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En el desencuentro diplomático entre México y Ecuador tanto Andrés Manuel López Obrador como Daniel Noboa han obtenido victorias pírricas. Ambos quisieron escalar su enojo pensando en ganar puntos dentro de sus respectivos países. Noboa hacia el referéndum del 21 de abril y AMLO hacia las elecciones de junio para reavivar el fenómeno del patriotismo que los americanos llaman “rally around the flag”.

El primero en violar las leyes internacionales fue el gobierno de México y el presidente López Obrador. Lo hizo al tener en la Embajada de México en Quito a Jorge Glas, quien fuera vicepresidente de Rafael Correa e integrante del gobierno de Lenin Moreno. Glas había sido acusado y sentenciado por los tribunales ecuatorianos por cohecho, malversación de fondos públicos y asociación ilícita. El ex vicepresidente ya había cumplido condena en prisión y estaba en libertad condicional cuando se le acogió como huésped en la sede diplomático de México desde diciembre del 2023.

El gobierno de Noboa, que ha decidido que la lucha en contra del crimen organizado es su mayor bandera, rechazó la solicitud de asilo que hizo el gobierno de México para Glas. Al mantenerlo en la embajada en Quito el gobierno mexicano estaba violando el artículo III de la Convención Sobre Asilo Diplomático (Caracas, 1954) que prohibe el asilo a quienes han sido sentenciados antes tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes sin haber cumplidos las penas respectivas. También violaba el artículo 1o de la Convención Sobre Asilo Político de Montevideo (1933) que dice más o menos lo mismo.

Además, López Obrador claramente provocó a Noboa con sus comentarios en las conferencias mañaneras de la semana pasada en las que lo señaló como el gran beneficiado – y por ello insinuó, el posible autor intelectual – del asesinato del candidato presidencial Villavicencio.

Esto llevó al gobierno de Noboa a pedir el retiro de la Embajadora de México en Quito, Raquel Serur. Para su salida, el gobierno de México quería mandar un avión privado. Al haber varios vuelos comerciales Quito-México el gobierno de Noboa temió que en ese vuelo privado quisieran sacar a Glas al estilo del boliviano Evo Morales. Si eso ocurría, el gobierno de Noboa recibiría un golpe brutal en su principal bandera, que como ya mencioné, es la lucha en contra del crimen organizado y la corrupción.

Esto llevó al asalto a la Embajada de México en Quito. Y ahí Noboa hizo algo que en la historia de las relaciones diplomáticas ha ocurrido muy pocas veces, y en todas ellas han sido episodios muy graves. Me refiero a las ocurridas en la Embajada de Haití en Cuba (1956); la de Ecuador en Cuba (1981); la oficina de la OEA en Nicaragua (2022) y la de EUA en Teherán (1979). Asaltar una embajada es una grave violación de la Convención de Viena (1961). Punto.

Al parecer, el joven presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cayó en la trampa de Andrés Manuel López Obrador. Tras el asalto ahora resulta que Glas es una víctima que en estos momentos se encuentra hospitalizado con dudas de si se le intentó matar en prisión. Al gobierno de México lo han salido a respaldar varios gobiernos del mundo, con todo y que López Obrador ha escatimado este tipo de solidaridad. Notablemente en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania y de Hamas a Israel.

En ambas ocasiones, López Obrador se escudó en la Doctrina Estrada de la no-intervención de México en asuntos de otros países para no expresar solidaridad a Ucrania ni a Israel. Y ahí viene la gran victoria pírrica de AMLO. Este desencuentro diplomático lo deja ver de cuerpo entero como un político que no es congruente. Un político que a veces apela a la no-intervención pero que cuando se trata de defender posturas o políticos cuestionables, como en el caso Glas, no escatima en su apoyo.

Columna completa en El Universal

El combate a la corrupción fue el problema número uno que prometió abatir Andrés Manuel López Obrador. Y el fracaso ha sido tan grande, que esta semana, en la presentación de su plan anticorrupción, hasta su fiel escudera, Claudia Sheinbaum, se vio obligada a reconocerlo.

“La corrupción no es un asunto cultural, como se decía antes. Es un asunto que se generó durante años en gobiernos corruptos donde hubo impunidad. Hoy tenemos un presidente honesto, pero tenemos que avanzar todavía más en que se erradique la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre”, dijo la candidata de Morena.

Así que seguimos con corrupción y seguimos con impunidad.

Enrique Peña Nieto fue el que dijo que la corrupción en México podía considerarse hasta un tema cultural. Ya estará en los sociólogos definir si esto es cierto o no. Lo que es evidente es que la fórmula mágica que vendió López Obrador para que México fuera otro país, uno mejor, simplemente no funcionó.

AMLO prometió que con acabar con la corrupción se tendría dinero suficiente para cubrir las necesidades del país para hacerlo uno mucho mejor. Y que para acabar con la corrupción simplemente había que barrer las escaleras de arriba para abajo. Es decir, que con que el presidente no fuera corrupto, se acabaría con la corrupción.

Cinco años después, la lista de corruptelas en este gobierno es larga, como también la cifra de lo defraudado a los mexicanos. La impunidad ha permanecido aunque se le ha agregado el componente de disfrazar de justicia lo que es meramente venganza.

Por ejemplo, lejos de haber señalado y procedido contra la corrupción que se dijo que había en el proyecto del NAIM (el aeropuerto en Texcoco) como razón para su cancelación, se prefirió encarcelar a una enemiga política del presidente, a Rosario Robles, y se hizo utilizando una licencia falsa. Nada se ha hecho en el mayor desfalco del sexenio, el ocurrido en Segalmex, bajo la batuta del amigo del presidente, Ignacio Ovalle.

Cuando habla Sheinbaum de gobiernos corruptos del pasado ¿con qué autoridad moral lo dice? Si, es vergonzoso pensar en los negocios de los hijos de Martha Sahagún, pero más lamentable es ver que seguimos igual, veinte años después, solo que ahora viendo los negocios y las frivolidades de los hijos del actual presidente.

En su plan habla de reforzar la política de contrataciones gubernamentales mediante licitación pública. Esto es un viraje 180o de lo que hemos visto en el gobierno de López Obrador. Primero, porque han sido reacios (por usar una palabra amable) a la transparencia que exige el INAI. Tan es así que buscan desaparecerlo. Y segundo, en lo que va del sexenio, la opacidad en la entrega de contratos gubernamentales ha llegado al extremo de declarar obras de seguridad nacional El Tren Maya, El corredor del Itsmo y el aeropuerto de Tulum, entre otros. Así, AMLO ha evitado transparencia en los contratos y gastos de estas obras. Lo mismo que hizo cuando fue Jefe de Gobierno y clasificó los documentos sobre los costos de la construcción de los segundos pisos en la CDMX.

Cuando se le ha cuestionado sobre esta opacidad, López Obrador se justifica con el clásico de que “nosotros somos distintos; somos honestos”. Esa honestidad de la que presume el presidente ha sido insuficiente para combatir la corrupción. Su receta de que barriendo las escaleras de arriba abajo se acaba con la corrupción no ha funcionado. Tan es así que la aspirante a sucederlo ha tenido que admitir que en materia de corrupción hay una tarea pendiente, si es que ella llega a ganar en junio.

