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El gobierno se asume como transformador. Lo que antes se hacía, ahora ya no se repite. “Somos diferentes, salvo algunas excepciones”, podría ser su mantra. Por ejemplo, cuando de traer asilado a México al hoy ex presidente de Bolivia, Evo Morales, se trata.

“México se ha caracterizado por su tradición en materia de protección a asilados a lo largo de su historia. Se ha mostrado como un Estado incluyente y solidario cuyas puertas han estado abiertas para quienes han tenido la necesidad de abandonar sus países”, dijo el canciller Marcelo Ebrard.

Ahí estuvo ausente el clásico del presidente López Obrador de que ahora las cosas se hacen distinto; de que “no somos como los de antes”. Para justificar el asilo a Evo Morales sí funcionaron las reglas del pasado.

En el comunicado de la cancillería se citaron la Convención sobre Asilo de La Habana de 1928 y la Convención sobre Asilo Diplomático firmada en Caracas en 1954 como sustento para otorgarle asilo a Evo Morales. Además, se mencionó que la legislación mexicana también reconoce el otorgamiento de asilo político en su Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de 2011.

El comunicado de la cancillería hizo mención del derecho internacional que reconoce que un individuo puede solicitar a un Estado del que no es nacional, como consecuencia de situaciones que surjan en el Estado de su nacionalidad, el reconocimiento como asilado. Pero, en este gobierno, una cosa son las peticiones de los guatemaltecos, hondureños, cubanos y hasta africanos que llegan a Tapachula a solicitar asilo y se les responde con la fuerza de la Guardia Nacional, y otra es la misma petición, pero de Evo Morales a quien se le trajo a México como si la austeridad fuera una palabra que no pronunciara a diario el presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras.

Y es que, en cuanto a la austeridad, ésta se implementa para recortar recursos para medicinas; para sueldos de la burocracia; para la Conafor y los incendios que debió combatir en los meses de sequía; para los traslados de elementos de seguridad que no pudieron llegar a atender las llamadas de auxilio a los familiares de los nueve asesinados en Sonora de la familia LeBarón sino hasta varias horas después.

Pero para trasladar a Evo Morales de Cochabamba a México, hubo jet privado y, después de un largo viaje cuyos costos seguramente no se harán públicos, hubo también recursos para que se le trasladara a un lugar seguro en la CDMX en helicóptero.

En cuanto a los principios de la diplomacia mexicana, ahí el gobierno se apegó a un fragmento del artículo 89 de la Constitución, la no intervención, pero para el caso Venezuela y el no reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino. Para el caso boliviano prefirió el gobierno de la 4T brincarse al siguiente renglón del mismo artículo y apegarse a la lucha por la paz y la seguridad internacionales, apoyando a Evo Morales a salir de Bolivia para evitar una guerra civil en aquel país.

Esto no es una defensa a un Golpe de Estado. Es una denuncia a un discurso selectivo de un gobierno que a diario se dice ser diferente pero demuestra ser más de lo mismo: un puñado de políticos que, mediante el poder, empujan su ideología y buscan agandallarse todo –el ejecutivo; el legislativo; el judicial y los órganos autónomos. Y en el camino, abrazan a sus similares, como a Evo Morales quien pudo haber abandonado el poder en enero del 2020 como un gran presidente para Bolivia pero prefirió intentar el agandalle.

Por cierto, en su tuit de despedida, Evo prometió volver con más fuerza y energía. A ver qué papel juega el actual gobierno mexicano en esta promesa de Morales.

 

Columna completa en El Universal

La realidad en materia de seguridad ha cambiado dramáticamente, para mal. Lejos de tener una estrategia con metas específicas para presentar resultados, tenemos a un Secretario de Seguridad Pública que señala puntos de inflexión al mismo que tiempo que queda claro que la situación ha empeorado y hay dos factores que lo demuestran contundentemente.

Lo primero es que, de tener un problema grave de inseguridad en pocas ciudades, como Coahuila; Ciudad Juárez; Matamoros y Reynosa, ahora la inseguridad está en prácticamente todo el país, salvo pequeñas islas de tranquilidad como Mérida.

Lo segundo es que ahora los delitos no discriminan niños, mujeres ni familias. La delincuencia ya cruzó esa línea y ya no respeta. Ante la impunidad, la matanza va parejo, como quedó claro con lo ocurrido a la familia Le Barón hace dos días en Sonora, el estado que quiere gobernar Alfonso Durazo. Pero, desgraciadamente éste no es el único caso de asesinatos de familias. Las notas con estas matanzas son ya el pan de cada día en el noticiero que conduzco en Foro TV, A Las Tres.

En los casi diez años que he tenido a mi cargo un noticiero en esta plataforma y antes en Grupo Imagen, he podido ver claramente el deterioro en la seguridad. Las notas cotidianas de asesinatos múltiples de familias y vecinos aparecen con mayor frecuencia. No digo que antes no ocurrieran nunca, como fue el caso de la masacre de Villas de Salvacar en el 2010, pero ahora este tipo de crímenes ocurren con más frecuencia y en más lugares. Tan solo la semana pasada hubo un tiroteo en una fiesta infantil en Iztapalapa y otro en el festejo de San Andrés Totoltepec en donde se dio el tiroteo mientras más de mil personas estaban bailando en la calle.

