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CARLOS LOMELÍ

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La Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos circulares por las que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las empresas productivas del Estado, entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con las empresa Lomedic, S.A. de C.V. y Laboratorios Solfrán, S.A.

La dependencia señaló que la sanción para ambas empresas, propiedad de Carlos Lomelí, exsuperdelegado del gobierno federal, será la inhabilitación por un plazo de 2  años y 6 meses.

Aclararon que los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con las empresas no quedarán comprendidos en la aplicación de la inhabilitación.

Adicional, la circular hace mención de una multa que las empresas deberá pagar a más tardar el día en que se cumpla el plazo de inhabilitación, ya que en caso de no cubrir dicho monto, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente.

Según la SFP, la multa a cada una de las empresas asciende a 1 millón 51 mil 500 pesos.

«Las dos empresas manifestaron que no contaban con ningún integrante que fuera servidor público, cuando en realidad una persona que en ese momento era diputado federal era integrante de las mismas, lo que incumple con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público», dijo la Secretaría a través de un comunicado.

Recordemos que investigaciones periodísticas revelaron que las empresas, propiedad del exfuncionario federal, pretendía participar en la compra consolidada de medicamentos para el segundo semestre de 2019 del gobierno federal; y aunque Lomelí Bolaños negó la información, la presión y polémica lo llevó a renunciar argumentando que con dicha decisión la SFP podría llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado de nueva cuenta sobre el caso del ex delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, quien renunció el pasado viernes, y ahora es investigado en la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Le recordaron al presidente el compromiso que hizo sobre supervisar detalladamente la entrega de contratos a particulares. Le indicaron que, si se hubiera revisado la entrega de los contratos, quizá no hubiera sido necesaria la separación del cargo de Lomelí y la investigación que ahora se sigue.

“Es que hay que ver bien la investigación, también para no hacer juicios sumarios, porque no es ajustícialo, condénalo y luego averiguas. No es así. Es que se haga la investigación y que sin influyentismo, sin impunidad, se castigue a los responsables, pero no adelantar vísperas, hay que esperar a que se haga la investigación”, expuso el presidente.

Añadió que la SFP está trabajando sobre el tema, y aseguró que la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, es una persona recta que no va a dejar pasar nada a nadie.

Fue en ese punto donde dijo que, quienes se quedaron con las malas costumbres y permanezcan en el gobierno, mejor se vayan y busquen “otra opción”. Reconoció que no se ha podido limpiar todo el gobierno de funcionarios que preferían la corrupción o el beneficio propio.

“En honor a la honestidad, a la congruencia, si no están de acuerdo con la política económica que estamos aplicando y con la política en general, es mejor que digan: voy a buscar otra opción, otra alternativa, o sea, no estar laborando en contra de la forma en que uno piensa o, mejor dicho, no estar en un gobierno que tiene una política distinta a la manera de pensar del servidor público”, expuso AMLO.

Aseguró que, aunque no es regla, lo que suele pasar es que quienes no están de acuerdo con los cambios, es por qué estaban acostumbrados a las prebendas y al lucro.

Acusó que los conservadores son muy corruptos, solo que, al ser también muy hipócritas, se dicen hasta gentes de bien. Señaló que cuando ha habido más saqueo ha sido en los periodos de gobiernos conservadores; “Son muy ladrones”.

Luego de que esta mañana la Secretaria de la Función Pública (SFP) informara sobre las investigaciones contra el ex delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dio a conocer cuáles son las conductas irregulares por las que podría ser sancionado el ex funcionario.

“Ya arroja indicios y datos de posibles conductas irregulares”, dijo la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, sobre la investigación a Lomelí, quien renunció al cargo el viernes pasado.

La organización recordó que las investigaciones contra Lomelí arrancaron el 22 de mayo pasado, luego de que se diera a conocer que Lomelí, junto con familiares y amigos, forma parte de una red de empresas que venden medicamentos a gobiernos.

De diciembre 2018 a abril de este año, cuando Lomelí ya era superdelegado, la empresa Abisalud, parte de esa red, recibió contratos por 164 millones de pesos del gobierno federal y otro de 36 millones con el gobierno de Veracruz.

