediatamente.

A partir de esta diferencia de visiones del negociador y de su jefe, el presidente, se revirtió la inercia que traía el proceso de ratificación del TMEC. Se aceleró todo hasta llegar a la firma del adendum en Palacio Nacional y la ratificación fast-track en el senado mexicano el 10 y 12 de diciembre, respectivamente.

De ahí siguió el caos del fin de semana que llevó a Seade a tomar un avión para entrevistarse con el encargado comercial, Robert Lighthizer, en Washington. La intención fue externar su sorpresa por el lenguaje utilizado en la carta de implementación del TMEC que envió La Casa Blanca al legislativo en torno a la figura de los agregados laborales. La sorpresa vino porque precisamente no se puede confiar en Estados Unidos. En lugar de esperar a que avanzara el proceso en EUA, como lo ha estado haciendo Canadá, y mientras tanto seguir funcionando bajo las reglas del TLCAN original, México quiso jugarle al gigante por las prisas del presidente López Obrador.

 

Columna completa en El Universal

Fue un día de fiesta en Palacio Nacional. Para firmar el adendum de la ratificación del TMEC se reunieron las delegaciones de México, Estados Unidos y Canadá, encabezadas por el presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard y el Subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, por la parte mexicana; Robert Lighthizer y Jareed Kushner, por parte de EUA; y Chrystia Freeland del lado canadiense.

Sabemos que en la recta final de la negociación sobre la ratificación hubo cuatro temas espinosos. El laboral; el ambiental; el de medicamentos y los aranceles al acero y al aluminio. Sobre estos temas se logró un adendum en donde los canadienses se sentaron a esperar qué lograban acordar primero los demócratas con los sindicatos de Estados Unidos; luego los demócratas con La Casa Blanca y por último voltearon a ver qué es lo que diría México sobre las nuevas exigencias que se le harían al país.

Todo indica que van a ser fuertes las exigencias para México. Que si bien no entraran inspectores estadounidenses al país para revisar que se cumplan las leyes laborales, sí habrá un mayor escrutinio en este sentido lo que será probablemente un golpe a algo que nunca he entendido como orgullo nacional: “la mano de obra barata mexicana”.

La verdad es que el mundo ha cambiado. Las ganancias del libre comercio que han dejado atrás a los trabajadores que simplemente ven como se enriquecen los dueños de las grandes multinacionales ya no es un escenario sostenible.

Quien crea que sí, puede voltear a ver a las dos grandes democracias: Estados Unidos y Gran Bretaña. En ambos países han ganado liderazgos llevados hasta el poder por el hartazgo de las clases medias trabajadoras. En EUA los trabajadores de cuello azul de estados como Ohio, Wisconsin y Pennsylvania que eran leales a los demócratas pero que se cansaron de condiciones lamentables de trabajo y prefirieron votar por Trump. En Gran Bretaña, los cansados con una situación económica precaria de cuyas causas culpaban a los migrantes, votaron por el Brexit y mañana muy probablemente lo ratifiquen en las elecciones convocadas por Boris Johnson.

En México urgen mejoras laborales desde hace décadas. Entiendo que parte del descontento con lo acordado ahora tiene que ver con la preocupación de que Estados Unidos utilice argumentos de incumplimientos laborales para justificar un proteccionismo comercial, pero si no queremos que estos argumentos sean utilizados, lo mejor que podemos hacer es que se mejoren las condiciones laborales y que los sindicatos sirvan para representar a los trabajadores. ¡Adiós a los millonarios liderazgos sindicales (Romero Deschamps; Napoleón Gómez Urrutia) con trabajadores en situaciones precarias!

Columna completa en El Universal

Eduardo León Trauwitz ha sido señalado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el gran huachicolero del sexenio de Enrique Peña Nieto. Primero fue parte de las escoltas del presidente y después, Trauwitz fue ascendido a Subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex desde donde, según los señalamientos de trabajadores de la empresa, lejos de hacer su principal encargo – acabar con el robo de combustible – fue el mejor cómplice y aliado del huachicoleo.

Por ello, en abril de este año, Trauwitz fue llamado a comparecer en una audiencia inicial por un proceso iniciado en su contra por robo de hidrocarburos. León Trauwitz no se presentó, pero sus abogados sí y aclararon a la juez que su cliente estaba enfermo. La segunda vez la defensa supo que la acusación ya no era solamente por robo de hidrocarburos, también se le acusaba de delincuencia organizada, lo que no amerita enfrentar el juicio en libertad.

