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La renuncia de Germán Martínez a la Dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la primer renuncia al gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Sí, han salido otros integrantes. Simón Levy de Sectur y Patricia Bugarín de la Secretaría de Seguridad, pero no eran los titulares de las dependencias. Clara Torres tampoco era titular de secretaría cuando renuncio a la dirección del programa de Estancias Infantiles.

La de Germán Martínez es la primer salida que se da con casi total claridad. Nada de irse por las ramas de que son motivos personales; nada de un cese disfrazado de renuncia. En su carta de once cuartillas deja en claro que el manejo del presupuesto del IMSS lo está haciendo Hacienda contraviniendo los estatutos del IMSS. Lo único que le faltó en su carta es poner los nombres y apellidos del Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa; de la Oficial Mayor, Raquel Buenrostro; y del Subsecretario, Arturo Herrera.

A estos tres nombres se podría agregar el del Director de Administración del IMSS, Flavio Cienfuegos, quien en lugar de reportarle a Germán Martínez como mandatan los estatutos, le reportaba directamente a Hacienda. Pero así ocurre con todas las secretarías de la 4T. Los titulares pueden nombrar a casi todo su equipo, salvo a los directores administrativos o de finanzas. A ellos los nombra Hacienda. Y eso no le pareció a Germán Martínez desde el día uno.

El primer Director de Administración del IMSS con Germán Martínez fue Pedro Zenteno Santaella. Las riñas entre ambos llevaron a una primer concesión de parte de Andrés Manuel López Obrador, quien quitó a Zenteno del IMSS y lo envió al ISSSTE para darle gusto al ex panista. Del ISSSTE movió a Flavio Cienfuegos al IMSS para ser el nuevo Director Administrativo. Pero como la esencia siguió siendo que el reporte de este director lo hiciera a Hacienda y que no hubiera ninguna decisión administrativa que no sea aprobada por la oficina de Carlos Urzúa, el cambio de persona no cambió la dinámica que acabó exasperando a Germán Martínez al grado de renunciar como lo hizo ayer. Con una carta explosiva.

La renuncia de Germán Martínez fue clara.

Tiene que ver con la esencia misma del proyecto de Andrés Manuel López Obrador: primero los pobres, declara desde hace décadas el presidente. Y, sin embargo, Germán Martínez reclama en su carta que desde la Secretaría de Hacienda se está decidiendo poner otras prioridades antes que la salud de los usuarios de los servicios del IMSS, que son en su mayoría quienes menos recursos tienen porque son quienes no pueden acudir a un consultorio médico privado.

Los recortes presupuestales y de personal han generado mayor deficiencia en la atención médica en los centros del Seguro Social, con personas a quienes se les retrasa meses la consulta y/o el acceso a los medicamentos, en el mejor de los casos.

AMLO sabe que su cambio anhelado implica mandar al diablo a las instituciones de lo que él considera el viejo régimen. Y eso es exactamente lo que está haciendo. En el caso del IMSS, López Obrador no va a hacer caso a los estatutos del Instituto. Quiere austeridad a como de lugar. Quiere tener delegados administrativos en los estados que le reporten a hacienda y si los estatutos del IMSS dicen otra cosa, peor para los estatutos, peor para el Consejo Técnico y peor para el Director del IMSS.

 

Columna completa en El Universal

En el Estado de México, concretamente en Valle de Bravo, en donde muchos residentes de la Ciudad de México pasan sus fines de semana, hubo una descomposición en materia de seguridad muy importante durante la parte final del sexenio de Felipe Calderón y principios del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Ante autoridades federales, estatales y municipales rebasadas por la situación, algunos empresarios, ciudadanos e integrantes de la iniciativa privada decidieron poner manos a la obra. Con el liderazgo de México SOS de Alejandro Martí, formaron una mesa de seguridad para reunirse periódicamente con autoridades locales y estatales para crear sectores en la zona que revisaran y controlaran las actividades del crimen organizado.

Valle de Bravo es un municipio operado por La Familia Michoacana. Cuando Eruviel Ávila comenzaba como gobernador la organización criminal logró tener buenos informantes dentro de la Secretaría de la Defensa y la policía federal. Por ello, cuando la IP decidió actuar para revertir la inseguridad, lo primero que pidió es que la Marina fuera quien operara en el municipio.

A cambio, este grupo de ciudadanos donó a la Marina un terreno en La Cuadrilla, ya en el municipio vecino de Donato Guerra, frontera con Michoacán. Ahí se comenzó con la capacitación de un grupo de sus integrantes para convertirlos en lo que hoy se conoce como los Navy Seals mexicanos.