La Secretaria de la Función Pública informó hoy en conferencia que hay cuatro investigaciones sobre las empresas con las que tiene vínculo Lomelí y tres más sobre conductas contrarias a la legalidad en que incurrió el ex funcionario.

El empresario farmacéutico ha incurrido en conductas sancionadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por las que podría ser inhabilitado para ejercer un cargo público hasta por 20 años y los contratos de las empresas farmacéuticas con el gobierno podrían ser anulados.

Lomelí pudo haber incurrido en actos ilegales como cohecho al obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público;  actuación bajo conflicto de Interés; enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés y  tráfico de influencias.

Podría, incluso, haber acciones penales contra Lomelí, dijo Sandoval Ballestero. “Se pueden aplicar estas penas que implicarían desde la destitución, sanción económica, inhabilitación del servidor público y dar vista a las autoridades penales competentes si es que la investigación arrojase en este sentido una línea de investigación”, remató.

Luego de la conferencia de prensa matutina que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, ofreció un mensaje sobre las investigaciones que se siguen respecto al presunto conflicto de interés en que habría incurrido Carlos Lomelí.

La funcionaria indicó que tan pronto lo ordenó el presidente López Obrador, la dependencia comenzó, a través de sus diversas áreas, las investigaciones correspondientes.

Sandoval Ballesteros dijo que al abordar el caso Lomelí, se dejaba en claro que con el gobierno que encabeza AMLO, hay un antes y un después en la aplicación de la justicia administrativa y la construcción la nueva ética pública.

Enfatizó que en la 4T no hay cabida para privilegios y para todo caso de conflicto de interés.

La titular de la SFP citó el Artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que indica que para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e Intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas, y que signifiquen un conflicto de Interés conforme a lo establecido en lo Ley General de Responsabilidades Administrativas. Adicional señala que los servidores públicos que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de los cuales hayan tenido información en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.

Luego de hacer referencia al artículo, Irma Eréndira Sandoval detalló los avances de la investigación.

  • Se tienen en curso siete investigaciones que arrojan posibles conductas irregulares por parte de Carlos Lomelí.
  • De las siete, cuatro se realizan sobre empresas relacionadas con Carlos Lomelí, y tres más se realizan sobre las conductas de Lomelí.
  • Se ha informado permanentemente al presidente.
  • El 8 de julio, se informó a Gabriel García, coordinador de Programas Integrales de Desarrollo de Bienestar, de la “necesidad y conveniencia de tomar medidas preventivas” para permitir el curso de las investigaciones, es decir, la separación del cargo de Lomelí.

Sandoval Ballesteros indicó que, tras los avances y acciones relacionadas con la investigación, recibieron con “beneplácito” la carta de renuncia de Lomelí.

Finalizó indicando que se llevarán las investigaciones hasta sus últimas consecuencias, ya que el gobierno de la 4T no se tolerarán los conflictos de interés, y que quien los tenga, no podrá trabajar en el gobierno.

Carlos Lomelí confirmó esta tarde que presentó su renuncia como delegado federal en Jalisco, para permitir que la Secretaría de la Función Pública (SFP) pueda llevar a cabo las investigaciones que se han abierto en su contra por posible conflicto de interés.

En entrevista televisiva, Lomelí indicó que desde el pasado 10 de junio ha sostenido pláticas con su jefe directo, Gabriel García, coordinador de Programas Integrales de Bienestar, y con la titular de la Secretaría, María Luisa Albores, a quienes planteó su renuncia. Adicional dijo, consultó la decisión con su familia y amigos.

El también  ex candidato a gobernador dijo que su renuncia busca que haya la libertad para que se hagan las investigaciones correspondientes, además de detener la «violencia mediática y política» con la que intentan dañar al gobierno federal.

Acusó que detrás de las acusaciones que se han hecho respecto a sus empresas y la relación de éstas con el gobierno está la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Lomelí enfatizó que el presidente de la República lo conoce bien, pues es su amigo, por lo que entenderá su decisión, y tendrá claro que ayudará desde la trinchera que elija a que avance la 4T.