Si Trauwitz se hubiese presentado a esa segunda audiencia, seguramente estaría en Almoloya ahorita, me comentaron fuentes enteradas del caso. Unos días después, la Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión en su contra, pero para entonces Trauwitz ya no estaba en México.

Desde mayo de este año, el ex General se encuentra en Canadá tramitando su petición de asilo político aduciendo ante las autoridades de aquel país que es un perseguido político. Y las autoridades mexicanas, que saben que Trauwitz está en Canadá, poco pueden hacer al respecto porque el expediente que tienen en su contra está tan mal armado, que de presentarse ante las autoridades canadienses, seguro culminaría con la exoneración del ex General.

Así, en tiempos de la 4T, cuando Andrés Manuel López Obrador ha hecho de la corrupción su principal bandera y del huachicoleo su lucha emblemática, el señalado como el gran huachicolero está a punto de lograr una salida cual Napoleón Gómez Urrutia de este sexenio.

Los argumentos de Trauwitz para justificar ante las autoridades canadienses que es un perseguido político son que él, lejos de haber apoyado y lucrado del robo de combustible, ideó un mecanismo para cortarlo de tajo modificando la estructura dentro de Pemex que permitía que el área de logística contratara empresas para tapar los ductos pinchados mediante la instalación de un capuchón. Este mecanismo costaba un dineral y esos montos se los repartían entre el contratista y el sindicato en detrimento de Pemex. Además, permitían a los huachicoleros quitar el capuchón unos cuantos días después para poder seguir succionando y robando el combustible.

Además de su cercanía con el expresidente Peña Nieto, el argumento de Trauwitz es que el cambio de logística acabó con un jugoso e ilegal negocio que hoy lo tienen en la mira.

Así avanza (es un decir) la lucha contra la corrupción y el huachicoleo.

 

Columna completa en El Universal

Hay un dicho que se le atribuye a Winston Churchill que los grandes empresarios de México tienen muy presente desde que López Obrador se vio con grandes posibilidades de ganar la presidencia de México: “Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir; otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar; pero pocos lo miran como el caballo que tira la carreta.”

Lo tienen presente porque el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva años viendo a los empresarios como el lobo al que hay que abatir. Y ahora, con el Acuerdo de Infraestructura presentado en Palacio Nacional ayer, en el marco de la mañanera, parece que el presidente los quiere ver como una vaca a la que hay que ordeñar. Quiere que inviertan a pesar de que las señales que han recibido de parte de su gobierno no son alentadoras.

El peor enemigo de la inversión es la incertidumbre y el gobierno de la 4T le inyecta sus buenas dosis cada vez que denosta a los empresarios y cada vez que cambia las reglas del juego con la mano en la cintura. Lo hizo al cancelar el NAIM de Texcoco; lo quiso hacer modificando los contratos de gasoductos y lo llevó a cabo ahora, con la modificación que hizo la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, a las reglas para obtener Certificados de Energía Limpia, los famosos CELs.

Y aquí, en Rocío Nahle me detengo para mostrar, que si bien en Palacio Nacional se quiso mostrar que AMLO reconoce la importancia de la inversión privada y que los empresarios le van a meter su dinero a varios proyectos en México, las tensiones están tan a la vista que el documento que se presentó durante la conferencia en donde se enumeraron los 147 proyectos de infraestructura que equivalen a 859 mil 22 millones de pesos, venía con errores en donde los montos señalados no cuadraban con el total a invertir.

¿Por qué? Porque días antes de la presentación volvieron a aflorar los desencuentros entre, por un lado, los rudos y los técnicos del gabinete, y por el otro, entre los rudos del gabinete y los empresarios.

Del lado de los rudos, está Rocío Nahle; entre los técnicos están el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Herrera no tiene buena relación con Nahle por la necedad de construir la refinería de Dos Bocas. Basta recordar que Herrera fue quien declaró al Financial Times que en el 2020 no habría recursos para Dos Bocas, algo que al día siguiente le enmendó la plana el presidente López Obrador.

