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¿Qué le dijeron, de qué se enteró o qué vio Andrés Manuel López Obrador desde su triunfo hasta hace unos días para haber cambiado de opinión respecto al Ejército y su presencia en las calles?

De haber dicho que su estrategia de seguridad arrancaría por regresar al ejército a sus cuarteles, ahora ha presentado su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 mediante el cual anuncia la creación de una Guardia Nacional que será entrenada por y subordinada a los mandos militares.

Es decir, el Ejército no solo no regresa a sus cuarteles. Está aquí para quedarse y lo hará reforzado con 50 mil elementos que conformarán la Guardia Nacional.

En el Plan aquilata la crisis tan grave de seguridad que vive México aduciendo que es de proporciones no vista desde los tiempos posrevolucionarios. “El próximo gobierno recibirá una seguridad en ruinas y un país convertido en panteón.”

Nadie puede negar que la inseguridad está desbordada. Como dato al margen que refuerza esta situación, en estos momentos se está llevando a cabo el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán, con lo que por primera vez un narcotraficante extranjero está siendo sometido a juicio en Estados Unidos. Los demás criminales del narco que son extraditados a Estados Unidos se han declarado culpables y con ello han evitado un juicio y han buscado reducir sus condenas cooperando con las autoridades estadounidenses.

El Chapo no. El Chapo se ha declarado inocente y el primer testigo, Jesús Zambada García, quien fuera su Jefe de Logística durante años, cabeza del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México y hermano de Ismael Zambada, ahora está declarando en contra de El Chapo con lo que empezamos a conocer detalles sobre estos criminales que tienen a México como guarida de delincuentes y también, como dice el documento de AMLO, convertido en un panteón.

 

Columna completa en El Universal

Ricardo Monreal es líder de Morena en el Senado por una deuda con Andrés Manuel López Obrador. Monreal no solo quería ser el candidato de Morena a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, sentía que esa candidatura le pertenecía. ¡La había buscado desde el 2009! Cuando AMLO decide dársela a Claudia Sheinbaum para las elecciones del 1º de julio pasado, Monreal amenaza con abandonar el barco de Morena. AMLO lo convence de no hacerlo y le da a cambio la coordinación de la bancada en el Senado.

Ahora su senador le ha pagado el premio político con el anuncio de querer quitar las comisiones a los bancos. La tormenta política y económica no se hizo esperar. ¿Monreal se fue por la libre? Esa ha sido la gran interrogante. Si simplificamos los efectos del anuncio del senador morenista, irse por la libre parece la explicación más plausible ya que lo contrario significaría que AMLO de plano no ve venir los efectos de los actos de su futuro gobierno.

Basta tomar en cuenta que el gobierno mexicano debe los mismos dólares en deuda externa, pero muchos más pesos por la devaluación generada por el anuncio de Monreal. 521 mil millones de pesos adicionales, al tipo de cambio del lunes. Y esto tendrá repercusiones en la elaboración del presupuesto 2019 y el dinero que se quiera destinar para los múltiples planes de la Cuarta Transformación de AMLO.

Carlos Urzúa debe estar encantado con el senador Monreal.

Ese político ex PRIísta; ex PRDista, ex PTista y ex integrante de Movimiento Ciudadano que hasta hace poco brilló por su desempeño (es un decir) como delegado en Cuahutémoc, en donde, las obras de la Zona Rosa generaron la quiebra de varios comercios por la lentitud y el desórden en la que se llevaron a cabo. Además y por sus pistolas, quiso cancelar el rodaje de la película de Alfonso Cuarón, Roma, que acaba de ganar varios premios en el Festival de Cine de Venecia, argumentando que el rodaje no tenía los permisos que luego resultó sí tener. Durante el conflicto con el cineasta, funcionarios de la delegación robaron equipo a la producción, por cierto.

En sus tres años como delegado se peleó con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad cuando dieron a conocer los 24 contratos que una hija de Monreal obtuvo por trabajos en la delegación por un monto de 270 millones de pesos.