En casi 8 hectáreas se han ido entrenado a más de dos mil elementos de la Marina en áreas de bosque con casas simuladas de secuestro y de laboratorios de drogas. La Cuadrilla es hoy el campo de entrenamiento más grande y moderno de la institución.

Y sin embargo, el destino de estos Navy Seals mexicanos está en riesgo por los cambios que vendrán con la entrada de la Guardia Nacional. El presidente López Obrador se empeña en decir que con él todo es distinto que en el pasado, pero en materia de seguridad parece empeñado en repetir errores de sus antecesores. Concretamente, queriendo cambiar una corporación de seguridad por otra sin tomar en cuenta los efectos negativos que ya se han visto antes.

Cuando Vicente Fox llegó a la presidencia creo la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, como el cuerpo encargado de atacar la inseguridad. Al terminar su sexenio y con la llegada de Felipe Calderón, la AFI desapareció y se creó la Policía Federal (PF). Algunos de los elementos de la AFI fueron absorbidos por la PF pero otros no. De los AFIs que quedaron en el desempleo surgieron grupos de secuestradores que fueron quienes planearon el secuestro y posterior asesinato de Fernando Martí.

Hoy, los Navy Seals mexicanos podrían sufrir la misma suerte y ser absorbidos, algunos, por la Guardia Nacional, lo mismo que las instalaciones de La Cuadrilla. Bajo la premisa de que la seguridad en Valle de Bravo ya está resuelta, los recursos de tiempo, dinero y esfuerzo, de las autoridades y ciudadanos en la zona van a ser tirados a la basura, lo que sería una lástima.

En Valle de Bravo se han controlado los secuestros que llevaron a este activismo de ciudadanos pero el gobierno de López Obrador parece olvidar que la seguridad nunca es un producto terminado.

 

Columna completa en El Universal

Estamos requetebién, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le preguntaron sobre la cifra de crecimiento del PIB para el primer trimestre que fue en realidad de decrecimiento: -2 por ciento. El peor trimestre desde 1995, cuando Ernesto Zedillo se inauguró con el tristemente famoso error de diciembre.

Compararnos, como lo hizo AMLO, con ese año resulta por sí solo indicativo del delicado momento por el que atraviesa el país. Pero por si esto no fuera suficiente, el presidente agregó – y ha repetido casi a diario – que la prueba de que estamos requetebién es la estabilidad cambiaria.

Y es cierto. El tipo de cambio peso/dólar está estable, pero lo está por la política monetaria del Banco de México que ha decidido mantener tasas de interés elevadas a la vez que las tasas de interés en Estados Unidos, fijadas por la Reserva Federal (la FED), están bajas. Tasas bajas que en el corto plazo no hay señales de que vayan a incrementarse. Ambos factores atraen dinero para activos financieros.

Es decir, esa estabilidad de la que presume el presidente López Obrador no tiene nada que ver con ninguna de sus decisiones. En cambio, en donde sí ha tomado decisiones, el panorama está más complicado. Esto es una afirmación basada en hechos y en la realidad, no es un análisis.

Está complicado porque la economía se frenó como si le hubiesen puesto un freno de mano en terreno plano, ósea, sin necesidad de aplicarlo. Se frenó porque la cancelación del aeropuerto, el desabasto que generó la lucha contra el huachicoleo, el anuncio de la construcción de la refinería de Dos Bocas y del Tren Maya han sido recibidos por inversionistas como una señal clara de que el gobierno está desarticulado. Esto ha generado desconfianza en los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, así como en los consumidores. Y la economía ha reaccionado de manera inmediata y brutal.

Pero el presidente insiste, estamos requetebién. El tipo de cambio está mejor que en los últimos meses de la presidencia de Enrique Peña Nieto, dice AMLO. Qué bueno que tengamos estabilidad cambiaria, pero quizás el presidente no sabe o cree que los demás no sabemos que las tasas de interés tan elevadas le cuestan al país.

Primero porque sigue creciendo el tamaño de la deuda pública. Segundo porque desincentivan la inversión privada. Tercero porque la combinación de ambos factores hace que el gobierno deba destinar más recursos para pago de deuda y para inversiones que podrían hacer los privados, pero el problema es que la cobija no da para tanto.

Ahora tenemos una economía parada que tiene solo dos mecanismos para ser reactivada: mediante la atracción de inversión privada o a través de un aumento a los impuestos. En esto último AMLO ha dicho que no habrá aumento de impuestos y en las inversiones privadas sus acciones las están desincentivando. Dado que las dos opciones se antojan poco viables, nos queda pensar en los imposibles, o en un milagro.

 

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Perdió la gubernatura, pero salió ganando. Ese es el caso de Carlos Lomelí, quien se enfrentó en julio del 2018 a Enrique Alfaro por la gubernatura de Jalisco bajo el emblema de Morena y perdió. Pero después Andrés Manuel López Obrador lo nombró súper delegado de Jalisco, con lo que no tiene la silla de gobernador, pero tiene la cartera federal bajo su control.