Alfonso Romo, por su parte, ha tenido que lidiar con el enojo de los empresarios por la modificación a las reglas de CELs que hizo Nahle, en beneficio de la CFE y en perjuicio de quienes invirtieron en el sector a partir de 2014 confiando en los incentivos que entonces les daban estos certificados.

Son varios los empresarios que le transmitieron a Romo que Nahle “ni picha; ni cacha; ni deja batear.” Con ella dentro del Acuerdo de Inversión en Infraestructura, los empresarios no estaban contentos. No le tienen confianza.

Así, al cuarto para las doce, el desencuentro con Nahle llevó a la decisión de sacarla del Acuerdo presentado ayer. Por eso, se modificaron las tablas con los montos a invertir en los distintos proyectos, dejando los sectores de energía en CEROS, pero omitieron hacer la corrección correspondiente en los totales.

 

Columna completa en El Universal

La líder de los demócratas en la Cámara de Representantes declaró que un acuerdo para ratificar el T-MEC es inminente. Esto debiera ser una gran noticia para México, ya que confirmaría la continuidad del tratado comercial de Norteamérica que para nuestro país ha significado mucho más que el libre intercambio de bienes y servicios en la región.

El TLCAN ha sido además una herramienta de garantía de respeto al Estado de Derecho para quienes han invertido en el país dado lo precario que es nuestro aparato de impartición de justicia.

Algunos colegas de Nancy Pelosi, como el congresista de Texas, Henry Cuellar, han sido muy enfáticos en la importancia de no quedar enfrascados al cien por ciento en el tema del juicio político al presidente y de sacar adelante el acuerdo comercial antes de que Trump vaya a invocar la salida del tratado, con lo que entraríamos en un proceso de cuenta regresiva. Si en seis meses no hay ratificación, el acuerdo comercial de Norteamérica llegaría a su fin.

En todo este proceso hay una figura clave del lado mexicano: Jesús Seade.

Seade es el Subsecretario de América del Norte en la Cancillería. Durante la transición Seade fue el encargado de participar en las mesas de renegociación del TLCAN. Fue Seade quien bautizó al nuevo acuerdo como T-MEC. Nuevo acuerdo que, a nueve días de que se cumpla un año de la firma entre los presidentes Peña Nieto, Trump y el Primer Ministro, Justin Trudeau, aun no ha sido ratificado por los legislativos de Canadá ni de Estados Unidos.

Un grupo de nueve congresistas estadounidenses se han estado reuniendo con el encargado comercial de La Casa Blanca, Robert Lighthizer, para llegar a un acuerdo y ahí van avanzando. Tan es así que Pelosi dice que puede haber ratificación antes de que concluya el año. Sin embargo hay congresistas duros del partido demócrata, como Bill Pascrell (Nueva Jersey) y Jan Schakowsky (Illinois) que prefieren retrasar la votación hasta que México ceda en algunos puntos, sobre todo en materia laboral y de solución de controversias.

Y aquí viene el problema para México. Dentro de este escenario Jesús Seade es el negociador solitario del gobierno de López Obrador. Él es la única figura que se sienta a negociar con los estadounidenses. No llega acompañado por nadie de la Secretaría de Economía, con todo y que la subsecretaria Luz María de la Mora, sería la persona ideal para sentarse junto a Seade. No llega acompañado ni por un equipo técnico que le ayude a tomar notas y puedan dar seguimiento a lo que se sienta a platicar con Lighthizer o con los legisladores demócratas.

Este esquema tiene muy preocupados a los empresarios mexicanos que están involucrados en las negociaciones. Sobretodo si se toma en cuenta que en las renegociaciones del TLCAN, Seade fue quien revivió la cláusula Sunset que obligará a revisar el acuerdo comercial cada seis años. Esto era algo que los negociadores mexicanos encabezados por Luis Videgaray e Idelfonso Guajardo habían querido evitar. Lo estaban logrando, hasta que Seade se incorporó en las mesas de negociación y lo volvió a poner sobre la mesa. Los norteamericanos felizmente la aceptaron.

Ahora, la posibilidad de que Seade renegocie una sorpresa es aun mayor ya que el Subsecretario se encuentra bajo una fuerte presión, tanto del presidente López Obrador como del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para que se ratifique ya y casi a costa de lo que sea el T-Mec. La premisa es que el acuerdo será la salvación de la economía mexicana para evitar una baja en la calificación del soberano.