Del PRD Monreal salió expulsado cuando se le grabó en actos proselitistas apoyando a candidatos del partido Convergencia en Guerrero. De ahí, él y su hermano David, se afiliaron al PT. Ricardo llegó bajo las siglas de ese partido al Senado y David a la alcaldía de Fresnillo.

Actualmente está en campaña en contra del Poder Judicial, buscando se apruebe una iniciativa para que jueces y magistrados tengan periodos limitados en su encargo para así luchar, dice Monreal, contra el nepotismo y los cotos de poder.

 

Columna completa en El Universal

Después de la consulta que llevó a Andrés Manuel López Obrador a anunciar la cancelación del aeropuerto de Texcoco (NAIM), el presidente electo se sentó el lunes por la tarde a comer en Polanco con los principales empresarios que han invertido en este proyecto.

En la mesa estuvieron los titulares o representantes de Hermes Infraestructura, Carlos Hank y Alberto Pérez Jácome; de Prodemex, Olegario Vázquez Aldir y Antonio Boullosa; de Grupo GIA Hipólito Gerard; de ICA, Guadalupe Phillips (¡Viva una mujer entre los hombres!); Héctor Ovalle de Coconal; Juan Diego Gutiérrez Cortina de Epcor; Antonio Gómez de CICSA, representando al Ing. Carlos Slim, entre otros.

De ahí salieron los empresarios sonrientes, según reporta la prensa, ante la oferta que les hizo AMLO de finiquitar los contratos cubriendo los gastos no recuperables que ya invirtieron en el proyecto y la promesa de que su prioridad será recurrir a empresarios mexicanos durante el sexenio que está por arrancar para los futuros proyectos de infraestructura.

Así, estuvo el poder económico sentado en la mesa con el poder político en un restaurante en Polanco de la CDMX para resolver un tema que tumbó la Bolsa y el tipo de cambio con costos aun incalculables para México. Gran noticia que se pongan de acuerdo los empresarios y el futuro presidente, pero si eso no es la descripción exacta de una comida fifí, no se cuál sería.

Ahora quedan en la incertidumbre los más de 40 mil empleados que llevan trabajando en el NAIM desde el 2015; la forma como el futuro gobierno llevará a cabo las licitaciones y la visión que queda de México como un país poco confiable para las inversiones extranjeras.

Estas interrogantes serán importantes de resolver sobre todo para quienes están en el sector energético, en donde ya se escuchan pasos en la azotea de los contratos en el sector y el rumbo que seguirá la reforma energética.

Además, está la incertidumbre del propio mecanismo de consulta popular que AMLO y los suyos vendieron como un ejercicio de democracia directa cuando en realidad fue el regreso del dedazo; el capricho presidencial y el desdén por el Estado de Derecho y el imperio de la ley.

 

Columna completa en El Universal

Andrés Manuel López Obrador ha sido un genio de la comunicación. Ante el gran y justificado enojo de los mexicanos con el gobierno de Enrique Peña Nieto vendió una idea a la sociedad: o están conmigo o están con Peña y la mafia del poder que lo acompaña.

Y esa ecuación binaria se ha llevado a diferentes ámbitos. El más reciente ha sido el proyecto futuro de México y su aeropuerto, el NAIM. En el recién concluido proceso de consulta la opción que nos dieron pareció ser: o se estaba con Texcoco – ósea, Peña Nieto y su corrupción – o se estaba con AMLO y la democracia.

Blanco o negro; sí o no; AMLO o Peña Nieto; Morena o el PRIAN. En esa tesitura hemos sido colocados como país.

Y en este proceso binario o se está a favor de la austeridad o se quiere el despilfarro de recursos. No existe la posibilidad intermedia de querer un México desarrollado, echado para adelante, con ciudadanos que tengamos un nivel de vida más parejo, sin disparidades tan abrumadoras en el ingreso, posible a través de políticas transparentes y del buen uso de los escasos recursos públicos con los que cuenta el Estado.

¿Por qué no podemos pensar en un México que tenga no uno sino varios aeropuertos de primera para recibir a turistas con una buena imagen y lograr ser el puente de comunicación entre norte y centro y Sudamérica con toda la derrama económica que ello implicaría? ¿Somos incapaces de lograr proyectos de desarrollo ambiciosos y sin corrupción de por medio?

