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A partir de este lunes 15 de abril inician las campañas para la elección de diputaciones y ayuntamientos en Aguascalientes, Baja California, Quintana Roo y Tamaulipas, las cuales concluirán el 29 de mayo.

En Durango, donde se elegirá a los integrantes de 39 ayuntamientos, las campañas iniciaron el pasado 10 de abril, pues su legislación establece distintos periodos de campaña y permite la reelección.

 En Aguascalientes, donde se elegirá a 109 autoridades de 11 ayuntamientos, para los municipios de menos de 30 mil habitantes las campañas comenzaron el 30 de abril y para el resto inician este lunes.

En el caso de Baja California, además de la Gubernatura, cuya campaña inició el pasado 31 de marzo, se elegirán 25 espacios en el Congreso, 17 diputaciones de mayoría relativa y ocho de representación proporcional, además de cinco ayuntamientos

Los habitantes de Quintana Roo elegirán 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 de representación proporcional. En la renovación del Congreso por primera vez se podrán reelegir los legisladores. Los tamaulipecos acudirán a las urnas el próximo 2 de junio para elegir 36 diputaciones: 22 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional. Por primera vez las y los diputados actuales podrán reelegirse.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, convocó a las y los contendientes de los procesos electorales en curso a conducirse con legalidad, mientras que a las autoridades les pidió evitar incidir en los comicios del próximo 2 de junio.

Córdova Vianello aseguró que el INE tiene listas las tarjetas para sacarlas si se llegaran a comprobar situaciones fuera del margen de la Ley.

El consejero presidente realizó una visita de trabajo al estado de Quintana Roo, en donde se reunió con consejeras y consejeros del Instituto Electoral estatal (IEQROO),

“La invitación es a que las y los candidatos que contenderán (…) presenten sus diagnósticos, sus plataformas, sus proyectos legislativos para convocar el voto de las y los ciudadanos; pero cuidado con que se utilice propaganda gubernamental, recursos públicos para incidir en los procesos electorales o con que algún funcionario público viole el principio de parcialidad porque actuará el árbitro electoral”, advirtió.

Subrayó que la fiscalización que realiza el INE será puntual y rigurosa, y adelantó que harán un seguimiento específico, pormenorizado y especial de las seis entidades en donde habrá elecciones el próximo 2 de junio, por lo que «están garantizadas las condiciones de equidad”, remató.

El Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de la Función Pública firmaron esta tarde un convenio de colaboración para evitar que los programas sociales a cargo del gobierno federal sean utilizados con fines político-electorales en los comicios federales y locales.

El convenio establece un mecanismo de colaboración entre la autoridad electoral y el gobierno federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, las instituciones se comprometen a desarrollar sus actividades de forma legal y transparente, y fortalecer los valores democráticos con el objetivo de impedir cualquier manipulación de los programas sociales en favor de algún partido o candidato.

El Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, subrayó que “no hay democracia cuando los programas sociales se usan con fines electorales”, por lo que se busca garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos y generar las condiciones para el ejercicio de un voto libre.

Enfatizó que el desvió de recursos públicos destinados a la población con mayores necesidades para fines político-electorales representa no sólo un acto ilegal sino también una grave vulneración a los derechos sociales y un ataque frontal a la vida democrática y a la cohesión social.

Córdova Vianello afirmó que el INE será implacable en la aplicación de las sanciones.

Por su parte la Secretaría del Bienestar y la de la Función Pública se comprometieron a proporcionar al INE toda la información relacionada con el padrón de beneficiarios de los programas sociales en las entidades que celebren elecciones; así como el procedimiento con base en las reglas de operación para la entrega de los beneficios establecidos en dichos programas, y la información necesaria sobre los servidores públicos encargados de distribuir los mencionados apoyos.

La titular de la Secretaría del Bienestar, María Luisa Albores González, aseguró que el dinero de los programas sociales nunca más debe de utilizarse con fines políticos o electoreros, por lo que no se va solapar delitos cometidos por los servidores públicos.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien participó como testigo de honor, reconoció que ha sido en la operación de los programas sociales y en el uso de sus recursos, donde se han producido los mayores problemas que han afectado a los mexicanos.

El pasado fin de semana, dieron inicio las campañas electorales para la gubernatura de Baja California, y con ellas, comenzaron a publicarse encuestas de preferencia electoral.

De acuerdo a la firma Massive Caller, si hoy fueran las elecciones, Jaime Bonilla, candidato de la coalición Morena-PT-PVEM-Transformemos, estaría alzándose con el triunfo con el 39.9% del apoyo ciudadano.

En segundo lugar, aparece el candidato del PAN, Oscar Vega Marín, quien se adjudica el 17.5% de la preferencia. Le siguen Héctor Osuna de Movimiento Ciudadano con el 9.2%; Ignacio Anaya del Partido de Baja California con el 6.6%; Enrique Acosta del PRI con el 5.5% y Jaime Martínez del PRD con el 3.2%.