 

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El gobierno se asume como transformador. Lo que antes se hacía, ahora ya no se repite. “Somos diferentes, salvo algunas excepciones”, podría ser su mantra. Por ejemplo, cuando de traer asilado a México al hoy ex presidente de Bolivia, Evo Morales, se trata.

“México se ha caracterizado por su tradición en materia de protección a asilados a lo largo de su historia. Se ha mostrado como un Estado incluyente y solidario cuyas puertas han estado abiertas para quienes han tenido la necesidad de abandonar sus países”, dijo el canciller Marcelo Ebrard.

Ahí estuvo ausente el clásico del presidente López Obrador de que ahora las cosas se hacen distinto; de que “no somos como los de antes”. Para justificar el asilo a Evo Morales sí funcionaron las reglas del pasado.

En el comunicado de la cancillería se citaron la Convención sobre Asilo de La Habana de 1928 y la Convención sobre Asilo Diplomático firmada en Caracas en 1954 como sustento para otorgarle asilo a Evo Morales. Además, se mencionó que la legislación mexicana también reconoce el otorgamiento de asilo político en su Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de 2011.

El comunicado de la cancillería hizo mención del derecho internacional que reconoce que un individuo puede solicitar a un Estado del que no es nacional, como consecuencia de situaciones que surjan en el Estado de su nacionalidad, el reconocimiento como asilado. Pero, en este gobierno, una cosa son las peticiones de los guatemaltecos, hondureños, cubanos y hasta africanos que llegan a Tapachula a solicitar asilo y se les responde con la fuerza de la Guardia Nacional, y otra es la misma petición, pero de Evo Morales a quien se le trajo a México como si la austeridad fuera una palabra que no pronunciara a diario el presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras.

Y es que, en cuanto a la austeridad, ésta se implementa para recortar recursos para medicinas; para sueldos de la burocracia; para la Conafor y los incendios que debió combatir en los meses de sequía; para los traslados de elementos de seguridad que no pudieron llegar a atender las llamadas de auxilio a los familiares de los nueve asesinados en Sonora de la familia LeBarón sino hasta varias horas después.

Pero para trasladar a Evo Morales de Cochabamba a México, hubo jet privado y, después de un largo viaje cuyos costos seguramente no se harán públicos, hubo también recursos para que se le trasladara a un lugar seguro en la CDMX en helicóptero.

En cuanto a los principios de la diplomacia mexicana, ahí el gobierno se apegó a un fragmento del artículo 89 de la Constitución, la no intervención, pero para el caso Venezuela y el no reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino. Para el caso boliviano prefirió el gobierno de la 4T brincarse al siguiente renglón del mismo artículo y apegarse a la lucha por la paz y la seguridad internacionales, apoyando a Evo Morales a salir de Bolivia para evitar una guerra civil en aquel país.

Esto no es una defensa a un Golpe de Estado. Es una denuncia a un discurso selectivo de un gobierno que a diario se dice ser diferente pero demuestra ser más de lo mismo: un puñado de políticos que, mediante el poder, empujan su ideología y buscan agandallarse todo –el ejecutivo; el legislativo; el judicial y los órganos autónomos. Y en el camino, abrazan a sus similares, como a Evo Morales quien pudo haber abandonado el poder en enero del 2020 como un gran presidente para Bolivia pero prefirió intentar el agandalle.

Por cierto, en su tuit de despedida, Evo prometió volver con más fuerza y energía. A ver qué papel juega el actual gobierno mexicano en esta promesa de Morales.

 

Columna completa en El Universal

La realidad en materia de seguridad ha cambiado dramáticamente, para mal. Lejos de tener una estrategia con metas específicas para presentar resultados, tenemos a un Secretario de Seguridad Pública que señala puntos de inflexión al mismo que tiempo que queda claro que la situación ha empeorado y hay dos factores que lo demuestran contundentemente.

Lo primero es que, de tener un problema grave de inseguridad en pocas ciudades, como Coahuila; Ciudad Juárez; Matamoros y Reynosa, ahora la inseguridad está en prácticamente todo el país, salvo pequeñas islas de tranquilidad como Mérida.