Y es que, pese a negarlo, el hasta ahora superdelegado podría tener relación con la empresa farmacéutica Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), a la cual el gobierno federal ha otorgado contratos por más de 164 millones de pesos.

El superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí, contó con autorización en Banorte para retirar fondos de la cuenta bancaria de la farmacéutica con la que él alega no tener relación, según documentos contenidos en el expediente por el fraude en la venta de medicamentos a sobreprecio de Abisalud al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

Así lo dio a conocer esta tarde la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien tuvo acceso al expediente, y constató que Lomeló ha tenido acceso al manejo de una de las cuentas bancarias de la farmacéutica que ha negado como suya, y a la que el actual gobierno federal ha otorgado contratos por más de 164 millones de pesos.

Junto a Carlos Lomelí, su esposa Karina Lucía Navarro Pérez, una de sus empleadas y dos de sus colaboradores más cercanos tuvieron autorización para acceder a fondos bancarios de la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud).

La investigación de MCCI detalla que el 25 de enero de 2013, José Hiram Torres Salcedo, entonces dueño de la empresa Abisalud, aperturó una cuenta en el banco Banorte, dando como domicilio de la compañía el de la calle Chicle 205-1, en Parque Industrial El Colli, en Zapopan Jalisco, predio propiedad de Carlos Lomelí.

En el apartado donde se capturó la información del representante de la compañía, aparece José Hiram Torres Salcedo, actual regidor de Zapopan por Morena, pero proporcionando como correo electrónico el de laura.ortiz@lomedic.com. Este correo electrónico pertenece a Laura Elena Ortiz Rodríguez, administradora de Lomedic, empresa que Carlos Lomelí Bolaños sí reconoce como propia y de la que fue director general durante seis años.

Laura Elena Ortiz no es el único vínculo de Abisalud con el superdelegado. En el registro de firmas de la cuenta de Banorte fue especificado que Carlos Lomelí Bolaños y su esposa, Karina Lucía Navarro Pérez, están autorizados para disponer de los fondos que están depositados en ese instrumento bancario.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, pidió que se aplique la ley “sin distingo” en el caso del presunto soborno en la compra-venta de Fertinal, realizada por Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Consultado sobre la investigación que realiza Estados Unidos al ex presidente por recibir un presunto soborno de esta empresa de fertilizantes, Cortés Mendoza celebró que se esté avanzando en la investigación y pidió que “caigan todos los responsables”.

“Nosotros pedimos una aplicación de la ley sin distingo. Incluyendo a cualquier servidor público”, señaló el panista.

Sobre el mismo tema, Ángel Ávila Romero, integrante de la dirección nacional extraordinaria del PRD, confió en que se realicen las investigaciones correspondientes conforme a derecho.

“Nosotros somos los principales interesados en que los hechos del pasado y de la corrupción empiecen a tener un castigo para que no haya impunidad”, señaló.

Los dirigentes también fueron cuestionados sobre el caso de Carlos Lomelí, delegado de programas integrales de desarrollo en Jalisco, quien pretende vender medicamento a dependencias de gobierno.

Cortés Mendoza indicó que la Cuarta Transformación habla de combatir la corrupción en el discurso, pero no en los hechos.

“Ahí tienen a su ‘superdelegado’ en Jalisco que es servidor público y proveedor de medicamentos del gobierno en esta crisis de desabasto y de desatención en todo el sector salud”, abundó.

Ávila Romero confió en que se aplique la ley y se realicen las respectivas investigaciones. Dijo que en el caso de Carlos Lomelí, es algo muy claro.

«Ha sido señalado, investigado el crecimiento de sus empresas, de su riqueza, del monopolio que hay de los fármacos, pero cuando eres aliado de la ‘4T’, pareciera ser que no aplica el tema de que nadie por encima de la ley”, remató.

Luego de la columna publicada este miércoles en el diario El Universal (Carlos Lomelí, ¿no que no?), el delegado federal en Jalisco emitió un comunicado respondiendo a los señalamientos.