El nivel de indecisos supera a todos los candidatos, a excepción del morenista, al registrar 18.2%.

Según el seguimiento que la casa encuestadora ha realizado, Bonilla Valdéz ha registrado un ligero ascenso en las preferencias, pues apenas el 30 de marzo pasado registró 39.0%.

El abanderado del PAN y de Movimiento Ciudadano también ha registrado un aumento en el apoyo ciudadano, al pasar del 13.6% al 17.5%, y del 6.2% al 9.2% respetivamente. En el resto de los casos, la preferencia ha ido ligeramente a la baja.

 

Foto: Twitter @noticiasenmicho

Este domingo dieron inicio de manera formal las campañas electorales en Puebla y Baja California, donde el próximo 2 de junio se elegirá gobernador y 5 ayuntamientos. Adicional en Baja California se elegirá a 25 diputados.

En el caso de Puebla, el INE será el encarado de conducir el proceso electoral, por lo que tendrá a su cargo la realización del debate entre candidatos, así como la operación del PREP y del Conteo Rápido. En Baja California será el instituto electoral local quien conduzca el proceso.

Las campañas en estas entidades concluirán el próximo 29 de mayo.

Se estima que 324 personas participen en Puebla como supervisores electorales, mil 881 como capacitadores asistentes; adicional se instalarán 7 mil 671 casillas. En Baja California habrá 176 personas supervisores electorales, mil 111 capacitadores asistentes electorales, y se instalarán 4 mil 937 casillas.

Adicional, en los estados de Aguascalientes (11 ayuntamientos); Quintana Roo (15 diputaciones de mayoría relativa y 10 de representación proporcional) y Tamaulipas (29 diputaciones de mayoría relativa y 14 de representación proporcional), las campaña comenzarán el 15 de abril próximo. En Durango (39 ayuntamientos) la campaña comienza el 10 de abril.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que autoridades de siete estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma vinculadas con un presunto esquema de financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI.

La investigación señala que del monto total, 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y 400 millones más a desvíos hasta ahora no revelados en otras 6 entidades.

MCCI recordó que el 21 de diciembre de 2017, The New York Times reveló el mecanismo del desvío de fondos públicos que se utilizó en Chihuahua para las campañas del PRI en 2016, con el presunto contubernio del entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda federal, que en ese momento era encabezaba por Luis Videgaray.

Los nuevos hallazgos indican que 12 empresas recibieron en 2016 transferencias equivalentes a 36 millones de dólares de los gobiernos priístas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México, así como del Congreso de Morelos y de la delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México.

De acuerdo a lo informado, el mecanismo para el desvío de fondos públicos se nombró ‘Operación Safiro’.

Según la información recopilada por MCCI, los mayores desvíos realizados aquel año a la red fantasma corresponden a las gestiones de los gobernadores priístas de Chihuahua, César Duarte (246 millones de pesos); Durango, Jorge Herrera Caldera (230 millones) y Sonora, Claudia Pavlovich (140 millones).
El Congreso de Morelos transfirió al menos 16.4 millones de pesos y el Gobierno de Colima, encabezado por José Ignacio Peralta, otros 15 millones. En la investigación se localizaron operaciones de la red fantasma en el Estado de México, en el periodo de Eruviel Ávila, así como en la gestión del priísta Jorge Alvarado en la delegación de Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México, aunque en ambos casos los montos documentados fueron mínimos.

 

Para consultar la investigación AQUÍ

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que la autoridad electoral no tiene ningún indicio de que dinero del narcotráfico haya sido utilizado en campañas políticas.

Las declaraciones surgen luego de que el abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán afirmara que el cártel de Sinaloa entregó sobornos millonarios a distintos gobiernos en México, y específicamente a Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

“No hay ningún elemento en ese sentido», dijo Córdova en conferencia de prensa. Señaló que hasta ahora se ha sancionado todas las irregularidades que se han detectado en materia de financiamiento de campañas.

Al respecto dijo que tal como lo dice la comunidad electoral internacional, México cuenta con el sistema de fiscalización para las finanzas de los partidos más robusto que existe en el mundo.

 

Este lunes se lleva a cabo la Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), para resolver dictámenes y quejas en materia de fiscalización de las campañas 2018.

Al respecto, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Códova, aseguró que nunca antes en la historia de las democracias modernas, un ejercicio de fiscalización había implicado el análisis de tantos gastos de campaña y tantas campañas.

Añadió que nunca antes se habían conocido tantas quejas en materia de fiscalización como ha ocurrido en esta ocasión.

Córdova añadió que en democracia, la rendición de cuentas es un fenómeno social y al transparentar todas las irregularidades de los partidos políticos, se está permitiendo a la ciudadanía conocer qué han hecho bien y qué han hecho mal.