Lo segundo es que ahora los delitos no discriminan niños, mujeres ni familias. La delincuencia ya cruzó esa línea y ya no respeta. Ante la impunidad, la matanza va parejo, como quedó claro con lo ocurrido a la familia Le Barón hace dos días en Sonora, el estado que quiere gobernar Alfonso Durazo. Pero, desgraciadamente éste no es el único caso de asesinatos de familias. Las notas con estas matanzas son ya el pan de cada día en el noticiero que conduzco en Foro TV, A Las Tres.

En los casi diez años que he tenido a mi cargo un noticiero en esta plataforma y antes en Grupo Imagen, he podido ver claramente el deterioro en la seguridad. Las notas cotidianas de asesinatos múltiples de familias y vecinos aparecen con mayor frecuencia. No digo que antes no ocurrieran nunca, como fue el caso de la masacre de Villas de Salvacar en el 2010, pero ahora este tipo de crímenes ocurren con más frecuencia y en más lugares. Tan solo la semana pasada hubo un tiroteo en una fiesta infantil en Iztapalapa y otro en el festejo de San Andrés Totoltepec en donde se dio el tiroteo mientras más de mil personas estaban bailando en la calle.

Y ante este recrudecimiento del crimen, la respuesta de las autoridades es la misma de siempre: lamentamos los hechos; vamos a investigar; lo ocurrido no va a quedar impune. Pero sí queda impune. Ahora con el agravante de que, además, el encargado de la seguridad en el gobierno no sabe del tema. Ha sido un político que ha brincado de partido y de lealtades para mantenerse en el poder, no alguien que conozca desde la teoría hasta la práctica de temas de seguridad. Y por eso, aun cuando era evidente que el problema de inseguridad que heredó el gobierno de López Obrador no se iba a resolver en doce meses, tampoco se va a resolver en los que siguen ni en lo que resta del sexenio con la actual estrategia.

Creer que el cambio lo va a lograr el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que da 3 mil 600 pesos a quienes pueden ganar impunemente miles de dólares producto de las distintas actividades ilegítimas que existen en México, es una ingenuidad monumental.

En la conferencia mañanera el presidente declaró que posiblemente lo ocurrido a la familia Le Barón se trató de una confusión de quienes asesinaron a las 3 mujeres y 9 niños, pero eso tampoco es una justificación. Lo terrible; lo lamentable, es que en México se puede cometer un crimen de esa magnitud para ajustar cuentas entre delincuentes y nada pasa.

Sin duda parte del problema viene del flujo de armas de norte a sur y del enorme consumo de drogas en Estados Unidos, pero el meollo del asunto es la falta de Estado de Derecho en México. Así como no es correcto que el presidente culpe al pasado de lo que ocurre actualmente, tampoco podemos creer que reglas de Estados Unidos van a ser las que traigan seguridad en México.

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

Durante varias décadas el gobierno mexicano temblaba una vez al año ante la expectativa de que el gobierno de Estados Unidos certificara que se estaba actuando para combatir el crimen organizado. Esa época de la certificación anual que comenzó en 1988 con el Acta Anti-Abuso de Drogas fue sumamente negativa para la relación bilateral. La ayuda económica de EUA a México dependía de que el presidente norteamericano y después el congreso, consideraran que nuestro país estaba cumpliendo con la lucha en contra del crimen organizado para que se liberaran fondos para México.

Hubo años en los que nos certificaron los estadounidenses, y otros en los que no. La cantidad que ‘invertía’ EUA en esto era irrisoria, pero, aun así, era todo un tema bilateral que se logró dejar atrás hasta la firma de la Iniciativa Mérida firmado por parte de George W. Bush y Felipe Calderón.

Cerrado ese capítulo anual unilateral de parte de Estados Unidos, ahora hay un grupo de demócratas duros dentro de la Cámara de Representantes que quieren revivir una certificación para el gobierno mexicano, pero en temas laborales, como condición para aprobar la ratificación del T-MEC.

Actualmente hay un grupo de 9 congresistas que nombró la Presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi para negociar con el encargado comercial de La Casa Blanca, Robert Lightizer, con los sindicatos y las contrapartes mexicanas. Estos congresistas, encabezados por Richard Neal, se subdividieron en cuatro categorías de acuerdo a los temas espinosos que quedan pendientes de negociar: Earl Blumenauer y Jan Schakowsky, que se encargan de los temas en materia de medicinas y patentes del acuerdo; Jimmy Gomez y Mike Thompson, quienes negocian temas laborales; Suzanne Bonamici y John Larson tratan los temas ambientales; y Terri Sewell y Rosa DeLauro se encargan de los temas legales.