Lomelí insistió en que refrendaba su palabra y compromiso con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre que sus empresas no venderán ningún medicamento al Gobierno Federal.

Indicó que su empresa: Laboratorios Solfran S.A. no participó en la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-012000991-E82-2019, y que tampoco estaba en el interés de la empresa competir en dicho proceso. «En ningún momento se presentó propuesta de venta ni se presentará, por lo que es falsa su afirmación».

Sin embargo, el Acta de Junta de Aclaraciones emitida por la Secretaría de Salud, y de la cual www.anapaulaordorica.com tiene copia, señala que «se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, 45 fracción II de su Reglamento, así como al numeral 3.2 de la Convocatoria, las solicitudes de aclaraciones a la convocatoria y el escrito de interés de participar, a través de CompraNet, de los siguientes licitantes«, en donde Laboratorios Solfran aparece en la posición 199.

En el campo de «ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR PRESENTADO A TIEMPO«, se señala que Solfran «Si lo presenta«.

Pese a ello, Lomelí explica que la Secretaría de Hacienda convocó a toda la industria farmacéutica para dar a conocer las demandas del Sector Salud para lo que resta del año, siendo una invitación abierta a todos los laboratorios del país.

Llama la atención el interés de la empresa a informarse, si como sostiene Lomelí, «mis empresas no venderán ningún medicamento al Gobierno Federal«.

El morenista añade en su escrito que un representante de su empresa asistió a la reunión informativa, aunque «jamás se oficializó en ningún escrito que la asistencia era una condición para participar en la compra consolidada. Al contrario, era una reunión sobre la industria nacional».

Aquí el documento emitido por Carlos Lomelí

Una semana más llegó a su fin, y por eso te presentamos el recuento de las noticias que ocuparon los principales titulares en nuestro país.

LUNES

El diario El País difundió la investigación sobre el presunto conflicto de interés en que incurre el empresario Carlos Lomelí, excandidato a gobernador en el Estado de Jalisco por Morena y quien actualmente se desempeña como superdelegado del Gobierno federal en aquella región.

Lomelí es señalado por estar en el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas controladas por 11 familiares, dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el funcionario solo reconoce como propias cuatro de esas compañías.

MARTES

Germán Martínez Cázares, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó al Consejo Técnico su renuncia al cargo.

A través de una carta, Martínez señaló que quería hacer unas manifestaciones, que pedía quedaran íntegras: el IMSS redistribuye en sus servicios más de mil millones de pesos diarios. En un mes puede gastar más que la UNAM en un año. Desde cuidados prenatales antes de nacer, hasta tratamientos paliativos antes de morir. Por eso, controlar en exceso esos recursos, que son de trabajadores y empresarios, sin racionalidad y sin apego a las normas del IMSS, puede acabar con esa dinámica de solidaridad social propia del Instituto.

MIÉRCOLES

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a Zoé Robledo como nuevo director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El anuncio se da luego de que Germán Martínez presentara su renuncia como director del IMSS.

Robledo se desempeñaba como subsecretario de Gobernación. «Es uno de los mejores servidores públicos que tenemos, es de lo mejor, por eso lo invité a participar como director», dijo AMLO.

JUEVES

La Cámara de Diputados aprobó los cuatro dictámenes a las minutas sobre las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional.

Según lo expuesto en tribuna, el apoyo llega pues las leyes reafirman el carácter civil de la institución, establecen sus funciones y objetivos, protegen los derechos humanos, regulan el uso de la fuerza y crean el registro de detenciones.

Tras aprobarlas, las leyes fueron remitidas al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

VIERNES

Luego de que la lista de periodistas favorecidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto con cifras de dinero muy elevadas fuera entregada por Presidencia al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la información fue dada a conocer por Grupo Reforma.

De acuerdo con la lista, el monto de lo entregado en recursos públicos a los periodistas fue de 1,081 millones 715 mil 991 pesos, entre gastos de publicidad, comunicación y “otros servicios”.

El delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, emitió un comunicado en el cual habla sobre los señalamientos en su contra, por incurrir en supuestos conflictos de interés, al tener participación en una red de empresas farmacéuticas, en especial con Abisalud.