El argumento de AMLO fue que desaparecían los puestos de delegados para cada secretaría federal en los estados para dejarlo en manos de un solo individuo como medida de austeridad y combate a la corrupción. Pero Carlos Lomelí es la prueba de que los súper delegados son en realidad una figura que creo el nuevo gobierno para ser el poder dentro de las entidades no gobernadas por Morena.

Carlos Lomelí es además una muestra de que el cambio que promete AMLO de que en su gobierno no habrá empresarios favoritos, es una promesa que no se cumplirá. Es una muestra de que las fichas del juego se revuelven y caerán en manos distintas, pero seguirán existiendo los empresarios consentidos del gobierno.

Y es que cuando el presidente anunció en su conferencia matutina que tres empresas quedaban fuera de las licitaciones del gobierno en materia de medicamentos, Carlos Lomelí debió haber sonreído al saber que su propia empresa, Grupo Lomedic, sería la gran beneficiada. Él sería el ganón de que Fármacos Especializados, Dimesa y Maypo quedaran vetadas de las compras gubernamentales.

Grupo Lomedic es la mayor de las empresas de Carlos Lomelí dedicadas a la distribución de medicamentos. Ésta nació y creció cuando López Obrador fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Ahora podrá participar en licitaciones del gobierno sin la competencia de las tres empresas vetadas.

El IMSS es el tercer adquiriente público más grande de bienes y servicios en el país. Sólo Pemex y la CFE hacen compras mayores. A ello hay que sumar las compras de medicamentos del ISSSTE. Compras por las que el gobierno tiene fuertes adeudos, como lo ha reportado la ANDIS, Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud. En el caso del IMSS, tan solo para 2015 y 2016, hay adeudos por 5 mil millones de pesos. En el caso del ISSSTE, la deuda del 2018 es de 2 mil 600 millones de pesos.

 

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AMLO anunció que existen tres empresas farmacéuticas que han estado abusando del gobierno, que son inmorales, y por ello las ha mencionado en su tribunal mañanero en Palacio Nacional. Las señaladas con el dedo flamígero son Grupo Fármacos Especializados S.A de C.V, de la familia Pérez Fayad; DIMESA de Carlos Álvarez Bermejillo; y MAYPO de Carlos Arenas.

Éstas tres farmacéuticas han tenido, en efecto, grandes rebanadas del pastel presupuestal en la compra de medicinas por décadas. Son los líderes de la industria, pues. Pero ¿por qué se quiere ir AMLO en contra de ellos?

Platicando con gente del sector, hay tres razones para que AMLO haya tomado la decisión de que ninguna de estas empresas pueda participar en licitaciones: 1) para que entren a México medicinas más baratas, aun si no cumplen con las reglas y estándares de seguridad; 2) para que el gobierno federal tenga el control del abasto y 3) para favorecer a un empresario consentido de AMLO en el mercado de las medicinas.

López Obrador quiere abrir las licitaciones de medicamentos a todo el mundo para lograr que entren medicamentos a precios más competitivos a México. Hasta ahí, la intención parece buena. El problema viene cuando esta nueva apertura implica una relajación en la regulación de medicamentos. Relajación que le abriría la puerta a empresas de China e India, que pueden vender medicinas baratas, aunque no siempre cumplan con los requisitos de seguridad de la Cofepris.

Es bien sabido que AMLO no confía en la Cofepris como instancia reguladora. A pesar de tener prestigio internacional y estar considerada como una de las cinco mejores agencias de regulación de medicamentos en el mundo, López Obrador siente que durante los gobiernos del pasado neoliberal la Cofepris llevó a cabo acciones cuestionables. Por ello la quiere hacer a un lado y así permitir que entren a México medicamentos baratos.

Dos empresas ya están haciendo contacto con el gobierno federal: Emcure Pharmaceuticals y Cipla Ltd. La primera ha eludido repetidamente las pruebas de registro de su planta situada en India y sus productos no pueden entrar a Estados Unidos por la cantidad de irregularidades que le encontró la FDA, el equivalente a la Cofepris, pero en EUA. La segunda, Cipla, también de India, tiene tan mal historial en la farmacéutica que la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) recomendó la suspensión del registro sanitario de algunos de sus medicamentos por los elevados riesgos que encontraron.

AMLO quiere que ambas empresas suministren medicamentos a México porque ofrecen precios más baratos. Y quiere que la Cofepris relaje sus mediciones de eficiencia farmacológica para que los reconozca como buenos a pesar de que han demostrado ser riesgosos para la salud.