Los temas espinosos que siguen en la mesa de negociación son tres: 1) el compromiso de respetar la propiedad intelectual relacionada con medicamentos; vacunas y otros productos médicos; 2) el grado de apoyo para generar nueva infraestructura que evite contaminación en la frontera y 3) delinear las especificaciones para que se lleven a cabo inspecciones laborales en fábricas en México para que se compruebe que, en efecto, nuestro país cumple con la reforma laboral aprobada el 1º de mayo pasado.

Si bien en los primeros dos puntos se podría llegar a un acuerdo antes de que cierre el periodo legislativo en EUA dentro de 13 días, en las revisiones a las fábricas en México hay un impasse. El consenso dentro del grupo negociador mexicano es que permitir que los estadounidenses hagan una revisión de las fábricas en México sería inaceptable.

Pero hay un grupo de demócratas y de dirigentes sindicales que están dispuestos a dejar sin ratificar el acuerdo comercial entre México-Estados Unidos y Canadá, en tanto no se acceda a estas inspecciones que serían, en los hechos, el regreso de la certificación que tuvimos en materia de lucha contra el crimen, pero ahora en el tema laboral.

 

Columna completa en El Universal

Bellum omnium

contra omnes.

Thomas Hobbes

Hace un año el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un manotazo al anunciar, sentado frente a un libro titulado ¿Quién manda aquí?, que la construcción del aeropuerto de Texcoco, el NAIM, quedaba cancelada. Desde entonces ha querido dejar en claro que, en este país, quien manda es él.

Pero en el momento en que su autoridad se hizo más necesaria que nunca, el presidente decidió no mandar. Optó por subirse a un avión comercial y quedar incomunicado. Al aterrizar en Oaxaca, en lugar de haberse ido a Culiacán, siguió adelante con su agenda como si la violencia de Sinaloa no mereciera una revisión de sus planes de fin de semana.

La conferencia mañanera del día siguiente la llevó a cabo desde Oaxaca y en Culiacán dejó a los integrantes del Gabinete de Seguridad Pública a que le dieran la cara a los reporteros y periodistas del estado en el que el día anterior se había vivido el terror.

Lo poco que dijo López Obrador la mañana del 18 de octubre en Oaxaca fue que dio la instrucción de que los integrantes del Gabinete de Seguridad no oculten ninguna información respecto a lo ocurrido en Culiacán. Esto evidentemente no ha ocurrido ya que seis días después no sabemos ni siquiera si es o no cierta la versión del New York Times respecto a que en el operativo se detuvo no solo a Ovidio Guzmán, también a su medio hermano, Iván, a quien también se dejó en libertad.

AMLO insiste en la pacificación y en no utilizar la fuerza. “Quien usa la fuerza no tiene autoridad moral”, declaró airoso el presidente desde Oaxaca. No tendrá autoridad moral, pero tiene autoridad, sin adjetivos, como se vio en Culiacán. Y es que ha quedado más que claro que esto de la pacificación y el desarme voluntario no le interesa al crimen organizado.

Pero ante esta realidad, el presidente sigue montado en su macho: no vamos a cambiar de estrategia. Y culpa a ‘sus adversarios’ de ser quienes lo invitan a modificar el plan. Curioso que ‘sus adversarios’ sean los medios; los columnistas; quienes cuestionamos que claramente no se está pacificando al país. Uno esperaría que el presidente vea como adversarios a quienes tomaron rehenes en Culiacán y provocaron la muerte de ya catorce personas, según el recuento al momento de escribir estas líneas.

Quizás en lugar de leer el libro que estaba sobre su escritorio hace un año, cuando dio el manotazo del NAIM, ¿Quién manda aquí?, valdría la pena que lea a Max Weber quien explica que la principal razón de ser del Estado es tener el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Cuando esto falla, el Estado deja de cumplir con su razón de ser.

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

Estamos en un punto de inflexión en la violencia, declaró el flamante Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Lo dijo mostrando una gráfica durante la conferencia mañanera que transcurría en Palacio Nacional, en la CDMX. Y al mismo tiempo en La Aguililla, Michoacán, gritaban policías estatales desesperados: “¡K-8! ¡K-8! ¡Nos atacan!

