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En mi columna de ayer hacía mención del caso de Baja California, en donde la legislatura local le aprobó al gobernador de Morena, Jaime Bonilla, que su periodo se extienda para durar cinco años y no dos, que fue el tiempo para el cuál lo eligieron los bajacalifornianos el pasado 2 de junio.

El Congreso había determinado desde 2014 que quien ganara las elecciones del 2 de junio de 2019 duraría dos años en el cargo, con la intención de hacer concurrentes los comicios locales y federales en 2021. Pero Bonilla, quien desde antes de la elección tenía casi veinte puntos de ventaja sobre el segundo lugar, el candidato del PAN, Oscar Vega Marín, no estaba conforme con esta regla electoral. Intentó hasta el último momento que el Tribunal Electoral local modificara la regla para dejar la gubernatura de un sexenio. El PAN impugnó este intento de Bonilla.

Hasta cuatro días antes de la elección estaba en duda si el Tribunal Electoral Federal resolvería en favor del PAN, que pedía no modificar esta regla plasmada en la Constitución, o de Bonilla. El fallo fue mantener la gubernatura en dos años.

Aun después de haber recibido su constancia como gobernador electo, Bonilla no se dio por vencido. El 14 de junio presentó un recurso para echar atrás el dictamen que resolvió que el periodo de su mandato duraba dos años. Finalmente, el lunes pasado se salió con la suya con el extraño apoyo del PAN en el congreso local para ampliar su mandato de dos a cinco años.

La Cámara de Diputados local está integrada por tres diputados de Morena; cinco del PRI; una del PRD; una del PT; uno de Movimiento Ciudadano; dos de dos partidos locales y 12 del PAN. Por ello, sin el apoyo del PAN, la ampliación del mandato de Bonilla era imposible. Pero resulta que 9 de los 12 diputados del PAN, además del resto de la legislatura, votaron en favor de ampliarle el mandato a Bonilla, lo que apuntaba en mi columna de ayer.

Solo tres diputados del PAN no votaron en favor de la iniciativa: Miguel Osuna Millán, que votó en contra; Eva María Vázquez y Andrés de la Rosa, quienes estuvieron ausentes de la sesión.

Esto se logró a través de una negociación entre el saliente gobernador del PAN, Kiko Vega, y el gobernador electo, Jaime Bonilla. Vega negoció que los diputados del PAN votaran en favor de la extensión del mandato a cambio de nombrar a su amigo cercano, Carlos Montejo Oceguera, como titular de la Auditoría Superior del Estado.

Montejo Oceguera, designado la misma noche del lunes en sesión extraordinaria del mismo congreso local, tendrá que fiscalizar las cuentas públicas de Kiko Vega del 2017-2019 y las del actual gobernador y su sucesor ya que el cargo concluye hasta 2027. Así, cualquier irregularidad en la gestión de Vega quedará bien resguardada por su amigo y futuro auditor.

Este voto del PAN local fue contrario a lo que el dirigente nacional, Marko Cortes, había adelantado. Por ello Cortés ha dicho que va a expulsar a los diputados locales del PAN y que va a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Esto podría implicar un choque de trenes de dos instituciones: la SCJN y el Tribunal Electoral Federal.

Cada uno tendrá que pronunciarse sobre el tema. La Suprema Corte sobre la constitucionalidad o no del la reforma y el Tribunal Electoral Federal sobre la legalidad de la modificación ya que Bonilla fue electo por un periodo de dos años y no de cinco.

 

Columna completa en El Universal

Se rumoraba que Arturo Herrera abandonaría el barco de la 4T después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo humillara dos veces. Lo contradijo públicamente primero, cuando dio una entrevista al diario británico Financial Times en la cual declaró que este año no se canalizarían recursos de Hacienda para la construcción de la refinería de Dos Bocas. Al día siguiente, durante la conferencia mañanera, AMLO confirmó que Dos Bocas iba y anunció fecha para poner la primera piedra.

AMLO volvió a contradecir a Herrera, también durante la conferencia mañanera, con el entonces Subsecretario de Hacienda sentado a su lado. A pregunta de una reportera, el presidente informó que reestablecer el cobro de la tenencia no estaba en los planes del gobierno a pesar de que Herrera lo había declarado el día anterior ante legisladores.

Pero no. Herrera no renunció. Se le adelantó Carlos Urzúa. Y lo hizo con una carta dura, tomando en cuenta su carácter bastante reservado y mesurado. En ella mencionó muchas discrepancias en materia económica por decisiones de política pública sin sustento y por la imposición de funcionarios sin conocimiento en la secretaría que hasta ayer encabezaba.