Además, AMLO tiene el plan de federalizar el reparto de medicinas como herramienta de control político. Quiere crear una red de distribución nacional en donde deje a un lado a las 3 empresas vetadas y todo lo haga únicamente la estatal Birmex. Suena bien y suena fácil, pero abastecer los más de 4 mil puntos del país es una tarea compleja que hasta ahora, en México, se ha basado en las directrices sobre prácticas correctas de distribución de medicamentos para uso humano elaborado por la Comisión Europea.

Si AMLO controla la distribución de medicamentos, el gobierno federal tendrá una herramienta más para fortalecer o debilitar a gobernadores. Evidentemente a los estados de los gobernadores “amigos” les llegarán medicamentos antes que a los de gobernadores “adversarios”.

 

 

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Recuerdo el hartazgo que comenzó a sentirse en Estados Unidos cuando Barack Obama era presidente y pasado más de un año de su llegada a la Casa Blanca, seguía culpando a su antecesor George W. Bush por los problemas económicos.

Obama repetía una y otra vez que “el día que asumí el cargo, enfrentamos $7.5 mil millones de dólares adicionales en deuda nacional como resultado de dos grandes recortes de impuestos, principalmente para los estadounidenses más ricos. También heredamos la peor recesión desde la Gran Depresión, que, incluso antes de tomar cualquier medida, agregó $3 mil millones de dólares adicionales a la deuda nacional”.

Esta oratoria llevó al hartazgo de más de uno que le preguntaban a Obama ¿hasta cuándo va a seguir culpando a su antecesor por los problemas del actual gobierno?

Esa misma pregunta que se hacían varios estadounidenses en 2009, me gustaría hacérsela hoy al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: ¿Hasta cuándo los problemas de hoy seguirán siendo culpa del pasado neoliberal, de los antecesores conservadores y cuándo ya serán responsabilidad del actual gobierno? Hasta ahora, si
no son los expresidentes o sus empleados, AMLO apunta a las fallas como derivadas de algo o alguien más. Tan solo en la conferencia mañanera de ayer, el reporte con errores que dio la secretaria de Energía, Rocío Nahle, sobre las gasolineras que cobran más cara y más barata la gasolina, fue culpa de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE.

El lunes, con bombo y platillo, AMLO le pidió a Nahle que leyera la lista completa de estaciones de servicio que venden la gasolina más cara y más barata. Cuando al día siguiente el reportero de Grupo Imagen le señaló al presidente que algunas de esas estaciones de servicio tienen meses de estar cerradas, AMLO excusó la información errónea aduciendo que ésta la habían obtenido de la CRE, un órgano independiente.

A los medios les tomó menos de 24 horas dar con la situación de las gasolineras cerradas. Si AMLO y la secretaria Nahle hubiesen querido hacer bien su presentación, incluso habrían mencionado no sólo las estaciones que venden más barato, sino las que han cerrado por estar suspendidas por presuntamente vender combustible robado.

Va tan solo un ejemplo. La gasolinera Servicio M&M, ubicada en el Estado de México, que, según la secretaria Nahle vende el litro de Magna muy barata, en 15.71 pesos, fue cerrada en agosto de 2017 por venta de combustible robado. Esta gasolinera es señalada como propiedad de María del Carmen Miranda Nava y Ricardo Víctor Mercado Galán, hermana y cuñado del exsecretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, gran compañero del expresidente Enrique Peña Nieto.

En lugar de reportar el dato correcto y colgarse no una sino dos medallas, una por señalar la corrupción y otra por realmente encontrar las gasolineras que venden más barato, AMLO optó por dar por bueno un reporte que ni se revisó, a pesar de que la advertencia de que se darían los datos se hizo con una semana de anticipación. Y cuando se da a conocer el error, la culpa no es de Nahle ni de AMLO, es de un órgano independiente: de la CRE.

Se entiende que cambiar a México no es un trabajo que sucederá de la noche a la mañana. Por ello, en lugar de estar señalando al pasado para justificar las fallas del presente, tendrá que llegar el momento en que se asuma la responsabilidad de gobernar hoy México. Presidente López Obrador, gobierne sin excusas por favor.

 

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Han estado circulando en estos días algunas encuestas que muestran que Andrés Manuel López Obrador pierde aceptación. En el mes de marzo dos de sus acciones generaron amplio rechazo. La primera fue el retiro de recursos a las Estancias Infantiles y la segunda fue la carta que envió al Rey Felipe VI pidiendo que ofrezca una disculpa histórica a los mexicanos por la conquista de hace 500 años.

En ambas, menos del 30 por ciento de los encuestados por Alejandro Moreno (El Financiero) apoyaron al presidente. Un presidente que, en otras acciones, sobre todo en las que tienen que ver con austeridad, genera aprobación cercana a un 90 por ciento.