El delegado afirmó que persisten quienes buscan ensuciar la exitosa ruta de la Cuarta Transformación(4T) que ha trazado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Aprovechó su comunicado para insistir que ni él ni algún miembro de su familia forma parte de la empresa Abisalud. «Nadie de nosotros, participa de forma alguna en licitaciones o ventas para gobiernos».

Reiteró que está dispuesto a colaborar con las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones necesarias.

«Rechazo tajante las intenciones de desacreditar a mi persona, a mi familia y al proyecto de nación por el que luchamos» añadió Lomelí.

Sin embargo, fue este mismo jueves que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló una nueva relación del delegado federal con la empresa farmacéutica.

Señalan que Juan Carlos Tadeo Martínez Ramírez, esposo de una diputada de Morena, es accionista mayoritario de Abisalud, y quien además funge como apoderado legal en cuatro empresas que Carlos Lomelí reconoce como propias.

Tadeo Martínez, esposo de la diputada local en Jalisco por Morena, Érika Pérez García, recibió las acciones de Abisalud tras la renuncia de José Hiram Torres Salcedo, quien actualmente se desempeña como regidor de Morena en Zapopan.

MCCI destaca que Torres Salcedo fue secretario particular de Carlos Lomelí y compitió como candidato para alcalde de Zapopan en los comicios de 2018.

Los coordinadores parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados pidieron que las autoridades investigar, de forma inmediata, la presunta red de empresas que venden medicamentos de forma directa a gobiernos estatales y dependencias federales, relacionadas a Carlos Lomelí, delegado del Gobierno federal en Jalisco.

El llamado llega luego de que se diera a conocer la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y que fue difundida en medios, donde se señala dicha red de empresas y su relación con el funcionario estatal.

Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PRD y MC solicitaron que “el Gobierno Federal explique el eventual conflicto de interés entre ser funcionario federal y proveedor del gobierno en varias entidades de la República”.

Indicaron que el tema no es partidista, ni de grilla o politiquería, como ha sido calificado por el propio presidente, sino que requiere respuesta inmediata, debido al cargo que actualmente desempeña Lomelí Bolaños.

Destacaron que, de acuerdo a la investigación, Lomelí Bolaños reconoció a las empresas: Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran y Laboratorio Bioterra; sin embargo, también se le relacionó con cuatro empresas más: Grupo Quiropráctico del Bajío, Lo Vending, MC Klinical, Proveedora de Insumos Hakeri, que no fueron reconocidas.

La empresa restante con la que se vinculó en su venta, es: Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), que desde diciembre de 2018 a la fecha, la actual administración le otorgó ocho contratos por 164 millones de pesos debido a la venta de medicamentos.

De estos contratos, “seis fueron otorgados mediante adjudicación directa, como el caso del gobierno de Veracruz, quien asignó directamente un contrato por 36 millones”.

En ese sentido, los coordinadores de oposición exigieron que se investigue a los gobiernos que otorgaron dichos contratos: Veracruz, Chihuahua, Guanajuato, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Chiapas, Sonora, Michoacán, Aguascalientes y Nayarit.

Asimismo, al Instituto Nacional de Pediatría, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado este martes sobre las acusaciones a su delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, por presuntos conflictos de interés.

Lomelí es señalado por estar en el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas controladas por 11 familiares, dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el funcionario solo reconoce como propias cuatro de esas compañías.

Ese grupo farmacéutico ha vendido miles de millones de pesos en contratos gubernamentales en siete años (2012-2019). Tan solo una de esas compañías, Abastecedora de Insumos para la Salud, Abisalud, ganó, en lo que va de 2019, más de 164 millones de pesos, adjudicados por el Gobierno Federal encabezado por López Obrador.

“Es parte de una confrontación política que existe. ¿Saben cómo se le llama a esto? Coloquialmente grilla o más elegantemente politiquería”, minimizó AMLO el tema.

Sin embargo, insistió que su gobierno no va a permitir la corrupción de nadie, sea quien sea. Dijo que no va a haber impunidad, aunque dijo, “a nosotros no nos importa” que haya encarcelados.

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