Por su parte el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, indicó que al 22 de julio se recibieron 587 quejas relacionadas con las campañas de las elecciones 2018 tanto federal como de las locales.

Adicional señaló que únicamente el 20% de las quejas serán declaradas procedentes, pues las restantes serán infundadas debido a que no se presentaron pruebas.

 

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los dictámenes y proyectos de resolución sobre los informes de ingresos y gastos de las campañas electorales federales y locales.

La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto analizó los informes de 2,053 candidatas y candidatos a cargos de elección federal y de 15,646 a nivel local, lo que da un total de 17,699 candidaturas fiscalizadas.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, detalló que fue necesario analizar montos reportados como ingresos por 5,334 millones de pesos, así como gastos por 5,192 millones de pesos.

En el ámbito federal, las campañas electorales, que transcurrieron entre el 30 de marzo y el 27 de junio, recibieron ingresos por 2,686 millones de pesos y registraron gastos por 2,618 millones de pesos. Las campañas locales, por su parte, ingresaron 2,648 millones de pesos y gastaron 2,574 millones de pesos.

En lo que toca a las fuentes de financiamiento de las campañas, la fiscalización del INE permitió conocer que 4,709 millones de pesos provinieron del financiamiento público a los partidos políticos, mientras que 625 mdp fueron de origen privado a partidos y candidatos. El 88.3% de los recursos de las campañas fueron públicos y el 11.7% privados, lo que hizo posible que se vivieran campañas donde privó la equidad prevista en la ley.

En los trabajos de fiscalización, se detectaron 79 casos de rebase de topes de campaña por parte de igual número de candidaturas. De ellos, 9 corresponden al ámbito federal (una senaduría y ocho diputaciones); sin embargo, el Instituto adelantó que no hay riesgo de nulidad de elecciones en estos casos porque sólo se trata de dos candidatos ganadores que no excedieron en más de 5% el tope. Asimismo, se detectaron 70 rebases de topes en el ámbito local, ninguno de ellos de algún candidato a gobernador que hubiese resultado ganador.

Adicional el INE detectó gasto no reportado por 368 millones de pesos, de los cuales 203.5 millones corresponden a campañas federales y 164.5 millones a campañas locales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer los resultados finales del monitoreo que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM realizó a noticieros de radio y televisión durante la campaña presidencial.

Según el informe que abarcó del 30 de mazo al 27 de junio, periodo de la campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), entonces candidato de la coalición Morena-PT-PES, acumuló 753 horas con 44 minutos, lo que lo colocó como el aspirante con mayor cobertura.

El segundo candidato con mayor cobertura fue José Antonio Meade del PRI-PVEM-PANAL quien acumuló 707 horas y 15 minutos. En tercer sitio se encontró Ricardo Anaya del Frente con 672 horas y 56 minutos.

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, fue el cuarto candidato con mayor cobertura con 414 horas y 3 minutos. Margarita Zavala, quien comenzó la contienda aunque declinó su candidatura a los pocos días acumuló 283 horas y 31 minutos.

En total, a los cinco aspirantes presidenciales se les dedicó 2 mil 831 horas, con 30 minutos y 12 segundos.

La campaña de AMLO fue la que mayor número de valoraciones negativas recibió en materiales periodísticos al acumular 6,403.

 

Este proceso electoral será recordado como el más violento en la historia del país, ya que, hasta este miércoles que se cerraron las campañas, 134 políticos fueron asesinados: 45 de ellos eran precandidatos o candidatos a un puesto de elección popular.

Es decir, entre septiembre y junio hubo un promedio de 13 asesinatos políticos por mes o uno cada tercer día, según datos de la consultora en planeación política Etellekt.

En las últimas 96 horas hubo cinco hechos de violencia, entre ellos los homicidios de Emigdio López, aspirante a diputado local en Oaxaca por Morena, y Javier Ureña, alcalde interino de Buenavista Tomatlán, Michoacán.

El martes en Oaxaca, un grupo armado atacó con armas de fuego a Raymundo Carmona Laredo, candidato de la coalición ‘Por México al Frente’ a la presidencia municipal de San Pedro Pochutla.

En la mayoría de los casos hay abiertas líneas de investigación que apuntan a la delincuencia organizada como responsable de los homicidios contra políticos, precandidatos y candidatos.

Todos los eventos tienen características comunes: amenazas previas, las agresiones fueron directas, las víctimas fueron atacadas o levantadas de lugares públicos y, en su muerte, se usaron armas de fuego.

El domingo pasado, Janine Otálora, presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aseguró que los criminales están decidiendo quiénes aparecerán en la boleta electoral.

“Manos criminales están actuando de manera premeditada y deleznable para decidir, por la vía de la violencia, quiénes deben, o no, estar en la boleta electoral. No hay nada más alejado del ideal democrático que la violencia”, condenó.