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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió de forma provisional la política de la Secretaría de Energía (Sener) que limita la producción eléctrica renovable de los privados.

En lo que resuelve la constitucionalidad del acuerdo, la SCJN concedió esta medida cautelar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que la semana pasada presentó una controversia constitucional.

El efecto es «que se suspendan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo», indica este lunes la lista de notificaciones de la SCJN.

Esta es la primera vez que la Suprema Corte reacciona a la política de la Sener.

En el último mes, jueces federales suspendieron de modo indefinido el acuerdo y el del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), publicado el 29 de abril, tras un amparo de la asociación Defensa Colectiva y otro de Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Con el argumento de garantizar la «confiabilidad» y «estabilidad» del sistema eléctrico, ambos acuerdos restringen las energías renovables por considerarlas «intermitentes» para priorizar a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La Cofece impugnó la política de la Sener ante la SCJN porque «violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución».

En particular, la Cofece consideró que es «contraria» a los artículos 16, 28 y 133 de la Constitución, así como a las leyes del sector eléctrico.

La SCJN admitió a trámite el recurso de la Cofece el jueves pasado, aunque lo notificó de manera pública este lunes.
«La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente», explica la notificación.

Tras conocer la decisión, la titular de la Sener, Rocío Nahle, respondió que el «Ejecutivo tiene obligación de otorgar seguridad y custodia del sistema energético» en México.

«El Gobierno de México es respetuoso de las decisiones del poder judicial, cualquier controversia vamos a combatirla en los tribunales con argumentos sólidos para mantener la confiabilidad del SEN», publicó Nahle en sus redes sociales.

La SCJN otorgó un plazo de 30 días hábiles para la respuesta de la Sener.

La Secretaría de Energía (Sener), que encabeza Rocío Nahle, aseguró que “combatirá” de decisión de un juez de suspender el acuerdo sobre la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional que días atrás había publicado.

Y aunque dijo que el gobierno federal respeta el Estado de Derecho y promueve el interés general de todos los mexicanos, adelantó que presentará ante el Poder Judicial la motivación y fundamentos de dicho acuerdo.
“La Constitución estableció como responsabilidad y atribución exclusiva de la nación, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional”, dijo la dependencia. “La transmisión y distribución eléctrica son consideradas, por mandato constitucional, áreas estratégicas y de interés público, a cargo del Estado”.
Afirmó que la Política de Confiabilidad establece criterios técnicos para la incorporación confiable, progresiva y acelerada de la energía de cualquier técnica de generación incluyendo las renovables, destacando también la generación distribuida, la electromovilidad, redes inteligentes y reservas de capacidad operativa.
Señaló que la realidad en el desbalance energético se observa, como se otorgó de manera irresponsable y sin planeación un sinfín de permisos de generación eléctrica, que duplican la demanda máxima instalada instantánea del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que dijo que la Política de Confiabilidad dará certeza a los proyectos que cumplan con los requisitos que se establece.
«Ningún derecho económico prevalecerá sobre el interés general y de la Nación, cuando éste afecte el suministro confiable de electricidad, porque es un servicio necesario, estratégico y de seguridad nacional, que debe garantizar el Estado para todos los mexicanos», dijo la Sener.

Recordemos que las nuevas disposiciones llevaron a Canadá y la Unión Europea a plantear formalmente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador su preocupación a través de cartas diplomáticas. Además, los principales grupos empresariales argumentan que las normas golpearán la confianza de los inversores y frenarán el crecimiento de la energía renovable.

El Juez Primero Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza, suspendió de manera indefinida, el acuerdo por el que Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), busca controlar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y frena las inversiones de energía limpia y renovable.

Con la resolución del juez, quedan anuladas las medidas contenidas en la política de confiabilidad publicada en mayo pasado por la Sener y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

La suspensión se debe a que fue concedió un amparo a favor de Defensa Colectiva, A. C, asociación que interpuso el recurso en contra el acuerdo publicado.

“Al establecerse barreras de entrada al mercado eléctrico mayorista, éste no podrá servirse de los beneficios de la libre concurrencia y competencia económica, pues podría generarse una barrera de entrada a las centrales generadoras de energía limpia, y un fortalecimiento anticompetitivo de las centrales convencionales, que ya tienen determinada posición en el mercado o que, a diferencia de las eólicas o fotovoltaicas, sí podrán entrar en operaciones o permanecer en el mercado durante la vigencia de los actos reclamados, al menos con mayor facilidad”, señaló el juez Rodrigo de la Peza.

Con esto, el acuerdo no podrá entrar en vigor hasta que el juez dicte su sentencia de amparo o, si la Sener impugna, hasta que un Tribunal Colegiado resuelva si la confirmará o no.

Recordemos que el acuerdo del Cenace fue publicado en abril pasado, y suspendía de manera indefinida las pruebas necesarias para que las plantas de generación eólicas y solares entraran en operación, argumentando de que ponen en peligro la estabilidad del sistema eléctrico durante la emergencia sanitaria por coronavirus.