¿Por qué no podemos pensar en un México que tenga una educación de mejor calidad para que los jóvenes mexicanos puedan competir en México y en cualquier parte del mundo que elijan para lograr un mejor nivel de vida para ellos y sus familias?

 

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La Caravana Migrante lleva cruzando de Centroamérica a Estados Unidos desde hace quince años y, sin embargo, es hasta ahora que ha cobrado notoriedad. Coincide que en Estados Unidos habrá elecciones intermedias y que en ellas se anticipa pierdan los republicanos la mayoría de la Cámara de Representantes. Los aventurados dicen que los demócratas podrían incluso recuperar el Senado.

Y si algo detesta Trump, es perder. Así sea en una contienda intermedia difícil de ganar si tomamos en cuenta que en los últimos 150 años solamente ha ganado el partido del presidente las dos cámaras en dos elecciones (1934 y 2002).

Por ello Trump ha puesto a la Caravana Migrante como la mejor bandera para encender a los electores con la esperanza de que voten por los republicanos y no por los demócratas. Y en medio de este juego político, Trump ha colocado a México.

A través de twitter salió a decir que México no hace nada por frenar la Caravana y de ahí procedió a advertir que mandará al ejército a la frontera; a dar por terminada la ayuda internacional que Estados Unidos envía a Centroamérica y, en el extremo, ha vuelto a amenazar con dar por terminado el recién renegociado TLCAN, cuando ni siquiera ha sido firmado.

Al margen vale la pena anotar que la ayuda que Estados Unidos le envía a Centroamérica es una verdadera risa. El Salvador va a recibir en el 2018 $20 millones de dólares; Guatemala $53 millones y Honduras $15 millones, que por cierto llaman la atención dado que en 2017 recibió $175 millones. Solo para comparar, Iraq recibirá este año $467 millones de dólares que son una reducción después de haber recibido $3.5 mil millones de dólares en el 2017 y $5.3 mil millones en el 2016.

Pero dejando ese tema de lado, México vuelve a ser el saco de boxeo predilecto para golpearnos y ganar las simpatías de los electores estadounidenses. Con cualquier otro país la respuesta indignada de México sería sencilla y en automático. Con nuestro principal socio comercial y vecino, nos coloca en un complicado dilema: ¿Le hacemos el trabajo a Trump para evitar que el bully se enoje, con los enormes costos económicos que eso implicaría para el país si es que cumple su amenaza de cerrar la frontera y salirse del TLCAN, o nos comportamos como un país humanitario en el trato a los migrantes?

Para complicar un asunto de ya enredado, estamos a 37 días del cambio de gobierno en México con un presidente electo que actúa como si ya trajera puesta la banda presidencial. El próximo Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha dicho que no se usara la fuerza del estado para frenar el paso de los migrantes. Dicho sea de paso, éstos migrantes que buscan refugio en Estados Unidos, ni son criminales ni están infiltrados por terroristas de Medio Oriente, como ha declarado Trump y su Vicepresidente, Mike Pence, sin mostrar una sola prueba de ello.

 

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Partiendo de bases estrictamente legales, la consulta que propone AMLO es ilegal porque no se atiene al artículo 35 Constitucional. Éste establece que es un derecho de los ciudadanos votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, sujetas a ser convocadas por el Congreso a petición de: a) el Presidente de la República, b) el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras o c) los ciudadanos, en un número equivalente al menos al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores. La lista nominal al corte del 7 de septiembre es de 89 millones 408 mil 404 ciudadanos. El 2 por ciento equivale a un millón 788 mil 169 ciudadanos.

En este momento AMLO podría seguir una de tres rutas para que su consulta fuera legal: 1) que el 33 por ciento de los Diputados o de los Senadores convoquen a la consulta sobre el aeropuerto ya que su partido, MORENA, tienen el número suficiente para hacerlo o 2) juntar el 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal para que él, como ciudadano, pueda solicitar la consulta. 3) Incluso podría esperarse al 1º de diciembre para hacer esta solicitud ya como presidente y con ello cumpliría con una primera parte de los requisitos para llevar a cabo la consulta.