El saldo de la mañanera de Palacio Nacional fue de complacencia. El de Michoacán de 13 policías muertos y nueve heridos en la emboscada. Además quedaron unidades policiacas calcinadas y en los parabrisas se podía leer “A todos los policías que apoyen a los lacras se los cargará la ve…Att. CJNG”.

En Palacio Nacional se escucha un día sí y el otro también al presidente decir que para combatir la inseguridad su gobierno dará abrazos, no balazos. En Michoacán y en gran parte del país la respuesta a esta ‘estrategia’ es la inversa: balazos, no abrazos.

Y es que el país que describe el presidente y sus invitados en las mañaneras de Palacio Nacional es muy distinto al México que vivimos el resto de los mortales.

Otro día más en Palacio Nacional. Ahora se reúne la primera plana de los empresarios gaseros. Sentados, un poco incómodos, aplauden al presidente López Obrador que habla de que la corrupción se está barriendo como las escaleras, de arriba para abajo, y que en su gobierno ya no hay tolerancia a la corrupción. Entre los sentados a lado de los empresarios está el Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

Terminada la conferencia matutina Manuel Bartlett regresa a su despacho. Pasan las semanas y los señalamientos de corrupción y enriquecimiento ilícito en su contra siguen brillando por su ausencia.

Por su parte los empresarios que aplaudieron y prometieron que van a invertir, siguen ideando estrategias para que su dinero esté a salvo. No quieren ni hablar en fuerte, ni escuchar en público sobre el panorama que vive el país. Quizás la idea es que si no se habla de los errores del gobierno, éstos no tendrán efecto. Una estrategia parecida a la que implementó el gobierno de Peña Nieto para ‘combatir’ la inseguridad: no hablemos del tema y así la seguridad quedará resuelta.

Estamos ante una emergencia en materia de seguridad que sin duda heredó el presidente López Obrador. A esa emergencia se le suma un panorama muy negativo en materia económica. Este cuadro no augura más que un círculo vicioso: si la economía empeora, la seguridad lo hará también.

Pero en Palacio Nacional dirán que, a pesar de la terrible herencia del pasado, todo mejora. Es la Cuarta Transformación.

Apostilla: Hoy Javier Bonilla ofrecerá una conferencia de prensa a las 11:45 de la mañana. Ayer el presidente López Obrador le envió un mensaje muy claro en su conferencia mañanera: que la Ley Bonilla con la que pretende ampliar su mandato de 2 a 5 años es una pena y que el expediente perdido para poder publicar el cambio debe de ser hallado. El documento apareció ¡oh sorpresa! unas horas después.

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

El anuncio de la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte vuelve a mostrarnos el México binario. O se está en favor del Ministro Medina Mora y su muy cuestionable cercanía con el poder de los presidentes, desde Vicente Fox; Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, o se está en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

No hay lugar para medias tintas. Para pensar que se estuvo en desacuerdo con su nombramiento como ministro de la Corte en el sexenio de Enrique Peña Nieto, no por falta de credenciales en el ámbito jurídico, sino precisamente por su cercanía al poder, pero también se está en contra de que ocurra su renuncia sin una explicación precisa de la causa de fuerza mayor que lo lleva a tomar esta decisión.

Conocer esa causa de fuerza mayor no es un capricho ni producto del morbo. Es mandato constitucional. Así lo establece el párrafo tercero del artículo 98. Pero tanto al presidente López Obrador como al senado este mandato constitucional les ha parecido lo de menos y la aceptaron sin que Medina Mora compareciera o dejara claridad sobre sus motivos.

Y ahora, exigir esta claridad y respeto a la ley les parece escandaloso a quienes denostaron la llegada de Medina Mora a la Suprema Corte en el 2015. El argumento de los ‘partidarios’ de AMLO es que lo escandaloso no es su renuncia, sino que estuviera ahí, sentado en la SCJN.

Y sí. En su momento se habló de que no era el candidato idóneo para ocupar un asiento en el poder judicial, menos aun de la estatura de Ministro de la Suprema Corte. Su cercanía con tres presidentes para quienes trabajó, primero con Fox como Director del CISEN y Secretario de Seguridad Pública; después con Felipe Calderón como Procurador y luego con Enrique Peña Nieto dos veces embajador, ante Reino Unido y ante Washington, ponían en duda su independencia frente al ejecutivo.

