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Los senadores del Partido Verde propusieron reformar las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE), para castigar a quien obligue, presione o amenace a renunciar a una candidatura o cargo de elección popular.

La propuesta contempla que se sancione con una multa de 200 a 400 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y de dos a nueve años de prisión, a quien “por sí, por interpósita persona o por cualquier medio, ejerza violencia, amenazas, intimidación, presión o engaño” para que una persona renuncie a una candidatura o a un cargo de elección popular.

La propuesta del PVEM llega luego de que se supiera que en Chiapas se presionó y engaño a diversas mujeres para que renunciaran a su cargo, con el fin de que un varón ocupara dicho encargo, esto dado que las candidaturas se postularon atendiendo las reglas de paridad de género. Este caso fue conocido como las “Manuelitas” de Chiapas.

Al respecto la senadora Gabriela Benavides Cobos indicó que la pena podría aumentar hasta en una mitad cuando el sujeto pasivo de la conducta sea mujer.

El candidato presidencial de la coalición “Juntos haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), criticó la indirecta que el PRI le envió en su nuevo spot, sobre presuntamente no querer aplicar la ley para castigar a los delincuentes.

 

AMLO dijo que si siguen insistiendo en esa idea, en una de esas les tomará la palabra a pesar de comulgar con la idea de no perseguir políticos, pues reconoció que la venganza no es su fuerte.

 

 

“Dicen ellos que se aplique la ley a los delincuentes, me están cucando, mejor que se queden callados, tranquilos, serenos, que no estén con esas cosas”, dijo en un breve encuentro con los medios de comunicación en su visita por Nuevo Laredo.

 

Cuestionó que quienes son los más corruptos en México, son los políticos corruptos del PRIAN; dijo que así como hay huachicoleros abajo, están también los de arriba, pues la corrupción en México se da de arriba para abajo, afirmó que entre más elevados más corruptos, por lo que a los de la mafia del poder no le conviene mover ese tema.

 

En el spot que el PRI comenzó a pautar esta semana, se hace referencia a la postulación que Morena hiciera por la vía plurinominal al Senado de Napoléon Gómez Urrutia; el spot del tricolor también incluye la imagen de Elba Esther Gordillo, a quien acusan de tener un pacto con el morenista.

 

Durante su visita por Cancún, Quintana Roo, el precandidato presidencial del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, anunció esta mañana que las fuerzas políticas que integran esta coalición presentarán una iniciativa de reforma que obligaría a corruptos y delincuentes a devolver al erario los recursos y bienes obtenidos ilícitamente.

 

“Ampliaremos y aplicaremos la suspensión e inhabilitación máxima a funcionarios públicos corruptos. Quienes cometan actos de corrupción tendrán que reponer lo robado y quedarán inhabilitados para participar en procesos de contratación; no sólo quedarán inhabilitados de participar en el servicio público”, indicó el ex titular de Hacienda.

 

Meade pidió a los partidos que lo postulan presentar una iniciativa basada en los siguientes puntos:

  • Confiscación de dinero, propiedades y bienes de funcionarios corruptos, no solamente los que estén a su nombre sino aquellos en donde se ostenten como propietarios, aunque los tengan registrados a nombre de terceros.
  • Cárcel con pena máxima ampliada para los corruptos.
  • Creación de una instancia que certifique las declaraciones patrimoniales y de impuestos de funcionarios, a fin de que haya consistencia y evolución lógica entre los cargos desempeñados, ingresos obtenidos, bienes y recursos con los que se cuente.

 

Sobre los señalamientos que ha recibido sobre el origen de sus recursos, Meade aseguró que “mi trabajo explica lo que soy y lo que tengo, puedo acreditar de qué vivo y cómo lo he obtenido, y en ello nunca ha habido ninguna simulación. Por educación y por convicción, estoy contra toda forma de corrupción, en particular si ésta viene de quien debe de servir a la sociedad”.

 

Respecto a la confiscación de bienes y dinero, Meade explicó que lo que busca es que las personas que hayan cometido actos de corrupción, tengan la obligación de demostrar que su patrimonio es lícito y, en caso contrario, se le incautarían estos de manera inmediata. “El mecanismo es sencillo: quien no pueda explicar el origen de sus bienes los perderá en beneficio de las obligaciones del Estado”, para lo cual se contemplaría la habilitación de fiscales especializados para ejercer la extinción de dominio de manera ágil, equilibrada y justa, subrayó en esta ciudad.

 

Pese que a dentro del PRI hay figuras de exgobernadores que han sido acusados de enriquecimiento ilícito, Meade dijo que, quien haya abusado de la confianza y el esfuerzo de la gente en el ejercicio de sus responsabilidades dentro del servicio público, se le aplicará todo el peso de la ley.

 

“El combate a la corrupción no puede esperar, por lo que hago un llamado también a los otros precandidatos, a las otras coaliciones y a los otros partidos políticos, a que también se sumen e impulsen esta iniciativa”, expuso el ex funcionario público.