Además, AMLO tendría que esperar a la siguiente elección federal para que sea el INE quien organice la consulta en esa fecha. En este caso, las próximas elecciones federales serán en el 2021. Para que la consulta sea válida y vinculante debe participar al menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, es decir, 35 millones 763 mil 361 ciudadanos si tomamos el listado actual. Esos 35 millones son muchos más que el actual 1 millón de boletas que pretenden imprimir para la consulta de la semana que entra.

Si todo esto suena engorroso y complicado para AMLO, tiene otra alternativa: al tener mayoría en ambas cámaras y en más de 17 legislaturas locales, podrían los actuales legisladores modificar la constitución y acondicionarla para la consulta que está convocando actualmente. Pero ni siquiera teniendo esa alternativa a la mano busca hacer uso de ella. Cumplir con la ley simplemente parece no importarles.

Además de por ser ilegal, NO debemos participar en la consulta de AMLO porque ya se sabe de antemano la opción que prefiere el futuro Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. Él prefiere Santa Lucía y ha estado haciendo todo para empujar esa alternativa.

No solo citó incompleto un estudio de 2013 de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) para que parezca que ésta avala Santa Lucía, hace tres semanas fueron integrantes del equipo de transición a Montreal, cede de la OACI, a pedir un estudio nuevo que se inclinara por Santa Lucía.

En la OACI les entregaron una carta en la que aclaran que un nuevo estudio tomaría 4 meses para elaborarse. Podría ser igual de integral que el que ya dio a conocer MITRE en agosto pasado pero para ello la OACI tendría que recurrir a una subcontratación para obtener el modelaje de datos para los estudios sobre riesgos de aproximación entre el actual aeropuerto Benito Juárez y el de Santa Lucía. Las herramientas para este modelaje de datos no las tiene la OACI por lo que no viene en el estudio del 2013 que citó Jiménez Espriú.

 

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La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de integrar al Estado Mayor Presidencial (EMP) al Ejército es igual a proponer juntar el agua y el aceite. Se antoja inviable por varias razones.

La primera es la propia tensión que existe entre ambas instituciones. Tensiones que arrancan desde la primera aparición de lo que hoy conocemos como el EMP cuando en 1824 el primer Presidente de México, el general Guadalupe Victoria, creó una Ayudantía General.

Desde entonces y hasta la fecha EMP y ejército son agua y aceite. Basta tomar en cuenta que el día del Estado Mayor Presidencial, el 18 de febrero, es tal porque se conmemora la defensa que hace en 1913 del presidente Francisco I Madero cuando entran tropas del ejército encabezadas por el Teniente Coronel Jiménez Riveroll y el Mayor Rafael Izquierdo, bajo el mando del General Aureliano Blanquet a querer asesinar al presidente.

El Capitán Gustavo Garmendia y Federico Montes, miembros del EMP, son los que asesinan a los miembros del ejército para defender a Madero. Así que eso explica parte del origen de porque EMP y Ejército son como el agua y el aceite. Además, varios integrantes del ejército sienten que el EMP funciona como un cuerpo militar que está al servicio del poder. En el extremo lo llegan a considerar una especie de guardia pretoriana, aquella que cuidaba a los emperadores romanos.

El EMP, en sus distintas acepciones, han cuidado al presidente en turno, incluyendo a Benito Juárez, tan admirado por AMLO. Fue en la presidencia de Juárez cuando la intervención francesa obligó a trasladar el gobierno hacia el norte y ahí las funciones del Estado Mayor Presidencial las asumió un pequeño grupo de militares, una ayudantía, que se encargaron de su seguridad.

Así que hasta el más republicano de los presidentes tuvo al EMP para su seguridad. Antes, López de Santa Anna fue cuidado por algo un poco menos austero que llamó el “Estado Mayor de su Alteza Serenísima”.

Pero el problema para AMLO no parece tener que ver con austeridad y más con desconfianza de este cuerpo que ha formado parte de la historia de México. Desconfianza que parece provenir de un desconcimiento de su historia y su disciplina.