Hay quienes han celebrado estas bajas en la aprobación de las acciones del presidente. Se merece el rechazo. Ya comienzan a arrepentirse quienes votaron por AMLO. La ineptitud del presidente le comienza a costar. Ésta y otras líneas celebratorias abundan en las “benditas redes sociales”.

Sin embargo, el escenario de un López Obrador que actualmente goza de legitimidad y aceptación, pero carece de institucionalidad puede volverse un desastre de acentuarse esta baja en la aceptación al presidente.

La apuesta para que la presidencia de López Obrador sea un éxito para México está en que él sea más institucional. Su problema es que desde hace décadas ha caminado en el límite entre lo que es institucional y lo que no es. Ahí ha estado cuando ha perdido elecciones, principalmente en el 2006, cuando tomó Avenida Reforma y se auto nombró presidente legítimo. Denostó a las instituciones electorales y se dedicó todo el sexenio a buscar sabotear las acciones del presidente que le ganó, Felipe Calderón.

Ahora que es presidente, cuando alguna ley, norma o institución le impide hacer lo que él quiere, actúa igual –en la línea delgada entre legalidad y la ilegalidad. Para muestra, dos ejemplos. El senado aprobó un dictamen para la creación de una Guardia Nacional con mando civil. López Obrador quiere que éste tenga mando militar. Y como parece confundir autoridad con autoritarismo, ya anunció que mañana nombrará a un militar en activo para encabezar a la Guardia Nacional. Esto claramente viola la Constitución, pero a AMLO no le importa. Los senadores de oposición confían en que se presentará una acción de inconstitucionalidad para revertir esta decisión del presidente. Veremos si Martí Batres, que es el encargado de enviar esta acción al ser el presidente del senado, lo hace.

Segundo ejemplo: el proceso para nombrar a los nuevos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía. El artículo 6 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética estipula que la selección de los comisionados la hace el senado de una terna que envía el ejecutivo. Si el senado no aprueba a ninguno de la terna, el ejecutivo debe enviar una NUEVA terna. Si en la segunda ronda tampoco es aprobado ninguno, entonces el presidente nombra directamente al comisionado. López Obrador envió unas ternas que no convencieron a los senadores, más que de ser sus alfiles. Por ello se los rechazaron una primera vez. Cuando en lugar de cumplir con la ley y enviar NUEVAS ternas, AMLO reenvió 11 de los 12 nombres iguales, las ternas fueron rechazadas una segunda vez. Es decir, no envió NUEVAS ternas. La ley le importó poco. Ahora serán comisionados cuatro de esas personas que no cumplieron con el proceso legal para su nombramiento.

Son dos ejemplos claros de que AMLO no es un presidente institucional, aun cuando sí tiene legitimidad y es popular. La apuesta para quienes queremos que México logre crecer, avanzar y desarrollarse no puede ser a que AMLO pierda legitimidad y popularidad. Es a que sea más institucional.

 

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Apenas la semana pasada la Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kirstjen M. Nielsen viajó a Tegucigalpa, Honduras, para firmar un Memorándum de Cooperación en Seguridad Fronteriza con Centroamérica. Ahí estuvo la funcionaria del gobierno de Trump acompañada por el Ministro de Gobierno Guatemalteco, Enrique Degenhart; el Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco; y el Ministro de Justicia de El Salvador, Mauricio Landaverde.

Dos días antes de ir a Honduras, Nielsen viajó a Miami, Florida, para reunirse con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el Subsecretario Alejandro Encinas, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén; el vocero de la cancillería, Roberto Velasco, entre otros funcionarios. Gran delegación (sin Marcelo Ebrard) para lo que prometía ser un nuevo acercamiento para intentar resolver entre todas las partes involucradas el problema migratorio que tiene a México entre la espada y la pared…o entre los migrantes centroamericanos y Trump.

Al día siguiente de que concluyeron estas reuniones, Donald Trump salió con que quiere recortar los mediocres 500 millones de dólares que el Congreso le aprobó para el 2019 para invertir en la región de Centroamérica. Además, amenazó con que, si México sigue sin hacer nada por frenar los flujos migratorios, va a cerrar la frontera.

De lo que se trata esto, a lo que está jugando Donald Trump, es a mantener en la agenda el tema migratorio para justificar que hay una emergencia nacional que le permita quedarle bien a su electorado. El nombre del juego es reelección 2020 y en éste parece estar utilizando incluso a su yerno, Jared Kushner, al cual mandó a México para cenar con el presidente López Obrador. A la mañana siguiente de dicha cena, AMLO dijo que la plática había sido para conformar un plan de desarrollo para el sur, sureste mexicano y para el Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) que contempla 10 mil millones de dólares de inversión.