Columna completa en El Universal

Arturo Zaldívar, exministro Presidente de la Suprema Corte, no deja de sorprender.

En 2009, el entonces presidente Felipe Calderón propuso a Zaldívar en una terna para convertirse en ministro de la SCJN por 15 años a recomendación de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para ocupar la vacante que dejaba la salida del ministro Genaro Góngora Pimentel.

Como ministro arrancó marcando su independencia sobre el presidente que lo propuso para integrarse a la Suprema Corte primero con el caso de la liberación de Florence Cassez, por la violación al debido proceso como un derecho humano que todas las autoridades deben respetar.

Después, por el caso del incendio de la Guardería ABC. En de junio de 2009, 49 niños murieron y varios más quedaron heridos en esa guardería. Zaldívar propuso a la SCJN que al titular del IMSS y amigo cercano del presidente, Juan Molinar Orcasitas, se le atribuyera la responsabilidad de esa tragedia. Su fallo habló de un desorden en la operación y supervisión del servicio de guarderías.

Me brinco ahora a la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Ahí Zaldívar dio un giro de 180 grados. A diferencia de lo que se vio en el sexenio de Calderón, como ministro Presidente de la Corte siempre se mostró cercano al poder ejecutivo. Tan cercano, que López Obrador quiso hacer una maroma jurídica a la que Zaldívar se prestó para que su mandato como presidente de la SCJN se extendiera. Fue el famoso artículo 13 transitorio, o la #LeyZaldivar, que al final no prosperó.

El mandato de Zaldívar debía terminar el 31 de diciembre del 2024 y al declararse inconstitucional ese 13 transitorio, se sostuvo el periodo constitucional de 15 años. Sin embargo, vino la renuncia anticipada. En noviembre del año pasado Zaldívar decidió que no quería concluir su mandato en la Corte y mejor se integró a la campaña de Claudia Sheinbaum.

Así Zalívar brincó de ser un jurista a ser un político. Entre sus acciones en este mundo de la política, Zaldívar ha usado su espacio como comentarista en el noticiero de las mañanas con Ciro Gómez Leyva para defender y promover a Claudia Sheinbaum. Ayer no fue la excepción.

Al hablar sobre el primer debate presidencial que está programado para el 7 de abril, Ciro cuestionó a Zaldívar por qué quieren bajar a uno de los moderadores aprobados por el INE, a Manuel López San Martín.

Zaldívar señaló a López San Martín de no ser imparcial. Sin entrar en detalle de como Morena se niega a que sus candidatos realmente debatan, Zaldívar me sorprendió cuando se refirió a mi desempeño como moderadora del debate en el Estado de México.

Dijo Zaldívar  “Me parece que el comportamiento de Ana Paula, a quien le tengo mucho aprecio y respeto, en ese debate no fue imparcial”. Con este comentario Zaldívar muestra su desdén por el sistema jurídico mexicano.

Dos instancias fallaron por unanimidad la inexistencia de la infracción que demandó Morena en mi contra por considerar que fui parcial como moderadora de ese debate. Primero el Tribunal Electoral del Estado de México y después el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Inexistencia quiere decir, y Zaldívar bien lo sabe, no solo que quedé absuelta del delito sino que fue una acusación sin fundamento. La inexistencia es equiparable a la nulidad de pleno derecho, pues tiene sus mismos efectos: carencia de consecuencias jurídicas.

¿Cómo puede un exministro que además presidó la Corte, desdeñar así a las instancias judiciales? Me volvió a sorprender Arturo Zaldívar, a quien yo también aprecio y respeto.

Columna completa en El Universal

Tras el primer debate entre los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la CDMX hubo quien vio a Clara Brugada, la candidata de Morena-PT-PVEM, como la ganadora. No por su espectacular desempeño frente a Santiago Taboada, candidato del PAN-PRI-PRD, y de Salomón Chertorivski, de MC. Más bien porque al ser la puntera y no haber recibido un nocaut durante los 90 minutos del encuentro, pues la conclusión de algunos fue que Brugada ganó.

Pero en los debates no solamente se gana durante los minutos que dura el encuentro. En especial con el formato de debates que tenemos en México. No son debates. No vemos a los candidatos teniendo que responder a las preguntas de los moderadores. Por el contrario. En el colmo de los colmos, a lo largo del debate los moderadores les preguntaban a los candidatos si querían responderles sus preguntas. Tampoco tienen que responder a los cuestionamientos que se hacen entre ellos. Son monólogos en los que ofrecen el oro y el moro y no tienen nada que perder.

Ya sabemos que prometer no empobrece pero en el caso de las campañas políticas en México, prometer es justo el juego de los candidatos. Podrían decir que si ganan van a hacer que lluevan chispas de chocolate sin que tengan que responder ¿cómo le vas a hacer? O ¿cómo lo vas a pagar?

Dado el esquema tan pobre de los debates, es muy difícil realmente que alguno de los candidatos cometa un nocaut. Es justo por ese miedo de los contendientes a que les saquen sus trapitos al sol o a que cometan un error que se han empeñado a un formato acartonado y aburrido.

Por ello, el post debate se vuelve interesante. Y en el caso del Debate Chilango la que ha tenido que salir a defenderse ha sido precisamente Brugada. En el encuentro del domingo, Taboada le señaló un inmueble que compró en $330 pesos y que encima de todo no lo declaró. Por el formato, después de que Taboada habló de este inmueble de Brugada el tema ya no se volvió a tocar. Los moderadores pasaron al siguiente tema y Brugada feliz de dejarlo ahí.

Pero ha sido en el post debate cuando la candidata de Morena ha salido a admitir que sí hay tal inmueble y que hubo un error ya que consignó primero solamente el costo de la escrituración de la propiedad en lugar del costo del inmueble y por ello aparece como que le costó $330 pesos. La explicación es mala ya que tampoco es creíble que escriturar un inmueble cueste trescientos pesos.

La periodista Laura Bruges publicó un hilo con información adicional sobre esta compra de Clara. La propiedad fue inscrita ante el Registro Público de la Propiedad del entonces DF en octubre de 1993 por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), hoy Instituto Nacional del Suelo Sustentable, dependiente de la SEDATU. Brugada adquirió este inmueble a precio de ganga a través de una compraventa el 29 de junio de 1994, y la vendedora fue la misma Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Ante tantas irregularidades, se explica porque Clara no declaró su compra.

En el debate Brugada cerró su participación preguntando ¿qué prefieres honestidad o corrupción? Como si el tema de la propiedad de $330 pesos y los señalamientos de malversación de fondos en su programa estrella como alcaldesa de Iztapalapa, las utopías, no se hubieran mencionado unos minutos antes.

Se mencionaron y se presentaron pruebas, pero con un formato acartonado como el que tenemos para nuestros debates, la información ha trascendido poco. Ya estará en Taboada aprovechar o dejar pasar estas irregularidades en el post-debate.