Renuncias en los gabinetes siempre las hay, el problema está siendo cómo se dan las renuncias en el gobierno de López Obrador. La de Urzúa es una renuncia que hace eco de la que presentó Germán Martínez al IMSS en mayo pasado. En la carta Urzúa acusa incompetencia y sumisión a personas, no a proyectos.

Entre quienes conocen a ambos, Herrera y Urzúa, la visión es que Herrera es muy bueno, incluso podría ser mejor secretario de hacienda que Urzúa, pero la renuncia a través de una carta que demuestra un desdén del presidente que lo orilló a escribirle en lugar de hablar con él, es un duro golpe para el país.

Además, por el video que subió el presidente anunciando que el nuevo titular de Hacienda sería Herrera, se pudo ver que la carta de Urzúa los tomó a todos por sorpresa y mostró una imagen de desorden en el gobierno que ya comienza a ser la norma, no la excepción.

La pregunta ahora para Arturo Herrera, que sabe mucho de hacienda pública, es si está dispuesto a desempeñar el nuevo encargo en favor de México o si se ceñirá a las ordenes de arriba, sean benéficas o no para la economía del país. Parafraseando al presidente López Obrador, ¿será un funcionario de a deverás o un simple florero decorativo?

Apostilla: Mientras esta noticia y la detención del abogado Juan Collado acapararon la atención nacional, en Baja California la legislatura local le aprobó al gobernador de Morena, Jaime Bonilla, que su periodo se extienda para durar 5 años y no dos, que fue el periodo para el cuál lo eligieron. La Cámara de Diputados local solo tiene tres integrantes de Morena así que requirió el apoyo del PRI y de 9 diputados del PAN: Ignacio García Dworak, José Félix Arango, Triny Vaca, Alfa Peñaloza, Iraís Vázquez, Mónica Hernández, Raúl Castañeda Pomposo, Sergio Tolento y Carlos Torres. ¿Cómo es posible que el PAN haya votado por extender el mandato de Morena en un estado que era, hasta el 2 de junio, su bastión tradicional?

 

 

 

Columna completa en El Universal

Andrés Manuel López Obrador llegó a su escenario predilecto, al Zócalo, a festejar que hace un año fue electo presidente de México y a presumir que ha cumplido con 78 de sus 100 compromisos que hizo al ganar las elecciones del 2018. Muy al estilo de Donald Trump, AMLO se auto elogió ante miles de sus simpatizantes presumiendo que ningún presidente antes en la historia había logrado tanto en tan poco tiempo. Y, sin embargo, la principal razón de su triunfo permanece incumplida: acabar con la corrupción tolerada y la mafia en el poder.

El hartazgo con las viejas prácticas del PRI llevó al triunfo de Vicente Fox ayer hace 19 años. Como ni el PAN ni el regreso del PRI demostraron que realmente estaban dispuestos a combatir la corrupción y la impunidad, millones de ciudadanos voltearon a ver a Andrés Manuel López Obrador y votaron por él con esa encomienda como su prioridad.

Pero hoy es claro que AMLO no tiene intención de acabar con los privilegios y las prebendas de unos pocos a costa de millones y que su oferta es simplemente regalar dinero equivalente a migajas si lo comparamos con las transacciones de lo que él llama La Mafia del Poder.

El mejor ejemplo es la historia de Grupo Fertinal. Una empresa que era del estado y que en 1992 la compra el empresario Fabio Covarrubias. En 1998 el estado tiene que rescatar a Grupo Fertinal a través del Fobaproa, que luego se convierte en el IPAB.

En 2006 Fabio Covarrubias le compra al IPAB Grupo Fertinal. Lo hace a través de prestanombres porque el suyo aparecía entre los deudores del Fobaproa. Una de sus estrategias implica la creación de una empresa, NPK, que paga 81 millones 900 mil pesos, poco menos de 7 millones de dólares al tipo de cambio de esa fecha, por el 47 por ciento de Fertinal.

Diez años después, Covarrubias logra que Pemex pague 635 millones de dólares por una empresa que, según la auditoría independiente BDO, valía 15 millones de dólares. El sobreprecio pagado forma hoy parte importante de la enorme deuda que tiene Pemex como la empresa más endeudada del mundo.

AMLO no tuvo nada que ver ni con la compra barata ni con la venta cara de Fertinal, pero hoy como presidente tiene la oportunidad de dejar en claro que eso de acabar con la mafia en el poder sí va en serio. Nada de ser un Trump cualquiera que prometió drenar el pantano de los grandes intereses y hoy su gobierno es más bien un campeón de esos intereses que desbordan La Casa Blanca.

AMLO puede ser diferente. Son varios sus colaboradores los que están de acuerdo con que dejar impune el pasado corrupto no le suma al actual proyecto. En la Cámara de Diputados hay incluso preocupación porque entienden que sin contundencia en la lucha contra la corrupción la tendrán más complicada en la elección intermedia.