Y ante este recrudecimiento del crimen, la respuesta de las autoridades es la misma de siempre: lamentamos los hechos; vamos a investigar; lo ocurrido no va a quedar impune. Pero sí queda impune. Ahora con el agravante de que, además, el encargado de la seguridad en el gobierno no sabe del tema. Ha sido un político que ha brincado de partido y de lealtades para mantenerse en el poder, no alguien que conozca desde la teoría hasta la práctica de temas de seguridad. Y por eso, aun cuando era evidente que el problema de inseguridad que heredó el gobierno de López Obrador no se iba a resolver en doce meses, tampoco se va a resolver en los que siguen ni en lo que resta del sexenio con la actual estrategia.

Creer que el cambio lo va a lograr el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que da 3 mil 600 pesos a quienes pueden ganar impunemente miles de dólares producto de las distintas actividades ilegítimas que existen en México, es una ingenuidad monumental.

En la conferencia mañanera el presidente declaró que posiblemente lo ocurrido a la familia Le Barón se trató de una confusión de quienes asesinaron a las 3 mujeres y 9 niños, pero eso tampoco es una justificación. Lo terrible; lo lamentable, es que en México se puede cometer un crimen de esa magnitud para ajustar cuentas entre delincuentes y nada pasa.

Sin duda parte del problema viene del flujo de armas de norte a sur y del enorme consumo de drogas en Estados Unidos, pero el meollo del asunto es la falta de Estado de Derecho en México. Así como no es correcto que el presidente culpe al pasado de lo que ocurre actualmente, tampoco podemos creer que reglas de Estados Unidos van a ser las que traigan seguridad en México.

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

Durante varias décadas el gobierno mexicano temblaba una vez al año ante la expectativa de que el gobierno de Estados Unidos certificara que se estaba actuando para combatir el crimen organizado. Esa época de la certificación anual que comenzó en 1988 con el Acta Anti-Abuso de Drogas fue sumamente negativa para la relación bilateral. La ayuda económica de EUA a México dependía de que el presidente norteamericano y después el congreso, consideraran que nuestro país estaba cumpliendo con la lucha en contra del crimen organizado para que se liberaran fondos para México.

Hubo años en los que nos certificaron los estadounidenses, y otros en los que no. La cantidad que ‘invertía’ EUA en esto era irrisoria, pero, aun así, era todo un tema bilateral que se logró dejar atrás hasta la firma de la Iniciativa Mérida firmado por parte de George W. Bush y Felipe Calderón.

Cerrado ese capítulo anual unilateral de parte de Estados Unidos, ahora hay un grupo de demócratas duros dentro de la Cámara de Representantes que quieren revivir una certificación para el gobierno mexicano, pero en temas laborales, como condición para aprobar la ratificación del T-MEC.

Actualmente hay un grupo de 9 congresistas que nombró la Presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi para negociar con el encargado comercial de La Casa Blanca, Robert Lightizer, con los sindicatos y las contrapartes mexicanas. Estos congresistas, encabezados por Richard Neal, se subdividieron en cuatro categorías de acuerdo a los temas espinosos que quedan pendientes de negociar: Earl Blumenauer y Jan Schakowsky, que se encargan de los temas en materia de medicinas y patentes del acuerdo; Jimmy Gomez y Mike Thompson, quienes negocian temas laborales; Suzanne Bonamici y John Larson tratan los temas ambientales; y Terri Sewell y Rosa DeLauro se encargan de los temas legales.

Los temas espinosos que siguen en la mesa de negociación son tres: 1) el compromiso de respetar la propiedad intelectual relacionada con medicamentos; vacunas y otros productos médicos; 2) el grado de apoyo para generar nueva infraestructura que evite contaminación en la frontera y 3) delinear las especificaciones para que se lleven a cabo inspecciones laborales en fábricas en México para que se compruebe que, en efecto, nuestro país cumple con la reforma laboral aprobada el 1º de mayo pasado.

Si bien en los primeros dos puntos se podría llegar a un acuerdo antes de que cierre el periodo legislativo en EUA dentro de 13 días, en las revisiones a las fábricas en México hay un impasse. El consenso dentro del grupo negociador mexicano es que permitir que los estadounidenses hagan una revisión de las fábricas en México sería inaceptable.

Pero hay un grupo de demócratas y de dirigentes sindicales que están dispuestos a dejar sin ratificar el acuerdo comercial entre México-Estados Unidos y Canadá, en tanto no se acceda a estas inspecciones que serían, en los hechos, el regreso de la certificación que tuvimos en materia de lucha contra el crimen, pero ahora en el tema laboral.

 

Columna completa en El Universal

Bellum omnium

contra omnes.

Thomas Hobbes

Hace un año el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un manotazo al anunciar, sentado frente a un libro titulado ¿Quién manda aquí?, que la construcción del aeropuerto de Texcoco, el NAIM, quedaba cancelada. Desde entonces ha querido dejar en claro que, en este país, quien manda es él.