Columna completa en El Universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador pasó de ser un activista social a un presidente empresario. Desde que llegó a Palacio Nacional no ha hecho más que querer jugar a emprender con el dinero de la hacienda pública.

Arrancó cancelando el aeropuerto de Texcoco y en su lugar decidió que se construyera el AIFA. Este primer acto del presidente empresario ha costado 417 mil millones de pesos. 332 mil millones por la cancelación y 85 mil millones de pesos por la construcción del AIFA.

De ahí, el presidente empresario anunció que construiría una refinería en su estado, en Tabasco, la Olmeca o Dos Bocas. La licitó y como ninguna de las propuestas se ajustaba a su austeridad republicana, decidió que con el dinero del erario alcanzaría perfectamente para este proyecto ambicioso e inútil. El mundo se está moviendo hacia las energías renovables y México no es bueno para refinar porque nuestro petróleo es demasiado pesado y nuestras refinerías carecen de la maquinaria para procesarlo. Eso no importó. En lugar de modernizar las 6 refinerías de nuestro Sistema Nacional de Refinación, López Obrador decidió que se construiría una nueva a un costo para la hacienda pública de 8 mil millones de dólares. Ya vamos en 20 mil millones y la refinería no refina. El saldo de este negocio es negativo con el agregado de que cada lluvia, la refinería se inunda.

A la par anunció que para desarrollar el sureste mexicano se debía de construir un tren. El Tren Maya tenía un costo inicial de 156 mil millones de pesos. El costo estimado a noviembre del 2023 era de 511 mil 200 millones de pesos. La cifra es del IMCO ya que no hay información disponible en Cartera de Inversión o la página de transparencia del proyecto. Encima de ser un ecocidio múltiple, por haber implicado la tala y deforestación de miles de hectáreas -6 mil 659 según la organización CartoCrítica – y porque está construido sobre cuevas y cenotes, no hay transparencia sobre su costo ya que el presidente lo declaró obra de seguridad nacional. El cálculo lo hace el IMCO con base en el presupuesto asignado al tren desde el 2020. Tampoco hay transparencia sobre qué se hizo con la madera de los árboles talados.

Hoy el Tren Maya, que sigue inconcluso a pesar de haber sido inaugurado ya dos veces, ha tenido que suspender su servicio por distintas fallas. Desde retrasos no menores hasta problemas con el funcionamiento del aire acondicionado. Desde el 16 de diciembre que arrancó operaciones hasta la semana pasada ha transportado, según la página del Tren, a poco más de 50 mil pasajeros. Con un costo de $957.50 pesos el boleto en cabina turista para pasajeros mexicanos, estamos hablando de que en tres meses ha vendido aproximadamente 50 millones de pesos. Ya nada más faltan 463 mil 300 millones de pesos por recuperar, sin tomar en cuenta los costos de operación del Tren.

A estos tres negocios que ha emprendido el presidente López Obrador con el dinero de los mexicanos hay que agregar la mega farmacia, con la cual se pretendía acabar con el desabasto de medicinas. Hoy, de acuerdo con el reportaje de Nayeli Roldan para Animal Político No fuimos Dinamarca, esta megafarmacia no solamente no ha resuelto el desabasto, además se gasta 29 por ciento más de lo que se gastó el sexenio pasado, aunque se compran menos medicinas.

También está la adquisición de Mexicana de Aviación que simplemente no logra despegar; el proyecto turístico de Islas Marías, que no logra atraer turistas; y la compra de las plantas de Iberdrola, que no agregan un solo megawatt adicional de generación eléctrica pero hubo que pagar 6 mil 200 millones de dólares por ellas.

Por si todo esto no fuera suficiente para el presidente que juega a ser empresario, ahora anuncia que saldrá comprar el aeropuerto de Toluca. Veamos si en el cierre de su sexenio logra hacer que alguno de sus múltiples negocios sea redituable para los mexicanos. De lo contrario, esta austeridad nos habrá salido carísima.

Columna completa en El Universal

En su última colaboración antes de su lamentable muerte, Carlos Urzúa comparó la inversión que el presidente López Obrador ha decidido hacer para que México logre la autosuficiencia energética y la comparo con la inversión hecha para infraestructura y abasto de agua en el país.

El dinero destinado para producir petróleo en este sexenio ha sido significativamente mayor que el invertido en agua. Y eso nos tiene al borde de quedarnos literalmente secos en la zona centro y norte de México. Pero resulta que las políticas energéticas del actual gobierno no solo no le han dado prioridad a nuestra agua, tampoco a nuestro aire.

En el municipio de Tizayuca, en Hidalgo, se encuentran la refinería Miguel Hidalgo de Pemex y la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos. Ambas contaminan muchísimo la zona con emisiones de gases.

Una de las principales razones por las que ya llevamos dos Contingencias Ambientales decretadas en el Valle de México en lo que va del año es que la Central Termoeléctrica en Tula actualmente utiliza combustóleo para generar electricidad y esa no es la mejor opción. De hecho es la peor. Tan mala es para la salud por su elevado contenido de azufre que desde el 2020 ya es un energético prohibido por la Organización Marítima Internacional para que sea utilizado como combustible para barcos cargueros, que eran sus principales consumidores.

El caso de México es diferente. Aquí, el gobierno de López Obrador ha optado por aumentar el consumo del combustóleo para darle alguna salida a todo el que produce Pemex ya que la venta para barcos quedó prohibida. Y en ese aumento del uso de la CFE del combustóleo, la calidad del aire en la Zona Centro ha sido la principal afectada.

Son varios los expertos que le han señalado al gobierno la importancia de sustituir el uso de combustóleo y carbón con gas natural para la generación de electricidad. Con ese simple acto se podrían reducir significativamente las emisiones de gases contaminantes. Esto es una práctica que ya ocurre en gran parte del mundo, sin que impida el desarrollo industrial de los países.

Se producen aproximadamente 117 libras de dióxido de carbono (CO2) por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu) equivalentes de gas natural. En comparación son más de 200 libras de CO2 por MMBtu de carbón y más de 160 libras por MMBtu de combustóleo.

Lo lógico entonces sería usar gas natural. Las propiedades de combustión limpia del gas natural han contribuido al aumento de su uso para la generación de electricidad y como combustible de transporte para vehículos de flotas en Estados Unidos, Canadá y otros países desarrollados.

Pero la lógica no es el fuerte de este gobierno. Primero encontró en EUA un comprador de combustóleo cuando el precio del barril de petróleo estaba elevado por la pandemia. Las refinerías estadounidenses cuentan con una planta coquizadora que elimina muchos de los contaminantes del combustóleo y con ello podían producir energéticos a un menor precio. Ahora, con la estabilización de los precios del crudo, ya no están interesados en nuestro combustóleo. Y por ello todo el que produce Pemex se va a la CFE para ser su principal fuente, junto con el carbón, para la producción de energía eléctrica.