El EMP ha querido ser disuelto por otros presidentes, el más reciente, Vicente Fox, quien decía que no quería sufrir la misma suerte que Colosio a manos del EMP. Pero al final Fox se dio cuenta del valor para la figura presidencial y dejó en el olvido su intención de acabar con el EMP.

Ni las guerras, ni la Revolución ni el cambio de partido en el poder han hecho desaparecer al EMP. Una institución que es bastante desconocida para la mayoría de los mexicanos pero que tiene un enorme valor. Representa el trabajo entre diferentes corporaciones: la marina, el ejército y los civiles. Además debe coordinarse con los cuerpos de seguridad de otros países cuando hay visitas de mandatarios del mundo. Así lo harán el 1º de diciembre cuando asuma la presidencia Andrés Manuel López Obrador porque en ese momento todavía actuarán bajo las órdenes de Peña Nieto. Después del 1º de diciembre ¿quién sabe?

 

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El hartazgo ciudadano con el PRI llevó a un intermedio de 12 años de gobierno PANista encabezados primero por Vicente Fox y después por Felipe Calderón. Que regresen los que saben, aun si roban, fue la consigna de la elección del 2012 que ganó Enrique Peña Nieto.

Seis años de gobierno que fue voraz y bien descrito por el Economist como uno en el que no saben que no saben, acrecentaron el hartazgo ciudadano al grado de que un partido de conformación reciente, MORENA, logró arrasar la elección presidencial el pasado 1º de julio con la promesa de Andrés Manuel López Obrador de cambio, esperanza para México y un gobierno sin corrupción.

Parece que ha pasado una eternidad desde entonces. Tenemos a un ex presidente en funciones, como diría Rafa Pérez Gay, y a un presidente electo que parece estar tan en funciones que, sin haberlas asumido formalmente, sufre ya de un enorme desgaste. Él y su futuro gabinete.

El desgaste más reciente proviene de una frivolidad: la boda de César Yáñez, cercanísimo colaborador de Andrés Manuel López Obrador y próximo Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia. Una boda cuyas exquisiteces, como el menú y la música en vivo de Los Ángeles Azules, no dejan lugar a duda de los límites de la austeridad republicana predicada.

Pero más allá del fatuo festejo, criticable solamente por la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace, hay otros temas que preocupan porque han desgastado innecesariamente al futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador sin que éste comience aún.

En primer lugar está la cantidad de recursos públicos destinados para pagar sueldos y prestaciones de la burocracia. Es un tema que indigna. Por ello, anunciar que el 70 por ciento de los empleados de confianza van a ser despedidos y que el sueldo de los que queden se ajustarán a la baja a partir del salario presidencial que pasará de $209 mil 135.92 pesos a $108 mil puede sonar como música a los oídos de la opinión pública. Pero tomar esta medida sin acompañarla de una explicación técnica que defina por qué el despido del 70% de los empleados es el óptimo y por qué la reducción del 40 por ciento del salario es la adecuada se antoja más como un dogma que como una política pública.

En segundo lugar están los anuncios en materia de infraestructura. Condicionar que siga adelante la construcción de NAICM a una consulta pública que, de entrada obliga a la modificación del artículo 35 Constitucional, a la vez que se descartan los estudios especializados como el de MITRE sobre sus beneficios es de sí un foco rojo. Acompañarlo del anuncio de la construcción del Tren Maya y una refinería, sin que estas decisiones vengan acompañadas del rigor de impactos económicos, ambientales y de costos de aquello que implique utilizar fondos públicos, vuelve a tener un timbre dogmático. No es que se critique la inversión en el sureste del país. Es saber cuál, cuánta y por qué es la mejor.

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Mientras Canadá ha legalizado el uso recreativo de la marihuana a nivel nacional y mientras en Estados Unidos hay 31 estados y el Distrito de Columbia con marihuana legal con fines medicinales y otros 9 estados en donde ésta ya es legal con fines recreativos, en México seguimos tercos con la política prohibicionista.