Según especialistas en la materia y asociaciones de compañías energéticas, los acuerdos de Sener y Cenace ponían en peligro 44,000 millones de dólares de inversión y 81,500 empleos en el país.

La nueva política ha desatado una batalla legal entre empresarios y el gobierno, quien primero justificó los lineamientos para garantizar el suministro ante la crisis de COVID-19, pero después admitió buscar «un trato justo» para CFE frente a los privados.

Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) denunció este jueves un aumento «ilegal» e «inadmisible» de entre 500% y 900% de las tarifas de porteo que deben pagar las centrales eléctricas, incluyendo renovables.

El CCE acusó al gobierno de ignorar la ley en lo que llamó el «electrolinazo», aprobado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) «de acuerdo con las exigencias» de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

«Las autoridades nuevamente han ignorado la evidencia sobre los impactos y repercusiones que se manifestarán sobre la economía nacional en general y los consumidores en particular. También han atropellado la Ley de la Industria Eléctrica y tratados internacionales», sostuvo el Consejo en un comunicado.

El CCE se refirió al aumento, que antes de la inflación es de 775% en las tarifas de porteo de baja tensión, en 407% las de media tensión y en 446% las de alta tensión, y que deberán pagar las centrales renovables instaladas previo a la reforma energética de 2013.

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) informó que aunque atenderá lo señalado en las resoluciones que un juez otorgó ayer en favor de un grupo de empresas de energía renovable, hará valer los medios de impugnación que la ley le otorga en contra de ellos.

Confirmó que ayer lunes 25 de mayo, fue notificado de seis resoluciones interlocutorias dictadas en los incidentes de suspensión, emitidas por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Las resoluciones están vinculadas con diversos juicios de amparo promovidos por las empresas contra el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)” y su respectivo “Anexo Único” publicado el pasado 29 de abril.

El CENACE adelantó que argumentará y demostrará ante las autoridades respectivas la falta de competencia del Juez de conocimiento, dado que se trata de un asunto Administrativo y no de Competencia Económica.

Explicó que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se encuentra fuera de comercio según lo disponen los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, en concordancia con los artículos 15, 16, 107 y 108 párrafo primero, fracciones I y II de la Ley de la Industria Eléctrica, situación que se reconoce por el juzgador en las resoluciones.

Señaló también que el Juez otorgó la suspensión definitiva sin el conocimiento de la situación técnica, lo cual se demuestra al momento de solicitar en dicha resolución que el CENACE está obligado a rendir un informe técnico en el que de manera detallada se le expliquen cuestiones técnicas que refieran a dicha suspensión.

Un juez federal otorgó este lunes siete suspensiones definitivas a igual número de empresas que pidieron frenar el acuerdo del gobierno federal, publicado por la Secretaría de Energía (Sener) que impide la entrada en operación de nuevas plantas de energías renovables.

El juez Rodrigo de la Peza, titular del juzgado primero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, aprobó dichas suspensiones.

Las resoluciones frenan por «tiempo indefinido» la entrada en vigor del acuerdo que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el pasado 29 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con la decisión del juez, el gobierno puede impugnar las suspensiones definitivas, pero el fallo puede tardar meses, mientras que la medida estará vigente hasta que se resuelva el juicio de amparo que promovieron las empresas y por lo tanto el acuerdo no se podrá aplicar.

El pasado martes, las empresas energéticas presentaron recursos de amparo ante este juzgado contra el polémico acuerdo del Cenace, gestor público del sistema eléctrico, que obliga a frenar la puesta en marcha de centrales solares y eólicas.

Entre los demandantes están la empresa española FV Mexsolar XI, que construye un parque solar en el estado de Veracruz, y la mexicana Dolores Wind.

El juez tiene en trámite más de 20 amparos y se prevé que mantenga el mismo criterio.

Se apuntó que las resoluciones solo aplican a las empresas a las que se le concedió la suspensión definitiva y no sirven para anular el polémico acuerdo que a finales de abril obligó a frenar «las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en operación comercial».

Hace una semana, cuando otorgó las suspensiones provisionales, el juez señaló que el acuerdo de Cenace «representa un retroceso en la transición energética del país», además de que vulneraba los derechos a la libre competencia económica, acceso a la salud y medio ambiente sano.

Tras publicarse el Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema
Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia del COVID-19, Canadá y la Unión Europea enviaron sendas cartas a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, expresando sus reservas.

Dicha medida afectará proyectos eléctricos en 18 estados con una inversión total de más de 30,000 millones de dólares, según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Además, peligran 44 proyectos en construcción con más de 6,400 millones de dólares de inversión, denunciaron la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee).

Además de dicho acuerdo, el 15 de mayo, la Secretaría de Energía publicó la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la cual estableció una limitación sin fecha a las energías renovables, ya que por su intermitencia «exponen a daños financieros al SEN, así como a los usuarios finales».