El problema es para la calidad del aire de la zona de Tula y del Valle de México. La solución que han dado las autoridades para la mala calidad del aire es que se frene la actividad industrial y la circulación de vehículos según el color de su engomado. Pero esto no sirve para paliar la magnitud de los contaminantes emitidos primero por la refinería y después por la termoeléctrica.

Ya tuvimos el pasado fin de semana contingencia ambiental que duró cuatro días. Vendrán muchas más contingencias en el año. Y esto es una bomba más que está dejando el gobierno de López Obrador a quien lo suceda en la presidencia por una política energética muy equivocada.

Columna completa en El Universal

Ya llevaba un año en el gobierno Andrés Manuel López Obrador y un economista que trabajó en el gobierno de Peña Nieto me dijo que las obras del nuevo presidente eran mínimas en términos de costo para el erario. Suenan rimbombantes, pero realmente no pintan en el presupuesto de un país como México, fue más o menos su forma de querer tranquilizarme ante las preguntas que le hacía sobre lo que desde entonces se veía como un despilfarro de recursos.

Tengo curiosidad en saber si hoy sigue pensando lo mismo, con las cifras reales de lo que han costado las obras faraónicas de Andrés Manuel López Obrador. Más aún, si tomamos en cuenta lo que los economistas llaman el costo de oportunidad. De no haber destinado miles de millones para obras que no serán rentables, por lo que seguirán requiriendo inyección de recursos públicos ¿en cuántas escuelas públicas se podría haber mejorado la infraestructura? ¿Cuántos hospitales de primer mundo – sí, como en Dinamarca – tendríamos hoy con esos dinerales?

Si volteamos a ver las cifras de las principales obras que enorgullecen a López Obrador, es evidente que México podría ser hoy un país transformado, al estilo de lo que falsamente pregona el presidente, de haberse invertido bien estos recursos.

En primerísimo lugar está el AIFA. Es un buen aeropuerto regional, cuyo costo es más el de un hub nacional ultramoderno. A finales del 2023 ya se le habían invertido 115 mil millones de pesos. A ello hay que sumarle los 331 mil millones que costó cancelar el NAIM. Según datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), hasta finales del año pasado el AIFA solamente movía al 1.4 por ciento de los pasajeros nacionales y extranjeros.

El Tren Maya debería de haber costado 156 mil millones de pesos. En el proyecto ante Hacienda para demostrar que cumplía con el requisito de ser una obra cuyo costo fuera menor que su beneficio, se fijó en poco más de 400 mil millones el umbral en el que ya no sería una obra rentable. Pues para este 2024 la inversión en el Tren será de 516 mil millones de pesos.

Además de ser el ejemplo perfecto de un ecocidio por la cantidad de árboles que hubo que talar para que pasaran las vías del tren – y no existe claridad sobre qué se hizo con toda esa madera, por cierto – ha sido un fracaso como medio de transporte.

En la mañanera del lunes, el Director del Tren Maya, el general Óscar David Lozano, informó que en los dos meses que ha estado funcionando (es un decir) el Tren, han transportado a mil 787 turistas internacionales. Esa cifra, que debería ser una vergüenza, se presume con orgullo.

No tenía ni dos meses de inaugurado el Tren Maya cuando la venta de boletos tuvo que ser suspendida por las fallas que presentaba. En el trayecto Cancún-Campeche han arrancado con retrasos de hasta dos horas y, ante las fallas los pasajeros del Tren han tenido que ser trasladados ¡¡¡en autobuses!!!

En el caso de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, el sobrecosto se ha ido de 8 mil millones de dólares a 18 mil millones. Y es la fecha en que no se logra refinar nada. Algunos dirán que así está mejor porque actualmente Pemex pierde dinero por cada barril refinado. La columna de Pablo Hiriart de ayer en El Financiero es muy clara en esta debacle de la que debiera ser la gran “empresa productiva del Estado”.

Los números rojos y las fallas se extienden si hablamos de Mexicana, del proyecto turístico de las Islas Marías, del Tren Toluca-México…

Lo más sorprendente es lo que acaba de declarar el presidente López Obrador esta semana: que dejará al próximo gobierno una lista de recomendaciones de proyectos de infraestructura a realizarse y de las cuales “estoy seguro que me van a hacer caso”.

Así que ya sabemos. Por obras faraónicas, costosas y sin rentabilidad, aún habrá más.

Columna completa en El Universal

Resulta paradójico que en una ciudad en la que hay edificios que se desajustan por el suelo reblandecido y en el que uno de los retos para definir en dónde construir un nuevo aeropuerto fue encontrar un terreno que no se inundara, hoy exista el problema tan complejo de escasez de agua como el que atraviesa la Ciudad de México.

El problema, que es ya una crisis, es completamente evitable. Sí, hay menos agua y vivimos en un país que padece sequía y estiaje, pero la crisis del agua tiene que ver con ausencia de y/o malas políticas públicas. La crisis que se ha agravado y que explotará en cerca de 140 días dejando a 22 millones de personas con poca o nada de agua se debe a un gobierno que no le ha dado la atención requerida.

Tan solo hay que ver el presupuesto para darnos cuenta de que el gobierno no le da la prioridad que merece a la crisis de agua. Este año la disminución de recursos para la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, fue de 12.5 por ciento y para la infraestructura hidráulica del 28.4 por ciento, si lo comparamos con el 2023.

En la primera quincena de este año, el porcentaje de áreas con sequía de moderada a excepcional fue de casi 62 por ciento, de acuerdo con datos del Monitor de Sequía en México.

Y según Manuel Perló, investigador de UNAM-Agua, estamos haciendo un desperdicio pavoroso del agua. Cada segundo que pasa, el sistema de distribución pierde, aproximadamente, unos 14 mil litros por segundo.

Si multiplicamos por 60 segundos, por 60 minutos, por 365 días del año, resulta que estamos tirando al drenaje o al subsuelo miles de millones de litros de agua. Perdemos en fugas el 40 por ciento de lo que entra a la red.

A ello hay que agregar la falta de infraestructura para aprovechar la cantidad de agua que sí existe en una ciudad en la que llueve tanto. Me refiero a plantas de tratamiento de aguas. Las ciudades importantes en países desarrollados tienen plantas de tratamiento de aguas residuales superior al 90 por ciento. En el Valle de México el tratamiento de aguas residuales es de apenas el 6 por ciento.

Con todos estos datos, no se entiende la decisión de reducir el presupuesto a CONAGUA y para la infraestructura hidráulica más que como una falta de voluntad política. Esa es la razón de nuestra crisis de agua.

Urge reparar tuberías para dejar de perder agua en fugas; construir plantas de tratamiento de aguas; hacer programas de limpieza de ríos y lagos; y la creación de un fondo para la gestión del agua en la CDMX.

Entiendo que la Red de Agua en el Valle tiene 60 años y que la negligencia no es nada más de este gobierno de la Ciudad.

En 21 años los gobiernos del PRD hicieron muy poco por atender los ret os para abastecer de agua a la CDMX.

Morena ha tenido cinco años para atender esta necesidad básica. Ambos partidos decidieron no hacerlo y por ello ahora hay esta crisis agravada de desabasto de agua.