La amenaza doble de Trump, recortar la ayuda económica y cerrar la frontera con México, bien puede llevarla hasta sus últimas consecuencias el presidente de Estados Unidos, así signifique darse un balazo en el pie. Y es que los mediocres 500 millones de dólares contemplados en el presupuesto aprobado por el congreso estadounidense para el año fiscal 2019 son un techo en lo que puede disponer La Casa Blanca para la región, pero no hay piso para este monto. Trump tiene el poder de decidir si lo lleva a cero dólares con la mano en la cintura.

Y bien sabemos que a Trump eso del comercio no se le da muy bien que digamos. Por ello, en un primer momento de la amenaza declaró que, como Estados Unidos tiene un déficit comercial con México, si cierra la frontera soluciona el problema del déficit.

 

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¿Por qué nos debe importar en México la conclusión de la investigación especial de Robert Muller sobre Donald Trump? Dos años de investigaciones; 55 de ellas a Donald Trump; 34 acusados y/o tras las rejas, el reporte se lo entregó el viernes pasado Muller al procurador William Barr. Su contenido no se ha hecho público salvo un resumen de parte de la Procuraduría.

La conclusión es que no hubo colusión con los rusos, pero deja abierta la posibilidad de que Trump haya querido obstruir las investigaciones y, por ende, la justicia. Sin embargo, el procurador William Barr llegó a su propia conclusión y la hizo pública: tampoco hubo obstrucción de justicia de parte del presidente Trump.

Así, Trump acaba de tener sus mejores días. Y esa felicidad de Trump es inversamente proporcional al enojo de los demócratas con el cierre del informe Muller. Enojo porque esperaban que Muller daría una conclusión más definida: sí o no hubo colusión; sí o no hubo obstrucción de la justicia. Pero el que la segunda parte de lo investigado fuese inconcluso ha molestado a los demócratas que argumentan que la vaguedad fue así porque Muller nunca entrevistó a Trump cara a cara, solamente vía un cuestionario por escrito.

El encono entre Trump y los demócratas va a estar más exacerbado que antes. Y es por ello que se antoja muy complicado que los demócratas, con su mayoría en la Cámara de Representantes, le quieran dar un triunfo más a Trump.

Aquí es en donde entra en escena México.

Aprobarle a Trump el T-MEC en la Cámara de Diputados, se vuelve más improbable. Por eso nos importa en México la conclusión de Muller. La felicidad de hoy de Trump bien puede convertirse en desesperación en unos meses si los demócratas no aprueban el T-MEC.

Algunos dirán que si no se aprueba el T-MEC, seguiremos en un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá vía el TLCAN original. Pero hay que tomar en cuenta que Trump, para arrinconar a los demócratas, tiene la herramienta de aplicar el artículo 2205 del tratado, que implica el anuncio de la salida de Estados Unidos del TLCAN original. El anuncio implicaría que seis meses después se daría la salida. Así, Trump piensa que los demócratas tendrán que optar por aprobarle el T-MEC o quedarse sin acuerdo comercial con México.

En los círculos encargados de la renegociación del TLCAN, tanto en México como en Estados Unidos, han tomado en consideración esta posibilidad de que Trump, con su carácter impredecible, decida recurrir al artículo 2205 del tratado para presionar a los demócratas.

Por un lado, me han confirmado que despachos legales estadounidenses, contratados tanto por México como por empresarios del país vecino, están listos para demandar a Trump si decidiera aplicar el 2205.

Esto no hace más que volver aún más atractiva la herramienta del 2205 para un Donald Trump que sabemos se echa más hacia adelante entre mayor conflicto vea venir.

Para complicarle más el escenario a México, el TLCAN renegociado incluyó un Anexo 23A que obliga a México a una reforma laboral antes de que el T-MEC sea ratificado. Esta reforma laboral no se está discutiendo siquiera actualmente, ante una Cámara de Diputados que está distraída con la reforma educativa, entre otras prioridades.

 

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Bajo la premisa de que lo que el pueblo pone, el pueblo debe poder quitar, Andrés Manuel López Obrador está impulsando un cambio constitucional para permitir la figura de la revocación de mandato, de tal forma que, en el 2021, su nombre aparezca en la boleta electoral para ver si el pueblo quiere que siga o no siendo el presidente de México.

Habiendo tantos problemas en el país, vale la pena preguntarnos si meternos en un galimatías como el de la duración de los presidentes en su encargo es uno que apremie hoy en México. Y es que para AMLO la premisa es sencilla: que el pueblo decida si sigo o no en el poder. Pero veamos dos ejemplos de dos democracias mucho más consolidadas que la mexicana, para entender lo complejo que puede ser abrir la caja de la revocación del mandato en México.