Pero lejos de querer cumplir con su compromiso y, cuando menos en un caso tan burdo como el de Fertinal, proceder para que no quede impune, AMLO está actuando igual que en el pasado que dice condenar. Basta ver que el 26 de febrero pasado, el Consejo de Administración de Pemex, encabezado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, autorizó una nueva capitalización de Pemex Fertilizantes y sus filiales.

 

Columna completa en El Universal

México tenía dos gallinas que ponían huevos de oro. A una ya la matamos y a la otra la estamos estrangulando de tal forma que está próxima a morir. La primera era Pemex. La corrupción de décadas y las malas decisiones de varios de sus directores acabaron con ésta que pasó de ser una de las empresas más importantes del mundo a la más endeudada. De ser México un país exportador de petróleo, ahora somos importadores.

La segunda gallina que pone huevos de oro para México es el turismo, en especial el que llega a la zona de Cancún y la Riviera Maya. Y esta gallina está por morir por tres razones: inseguridad, corrupción y falta de atención en lo que la alimenta para poder seguir poniendo huevos de oro.

Entre la inseguridad y el alga apestosa, sargazo, los turistas están pensando dos veces antes de hacer sus planes para irse de vacaciones a esta zona del país.

La inseguridad es un problema complejo de ser atendido, pero cuando menos el presidente López Obrador ahí admite la situación. En cuanto al sargazo, salir a decir que no es grave y que es un tema que están utilizando sus adversarios para atacarlo es no querer ver un problema que, sin ser sencillo, sí tiene solución y la requiere cuanto antes.

Los hoteleros de Cancún están desesperados porque a pesar del impuesto especial que se paga en la Zona Federal Marítima (ZOFEMAT) que se podría utilizar para atender el problema y a pesar del Derecho de Saneamiento Ambiental de 25.30 pesos que pagan por habitación por noche los turistas, ni así se pone las pilas el gobierno.

En primer lugar, el gobierno federal no logra definir quién del gobierno se debe hacer cargo del problema del sargazo. A ratos ha dicho que debe ser Fonatur, otras que la SEMARNAT y para la limpieza ha señalado a la Marina. Esta falta de definición del gobierno federal hace que en realidad nadie se esté haciendo cargo. Los hoteleros de Cancún, por ejemplo, piden reunión con la Semarnat para definir acciones y, entre la indiferencia de la pasada secretaria y su despido del gabinete, es la fecha en la que el actual secretario, Víctor Manuel Toledo, no se ha reunido con ellos.

Mañana arranca un evento organizado por los propios hoteleros en el que están invitados representantes de los 18 países afectados por el alga. El evento iba a llevarse a cabo hace un mes, el 28 de mayo, pero fue cancelado con la excusa de que Quintana Roo tenía elecciones el 2 de junio.

Ahora que se retoma el evento, los hoteleros quieren mostrar que el sargazo puede no solo dejar de ser un problema sino comenzar a ser un negocio limpio y bueno. Si se junta esta alga con polímero se pueden fabricar desde los durmientes para el Tren Maya, que se sabe son más resistentes que los de concreto y varilla, hasta casas y mobiliario para jardines.

Todo esto ocurre cuando la Red de Monitoreo del sargazo ha advertido que en los próximos días, y en plena temporada alta de vacaciones de verano, va a llegar a Quintana Roo una mega mancha de 550 kilómetros de diámetro del alga.

¿Actuará el gobierno o dejará que esta alga espante a los turistas y termine por matar a nuestra otra gallina que pone huevos de oro?

 

Columna completa en El Universal

Luego de la columna publicada este miércoles en el diario El Universal (Carlos Lomelí, ¿no que no?), el delegado federal en Jalisco emitió un comunicado respondiendo a los señalamientos.

Lomelí insistió en que refrendaba su palabra y compromiso con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre que sus empresas no venderán ningún medicamento al Gobierno Federal.

Indicó que su empresa: Laboratorios Solfran S.A. no participó en la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-012000991-E82-2019, y que tampoco estaba en el interés de la empresa competir en dicho proceso. «En ningún momento se presentó propuesta de venta ni se presentará, por lo que es falsa su afirmación».

Sin embargo, el Acta de Junta de Aclaraciones emitida por la Secretaría de Salud, y de la cual www.anapaulaordorica.com tiene copia, señala que «se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, 45 fracción II de su Reglamento, así como al numeral 3.2 de la Convocatoria, las solicitudes de aclaraciones a la convocatoria y el escrito de interés de participar, a través de CompraNet, de los siguientes licitantes«, en donde Laboratorios Solfran aparece en la posición 199.