Desde Versalles la reina María Antonieta dijo que si la gente tenía hambre, les dieran brioche. Ya solo falta que con la misma frivolidad, López Obrador diga desde su Palacio que si no tenemos agua, que nos den champagne.

Los Republicanos tienen un tema que es un garbanzo de a libra para ellos de cara a la elección presidencial de noviembre 8: el migratorio. Es un garbanzo de a libra porque es el gran problema que le interesa de manera especialmente importante al electorado y en el que este partido goza de una ventaja de 30 puntos sobre los demócratas en la opinión pública cuando se les pregunta cuál partido es el que mejor puede manejar el tema.

La migración es el gran pendiente por resolver. Y en éste logran mayor aceptación los Republicanos sobre los Demócratas. El discurso que pueden y están utilizando para echarle gasolina a una hoguera de por sí encendida es ideal para estos tiempos de odio hacia lo extranjero: ¡Paren la invasión! Es lo que ha dicho Trump y lo que los republicanos, que están a los pies del expresidente, no paran de repetir.

Ahora que Trump ha ganado las primarias de Nuevo Hampshire y los caucuses de Iowa es prácticamente seguro que los estadounidenses verán una repetición de Trump vs. Biden en su elección presidencial. Con ello el banderazo de salida de las campañas generales se ha dado. Y tanto Biden como Trump han adoptado el discurso de dureza y firmeza para decir que quieren arreglar el caos de un sistema migratorio roto.

La realidad es que ninguno está pensando en arreglar nada. Los Demócratas saben que deben empujar políticas más severas y menos humanitarias hacia los migrantes pero entienden que los Republicanos ahora mismo se van a negar a aprobarles nada con tal de seguir utilizando a la migración como herramienta de golpeteo al gobierno de Biden. Las campañas políticas estarán por encima de cualquier tipo de acuerdo bipartidista.

Atrás ha quedado el Biden humanista que quería demostrar que era diferente a Trump en materia migratoria. Ahora tenemos a un presidente demócrata hablando de cerrar la frontera porque sabe que si quiere reelegirse, tiene que demostrar que puede arreglarla. El presidente ya no está escuchando a quienes en su partido y en su gobierno abogan por políticas que respeten los Derechos Humanos y honren el sentido de Estados Unidos como un país de migrantes. En pocas palabras, Biden se han endurecido en el tema migratorio.

Del lado de Trump ya sabemos que hay: gritos que señalan a México como culpable de la invasión a Estados Unidos. Y conocemos sus tácticas intimidatorias que prometen desde ya que, si regresa a La Casa Blanca, podría hasta invadir México con tal de arreglar la frontera.

¿Qué significa esto para México? Que sin quererlo ni pedirlo, formaremos parte de las campañas políticas estadounidenses. Y lo haremos por las razones equivocadas. Porque representamos un problema para Estados Unidos. Así que más nos vale irnos preparado para una temporada muy turbulenta que puede convertirse en huracán categoría 5 si llega a reelegirse Trump.

¿Se estarán preparando para ello en Palacio Nacional?

Columna completa en El Universal

En el 2024 más de la mitad de la población mundial tendrá que ir a votar. Como bien sabemos, México y Estados Unidos tendrán elecciones. Pero también habrá comicios en Taiwán, Rusia, Ucrania, India, Indonesia, Venezuela, Sudáfrica, Gran Bretaña, Austria, Bélgica, Croacia, Finlandia, Túnez, Ghana, Ruanda, Namibia, Mozambique, Senegal, Sudan del Sur…

Somos 8 mil millones de personas en el mundo. En el año que acaba de arrancar 4.2 mil millones de personas viven en un país que tendrá elecciones. Así, por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial está llamada a votar.

The Guardian define el 2024 como el Super Bowl de la democracia, pero el semanario The Economist anota que si bien esta cantidad de elecciones deberían indicar que será una fiesta de la democracia, la realidad es mucho menos alegre. La mayoría de los países que tendrán elecciones son democracias fallidas o de plano autocracias.

Desde ahora sabemos, por ejemplo, que en Rusia, Vladimir Putin se va a reelegir por quinta ocasión. Lo suyo tendría que ser más una coronación que una elección dadas las acciones en contra de sus opositores que han sido exiliados, encarcelados o asesinados. Casi en el mismo plano podemos anticipar el resultado en febrero en las elecciones parlamentarias de Bielorrusia, aquellas que Lukashenko ha dicho que serán justas, “a diferencia de las de Estados Unidos”. Esto a pesar de que Svetlana Tijanóvskaya sigue viviendo en el exilio tras haberle ganado las elecciones del 2020 cuando se presentó como la candidata inesperada después de que Lukashenko asesinó a su esposo, el principal y popular opositor en esos comicios.

India, el país más poblado de mundo, acudirá a las urnas entre abril y mayo, pero sus casi mil millones de ciudadanos lo harán en una democracia fallida en la que Narendra Modi ha traído de regreso el tribalismo: hindús vs musulmanes. Lo bueno es que en una de esas y la coalición INDIA (Alianza Nacional Inclusiva por el Desarrollo de India), conformada por 28 partidos opositores, podría frustrarle a Modi su 3era reelección.

Taiwán será una de las elecciones más importantes del mundo y con ella arrancará el 2024. Son tres candidatos, dos de los cuales abogan por un acercamiento con China. Del resultado de estas elecciones podemos anticipar la forma como se definan las relaciones entre China y Estados Unidos. Si gana de nuevo el partido Democracia Progresiva, que es el único que aboga por la independencia de la isla ¿con qué tanta furia reaccionará Beijing? Esa es la gran pregunta que quedará expuesta arrancando el año pero que podemos anticipar no será tersa. El primer discurso de Xi Jinping del año fue para advertir que en el 2024 será inevitable la reunificación de China.

En Irán habrá elecciones y todos sabemos que ahí no existen las libertades de una democracia consolidada. Por ello los clérigos fundamentalistas que están al mando han descalificado a priori a un 25 por ciento de los opositores competitivos para las elecciones parlamentarias de marzo.

En Europa la renovación del Parlamento puede sonar poco importante pero sus resultados nos darán una pista de qué tanto apoyan los europeos a los populistas de derecha, como los elegidos en noviembre en Países Bajos cuando ganó Geert Wilders, o si prefieren opciones más moderadas, como ocurrió en Polonia con el triunfo de Donald Tusk.

Todos estos procesos electorales, en un mundo desordenado, con ciudadanos enojados y resentidos, anticipan mucho mayor volatilidad en el 2024. Será un año interesantísimo en materia electoral.

Apostilla: Para un análisis más extenso de este año electoral, los invito a escuchar el episodio de mi podcast Broojula de hoy, Tsunami electoral, en el que platico con Miguel Ángel Lara Otaola, miembro del consejo del Electoral Integrity Project.

Columna completa en El Universal

“El estado de naturaleza es la guerra

de todos contra todos, y en

esa condición cada uno

es juez de sus propios actos”

Thomas Hobbes

 

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador subió un video anunciando que se cancelaba el NAIM, el aeropuerto de Texcoco, fue muy notorio el libro que tenía a un lado titulado ¿Quién manda aquí?