En octubre pasado, en una pequeña ciudad de Massachusetts llamada Fall River, el alcalde Jasiel Correia fue arrestado por cargos de fraude y falsificación en su declaración de impuestos. Resulta que Correia, además de ser político, juntó dinero de inversionistas para supuestamente desarrollar una aplicación de mercadotecnia. En lugar de esta inversión, el joven de 26 años se gastó los 230 mil dólares de los inversionistas en joyería, ropa, un Mercedes Benz y para su campaña de alcalde.

Cuando es acusado de fraude, Correia se rehúsa a abandonar el cargo. Un número suficiente de ciudadanos juntó las firrmas necesarias para obligar a una consulta de revocación de mandato y una nueva elección que se llevó a cabo el martes 12 de marzo.

El resultado: 61 por ciento de los ciudadanos votaron por revocarle el mandato. Fue un claro mandato popular el que este joven abandonara la alcaldía. Pero… la segunda pregunta hecha a los ciudadanos de Fall River fue: ¿quién debe quedarse en el lugar de Correia, en caso de votarse su salida? La alternativa estaba entre cinco candidatos, uno de
ellos el mismo Correia, quien fue el que más votos recibió para ser el nuevo alcalde.

Así, el mandato popular fue revocarle el mandato a Correia…y reelegirlo. Todo el mismo día.

 

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Desde que Andrés Manuel López Obrador dijo que quería ser presidente de México por primera ocasión, el sector privado, se mostró preocupado por sus posturas políticas, pero, sobre todo, económicas. En la más reciente campaña presidencial, Alfonso Romo, hoy Jefe de la Oficina de la Presidencia, fue el encargado de acercarse al mundo empresarial, tanto nacional como internacional, para dar tranquilidad sobre lo que significaría una presidencia de AMLO.

Ahora que su peso ante ese mismo mundo se ha visto disminuido por la cancelación del NAIM que él prometió no ocurriría, el mismo Alfonso Romo dijo el lunes pasado, en entrevista con El Sol de México, que a él le gusta estar “callado, sordo, como hormiga”.

Así mismo, callados, sordos, como hormigas – a lo que habría que agregar ciegos – deben estar los integrantes del equipo del presidente López Obrador para poder sobrevivir dentro del gobierno.

Ahora el turno de estar callado, sordo y ciego es de Arturo Herrera, el subsecretario de Hacienda. De visita con inversionistas en Londres, Herrera declaró a Judith Weber, del Financial Times, que la construcción de la refinería de Dos Bocas se pondría en pausa para que esos 2.5 mil millones de dólares que se invertirían en el primer año de la obra pudieran mejor ser canalizados para impulsar la producción de Pemex, que lleva 15 años continuos de caída.

El texto del FT fue recibido como una gran noticia que daba la esperanza de sensatez de parte de López Obrador gracias a su equipo económico. Pero poco duró el gusto. Durante la conferencia mañanera de ayer, AMLO desmintió categóricamente lo dicho por Herrera y el FT corrigió su texto con la nota de este desencuentro de posturas entre Herrera y AMLO.

De golpe volvió a caer la nueva realidad mexicana. Un presidente con enorme legitimidad tiene muy poca institucionalidad y así lleva poco más de cien días gobernando.

En la misma entrevista, Romo declaró que coincide con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. “No hagamos una tormenta de una llovizna […] vamos conquistando a las calificadoras, porque si los mexicanos hablan bien de México, si los extranjeros hablan bien de México, y las calificadoras nos dan el voto de confianza, pues en lugar de ser la tormenta perfecta, va a ser la oportunidad del siglo”.

 

 

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El domingo cumple cien días de ser presidente Andrés Manuel López Obrador. Quienes digan que parecen más días, tendrán razón, ya que, en los hechos, AMLO lleva ejerciendo el papel de presidente desde que ganó las elecciones de julio pasado, ante un Enrique Peña Nieto que aventó la toalla y le dejó la chamba al presidente electo.

En estos cien días llama la atención la diferencia que hay entre la opinión pública y la opinión publicada. La pública, como demuestran las encuestas, está entusiasmada con López Obrador. No lo quieren; lo adoran. Y la opinión publicada demuestra, casi toda (hay excepciones), más preocupación, rondando en el enojo…hasta el encabronamiento. Esta opinión publicada está acompañada por una minoría de los ciudadanos.

¿Qué entusiasma de AMLO? Sus promesas de quitar pensiones a expresidentes; de austeridad en el gasto de funcionarios públicos; sus viajes en aviones comerciales; dejar Los Pinos para ‘el pueblo’.

Se entiende que ciertas frases resuenen con sus simpatizantes. Por ejemplo: ¿por qué las calificadoras no dijeron nunca nada sobre la corrupción de Pemex y el gobierno?