Pero en el momento en que su autoridad se hizo más necesaria que nunca, el presidente decidió no mandar. Optó por subirse a un avión comercial y quedar incomunicado. Al aterrizar en Oaxaca, en lugar de haberse ido a Culiacán, siguió adelante con su agenda como si la violencia de Sinaloa no mereciera una revisión de sus planes de fin de semana.

La conferencia mañanera del día siguiente la llevó a cabo desde Oaxaca y en Culiacán dejó a los integrantes del Gabinete de Seguridad Pública a que le dieran la cara a los reporteros y periodistas del estado en el que el día anterior se había vivido el terror.

Lo poco que dijo López Obrador la mañana del 18 de octubre en Oaxaca fue que dio la instrucción de que los integrantes del Gabinete de Seguridad no oculten ninguna información respecto a lo ocurrido en Culiacán. Esto evidentemente no ha ocurrido ya que seis días después no sabemos ni siquiera si es o no cierta la versión del New York Times respecto a que en el operativo se detuvo no solo a Ovidio Guzmán, también a su medio hermano, Iván, a quien también se dejó en libertad.

AMLO insiste en la pacificación y en no utilizar la fuerza. “Quien usa la fuerza no tiene autoridad moral”, declaró airoso el presidente desde Oaxaca. No tendrá autoridad moral, pero tiene autoridad, sin adjetivos, como se vio en Culiacán. Y es que ha quedado más que claro que esto de la pacificación y el desarme voluntario no le interesa al crimen organizado.

Pero ante esta realidad, el presidente sigue montado en su macho: no vamos a cambiar de estrategia. Y culpa a ‘sus adversarios’ de ser quienes lo invitan a modificar el plan. Curioso que ‘sus adversarios’ sean los medios; los columnistas; quienes cuestionamos que claramente no se está pacificando al país. Uno esperaría que el presidente vea como adversarios a quienes tomaron rehenes en Culiacán y provocaron la muerte de ya catorce personas, según el recuento al momento de escribir estas líneas.

Quizás en lugar de leer el libro que estaba sobre su escritorio hace un año, cuando dio el manotazo del NAIM, ¿Quién manda aquí?, valdría la pena que lea a Max Weber quien explica que la principal razón de ser del Estado es tener el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Cuando esto falla, el Estado deja de cumplir con su razón de ser.

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

Estamos en un punto de inflexión en la violencia, declaró el flamante Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Lo dijo mostrando una gráfica durante la conferencia mañanera que transcurría en Palacio Nacional, en la CDMX. Y al mismo tiempo en La Aguililla, Michoacán, gritaban policías estatales desesperados: “¡K-8! ¡K-8! ¡Nos atacan!

El saldo de la mañanera de Palacio Nacional fue de complacencia. El de Michoacán de 13 policías muertos y nueve heridos en la emboscada. Además quedaron unidades policiacas calcinadas y en los parabrisas se podía leer “A todos los policías que apoyen a los lacras se los cargará la ve…Att. CJNG”.

En Palacio Nacional se escucha un día sí y el otro también al presidente decir que para combatir la inseguridad su gobierno dará abrazos, no balazos. En Michoacán y en gran parte del país la respuesta a esta ‘estrategia’ es la inversa: balazos, no abrazos.

Y es que el país que describe el presidente y sus invitados en las mañaneras de Palacio Nacional es muy distinto al México que vivimos el resto de los mortales.

Otro día más en Palacio Nacional. Ahora se reúne la primera plana de los empresarios gaseros. Sentados, un poco incómodos, aplauden al presidente López Obrador que habla de que la corrupción se está barriendo como las escaleras, de arriba para abajo, y que en su gobierno ya no hay tolerancia a la corrupción. Entre los sentados a lado de los empresarios está el Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

Terminada la conferencia matutina Manuel Bartlett regresa a su despacho. Pasan las semanas y los señalamientos de corrupción y enriquecimiento ilícito en su contra siguen brillando por su ausencia.

Por su parte los empresarios que aplaudieron y prometieron que van a invertir, siguen ideando estrategias para que su dinero esté a salvo. No quieren ni hablar en fuerte, ni escuchar en público sobre el panorama que vive el país. Quizás la idea es que si no se habla de los errores del gobierno, éstos no tendrán efecto. Una estrategia parecida a la que implementó el gobierno de Peña Nieto para ‘combatir’ la inseguridad: no hablemos del tema y así la seguridad quedará resuelta.

Estamos ante una emergencia en materia de seguridad que sin duda heredó el presidente López Obrador. A esa emergencia se le suma un panorama muy negativo en materia económica. Este cuadro no augura más que un círculo vicioso: si la economía empeora, la seguridad lo hará también.

Pero en Palacio Nacional dirán que, a pesar de la terrible herencia del pasado, todo mejora. Es la Cuarta Transformación.

Apostilla: Hoy Javier Bonilla ofrecerá una conferencia de prensa a las 11:45 de la mañana. Ayer el presidente López Obrador le envió un mensaje muy claro en su conferencia mañanera: que la Ley Bonilla con la que pretende ampliar su mandato de 2 a 5 años es una pena y que el expediente perdido para poder publicar el cambio debe de ser hallado. El documento apareció ¡oh sorpresa! unas horas después.

