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La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó ante la la Corte Interamericana de Derechos Humanos  (CoIDH) un Amicus Curiae por el caso de desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, ocurrido presuntamente por elementos de las Fuerzas Armadas en 2009 y otros casos que se suman a la lista en nuestro país, con el propósito de aportar elementos, principalmente de contexto, que puedan ser jurídicamente relevantes al momento de emitir la sentencia.

La CDHDF expuso entre sus argumentos que hay una violencia generalizada en México, misma que se ha incrementado con la presencia de las Fuerzas Armadas en puntos específicos del país y donde se ha acreditado la perpetración de vulneraciones graves como ejecuciones, tortura y desapariciones forzadas, además de que, en algunos casos, las víctimas terminaron siendo sujetas a un procedimiento penal.

De igual forma,  la CDHDF consideró que la estrategia de militarización establecida por el Gobierno federal no ha tenido un impacto real en la disminución de la delincuencia, por el contrario, se ha documentado la violación sistemática de los derechos humanos.

La Comisión reiteró su preocupación por la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, ya que casos como el presente, a la luz de dicho marco normativo, terminarían siendo invisibilizados y tolerados con la justificación de acciones estatales encaminadas a mantener la “seguridad interior”.

En este contexto, el Amicus Curiae argumentó que, el juicio de amparo no es un recurso que sea efectivo cuando se trata de delitos de desaparición forzada, lo que se agrava cuando son Fuerzas Armadas las señaladas.

Por ello, la CDHDF espera que la CoIDH establezca medidas de no repetición que contribuyan a que no haya más víctimas de desaparición forzada en nuestro país.

 

Redacción APO / Foto: Twitter

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informó que esta tarde interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una Controversia Constitucional en contra de la recién aprobada Ley de Seguridad Interior.

 

 

Acompañada por el cuerpo directivo de este Organismo, la Presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez Hernández, hizo entrega del documento en el que argumenta que los Artículos 31 y Tercero Transitorio afectan la competencia de la Comisión, porque no le permite cumplir con su objetivo de garantizar los derechos humanos de quienes habitan y transitan por la capital del país.

 

De acuerdo a lo que indicó el organismo, en los artículos mencionados se establece la obligación de proporcionar la información que genere, administre o tenga en posesión la CDHDF, no obstante de quien se trate ni de la condición que tenga como víctima, ni la vulneración de la que haya sido objeto, lo cual genera una situación de riesgo al individuo.

 

Por considerar “la trascendencia nacional e internacional” de dicha Ley, la CDHDF también solicitó al Máximo Tribunal la realización de audiencias públicas para su análisis y discusión, así como atención prioritaria al tema.