En el campo de «ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR PRESENTADO A TIEMPO«, se señala que Solfran «Si lo presenta«.

Pese a ello, Lomelí explica que la Secretaría de Hacienda convocó a toda la industria farmacéutica para dar a conocer las demandas del Sector Salud para lo que resta del año, siendo una invitación abierta a todos los laboratorios del país.

Llama la atención el interés de la empresa a informarse, si como sostiene Lomelí, «mis empresas no venderán ningún medicamento al Gobierno Federal«.

El morenista añade en su escrito que un representante de su empresa asistió a la reunión informativa, aunque «jamás se oficializó en ningún escrito que la asistencia era una condición para participar en la compra consolidada. Al contrario, era una reunión sobre la industria nacional».

Aquí el documento emitido por Carlos Lomelí

Carlos Lomelí, superdelegado del gobierno federal en Jalisco, prometió que ninguna de sus empresa del sector farmacéutico participaría en licitaciones públicas en tanto él fuera funcionario para no despertar sospechas de que se beneficiaba de su relación con Andrés Manuel López Obrador. No sería uno de esos funcionarios neoliberales de los de ‘antes’, cuando en México había la corrupción tolerada que ahora el presidente dice ha desaparecido.

Pero resulta que no. Que Carlos Lomelí mintió.

El pasado 1º de mayo publiqué en este espacio una columna a propósito de los negocios en el ámbito de las farmacéuticas de Carlos Lomelí en donde daba cuenta de como sus empresas en el sector saldrían beneficiadas del veto a Grupo Fármacos Especializados; Maypo y Dimesa que el gobierno les impuso por ser ‘inmorales’.

Como respuesta a este señalamiento, Lomelí publicó en twitter el comunicado en el que decía que “por carecer de sustento y por tratarse de una especulación que perjudica tanto la reputación de su servidor, como de la administración pública federal, me permito rechazar tajante la opinión vertida en la columna de Ana Paula Ordorica, publicada en El Universal. En congruencia con la política del Presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmo y dejo en claro:

  • Ninguna de las empresas en las que su servidor tenga participación, cuenta con contrato vigente con ningún ente gubernamental.
  • Ninguna de las empresas en las que su servidor tenga participación, entrará a concurso o licitación alguna.

Agradezco sea otorgado el derecho de réplica.

Atte. Dr. Carlos Lomelí
Delegado para el Desarrollo del Gobierno de México en Jalisco.

Pues resulta que no han pasado ni dos meses después de ese comunicado tan firme del Dr. Lomelí cuando una de sus empresas ya participa en licitaciones del sector farmacéutico. El lunes 17 de junio se llevó a cabo la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LA-012000991-E82-2019 para la contratación consolidada de bienes terapéuticos (medicamentos, material de curación, material radiológico y de laboratorio) para el segundo semestre del ejercicio fiscal 2019.

En el proceso participaron 311 compañías y en la lista aparece, nada más y nada menos que Laboratorios SOLFRAN SA. Esta firma es de Carlos Lomelí, según aparece dentro de las siete empresas reconocidas por él mismo como de su propiedad en su declaración 3 de 3, presentada el 24 de febrero de 2016.

Así que, Dr. Carlos Lomelí, ¿no que no iba a participar en estas licitaciones mientras fuera funcionario para no afectar la imagen del gobierno federal.

Apostilla: Si un gobierno dice que va a cambiar las cosas para simplemente mover las fichas y repartirlas bajo el mismo cuestionable modus operandi, vale la pena que quienes tenemos la oportunidad de contar con un espacio en los medios lo hagamos patente. AMLO no está acabando con la mafia en el poder; no está terminando con los amiguismos; no está terminando con los contratos en lo oscurito.

AMLO lo que hace es poner a México en el peor de los mundos: funciona como un priísta buscando reconstruir la enorme maquinaria que les permitió a los señores presidentes ser los mandamases durante un sexenio, pero además es alguien que cree que habla en nombre del pueblo y que tiene la batuta del Mesías para salvar a México.

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Las calificadoras más importantes y reconocidas, Fitch y Moody’s, le bajaron la calificación a PEMEX y la perspectiva a la CFE y la respuesta del presidente ha sido que no confía en ellas porque antes, con toda la corrupción que había, no dijeron nada y ahora que ya no hay corrupción tolerada deciden bajar el grado de inversión de tal forma que los bonos de Pemex ya son chatarra.

La respuesta del presidente es muy mala. Es como un alumno reclamando al profesor de matemáticas por una nota reprobada argumentando que estudió muchísimo para el examen de biología.