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

El anuncio de la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte vuelve a mostrarnos el México binario. O se está en favor del Ministro Medina Mora y su muy cuestionable cercanía con el poder de los presidentes, desde Vicente Fox; Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, o se está en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

No hay lugar para medias tintas. Para pensar que se estuvo en desacuerdo con su nombramiento como ministro de la Corte en el sexenio de Enrique Peña Nieto, no por falta de credenciales en el ámbito jurídico, sino precisamente por su cercanía al poder, pero también se está en contra de que ocurra su renuncia sin una explicación precisa de la causa de fuerza mayor que lo lleva a tomar esta decisión.

Conocer esa causa de fuerza mayor no es un capricho ni producto del morbo. Es mandato constitucional. Así lo establece el párrafo tercero del artículo 98. Pero tanto al presidente López Obrador como al senado este mandato constitucional les ha parecido lo de menos y la aceptaron sin que Medina Mora compareciera o dejara claridad sobre sus motivos.

Y ahora, exigir esta claridad y respeto a la ley les parece escandaloso a quienes denostaron la llegada de Medina Mora a la Suprema Corte en el 2015. El argumento de los ‘partidarios’ de AMLO es que lo escandaloso no es su renuncia, sino que estuviera ahí, sentado en la SCJN.

Y sí. En su momento se habló de que no era el candidato idóneo para ocupar un asiento en el poder judicial, menos aun de la estatura de Ministro de la Suprema Corte. Su cercanía con tres presidentes para quienes trabajó, primero con Fox como Director del CISEN y Secretario de Seguridad Pública; después con Felipe Calderón como Procurador y luego con Enrique Peña Nieto dos veces embajador, ante Reino Unido y ante Washington, ponían en duda su independencia frente al ejecutivo.

La autonomía del Poder Judicial no es plena, pero lo que hay ha costado mucho obtenerlo.

Que a Medina Mora el poder le llegó nublar el sentido de su trabajo, ni duda cabe. Basta tomar en cuenta que aceptó ir a la boda de la hija del abogado Juan Collado y sentarse en la mesa de los invitados más importantes, sin darse cuenta o sin importarle el conflicto de interés que eso representaba.

Precisamente nombramientos como el de Medina Mora fueron las rayitas que le pintaron al tigre que generó la votación tan favorable a Andrés Manuel López Obrador el año pasado. Y por eso cuesta trabajo entender a quienes hoy justifican que la renuncia de Medina Mora no es un escándalo. Las formas no dejan claridad sobre si hubo presión o no del poder ejecutivo para que un ministro que no es alfil del actual presidente quede fuera y en su lugar llegue alguien que garantice fallos afines al ejecutivo.

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

Mientras los campesinos reciben ayuda económica a través de Segalmex, que les compra sus productos a precios de garantía; los adultos mayores reciben su cheque mensual; los jóvenes que ni estudian ni trabajan reciben tres mil 600 pesos… por mencionar solo tres de los programas del gobierno actual, las afectaciones a las mujeres trabajadoras se siguen sumando.

Primero vino el anuncio de la cancelación de los refugios a mujeres víctimas de violencia, que afortunadamente no prosperó, por la serie de reclamos de que esto era una barbaridad. Después vino la cancelación del programa de estancias infantiles, del cual son beneficiarias más de 300 mil mujeres que acuden para que sus hijos estén cuidados mientras ellas trabajan. Y ahora, en el nuevo paquete económico 2020, se incluye una iniciativa para modificar la Ley de Impuesto sobre la Renta, en donde se busca gravar con impuesto a personas físicas dedicadas a la venta por catálogo.

Este impuesto va a afectar primero que nadie, a mujeres, ya que arriba del 90 por ciento de quienes venden productos por catálogo son mujeres que son el sustento de su casa. O no tienen trabajo y ganan a través de estas comisiones que reciben por vender distintos productos como maquillaje, zapatos, suplementos alimenticios, electrodomésticos, etc. O que tienen un trabajo y mediante estas ventas complementan un ingreso para cubrir las
necesidades de sus familias.

Sea cual sea su situación, el trabajo es honesto.

Pero ahora, con el gobierno sufriendo la baja recaudación de ISR e IVA por el frenón que provocaron en la economía y con la necesidad de cumplir con la promesa que hizo el presidente desde campaña de que no habrá alza a los impuestos en los primeros tres años de gobierno, la novedad es querer inventar nuevas formas de recaudar más de quienes ya son causantes del fisco. Solo así podrán siquiera pensar en cumplir sus metas.

Así, el secretario de Hacienda llegó la semana pasada a la Cámara de Diputados, en donde  se encontró a un grupo de mujeres pidiéndole que no se aplique este nuevo impuesto a la venta por catálogo. Herrera respondió que no se trata de un nuevo impuesto porque es el mismo que se aplica ya en otros establecimientos como restaurantes o librerías, en donde el consumidor paga a la hora de hacer el consumo vía el IVA.