La respuesta es sencilla: por qué lo que califican S&P, Moody’s o Fitch es la capacidad de pago de la deuda de empresas y/o gobiernos.

Se entiende que resuene cuando habla de cerrar ProMéxico porque está llena de fís y sólo nosotros tenemos ese tipo de lujos. ¿En dónde está ProFrancia? ¿En dónde ProAlemania?, pregunta el presidente en su mañanera para el deleite de sus admiradores.

ProFrancia se llama Business France; ProAlemania es el GTAI (Germany Trade and Investment). Pero hay más. España tiene el ICEX (Instituto de Comercio Exterior). Japón tiene JETRO (Japan External Trade Organization); Colombia tiene… Procolombia. Por mencionar algunos de los muchos países que tienen oficinas de promoción del comercio en el extranjero.

¿Qué preocupa? La presidencia en primera persona. Todo, desde la conferencia matutina hasta el último acto del día gira alrededor de Andrés Manuel López Obrador. Si le gusta un proyecto de infraestructura, éste va porque va. Ahí está el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Si no le gusta un proyecto, se cancela, como el NAIM o la mina Los Cardones.

Es una presidencia impredecible porque puede decir una cosa un día y cambiar de opinión al siguiente. Fue el caso de la termoeléctrica de la Huexca, a la que nos referimos en este espacio la semana pasada, o el papel del Ejército en los trabajos de seguridad.

 

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Con la decisión de Andrés Manuel López Obrador de seguir adelante con la termoeléctrica de la Huexca, es claro que el presidente recapacita, a veces, en sus decisiones. En mayo del 2014, AMLO estuvo en Yecapixtla, Morelos, en donde prometió a los habitantes que los protegería de la degradación al medio ambiente y los peligros que ocasionaría la conclusión de la termoeléctrica de la Huexca.

Y, sin embargo, este fin de semana se llevó a cabo una consulta de esas que le gustan al presidente, que carecen de todo rigor metodológico y legal, en donde el resultado de la votación fue que sí se concluya con esta obra.

¿Por qué recapacitó AMLO, quien pocas veces lo hace?

Personas involucradas en las reuniones que sostuvo el gobernador dan cuenta de la obsesión del presidente por conocer hasta los últimos detalles de la termoeléctrica. Los temas que le preocuparon fueron, primero, saber si esta obra era necesaria.

La zona centro de México es deficitaria en materia de energía eléctrica. Es decir, se consume más de lo que se genera de electricidad. Pero en el caso de Morelos, hay cero generación de energía y por ello le cuesta mucho dinero a la CFE llevar luz al estado. Aproximadamente 7 mil millones de pesos anuales.

Una de las razones por la que pobladores de la zona se oponen a la obra y la mantienen parada es que la obra afecta el cause del río Cuautla. Por un lado, argumentan que le restará agua al cauce del río en perjuicio de los agricultores, y la otra es que se contaminará el agua porque se le verterán aguas negras. Esa fue la segunda preocupación de López Obrador.

Se le demostró que el agua que utilizará la termoeléctrica serán aguas negras de Cuautla, que serán tratadas en una nueva planta de tratamiento que limpia una cantidad tres veces superior a las requeridas (900 litros por segundo, cuando la planta solo necesita 245 litros por segundo). El agua excedente será tratada una segunda vez y así ya regresará al río. Lejos de quitarle agua al río, le llegará más agua.

Por último, Andrés Manuel López Obrador estaba preocupado de que la construcción fuese un peligro para la población por estar construida en una zona sísmica, cerca del volcán Popocatépetl. Los pobladores de la zona han circulado un documento que supuestamente fue elaborado por el Centro Sismológico de la UNAM en el que dan cuenta de la inviabilidad técnica de la planta. Hay un pequeño detalle: la UNAM no acredita dicho documento.

Además, le preocupaban posibles daños ambientales. Se le demostró que la tecnología a utilizarse hará que la energía generada sea muy limpia, más del 80 por ciento por debajo de lo que establece la Norma Oficial Mexicana (NOM). Al utilizar gas natural, se dejarán de consumir 2.13 millones de barriles de combustóleo al año o 2.31 millones de barriles de diésel al año, en comparación con otras centrales termoeléctricas convencionales.

Una vez que AMLO estuvo convencido de que no habría impacto ambiental y que la termoeléctrica no supone un riesgo por la zona en la que está construida, el presidente decidió utilizar el camino de la consulta popular para justificar la decisión que tomó. Como cuando en octubre pasado hizo la consulta del aeropuerto de Texcoco. Sin embargo, en esta ocasión, el pueblo bueno votó por seguir adelante con la obra.

 

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