Las calificadoras evalúan la capacidad de pago de deuda en el corto, mediano y largo plazo de países y empresas y asignan una calificación para que los inversionistas sepan en dónde y cuánto invertir y decidan qué riesgo asumir. A mayor riesgo puede haber un mayor rendimiento precisamente por la posibilidad de perder esa inversión.

Para el tema de corrupción hay otras evaluaciones como Transparencia Internacional (TI) en donde México ha caído hasta los últimos sitios de la OCDE, de América Latina y del mundo de forma constante y alarmante en su Índice de Percepción de la Corrupción. Que AMLO revise como nos evalúa TI en 2019 y opine entonces. Veamos si las medidas tomadas por su gobierno logran que México suba algunos peldaños para dejar el actual 134 de 174 países en donde son más corruptos Rusia, Venezuela y Corea del Norte para ver si alcanzamos a otros países como El Salvador (104); Argentina (84); o Chile (27).

Tiene cierta razón el presidente López Obrador en cuestionar como actúan las calificadoras, que están lejos de ser infalibles. Sorprendentemente siguen siendo la métrica de los inversionistas a pesar de errores garrafales que han cometido.

El mejor ejemplo fue en 2001 cuando Enron tenía la calificación más alta de Moody’s, Fitch y Standard and Poor´s hasta cuatro días antes de su quiebra. Se volvieron a equivocar en el 2008 con Lehman Brothers que también estaba bien calificada hasta su quiebra que generó la crisis financiera de ese año. Y aquí en México no hicieron bien su trabajo con Hipotecaria Su Casita que también estuvo bien evaluada hasta que entró en Concurso Mercantil.

Entonces sí, las calificadoras se equivocan y no son siempre confiables. Sin embargo, siguen siendo la fuente a la que acuden inversionistas para tomar sus decisiones de en donde meter su dinero. Esto es así, le guste o no al presidente.

La decisión que han hecho sobre Pemex, CFE y las repercusiones que podría tener esto para la calificación del soberano (Mexico) dependen de que Hacienda haga un buen trabajo de comunicación con las calificadoras.

Columna completa en El Universal

La máxima del sexto presidente de EU, John Quincy Adams, sigue vigente hoy: Estados Unidos no tiene amistades permanentes, sino intereses permanentes. Y con este postulado debe lidiar México. Hoy los intereses de Estados Unidos los representa, nos guste o no, Donald Trump.

Ante los impulsos que rayan en la irracionalidad de Trump, Andrés Manuel López Obrador tiene dos alternativas: confrontarlo o abrazarlo.

Si decide la confrontación, AMLO debe tomar en cuenta la asimetría económica y política de los antecedentes de otros gobiernos que han optado por esta ruta. Canadá, con Justin Trudeau, y los europeos, encabezados por Angela Merkel y Emmanuel Macron, han optado por ponerle un alto a Trump. Los resultados no han sido favorables. Pero, aun así, México puede optar por esta vía ya que tenemos la ventaja geográfica para meterle presión a Estados Unidos con nuestras decisiones.

México podría decidir, por ejemplo, buscar y anunciar una alianza con China en materia tecnológica. Hoy hay una guerra en esta área por ver quien logra desarrollar las comunicaciones utilizando la red 5G. Los chinos, con la empresa Huawei, están amenazando con quedarse con esta medalla que algunos ven como el símbolo de quien
será la gran potencia en el siglo XXI.

Trump se encuentra justo en estos momentos de gira en Londres con el propósito no solamente de codearse con la realeza. Lo que más le interesa es convencer al gobierno inglés de no permitir que sea Huawei quien participe en el desarrollo de la red 5G en Reino Unido. Si gran Bretaña accede a dejar que Huawei participe en su red 5G, Estados Unidos ha dicho que podría dejar de colaborar en varios temas, incluyendo inteligencia, con Reino Unido, ya que eso implicaría comprometer la seguridad ante una China a la que acusa de espionaje a través del desarrollo de esta tecnología.

 

Columna completa en El Universal

Los casos de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht ocurrieron en 12 países de América Latina y solamente en dos no ha habido consecuencias. México y Venezuela. Ahora, el gobierno mexicano ha decidido empezar a actuar vía la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).

La semana pasada la SFP inhabilitó a Emilio Lozoya Austin, ex Director de Pemex, con diez años para ocupar cualquier puesto en el servicio público y a Edgar Torres Garrido, ex Director de Pemex Fertilizantes con 15 años además de una multa de 620 millones de pesos, por la compra presuntamente irregular de Grupo Fertinal en el 2015. Hoy, Torres Garrido es Jefe de Inversiones de Makech Capital, una empresa de inversiones de Emilio Lozoya.