Pero el asunto no es tan sencillo. Cuando uno llega a un restaurante o a una librería paga un impuesto al consumo. Pero a las mujeres que llegan a empresas como Avon, zapatos Andrea etc., a donde llegan a comprar para revender, se les quiere cobrar como si fuera consumo. Los números que dieron a conocer ante la Cámara de Diputados las mujeres que recibieron al secretario de Hacienda es que ellas en promedio compran al mes 3 mil pesos de mercancía. De ahí, al ir puerta por puerta para vender a amigos, conocidos o familiares, acaban recuperando lo invertido más 750 pesos al mes, en promedio, cuando venden todo.

La nueva ley que se está discutiendo en el legislativo dice que de esos tres mil pesos, la empresa de venta de catálogo les va a retener el 20 por ciento a las mujeres, después de darlas de alta, para así cobrarles el ISR mensual, vendan o no su mercancía. Esto será así aun si en ese mes las mujeres no vendieron el total de esa mercancía que compraron.

 

Columna completa en El Universal

Prácticamente en todas las conferencias en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiere al tema de la corrupción. Su combate; el barrer las escaleras de arriba para abajo; al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie…y un largo etcétera son el pan de cada día en su discurso.

Por eso debería sorprender su constante ataque a quienes, desde la sociedad civil, buscan lo mismo que él: acabar con la corrupción. O cuando menos, luchar vehementemente en su contra. En la Mañanera de ayer fue especialmente crítico con la Organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y contra su presidente, Claudio X. González.

Los acusó de haber solapado la corrupción en el pasado por haber defendido el proyecto del aeropuerto de Texcoco, el cual describió el presidente como “el saqueo más grande que se tenía preparado, que se iba a hacer al pueblo y a la nación; que iba a significar casi un billón de pesos. Iba a ser como un Fobaproa.”

Y agregó: “¿Qué hicieron [los de MCCI] si la corrupción estaba legalizada en la época en que ellos simulaban que la combatían? ¿Por qué no dijeron nada de que Salinas en 1994 modificó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave? ¿No lo sabían ellos? ¿Cómo fue que crearon una asociación civil llamada Mexicanos Contra la Corrupción si nunca dijeron nada; nunca, de que la corrupción estaba legalizada porque no era delito grave?”

Por ello, el presidente cree que el verdadero nombre de la asociación debiera ser Mexicanos CON la Corrupción y la Impunidad. Y así lo declaró, generando risas entre los asistentes a su mañanera.

Este nuevo arrebato del presidente sorprende por varias razones. Primero que nada, porque a pesar de haber anunciado la cancelación del NAIM en Texcoco aduciendo esta corrupción, el gobierno no ha señalado absolutamente nada ni a nadie por estos actos. Simplemente ha dicho, pero nada ha demostrado.

Cuando empezó ese proyecto se hablaba de la enorme corrupción que lo envolvía. En mi caso quise investigar algunos de los ángulos señalados como infestados por la corrupción. Uno de ellos, el peaje que transportistas estaban obligados a pagar para que llegaran los materiales a la zona de construcción. Un peaje no regulado y que se señalaba iba a los bolsillos de lideres locales. Nunca encontré nada en concreto. No se puede señalar que hay corrupción si no hay pruebas. En el caso del presidente él decidió no solo señalar la corrupción del NAIM sino cancelarlo. A la fecha sigue diciendo que el tamaño del saqueo iba a ser de cerca de mil millones de pesos. Si tiene esa información, que persiga a los saqueadores. Se le va a aplaudir. Barrer las escaleras no es suficiente para acabar con la corrupción. También hace falta recoger la basura y ponerla en su lugar. ¿Quién está pagando una sola factura con la justicia por haber cometido un acto de corrupción en el proyecto del NAIM? A la fecha absolutamente nadie.

Lo segundo: el señalamiento de la modificación al Código Penal en 1994 no lo persiguió ni investigó MCCI porque la asociación nació 22 años después, en 2016. Y tercero: el que la corrupción no fuera delito grave no quiere decir que la corrupción estuviera legalizada. Hay delitos, como las infracciones de tránsito, que sin ser graves, no dejan de ser delitos perseguidos por la justicia.

 

Columna completa en El Universal

Una de las frases más conocidas del autor de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis C Caroll, es: “Aquí, tienes que correr a toda velocidad para poder permanecer en el mismo lugar, y si quieres desplazarte a otro… ¡entonces debes correr el doble de rápido!”

Eso mismo debería hacer México: correr para no seguir perdiendo posición en el mundo globalizado de hoy. Y correr más rápido si queremos avanzar y ser un país próspero y desarrollado.

Pero cuando tendríamos que estar corriendo simplemente para no quedarnos atrás, estamos frenando la marcha de manera abrupta. Tan radical, que si el gobierno presenta un presupuesto que no se enfoca en reactivar la economía; en aumentar la productividad sino en regalar dinero a través de programas sociales y en meterle dinero bueno al malo a través de proyectos que sabemos desde ahora no redituarán, éste es recibido con un gran suspiro de alivio. ¡Fiu! No hubo sorpresas desagradables. Los números parecen realistas y hacen sentido. Esa ha sido la reacción ante la propuesta presupuestal que presentó hacienda para el año próximo.