Esto se leyó como un mensaje para dejar en claro que con su llegada a la presidencia ya no serían los grandes empresarios los mandamases en México. Con esa decisión y con ese libro a su costado AMLO mostró que a partir del 1º de diciembre del 2018 él mandaba en México.

Pero ¿realmente manda él cuando admite que hay regiones del país que están bajo el control de los grupos del crimen organizado? Eso fue lo que ocurrió cuando dijo que a los cinco jóvenes que se encontraron torturados y asesinados en un auto en Celaya, Guanajuato, los mataron por meterse a comprar droga con la organización criminal rival de esa zona. Así, el presidente admite que hay regiones en las que él no manda, mandan grupos del crimen organizado.

¿Realmente manda él cuando no puede poner orden en las extorsiones de delincuentes? En una declaración que denota la claudicación del Estado frente a la delincuencia, López Obrador dijo que la lucha en contra de la extorsión la debemos de dar entre todos. Si la diéramos entre todos sería la ley de la selva. Fue precisamente el querer llevar la lucha ‘entre todos’ lo que dejó 14 muertos en Texcaltitlán, Estado de México el fin de semana pasado.

Como los delincuentes quisieron aumentar el monto del cobro de piso a los agricultores y ante un Estado (federal, estatal y municipal) pasmado, los extorsionados decidieron tomar cartas en el asunto y detener ‘entre todos ellos’ este cobro ilegal utilizando machetes y las armas que tuvieron a su alcance.

Un presidente que claudica en su principal responsabilidad no es el que manda. Menos cuando él se ha comportado como un extorsionador durante su sexenio. ¿Qué fue, si no una extorsión, cuando obligó a los empresarios a comprar boletos de una rifa para el avión presidencial que obviamente nadie se ganó?

El problema y el reto de la inseguridad no es nuevo pero el presidente que prometió que lo resolvería, se acerca al fin de su sexenio con cero resultados que presumir en la materia. Este sábado 16 de diciembre se cumplirán trece años del asesinato de la activista Marisela Escobedo.

Escobedo quiso justicia por el asesinato de su hija Rubí. Como el Estado (federal, estatal y municipal) no hacía nada al respecto, ella se abocó personalmente a esa tarea, día y noche desde el 2008, cuando Rubí fue asesinada por su pareja. Escobedo murió de un balazo en la cabeza por haber procurado esa justicia que el Estado le negó.

¿Qué ha cambiado en México de ese diciembre del 2010 a la fecha en materia de procuración de justicia? Si acaso, estamos peor porque tenemos a un Poder Ejecutivo que ha claudicado en su principal tarea, dar seguridad a los ciudadanos, al pedirnos que nosotros seamos los encargados de procurarla. ¿Qué garantías hay para la ciudadanía de que no acabaremos como Marisela Escobedo o como los agricultores y delincuentes muertos en Texcaltitlán?

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Cuando el presidente López Obrador decidió cerrarle las puertas de Palacio Nacional a Xóchitl Gálvez, la hoy precandidata presidencial dijo que ya no buscaría ser Jefa de Gobierno de la CDMX sino presidenta de México.

La frescura con la que anunció su candidatura; la forma de responderle a López Obrador sin enojarse, pero sin doblarse, dejaron ver que el 2024 no estaba definido. Que en Xóchitl, la oposición tenía la posibilidad de arrebatar la silla presidencial.

Hoy el escenario ha cambiado. El entusiasmo que generó Xóchitl se ha tornado en preocupación y hasta derrotismo. Surgen preguntas sobre su equipo y sobre el papel de los partidos en su estructura que llevan a la certeza de que este arroz ya se coció…en favor de Claudia Sheinbaum.

¿Por qué se desinfló el entusiasmo hacia Xóchitl? Ella no ha cambiado. Sigue siendo la mujer que cuenta su historia sobre su camino de Tepatepec al Senado, pasando por la Alcaldía Miguel Hidalgo. Habla de sus orígenes humildes y como los superó a través de estudio y del trabajo.

Sin duda, ha cometido errores. Desde la felicitación efusiva al ultraderechista Milei en Argentina, la parálisis cuando falló el teleprompter – inexplicable para alguien a quien hemos escuchado hacer uso de la palabra en tribuna múltiples veces y sin guion -, el lapsus provocado probablemente por el subconsciente de atacar a Alito Moreno y hasta el innecesario cambio de nombre de la coalición que representa. De Va por México se modificó primero a Frente Amplio Opositor. Y cuando finalmente nos lo aprendimos, decidió que ahora encabeza Fuerza y Corazón por México, un nombre que parece más el título de una telenovela.

También ha tenido aciertos. Saber reponerse de la caída de la silla en el informe de la alcaldesa Lía Limón al decir que esa silla le quedó chica, pero que va por la grande, por ejemplo, resulta una bocanada de aire fresco en un escenario político tan cargado como en el que nos encontramos. Su constante discurso por la unidad de México también abona ante años de polarización y de división.

Sin duda el balance que debe lograr Xóchitl es complicado. Tiene que hacer un acto de malabarismo entre las ambiciones de los dirigentes de los partidos de la coalición y las exigencias de los ciudadanos que ya no están dispuestos a dar cheques en blanco simplemente para sacar a los mentirosos y/o ineptos del poder. Es más fácil no votar que votar con las narices tapadas. Por ello el reto para Xóchitl es monumental. Debe entusiasmar a los agraviados, decepcionados y a los que nunca comulgaron con López Obrador y su movimiento.

Los números sí mienten. Lo hacen cada vez más. Por ello es fácil poner en duda encuestas como Demotecnia, que tienen a Claudia con casi 60 puntos de ventaja. Pero la tendencia es clara. En este momento Xóchitl no está acortando la distancia con Claudia. Y ahora debe evitar que los indecisos la abandonen y prefieran la opción fosfo fosfo de Samuel García.

La campaña está en problemas y eso preocupa porque Xóchitl no tiene tiempo que perder. A veces parece que la decepción con la candidata describe más a los ciudadanos que a ella, pero eso no importa. Las percepciones se vuelven realidad muy fácil. Xóchitl y su equipo deben encontrar la narrativa ganadora 2.0. La que sigue a su historia personal. Y olvidar a López Obrador. Él no estará en la boleta. Va a estar Claudia. Por lo pronto, es muy temprano cantar victorias o derrotas. El juego apenas arrancó y con ello la posibilidad de que Xóchitl se dé a conocer más allá del círculo rojo.

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Con el arranque de las precampañas comienza también la lamentable etapa de los muchos y malos spots políticos en la radiodifusión mexicana.

A partir del lunes y hasta tres días antes de las elecciones del 2024, los ciudadanos seremos víctimas de la spotiza de los partidos políticos y las autoridades electorales. En estos 191 días nos van a bombardear con alrededor de 52 millones de spots las más de 3 mil 700 estaciones de radio y televisión del país.