Por su parte la UIF congeló las cuentas de quien era Director de Pemex cuando Odebrecht sobornó funcionarios en México, Emilio Lozoya Austin, lo mismo que las de la empresa AHMSA, que fue la otra empresa que vendió su planta de fertilizantes, Agro Nitrogenados, a PEMEX. El dueño de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, fue detenido ayer en España y la FGR giró una órden de aprehensión en contra de Lozoya.

¿Por qué de pronto se aceleró el proceso jurídico y las acciones del gobierno mexicano en la investigación sobre las compras de PEMEX de las dos plantas fertilizantes?

Porque el gobierno mexicano quiere evitar quedarse como el chinito: no’mas milando como los estadounidenses sí actúan en contra de la corrupción en el caso Odebrecht, capítulo México. Es evidente que para el gobierno mexicano sería una vergüenza y una enorme incongruencia que, teniendo como bandera principal abatir y acabar con la corrupción, sean los americanos los que hagan el trabajo que este país ha sido incapaz de hacer.

Y es que el Departamento de Justicia y a la Securities and Exchange Commission (SEC) han recibido una demanda en contra de la compra que hizo Pemex de Grupo Fertinal y de Agro Nitrogenados por un monto de 635 millones de dólares por la primera y de 275 por la segunda, por un total de 910 millones de dólares.

El monto es investigado por el sobreprecio pagado por PEMEX tomando en consideración el valor de los activos de ambas empresas en ese momento. En un informe de los auditores independientes BDO que realizaron sobre la situación financiera de Pemex Fertilizantes a la que tuve acceso se puede ver que Pemex pagó $15 millones de dólares a los socios de Fertinal por los activos de la empresa y solicitó un crédito por el valor mercantil. Tan solo esta decisión significó pagar un sobreprecio de $188 millones de dólares por Fertinal que se convirtió al año siguiente de la compra en una pérdida, un pasivo, para el ejercicio contable del 2016.

Tanto el Departamento de Justicia de EU como la SEC consideran que esta venta está sujeta al Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), ya que la deuda de Pemex cotiza en Estados Unidos y el público inversionista lo centra en su jurisdicción.

El FCPA castiga con cárcel a quienes corrompen a un funcionario público en detrimento de la empresa y sus inversionistas en capital o deuda. En este caso, el soborno investigado es por un detrimento posible de PEMEX y sus tenedores de bonos.

En los próximos días se harán públicas estas investigaciones del Departamento de Justicia de EUA y de la SEC y el gobierno mexicano podrá decir que ya ha estado trabajando en esta investigación también, vía la FGR, la SFP y la UIF.

 

Este es el informe de los auditores independientes de Pemex Fertilizantes en donde queda claro el sobreprecio pagado por Grupo Fertinal que menciono en mi columna.

 

 

 

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La renuncia de Germán Martínez a la Dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la primer renuncia al gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Sí, han salido otros integrantes. Simón Levy de Sectur y Patricia Bugarín de la Secretaría de Seguridad, pero no eran los titulares de las dependencias. Clara Torres tampoco era titular de secretaría cuando renuncio a la dirección del programa de Estancias Infantiles.

La de Germán Martínez es la primer salida que se da con casi total claridad. Nada de irse por las ramas de que son motivos personales; nada de un cese disfrazado de renuncia. En su carta de once cuartillas deja en claro que el manejo del presupuesto del IMSS lo está haciendo Hacienda contraviniendo los estatutos del IMSS. Lo único que le faltó en su carta es poner los nombres y apellidos del Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa; de la Oficial Mayor, Raquel Buenrostro; y del Subsecretario, Arturo Herrera.

A estos tres nombres se podría agregar el del Director de Administración del IMSS, Flavio Cienfuegos, quien en lugar de reportarle a Germán Martínez como mandatan los estatutos, le reportaba directamente a Hacienda. Pero así ocurre con todas las secretarías de la 4T. Los titulares pueden nombrar a casi todo su equipo, salvo a los directores administrativos o de finanzas. A ellos los nombra Hacienda. Y eso no le pareció a Germán Martínez desde el día uno.

El primer Director de Administración del IMSS con Germán Martínez fue Pedro Zenteno Santaella. Las riñas entre ambos llevaron a una primer concesión de parte de Andrés Manuel López Obrador, quien quitó a Zenteno del IMSS y lo envió al ISSSTE para darle gusto al ex panista. Del ISSSTE movió a Flavio Cienfuegos al IMSS para ser el nuevo Director Administrativo. Pero como la esencia siguió siendo que el reporte de este director lo hiciera a Hacienda y que no hubiera ninguna decisión administrativa que no sea aprobada por la oficina de Carlos Urzúa, el cambio de persona no cambió la dinámica que acabó exasperando a Germán Martínez al grado de renunciar como lo hizo ayer. Con una carta explosiva.