La inversión para la competitividad y el crecimiento regional del país es todo menos eso. Implica invertir dinero en Santa Lucía y el Tren Maya, ambos proyectos destinados al fracaso. Pero como la inyección de capital es menor a la anticipada, ¡fiu! hay un respiro de alivio.

Los recursos para los programas sociales (Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el de las personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, becas escolares, crédito agrícola y ganadero, por mencionar algunos) será dinero de los contribuyentes para generar una clientela política para el presidente y para Morena. Tomó mucho tiempo quitarle esa cartera que el PRI utilizó durante décadas a su antojo para que ahora, con el argumento de que ellos son distintos, otra vez el dinero se reparta de manera directa, sin intermediarios.

En otro de los grandes pilares del presupuesto, la producción petrolera, se prevé que ésta aumente un 13 por ciento. ¿Cómo vamos a producir 13 por ciento más sin el hallazgo de un nuevo yacimiento; sin fracking y sin atraer inversiones nuevas porque el presidente repite una y otra vez que éstas no han servido para nada? Se ve poco probable. Pero como el presupuesto para la construcción de ese elefante blanco que será Dos Bocas fue 17 por ciento menor al esperado, entonces ¡fiu! hay un respiro de alivio. Aunque de todas formas se le asignaron 41.3 mil millones de pesos.

El crecimiento que pronostica Hacienda va de 1.5 a 2.5 por ciento. Éste dato es demasiado bajo para una economía como la mexicana, pero como se anticipa más realista que el 4 por ciento en promedio que viene prometiendo el presidente alcanzaremos en el sexenio, entonces ¡fiu! no está tan grave ese pronóstico tan bajo porque es realista.

Sí, qué bueno que se pronostique una inflación controlada; un tipo de cambio razonable y un superávit primario. Es una lógica responsable de Hacienda que al parecer palomeó el presidente López Obrador. Pero eso es un primer escalón. México tienen enormes carencias. Regalar poco dinero a muchos mexicanos podrá ser, no nada más un motor del consumo interno, también un catalizador de mayor informalidad. Tirar dinero en un tren y un aeropuerto que no van a resolver la conectividad y sentirnos tranquilos porque será poco dinero, sigue siendo dinero de los mexicanos tirado a la basura.

No estamos corriendo a la velocidad que requerimos. Estamos ante un gobierno que ha puesto freno de mano y ahora, al presentarse un presupuesto sensato pero pobre, hay una normalización de un presente y un futuro mediocre para México.

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

Cuando matan a 30 personas en un bar o llegan a una estación de autobuses a acribillar a otras 5 y lo que llama la atención es el conflicto entre gobernadores y fiscales, algo está muy podrido en el sistema de procuración de justicia y de seguridad en nuestro país.

Eso es lo que ha ocurrido en estos días después de que, en Coatzacoalcos, Veracruz, llegara un grupo o un individuo – hasta el momento seguimos sin tener claridad sobre lo ocurrido – a rociar gasolina y matar por asfixia y quemaduras a 30 personas.

Lo que trascendió inmediatamente después de esa masacre y esa tragedia fueron los desencuentros entre el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y el Fiscal Estatal, Jorge Winkler. Winkler llegó a la fiscalía impulsado por el antecesor de García, por Miguel Ángel Yunes. Esto le ha molestado a García desde el día uno, al grado que a las reuniones de seguridad del estado está prohibida su entrada.

Así, inmediatamente después de la masacre, García no atinó más que a culpar a la fiscalía estatal por haber liberado a un individuo conocido como “La Loca”, al cual culpó de haber sido el autor material del table dance “El Caballo Blanco” en donde ocurrieron los hechos. Resultó que ni “La Loca” estuvo involucrado en la masacre y este individuo fue liberado, sí, pero por la Fiscalía General de la República…en dos ocasiones. Todo mal.

Y para sumarle al asunto, ayer el Congreso del Estado decidió separar del cargo a Winkler argumentando que no cumple con la certificación de confianza. La remoción dicen que va a ser temporal, pero bien sabemos lo que esa temporalidad va a significar si la decisión queda en manos de los diputados de Morena. La actuación del legislativo no queda claro que cumpla con la ley pero, evidentemente eso es lo que menos les importa. Lo que quiere el gobernador es a Winkler fuera.

En Cuernavaca, la madrugada del lunes llegó un comando a una estación de autobuses y disparó en contra de 5 personas. No fueron 30 muertos, pero, aun así, estamos hablando de un delito de alto impacto en donde de nueva cuenta salieron a relucir las diferencias entre el gobernador Cuauhtémoc Blanco y el Fiscal del estado, Uriel Carmona Gándara. A Carmona lo nombró, obvio, el antecesor de Blanco, Graco Ramírez. Y esto ha sido una de las razones para impedir la colaboración entre gobierno y fiscalía.

Recordemos simplemente que el nuevo sistema penal acusatorio busca la autonomía de la fiscalía, pero deja en manos del ejecutivo estatal o nacional su presupuesto con solamente un tope mínimo fijado por la Constitución. Por ello, tanto Veracruz como Morelos son de los estados que menor presupuesto asignan hoy a sus fiscalías. En Veracruz es de $175.79 pesos per cápita y en

Morelos es de $186.32 pesos per cápita. En contraste, Chihuahua otorga $655 pesos per cápita, por ejemplo.