Nos va a pasar como con la reforma energética, que para cuando decidimos abrir nuestra economía a la inversión extranjera el mercado más grande y vecino nuestro, Estados Unidos, ya nos había rebasado por la derecha gracias al shale oil y gas. Parece que estamos encaminados a cometer el mismo error en el mercado de la marihuana. También vamos a llegar tarde.

Hace tan solo cinco años tener un negocio de cannabis en Estados Unidos estaba muy mal visto. No había muchos bancos que quisieran prestar a empresas que quisieran empezar un negocio asociado a la marihuana; tampoco había muchos que quisieran invertir en ellos ni transportarla para los pocos emprendedores que decidieron aventurarse en este negocio.

Hoy hay dinero creciente en este mercado, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Ya no estamos hablando de empresitas metiéndole poco dinero al tema. Coca Cola ha anunciado que explora invertir en una bebida que contenga cannabis. Constellation Brands, dueños de la otrora cerveza mexicana Corona, va a invertir 4 mil millones de dólares en una empresa de cannabis canadiense.

Y está el caso de Tilray, una empresa de marihuana medicinal canadiense que ahora es socia de la gran farmacéutica Novartis, para mejores señas de cómo está cambiando el mercado de la cannabis dejando la estigmatización atrás. Tilray comenzó a cotizar en el índice Nasdaq en julio pasado a un precio de 17 dólares la acción. Hoy vale $115. Esto porque acaba de obtener un permiso de la FDA (US Food and Drug Administration) y de la DEA (Drug Enforcement Administration) para importar cannabis de Canadá a Estados Unidos. Tilray vale actualmente 12 mil millones de dólares.

Esta semana ha estado en México el Dr. Ernesto Zedillo y, después de una década de estudiar el tema y de preparar un documento junto con expertos en la materia como Catalina Pérez Correa y Alejandro Madrazo, llegó a la conclusión de que se equivocó cuando fue presidente de México al seguir una política prohibicionista.

La prohibición nos cuesta mucho dinero y muchas vidas. Todo a cambio de generar recursos para quienes comercian ilegalmente con las drogas. Tan solo el mercado de la marihuana está valuado entre 150 a 200 mil millones de dólares. Está bolsa de dinero la mueve el mercado ilícito en su mayoría.

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Ha pasado un año desde el sismo del 19 de septiembre y uno pensaría que las escuelas afectadas estarían ya rehabilitadas dada la solidaridad que vimos de autoridades y sociedad civil. El México generoso y humano de 1985 volvió a emerger con ese sismo que afectó nueve estados del centro y sur, sureste del país.

El problema, sin embargo, no ha quedado atrás. A pesar de que una semana después del terremoto el entonces Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentó un informe público en el que declaró que la reconstrucción sería lenta, “tomará entre dos y tres semanas”, es la fecha en que miles de alumnos siguen sin tener un aula adecuada.

El informe de Nuño mencionaba que el costo de reconstruir las 13 mil escuelas que habían sufrido daños y de rehacer las 577 que tendrían que tirarse y ser reconstruidas por completo sería de 13 mil millones de pesos aproximadamente.

Además, el entonces titular de la SEP informó que 70 mil escuelas ya habían regresado a clases. El problema fue que este regreso a clases fue en muchos casos a aulas provisionales que en realidad eran tráileres acondicionados como salón de clases, en el mejor de los casos.

Estos datos los tomo de dos periodistas, Irene Larraz y Nadia Sanders, quienes hicieron una investigación sobre la reconstrucción de escuelas desde el sismo de hace un año y lo narraron para un podcast de NPR, Radio Ambulante.

Dos semanas después del sismo, los 13 mil mdp presupuestados para la reconstrucción habían aumentado a casi 20 mil mdp. Pero el problema encontrado por Sanders y Larraz no fue solamente de presupuesto creciente e inexplicable. El mayor problema fue y sigue siendo la enorme burocracia. Es por ella que alumnos que fueron víctimas primero del terremoto, han seguido siendo víctimas, pero ahora de la incompetencia de las autoridades; excesiva burocratización y negligencia del estado.