La renuncia de Germán Martínez fue clara.

Tiene que ver con la esencia misma del proyecto de Andrés Manuel López Obrador: primero los pobres, declara desde hace décadas el presidente. Y, sin embargo, Germán Martínez reclama en su carta que desde la Secretaría de Hacienda se está decidiendo poner otras prioridades antes que la salud de los usuarios de los servicios del IMSS, que son en su mayoría quienes menos recursos tienen porque son quienes no pueden acudir a un consultorio médico privado.

Los recortes presupuestales y de personal han generado mayor deficiencia en la atención médica en los centros del Seguro Social, con personas a quienes se les retrasa meses la consulta y/o el acceso a los medicamentos, en el mejor de los casos.

AMLO sabe que su cambio anhelado implica mandar al diablo a las instituciones de lo que él considera el viejo régimen. Y eso es exactamente lo que está haciendo. En el caso del IMSS, López Obrador no va a hacer caso a los estatutos del Instituto. Quiere austeridad a como de lugar. Quiere tener delegados administrativos en los estados que le reporten a hacienda y si los estatutos del IMSS dicen otra cosa, peor para los estatutos, peor para el Consejo Técnico y peor para el Director del IMSS.

 

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En el Estado de México, concretamente en Valle de Bravo, en donde muchos residentes de la Ciudad de México pasan sus fines de semana, hubo una descomposición en materia de seguridad muy importante durante la parte final del sexenio de Felipe Calderón y principios del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Ante autoridades federales, estatales y municipales rebasadas por la situación, algunos empresarios, ciudadanos e integrantes de la iniciativa privada decidieron poner manos a la obra. Con el liderazgo de México SOS de Alejandro Martí, formaron una mesa de seguridad para reunirse periódicamente con autoridades locales y estatales para crear sectores en la zona que revisaran y controlaran las actividades del crimen organizado.

Valle de Bravo es un municipio operado por La Familia Michoacana. Cuando Eruviel Ávila comenzaba como gobernador la organización criminal logró tener buenos informantes dentro de la Secretaría de la Defensa y la policía federal. Por ello, cuando la IP decidió actuar para revertir la inseguridad, lo primero que pidió es que la Marina fuera quien operara en el municipio.

A cambio, este grupo de ciudadanos donó a la Marina un terreno en La Cuadrilla, ya en el municipio vecino de Donato Guerra, frontera con Michoacán. Ahí se comenzó con la capacitación de un grupo de sus integrantes para convertirlos en lo que hoy se conoce como los Navy Seals mexicanos.

En casi 8 hectáreas se han ido entrenado a más de dos mil elementos de la Marina en áreas de bosque con casas simuladas de secuestro y de laboratorios de drogas. La Cuadrilla es hoy el campo de entrenamiento más grande y moderno de la institución.

Y sin embargo, el destino de estos Navy Seals mexicanos está en riesgo por los cambios que vendrán con la entrada de la Guardia Nacional. El presidente López Obrador se empeña en decir que con él todo es distinto que en el pasado, pero en materia de seguridad parece empeñado en repetir errores de sus antecesores. Concretamente, queriendo cambiar una corporación de seguridad por otra sin tomar en cuenta los efectos negativos que ya se han visto antes.

Cuando Vicente Fox llegó a la presidencia creo la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, como el cuerpo encargado de atacar la inseguridad. Al terminar su sexenio y con la llegada de Felipe Calderón, la AFI desapareció y se creó la Policía Federal (PF). Algunos de los elementos de la AFI fueron absorbidos por la PF pero otros no. De los AFIs que quedaron en el desempleo surgieron grupos de secuestradores que fueron quienes planearon el secuestro y posterior asesinato de Fernando Martí.

Hoy, los Navy Seals mexicanos podrían sufrir la misma suerte y ser absorbidos, algunos, por la Guardia Nacional, lo mismo que las instalaciones de La Cuadrilla. Bajo la premisa de que la seguridad en Valle de Bravo ya está resuelta, los recursos de tiempo, dinero y esfuerzo, de las autoridades y ciudadanos en la zona van a ser tirados a la basura, lo que sería una lástima.

En Valle de Bravo se han controlado los secuestros que llevaron a este activismo de ciudadanos pero el gobierno de López Obrador parece olvidar que la seguridad nunca es un producto terminado.

 

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Estamos requetebién, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le preguntaron sobre la cifra de crecimiento del PIB para el primer trimestre que fue en realidad de decrecimiento: -2 por ciento. El peor trimestre desde 1995, cuando Ernesto Zedillo se inauguró con el tristemente famoso error de diciembre.