Los partidos políticos y las autoridades electorales tienen derecho a utilizar 48 minutos diarios de radio y televisión de los tiempos oficiales, en épocas electorales, para promover ideas y propuestas de los primeros e información sobre las elecciones de los segundos. Estos 48 minutos diarios no le cuestan un centavo ni a los partidos políticos ni a las autoridades electorales. Son completamente gratis. Así que al dineral que se les da a los partidos políticos hay que sumarle este beneficio de no tener que pagar ni un centavo para que sus spots sean transmitidos en radio y televisión.

Esto de los tiempos oficiales es una herencia que viene desde la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, cuando al enojarse por la cobertura de los medios de comunicación del movimiento estudiantil de 1968 se impusieron como castigo a la industria. La historia es larga, pero en la campaña electoral del 2006, cuando los famosos spots de “López Obrador es un peligro para México” salieron al aire pagados por el Consejo Coordinador Empresarial, el candidato perdedor, AMLO, se enojo. Culpó de su derrota a los medios de comunicación y al modelo electoral lo que propició la reforma electoral del 2007. Ésta, además de cambiar de forma anticipada a los consejeros del entonces IFE, inauguró la prohibición de que partidos políticos o agentes económicos pudieran comprar tiempo aire para procesos electorales. A partir de entonces, 48 minutos de los tiempos oficiales se pusieron a disposición de los partidos políticos y de la autoridad electoral para que la radio y la televisión mexicana tuvieran que transmitir de forma gratuita los mensajes de los candidatos y partidos políticos.

Ningún país en el mundo le cobra tanto a la radiodifusión por el uso del espectro, es decir del aire, por el que transmiten sus frecuencias. Y ningún país le regala este tiempo aire a sus políticos para que saquen la cantidad de spots a los que estaremos siendo bombardeados desde el lunes.

Como lo que no nos cuesta es usualmente poco valorado, los partidos políticos suelen hacer muy mal uso de estos tiempos oficiales. No nos dicen nada interesante ni novedoso sobre sus propuestas. A partir de esa reforma del 2007, quedó prohibido que los spots en contra de partidos o candidatos tuviera aspectos denigrantes. Esto significó cerrarles la puerta a las campañas negras. Así que si un candidato tiene uno o varios cadáveres en su clóset, pues está prohibido que sus contrincantes los hagan saber al público en general a través de los spots políticos.

Para sumarle a lo ridículo que es nuestro modelo de comunicación política, los spots de las precampañas, que supuestamente van dirigidos solo a los militantes y simpatizantes de los partidos, los tenemos que escuchar todos. O qué ¿nos vamos a tapar los ojos o los oídos cuando salga un spot de un partido con el cual no simpatizamos?

Es realmente ridículo el modelo de comunicación ideado para complacer en su momento a Andrés Manuel López Obrador como candidato. Y lo sigue siendo ahora que, con AMLO ya en la silla, usa el poder del micrófono todas las mañanas en sus conferencias de Palacio Nacional para denigrar, señalar y acusar – la mayoría de las veces sin prueba alguna. Es decir, hace desde el púlpito presidencial lo que tanto se quejaba que hacían sus antecesores.

Así, hoy tenemos un modelo de comunicación política caro, malo, invasivo e inútil. Estamos pues, en el peor de los mundos en la materia.

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Al dar un balance de la situación en Acapulco, el presidente López Obrador dijo que iría al puerto sólo si fuera necesario. “Si es necesario voy a ir, pero no quiero hacer de esto un espectáculo, no quiero hacer lo mismo que se hacía antes”, dijo AMLO desde la comodidad de su escritorio en Palacio Nacional.

Esto fue durante uno de sus primeros mensajes post Otis. A la fecha, la única imagen que tenemos del presidente en Acapulco es la del Jeep atorado en el lodo la tarde de la devastación. Algo que fue exactamente un espectáculo como el que dice el presidente que quiere evitar.

Ayer, durante la conferencia mañanera, un reportero le volvió a preguntar al presidente si tiene pensado ir y reunirse con la gente en Acapulco en los próximos días. La respuesta fue que él no puede exponerse.

“En Azteca hicieron unos reportajes y le abrieron el micrófono a gente para que me mentaran la madre. Entonces, no puedo exponerme, no es Andrés Manuel; si se tratara de Andrés Manuel, respondería yo como cuando estábamos en la escuela, como cuando estaba yo estudiando en Tepetitán, que había algo y decíamos: ‘A la salida nos vemos’. Pero, no. Soy el presidente de México, tengo que cuidar la investidura presidencial. No soy Andrés Manuel, soy el presidente y no puedo permitir que nadie me ningunee. O sea, prestarme, caer en una provocación, que eso es lo que quieren.”

Queda claro que el Andrés Manuel López Obrador que presumía poder caminar entre la gente y que se sentía la voz del pueblo ya no existe. El presidente sabe que sus acciones y sus omisiones le han generado enemistades y que entre ese pueblo, al que le gusta hacer referencia, ya no todos son incondicionales ni sus admiradores. Mejor se queda resguardado en su Palacio. Así no se expone.

Esta admisión viene después de otro reconocimiento: que pudo haber avisado antes sobre la fuerza de Otis, pero que decidió no hacerlo. Prefirió dejar el asunto en un simple twit que fue visto por muy pocas personas y por ello Otis pegó en el puerto cuando los ciudadanos siguieron con sus rutinas. Entre ellos, varios marineros que murieron cuando sus embarcaciones se hundieron o fueron arrasadas por el huracán. Esos marineros y pescadores que hoy o han sido confirmados muertos o están desaparecidos no tendrían que haber estado en las embarcaciones si el gobierno federal, estatal y/o municipal hubiesen avisado de forma enérgica y con la alarma que ameritaba sobre la fuerza de Otis.

El presidente hace espectáculo cuando no debe y decide dejar a la gente a su suerte para supuestamente no hacer espectáculo cuando lo que se requiere es que la autoridad acompañe y ayude a las víctimas. No exponerse es una simple excusa.

Apostilla: Las cuentas no son el fuerte de este gobierno. En dinero, dicen que van a construir una refinería con 8 mil millones de pesos y ya va en 17 mil millones de dólares el costo de Dos Bocas. El Tren Maya se dijo que costaría 150 mil millones de pesos pero ya va en 500 mil millones. En vidas, la pandemia tuvo un exceso de muertes de 800 mil personas y los datos oficiales hablan de 334 mil. En desapariciones el presidente decidió despedir a Karla Quintana como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda con tal de no admitir que van 46 mil desaparecidos en su sexenio. Y en muertes en Acapulco, las funerarias reportan 350 muertes mientras el gobierno se empeña en minimizar lo ocurrido y prefiere dejar en 45 los fallecidos por Otis.

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El Ministro Arturo Zaldívar pasó de buscar extender su encargo como Presidente de la Corte a un retiro anticipado aduciendo que su ciclo ahí ha terminado. Esta renuncia fue sorpresiva y generó muchas preguntas de arranque. Dos horas después, las dudas quedaron aclaradas cuando Claudia Sheinbaum subió a redes una fotografía en la que aparece sentada junto con el aun ministro diciendo que van a trabajar juntos.