Las periodistas fueron a la escuela Leonismo Internacional de la CDMX seis meses después del sismo. Ahí encontraron un ejemplo del desorden institucional de la reconstrucción. La escuela presentó unas grietas tras el sismo, por lo que la directora pidió la revisión del Colegio de Ingenieros, quienes consideraron que la escuela estaba en buen estado y entregó un dictamen en verde, es decir, favorable para poder hacer uso de las instalaciones.

Pero entonces llegó el gobierno y dijo que el Colegio de Ingenieros no era la autoridad competente para emitir esos dictámenes. El Director General de Obra era quien debía hacerlo. Llegó el DGO, revisó y puso el dictamen de la escuela en rojo, es decir, no apto para ser utilizado.

Diez dictámenes después y tremendo laberinto democrático de por medio, apenas el 23 de julio de este año es que la escuela fue demolida. La reconstrucción está pendiente, según la página de la SEP, que por cierto habla de que la escuela solo sufrió daño parcial.

Los alumnos han tenido que tomar clases en una lona encima del patio. Frío; lluvia; granizo; calor…no han logrado que las autoridades hagan su trabajo para que los alumnos puedan tomar clases en un lugar adecuado.

 

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Durante la campaña presidencial me tocó estar en un evento en el que pude preguntarle al empresario más cercano a Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo, si no le daba algo de coraje trabajar para impulsar un proyecto que se vende como democrático y transformador para lograr un mejor México y luego enterarse que entre las filas de los legisladores de ese movimiento estarían figuras como Napoleón Gómez Urrutia, acusado de robar 54 millones de dólares de los trabajadores sindicalizados que él representaba.

La respuesta de Romo se hizo viral. Comparó a Andrés Manuel López Obrador con Nelson Mandela.

Hoy que Andrés Manuel López Obrador ya es presidente electo, y por un amplísimo e histórico margen; que Napoleón Gómez Urrutia ya pudo regresar de Canadá y recibir el fuero de su senaduría; y que Alfonso Romo será el Jefe de Gabinete de AMLO, sería interesante hacerle varias preguntas en el mismo sentido de la de Napoleón Gómez Urrutia no solo a Romo, sino a quienes acompañan a AMLO en un proyecto que él mismo ha definido como la Cuarta Transformación de México.

Y es que, por lo que hemos visto del 1º de julio a la fecha, algo entre la promesa de transformar a México desterrando la corrupción y las viejas prácticas priístas que luego emuló el PAN y lo que vemos que hace y deshace el equipo de transición y el propio López Obrador, no cuadra.

No me remontaré al nombramiento de Manuel Bartlett como próximo director de la CFE. Esos y otros nombramientos polémicos han sido ampliamente abordados y criticados. Sí lo haré a la actitud de AMLO y sus cercanos que demuestran pensar que el triunfo tan abrumador en las urnas da licencia para todo, incluyendo la incongruencia.

El pleito entre la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, con el gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ha sido, en resumidas cuentas, porque Polevnsky quiso llegar a Morelos a decirle ‘al futbolista’ y ‘su españolete’ (José Manuel Sanz, representante de Blanco desde que era sí, un futbolista) qué hacer, cómo y a quién poner en ciertos puestos de mando en el estado. De paso, Polevnsky quiso regañar a Blanco por pretender comprar diputados locales.

 

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Hoy llega la delegación canadiense de nuevo a Washington a intentar llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Hay mucho optimismo respecto a lo que pase en estas negociaciones en el sentido de que al final Canadá acabará por sumarse al acuerdo.

Esto a pesar de lo mal que se llevan en lo personal la canciller canadiense, Chrystia Freeland, y el jefe negociador estadounidense, Robert Lighthizer. Ella ultra liberal y mujer; él un septuagenario conservador que, me comentan quienes han estado en las negociaciones en D.C., no entiende porque debe sentarse con una mujer a tratar temas comerciales.