Así, podemos imaginar que frente a los desencuentros entre gobernadores y fiscales el poder de la chequera inclinará la balanza en favor del gobernador en turno y en contra de la justicia.

Columna completa en EL UNIVERSAL

La buena noticia en el arreglo que anunciaron los empresarios y la Comisión Federal de Electricidad en el diferendo sobre los contratos de cinco de los siete gasoductos en conflicto es que se logró un acuerdo ganar-ganar.

Ganaron todos porque se evitó ir a un arbitraje internacional que sería costoso no solamente en términos monetarios, también de imagen para México como un país en el que los acuerdos no siempre se respetan, depende de quien esté en el gobierno.

Ganaron gobierno y empresas porque lograron mejorar a la baja las tarifas que le pagará la CFE a las empresas que construyeron los gasoductos, pero se extendió el periodo de los contratos. Así no se altera el valor del proyecto. En lugar de pagar una tarifa menor al principio y que fuera creciendo con el paso de los años para tomar en cuenta variables como la inflación, se acordó una tarifa constante, pero de mayor duración. Los contratos pasaron de ser de 20-25 años a 30-35 años.

Sigue pendiente saber qué va a ocurrir con los dos gasoductos de la empresa Fermaca (Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara y La Laguna-Aguascalientes). Fermaca se encuentra en un escenario distinto al que tienen los otros cinco gasoductos en cuestión y que construyeron IEnova, TC Energy y Carso. En el caso de éstas últimas empresas el capital para el gasoducto provino en parte de las propias empresas. Los dos gasoductos de Fermaca se hicieron con capital prestado y cualquier cambio a los contratos se debe hacer tomando en cuenta la postura de los bancos, es decir, el proceso de renegociación es más tardado.

La otra buena noticia es que los gasoductos se los quedan los privados. El presidente Andrés Manuel López Obrador estaba convencido de que el hecho de que los privados se quedaran con el gasoducto al concluir el periodo del contrato era un robo a México. Ahí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, pudo explicarle al presidente López Obrador que lo que él pretendía era como pensar que si una persona renta un departamento por diez años, al final de la década el departamento pasa a ser de quien rentó el inmueble. Obvio no. El presidente entendió.

Fue justo la participación del presidente AMLO la que logró destrabar las negociaciones. Que pasaran de una discusión ideológica a una discusión en términos comerciales. Esto es una gran noticia que demuestra que si bien el presidente puede ser terco, como él mismo lo dice en varias mañaneras, a veces también puede escuchar y cambiar de opinión.

La mala noticia es que el titular de la CFE sigue siendo Manuel Bartlett. Él claramente no cree en los acuerdos público-privados en el sector energético. Añora los años en que México era

autosuficiente en producción de energía y no requería de particulares para proveer a la paraestatal. En esta nostalgia no toma en cuenta que, de entrada, la demanda por electricidad ha crecido exponencialmente en el mundo y México no es la excepción. Solamente tomando el consumo privado como ejemplo, no es lo mismo tener que conectar el despertador y unas cuántas lámparas, como hacíamos en los 80s, a todos los aparatos eléctricos que requieren conexión eléctrica ahora, desde el teléfono, las tabletas, computadoras y un largo etcétera.

Además, Bartlett, quien estudió en los años 60 Derecho Público en la Escuela de Derecho de la Universidad de París, creció con la idea de que el modelo energético francés de la otrora empresa cien por ciento estatal, Électricité de France (EDF), es el correcto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que el país va muy bien. Habla de “un ánimo distinto, es un ambiente nuevo, aunque digan lo contrario nuestros adversarios en México hay alegría, hay entusiasmo, es otro país, es otro humor.” Ese ha sido el tono de sus conferencias mañaneras de la semana. Aunque ya lleva meses diciendo que vamos requetebién.

Cuestionado sobre el desabasto de medicamentos; complicaciones económicas; la falta de crecimiento; la inseguridad, el presidente considera que se trata de campañas de desinformación de sus adversarios que actúan así porque tienen mal humor, el cual, considera el presidente, se les va a ir quitando. “Se van a ir alegrando junto con millones de mexicanos que estamos celebrando este cambio verdadero, esta transformación”, declaró el presidente.

La gran premisa transformadora del presidente tiene que ver con la austeridad. No vivir en Los Pinos; no usar la caravana de suburbans blindadas con varios miembros del Estado Mayor Presidencial para manejarlas, abrir las puertas, quitar a quienes le estorben en su camino; no usar el avión presidencial y subirse en avión comercial como cualquier otro mexicanos y un largo etcétera, muy simbólico, caracterizan la transformación presidencial.

La austeridad per se no necesariamente es positiva. Si nos vamos a un ejemplo extremo, al concluir la Primera Guerra Mundial, las medidas de austeridad que se vieron obligados a adoptar los alemanes para pagar las reparaciones de la guerra fueron una de las causas principales del ascenso de Hitler al poder y del estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Pero la misma austeridad ha sido la causa de grandes problemas políticos actualmente en Grecia y en Italia, cuyo Primer Ministro acabó renunciando ayer, justamente por no poder seguir manejando el barco italiano entre las aguas del populismo y la austeridad de la Liga y el Movimiento de las Cinco Estrellas.