La foto fue publicada sin guardar las formas. Primero porque la renuncia no es Constitucional. El artículo 98, párrafo 3 al que aduce el aún Ministro en la carta que envió al presidente López Obrador y que subió a redes es claro: “Las renuncias de los ministros de la SCJN solamente procederá por CAUSAS GRAVES; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste la acepta, las enviara para su aprobación al Senado.

Sin dejar correr el cauce legal, Zaldívar y Sheinbaum anunciaron que trabajarán juntos.

Decir que se cierra un ciclo puede ser una causa para renunciar de un trabajo o hasta para terminar una relación amorosa pero no es una causa grave para dejar el encargo como Ministro de la Corte.

El 8 de octubre 2019, el Senado aprobó la renuncia de Eduardo Medina Mora sin que éste explicara la causa grave que lo llevó a solicitar su salida anticipada de la Corte. Al parecer esto sentó un precedente para que ahora el Ministro Zaldívar pueda hacer lo mismo, renunciar sin explicar cuál es la causa grave.

En el mensaje de renuncia y en la columna que publicó ayer en Milenio el Ministro Zaldívar dice que quiere impulsar un México más justo e igualitario y con dignidad. ¿Qué mejor lugar para hacerlo que desde la Suprema Corte de Justicia? Desde ahí pudo cuestionar Zaldívar la responsabilidad de las autoridades cuando ocurrió el incendio de la Guardería ABC en el sexenio de Felipe Calderón. También pudo, años más tarde, impulsar justicia para mujeres presas injustificadamente en Santa Martha Acatitla, entre ellas fue notable el caso de Alejandra Cuevas quien estuvo presa más de quinientos días simplemente por el rencor personal del Fiscal Gertz Manero. Zaldívar ayudó a que Cuevas saliera libre.

La fotografía junto con Claudia Sheinbaum indica que lo que sigue para Zaldívar es integrarse al equipo de campaña o futuro gabinete de la Morenista. La duda es por qué no esperar a diciembre del año próximo que concluyera su encargo en la Corte.

Sabemos que los artículos 101 y 95 fracción VI de la Constitución establecen que un ex ministro está impedido de ser Fiscal General, Secretario de Estado, Gobernador, Senador o Diputado antes de dos años de concluir su función en la Corte.

A estas alturas la explicación de la renuncia de Zaldívar sería que comience desde ya a correr el reloj para que se cumplan estos dos años y en el 2025 pueda llegar a la Fiscalía General de la República.

Para el Presidente López Obrador esta renuncia le abre la puerta a nombrar a un nuevo Ministro en la Corte que sea incondicional al estilo Yazmín Esquivel o Loreta Ortiz por un periodo de quince años. Sabemos que en el Senado se requiere el voto de dos terceras partes para su aprobación, pero si la oposición no da los votos suficientes, después del rechazo de dos ternas el presidente puede nombrar a quien quiera de la segunda terna sin la aduana del Senado.

Por ahora en el Senado la oposición debería rechazar la renuncia anticipada del Ministro Zaldívar y con ello impedir esta doble chuza del presidente López Obrador. El nombramiento de quien sustituya a Zaldívar debe recaer en quien suceda a AMLO en octubre del 2024. Pero desde ahora podemos anticipar que López Obrador podrá hacer el nombramiento de un quinto Ministro de la SCJN.

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No es el primer huracán que golpea Acapulco. Cuando en 1997 devastó el puerto el huracán Paulina, Ernesto Zedillo era presidente. Estaba en ese momento de gira por Europa, pero decidió inmediatamente cancelarla y regresar Hamburgo-Acapulco. Durante el siguiente mes y medio, el entonces presidente se instaló en Acapulco para supervisar los trabajos de rehabilitación y la recuperación del puerto.

El gabinete se reunió una vez a la semana para coordinar y trabajar en la reconstrucción de Acapulco, algo que tardó tres años en ocurrir. Acapulco se recuperó como destino turístico, pero con muchas zonas populares en situación lamentable. Había, hasta la semana pasada, dos Acapulcos: el privilegiado que disfrutaban los turistas, y el de segunda categoría, el de los trabajadores del sector instalados en colonias pobres y descuidadas.

Las crisis son oportunidades. Y la devastación que Otis generó en Acapulco es la oportunidad de rehacer y reconstruir un mejor Acapulco. Esto implica desde ya generar las condiciones para un círculo virtuoso o dejar al puerto a su suerte con la inercia del círculo vicioso que hemos visto en estos días. La decisión de qué se quiere es básicamente del presidente López Obrador. No es de la gobernadora Evelyn Salgado, que solo ha destacado por su activismo para echarle porras al presidente. Y ni qué decir de la alcaldesa Abelina López Rodríguez que en sus primeras declaraciones tras el paso del huracán salió a justificar los actos de rapiña.

El círculo vicioso actual es continuar con la centralización y la militarización de la respuesta ante la emergencia. Pretender que sea solamente el gobierno, vía el Ejército, el encargado inmediato de repartir despensas para sacar bonos políticos al hacer creer a los acapulqueños que deben estar agradecidos con López Obrador por las migajas que reciben será una catapulta para aventar trabajadores a manos del crimen organizado que sabemos amenaza desde hace décadas la seguridad en el estado.

Debe haber una atención coordinada de la emergencia a la que se le sume la elaboración de un plan de reconstrucción. Este tiene que comenzar por rehacer el sistema de agua potable; reconstruir el abasto de energía capaz de soportar futuros huracanes; la reestructura de calles y puentes y la elaboración de un plan de trabajos temporales. Solo así se evitará que Acapulco se pierda.

Este plan lo deben conocer los empresarios, los hoteleros y los habitantes de Acapulco para que cuando reciban recursos de los seguros, quienes estaban asegurados, decidan invertirlo de nuevo en el puerto. Si no hay un plan concreto y solamente nos quedamos con el “sueño” de López Obrador de que para Navidad ya esté de nuevo de pie Acapulco solo por mandato presidencial, este dinero se va a ir a otra parte.

¿Por qué va a decidir un empresario hotelero o restaurantero reinvertir en rehacer su negocio en el que no tendrá clientes en el futuro cercano pero apenas pretenda reabrir le caerá el crimen organizado a pedir derecho de piso?

Acapulco requiere atención y plan de reconstrucción para renacer en un mejor centro turístico a partir de esta tragedia. ¿Aprovechará López Obrador la oportunidad que esta crisis le brinda o la desperdiciará dejándose guiar por sus complejos y rencores?

Apostilla: La noticia, primero cierta y después enmendada, de que serían el Ejército y la Marina los únicos autorizados para repartir las despensas en Acapulco, demostró como ha bajado la aceptación de ambas instituciones ante un gobierno que les ha encomendado de todo. Cuando la instrucción es hacer algo para lo que sí están entrenados – la atención ante desastres naturales – el rechazo hacia ambas instituciones no se hizo esperar. Otis devastó Acapulco. AMLO ha logrado devastar la credibilidad y el respeto hacia el Ejército y la Marina.

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