La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió estos acuerdos para favorecer a las empresas públicas Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de México ordenó la reactivación de pruebas preoperativas en las centrales de energía renovable, después de que varias empresas operadoras presentaran sus amparos al acuerdo que las prohibía.

El Cenace había prohibido estas prácticas con un acuerdo en vigor desde el 1 de mayo, según el cual las centrales renovables suponían un peligro para la seguridad energética en el país durante la pandemia por su intermitencia en la generación.

Ayer, el Cenace había informado, como resultado de la nueva política, de la suspensión de este tipo de actividades en 17 centrales, 7 eólicas y 10 fotovoltaicas.

Sin embargo, según un documento emitido por el regulador, el regulador autorizó la reactivación de las pruebas preoperativas en 23 parques.

Esa rectificación, recoge la notificación del Cenace, responde a «la finalidad de dar atención a lo determinado por los órganos jurisdiccionales» y solo afecta a las empresas amparadas judicialmente.

La resolución legal a la que hace referencia el Cenace argumenta que no se puede aplicar el acuerdo del 1 de mayo a las compañías quejosas «en tanto no afecten a la confiabilidad» del sistema energético. La notificación también establece que «deberá otorgarse la licencia correspondiente» a aquellas centrales que no hubieran empezado con las pruebas pero que ya las tuvieran programadas para «un futuro inmediato».

Esto contradice también al acuerdo impugnado legalmente, que contemplaba no dar nuevas licencias a las centrales que todavía estuvieran por arrancar sus pruebas.

“Todos aquellos generadores que a la entrada en vigor del acuerdo impugnado, ya se encontraban en pruebas preoperativas, deberán reanudarse las mismas; así mismo, aquellos generadores que se encuentren en el listado que se adjunta y que durante la vigencia del acuerdo impugnado, tengan programadas pruebas preoperativas a ejecutarse en el futuro inmediato, deberá otorgarse la licencia correspondiente, previo al análisis de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”, dijo la autoridad.

Los proyectos son a los que se autoriza son: Recursos Solares PV de México IV; Akin Solar; Eólica Tres Mesas 4; Fuerza Eólica de San Matías; Fuerza Eólica del Istmo; Versalles de las Cuatas Uno; Versalles de las Cuatas Dos; Tai Durango Cuatro Neo; Eoliatec del Pacífico; Eoliatec del Istmo; Versalles de las Cuatas Tres; Mitre Calera Solar; Eléctrica del Valle de México; FV Mexsolar XI; Kenegreen; X-Elio FV Conejos Médanos; X-Elio FV Xoxocotla; ENR AGS; Parque Amistad II; Parque Salitrillos; EGP Magdalena Solar; Dolores Wind, y FRV Potosí Solar.

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El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó que el gobierno decidió cancelar la cuarta subasta eléctrica, la cual permitiría tanto a privados como a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comprar, entre otras cosas electricidad a través de contratos a largo plazo.

En un comunicado, el organismo señaló que el pasado 31 de enero se les notificó a los compradores potenciales, licitantes e interesados, la decisión del Gobierno. Cabe recordar que en diciembre de 2018, la administación contempló darle continuidad, suspendiendo la subasta hasta concluir un análisis de la misma.

“De acuerdo con la Sener, que conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de la Industria Eléctrica es la dependencia que entre sus atribuciones establece, conduce y coordina la política energética del país en materia de energía eléctrica, la necesidad de proceder a la cancelación de la SLP-1/2018 se realiza en observancia del marco jurídico actual y de consideraciones técnicas, económicas y planeación energética”, se lee en el documento.

De acuerdo con las bases de licitación de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018, cuya convocatoria publicó el 15 de marzo de 2018 el Cenace, se establece que el organismo no incurrirá en responsabilidad alguna por la cancelación o suspensión de la subasta, ni estará obligado a reembolsar los pagos que hubieran efectuado los participantes.

“Tampoco será responsable por los gastos en que cualquiera de ellos hubiera incurrido para participar en la Subasta, incluidos el caso fortuito o fuerza mayor”, añade el numeral 3.11.5 de las bases.

El hecho ocurre justo en la semana que Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), hizo un llamado para continuar con la subasta que tenía previsto un incremento del 5 por ciento en la capacidad actual de generación en México, unos 3.8 GW adicionales, lo que representaría una inversión estimada de 4 mil millones de dólares.

De acuerdo con el consultor energético, Gonzalo Monroy, la cancelación de las subastas eléctricas es una pésima noticia en términos económicos y representa una regresión a políticas de probado fracaso.

De acuerdo con Monroy, el éxito de las subastas eléctricas ha sido rotundo en todos los aspectos, y son referentes internacionales.

Según el experto, estas subastas y otras medidas catapultaron a México como líder global en la lucha contra el Cambio Climático, por lo que la decisión de cancelar la cuarta subasta eléctrica es, a su parecer, descabellada e incoherente, ya que reduce la seguridad energética de México.