Compararnos, como lo hizo AMLO, con ese año resulta por sí solo indicativo del delicado momento por el que atraviesa el país. Pero por si esto no fuera suficiente, el presidente agregó – y ha repetido casi a diario – que la prueba de que estamos requetebién es la estabilidad cambiaria.

Y es cierto. El tipo de cambio peso/dólar está estable, pero lo está por la política monetaria del Banco de México que ha decidido mantener tasas de interés elevadas a la vez que las tasas de interés en Estados Unidos, fijadas por la Reserva Federal (la FED), están bajas. Tasas bajas que en el corto plazo no hay señales de que vayan a incrementarse. Ambos factores atraen dinero para activos financieros.

Es decir, esa estabilidad de la que presume el presidente López Obrador no tiene nada que ver con ninguna de sus decisiones. En cambio, en donde sí ha tomado decisiones, el panorama está más complicado. Esto es una afirmación basada en hechos y en la realidad, no es un análisis.

Está complicado porque la economía se frenó como si le hubiesen puesto un freno de mano en terreno plano, ósea, sin necesidad de aplicarlo. Se frenó porque la cancelación del aeropuerto, el desabasto que generó la lucha contra el huachicoleo, el anuncio de la construcción de la refinería de Dos Bocas y del Tren Maya han sido recibidos por inversionistas como una señal clara de que el gobierno está desarticulado. Esto ha generado desconfianza en los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, así como en los consumidores. Y la economía ha reaccionado de manera inmediata y brutal.

Pero el presidente insiste, estamos requetebién. El tipo de cambio está mejor que en los últimos meses de la presidencia de Enrique Peña Nieto, dice AMLO. Qué bueno que tengamos estabilidad cambiaria, pero quizás el presidente no sabe o cree que los demás no sabemos que las tasas de interés tan elevadas le cuestan al país.

Primero porque sigue creciendo el tamaño de la deuda pública. Segundo porque desincentivan la inversión privada. Tercero porque la combinación de ambos factores hace que el gobierno deba destinar más recursos para pago de deuda y para inversiones que podrían hacer los privados, pero el problema es que la cobija no da para tanto.

Ahora tenemos una economía parada que tiene solo dos mecanismos para ser reactivada: mediante la atracción de inversión privada o a través de un aumento a los impuestos. En esto último AMLO ha dicho que no habrá aumento de impuestos y en las inversiones privadas sus acciones las están desincentivando. Dado que las dos opciones se antojan poco viables, nos queda pensar en los imposibles, o en un milagro.

 

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Perdió la gubernatura, pero salió ganando. Ese es el caso de Carlos Lomelí, quien se enfrentó en julio del 2018 a Enrique Alfaro por la gubernatura de Jalisco bajo el emblema de Morena y perdió. Pero después Andrés Manuel López Obrador lo nombró súper delegado de Jalisco, con lo que no tiene la silla de gobernador, pero tiene la cartera federal bajo su control.

El argumento de AMLO fue que desaparecían los puestos de delegados para cada secretaría federal en los estados para dejarlo en manos de un solo individuo como medida de austeridad y combate a la corrupción. Pero Carlos Lomelí es la prueba de que los súper delegados son en realidad una figura que creo el nuevo gobierno para ser el poder dentro de las entidades no gobernadas por Morena.

Carlos Lomelí es además una muestra de que el cambio que promete AMLO de que en su gobierno no habrá empresarios favoritos, es una promesa que no se cumplirá. Es una muestra de que las fichas del juego se revuelven y caerán en manos distintas, pero seguirán existiendo los empresarios consentidos del gobierno.

Y es que cuando el presidente anunció en su conferencia matutina que tres empresas quedaban fuera de las licitaciones del gobierno en materia de medicamentos, Carlos Lomelí debió haber sonreído al saber que su propia empresa, Grupo Lomedic, sería la gran beneficiada. Él sería el ganón de que Fármacos Especializados, Dimesa y Maypo quedaran vetadas de las compras gubernamentales.

Grupo Lomedic es la mayor de las empresas de Carlos Lomelí dedicadas a la distribución de medicamentos. Ésta nació y creció cuando López Obrador fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Ahora podrá participar en licitaciones del gobierno sin la competencia de las tres empresas vetadas.

El IMSS es el tercer adquiriente público más grande de bienes y servicios en el país. Sólo Pemex y la CFE hacen compras mayores. A ello hay que sumar las compras de medicamentos del ISSSTE. Compras por las que el gobierno tiene fuertes adeudos, como lo ha reportado la ANDIS, Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud. En el caso del IMSS, tan solo para 2015 y 2016, hay adeudos por 5 mil millones de pesos. En el caso del ISSSTE, la deuda del 2018 es de 2 mil 600 millones de pesos.

 

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