Más allá de estas enemistades a las que podríamos sumar la de el propio Trump con Trudeau, México se encuentra en una posición terrible en estas negociaciones. Por un lado hemos aparecido como los que capitulamos ante Trump. Fue positivo porque al permitirle montar su show de la llamada telefónica con el presidente Peña Nieto en la Oficina Oval, lo contuvimos de darnos una patada en el trasero tanto a México como a Canadá. Pero aun así, la imagen de que cedimos de más en el sector automotriz y al permitir una Cláusula Sunset, que si bien se extendió, sigue violando el espíritu del tratado, arroja un mal panorama.

Además, no existe claridad de que estas concesiones nos lleven a tener un acuerdo con EUA ante la incertidumbre de si el congreso le permitirá a Trump negociar un acuerdo bilateral a diferencia del trilateral que es el que los republicanos y los sindicatos en EU prefieren.

Y aun peor, está el enorme problema que en México ha pasado desapercibido del sabotaje de Trump a la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Como bien sabemos y tanto han repetido las autoridades mexicanas, si el TLCAN muere, tenemos las reglas de la OMC para defendernos.

Resulta que así como en el plano nacional Trump siente que debe estar por encima de la ley y que por ello no tiene porque presentar su declaración de impuestos ni debe ser investigado por su posible colusión con Rusia o su gasto de recursos de su campaña y si éstos fueron utilizados para pagar el silencio de alguna mujer con la que sostuvo encuentros sexuales, en el plano internacional, Trump también quiere impunidad. No quiere que llegue un panel compuesto por jueces que no sean estadounidenses a decirle qué hacer respecto a sus prácticas comerciales.

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“No queremos que el legislador sea un personaje rodeado de excesos, privilegios y abusos; vamos a tener austeridad republicana y una gestión distinta para erradicar los moches, esa corrupción institucionalizada que tanto daño le hizo a México.” Esto fue parte de lo que declaró Mario Delgado al ser electo coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Menuda tarea le espera a Delgado porque si algo sabemos sobre nuestros legisladores, es el buen sueldo y las generosas prestaciones que reciben por su encargo.

Y es que ser legislador en México significa tener un sueldo de 119 mil 700 pesos al mes si eres diputado y de 164 mil 480 pesos al mes si eres senador. Por ello, lo primero que habrá que hacer apenas arranque la LXIV Legislatura el próximo sábado 1º de septiembre es modificar estos sueldos ya que nadie debe ganar más que el presidente que, a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, tendrá un salario de 108 mil pesos al mes.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) hizo un estudio sobre el costo de las legislaturas locales y, de nuevo, la generosidad del presupuesto público es de llamar la atención. Un legislador local recibe un sueldo promedio de 66 mil pesos mensuales, pero hay legisladores de algunos estados, como Guanajuato, en donde el sueldo vuelve a romper el tope del sueldo presidencial ya que ganan 159 mil 322 pesos mensuales. Para los legisladores guanajuatenses vendrá pues, una modificación al salario de acuerdo con lo que ha declarado el presidente electo.

Ahora, a lo anterior hay que sumar los costos por viáticos; bonos de productividad; las despensas; los bonos navideños; los bonos anuales especiales; los costos de gasolinas, lubricantes y aditivos para sus autos, los seguros médicos, los gastos en celulares, los gastos en asesores y un larguísimo etcétera.

Por si esto no fuese suficiente, tenemos que tomar en cuenta que, para los legisladores integrantes de alguna comisión, los sueldos y las prestaciones son aun mayores. Por ello, no sorprende el crecimiento exponencial que hemos visto a lo largo de los años de las comisiones que buscan dar cabida al mayor número de diputados y senadores en la jugosa labor de ser uno de sus integrantes.

El reporte legislativo de Integralia, que dirige Luis Carlos Ugalde, destaca que, de tener 27 comisiones en la Cámara de Diputados y 29 en el Senado en 1999, la legislatura LXIII que acaba de concluir, tuvo 102 comisiones en la Cámara de Diputados y 80 en la de senadores más 5 comisiones bicamerales, para un total de 187 comisiones legislativas. ¿Cómo nos comparamos con otros países? Solamente Nigeria y Filipinas tienen más comisiones legislativas en la cámara baja que México y en el senado, solamente Nigeria nos gana.

 

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