La autonomía del Poder Judicial no es plena, pero lo que hay ha costado mucho obtenerlo.

Que a Medina Mora el poder le llegó nublar el sentido de su trabajo, ni duda cabe. Basta tomar en cuenta que aceptó ir a la boda de la hija del abogado Juan Collado y sentarse en la mesa de los invitados más importantes, sin darse cuenta o sin importarle el conflicto de interés que eso representaba.

Precisamente nombramientos como el de Medina Mora fueron las rayitas que le pintaron al tigre que generó la votación tan favorable a Andrés Manuel López Obrador el año pasado. Y por eso cuesta trabajo entender a quienes hoy justifican que la renuncia de Medina Mora no es un escándalo. Las formas no dejan claridad sobre si hubo presión o no del poder ejecutivo para que un ministro que no es alfil del actual presidente quede fuera y en su lugar llegue alguien que garantice fallos afines al ejecutivo.

 

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Mientras los campesinos reciben ayuda económica a través de Segalmex, que les compra sus productos a precios de garantía; los adultos mayores reciben su cheque mensual; los jóvenes que ni estudian ni trabajan reciben tres mil 600 pesos… por mencionar solo tres de los programas del gobierno actual, las afectaciones a las mujeres trabajadoras se siguen sumando.

Primero vino el anuncio de la cancelación de los refugios a mujeres víctimas de violencia, que afortunadamente no prosperó, por la serie de reclamos de que esto era una barbaridad. Después vino la cancelación del programa de estancias infantiles, del cual son beneficiarias más de 300 mil mujeres que acuden para que sus hijos estén cuidados mientras ellas trabajan. Y ahora, en el nuevo paquete económico 2020, se incluye una iniciativa para modificar la Ley de Impuesto sobre la Renta, en donde se busca gravar con impuesto a personas físicas dedicadas a la venta por catálogo.

Este impuesto va a afectar primero que nadie, a mujeres, ya que arriba del 90 por ciento de quienes venden productos por catálogo son mujeres que son el sustento de su casa. O no tienen trabajo y ganan a través de estas comisiones que reciben por vender distintos productos como maquillaje, zapatos, suplementos alimenticios, electrodomésticos, etc. O que tienen un trabajo y mediante estas ventas complementan un ingreso para cubrir las
necesidades de sus familias.

Sea cual sea su situación, el trabajo es honesto.

Pero ahora, con el gobierno sufriendo la baja recaudación de ISR e IVA por el frenón que provocaron en la economía y con la necesidad de cumplir con la promesa que hizo el presidente desde campaña de que no habrá alza a los impuestos en los primeros tres años de gobierno, la novedad es querer inventar nuevas formas de recaudar más de quienes ya son causantes del fisco. Solo así podrán siquiera pensar en cumplir sus metas.

Así, el secretario de Hacienda llegó la semana pasada a la Cámara de Diputados, en donde  se encontró a un grupo de mujeres pidiéndole que no se aplique este nuevo impuesto a la venta por catálogo. Herrera respondió que no se trata de un nuevo impuesto porque es el mismo que se aplica ya en otros establecimientos como restaurantes o librerías, en donde el consumidor paga a la hora de hacer el consumo vía el IVA.

Pero el asunto no es tan sencillo. Cuando uno llega a un restaurante o a una librería paga un impuesto al consumo. Pero a las mujeres que llegan a empresas como Avon, zapatos Andrea etc., a donde llegan a comprar para revender, se les quiere cobrar como si fuera consumo. Los números que dieron a conocer ante la Cámara de Diputados las mujeres que recibieron al secretario de Hacienda es que ellas en promedio compran al mes 3 mil pesos de mercancía. De ahí, al ir puerta por puerta para vender a amigos, conocidos o familiares, acaban recuperando lo invertido más 750 pesos al mes, en promedio, cuando venden todo.

La nueva ley que se está discutiendo en el legislativo dice que de esos tres mil pesos, la empresa de venta de catálogo les va a retener el 20 por ciento a las mujeres, después de darlas de alta, para así cobrarles el ISR mensual, vendan o no su mercancía. Esto será así aun si en ese mes las mujeres no vendieron el total de esa mercancía que compraron.

 

Columna completa en El Universal

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