En México pocos estarían en desacuerdo con el diagnóstico de que el despilfarro público ha ido creciendo sexenio con sexenio y que había que ponerle un alto. Pero ese alto debe de hacerse tomando en cuenta que no queremos un país en el que todos tengamos lo mismo, en menores cantidades, sino todos lo mismo en mayores cantidades.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dice una y otra vez que los bienes materiales no debieran ser lo que nos incentive. Que debemos ser más humanistas. Que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

Eso suena bien, pero al final del día, hay (somos) muchos mexicanos que queremos lo mismo que el propio presidente tiene: la oportunidad de acudir a un médico especialista de primerísima calidad en el momento de una complicación cardiaca como la que él tuvo y pudo ser atendido por el Dr. Félix Dolorit de un hospital del sur de Miami antes de ser presidente y no sabemos si aun conserva. Esperemos que mantenga cuidados de primera.

También sería positivo que todos los mexicanos pudieran enviar a los hijos a un campamento de verano como Santa Úrsula en San Luis Potosí, considerado uno de los mejores campamentos del país que tiene 17 hectáreas bardeadas con un costo de 40 mil pesos por semana, como al que acudió el hijo menor del presidente estas vacaciones. Y, sin duda, sería una aspiración legítima contar con un departamento de 300 metros cuadrados, como el que se le acondicionó al presidente en Palacio Nacional.

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Rosario Robles se presentó el lunes a su segunda declaración ante el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna confiada en que cumplía con su deber y no era candidata para prisión preventiva ya que el delito que se le imputa no amerita prisión de oficio y no cumplía con ninguno de los justificantes para que se le detuviera de acuerdo con lo que mandata el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Su defensa y ella pensaban que rendirían una segunda declaración y que, si acaso tendría que acudir a firmar una vez por semana al juzgado, utilizar una tobillera o, en el peor de los escenarios, tendría que cubrir la garantía económica de 5 mil millones de pesos para garantizar que no saldría del país para evitar su juicio, como ya lo hizo Emilio Lozoya.

Pero el juez tomó por sorpresa a Rosario Robles y a su defensa. Determinó la prisión preventiva justificada en un delito que no amerita prisión preventiva de oficio argumentando que había peligro de que Robles huyera del país por haber presentado datos falsos en el domicilio que presentó para demostrar, de acuerdo con el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ella tiene arraigo en la Ciudad de México y por ello no había porque presumir riesgo de fuga.

¿Qué datos falsos de domicilio encontró el juez? Que los recibos de comprobante de domicilio presentados ante el juez apuntan a su residencia en Calle de las Flores en Coyoacán y que éstos no coinciden con el domicilio de su licencia de conducir, cuya renovación dejó el domicilio de Tennyson, en Polanco, también en la Ciudad de México, que tenía desde hace más de 20 años.

Por ello el juez determinó prisión preventiva justificada y Rosario Robles pasó ya su primer noche en la cárcel de Santa Martha Acatitla como la primer Secretaria de Estado en hacerlo en la historia de México.

¿Merece prisión Rosario Robles por lo que imputa la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político, mejor conocida como la Estafa Maestra? No lo se. Robles ha argumentado que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, los Convenios de SEDESOL y SEDATU que se celebraron con universidades públicas son legales y que si hubo desvíos, los responsables serían las propias universidades que fueron, dado el caso, los que los desviaron después de haberlos recibido y las secretarías a su cargo no podían conocer de esos desvíos.

Pero lo que sí queda claro de la detención que se le hizo a Rosario Robles y la forma como fue llevada a cabo es que, el sistema penal acusatorio sigue permitiendo detenciones arbitrarias que a ningún mexicano nos conviene que sigan vigentes.

La defensa de Rosario Robles no deja lugar a dudas que el actuar del juez fue motivado con fines políticos y no jurídicos. Primero porque las medidas cautelares no fueron solicitadas desde la primer audiencia, el 8 de agosto, cuando jurídicamente era el momento de hacerlo.

Segundo porque, de acuerdo con los presentes en la audiencia del lunes, el juez puso palabras en la boca de Rosario Robles al decir que ella había confesado haber informado al entonces presidente Enrique Peña Nieto que había irregularidades en recursos de SEDESOL y SEDATU.

Tercero, porque el nuevo Sistema Penal Acusatorio está hecho para que prevalezca la presunción de inocencia. Ante cualquier duda razonable de culpabilidad, el juez no puede meter en prisión al acusado. Debe probar hasta eliminar cualquier duda respecto de la inocencia del inculpado. Ese fue el espíritu de la reforma. No le conviene a nadie en México que crea en un auténtico Estado de Derecho que este espíritu sea vulnerado.

Lejos de haber sido un buen día para la justicia, el de ayer augura que ni con el nuevo sistema penal acusatorio podemos salvarnos de juicios hechos a modo. Y esto no va a parar en Rosario Robles.

Columna completa en EL UNIVERSAL


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