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El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén, indicó que tras la acción de control migratorio realizada el lunes en Pijijiapan, Chiapas, 371 personas fueron aseguradas y ninguna resultó lesionada, aunque lamentó la presencia de varios niños.

En el marco de la emisión de la Tarjeta de Visitante Regional, el funcionario detalló que cuando se realizó la iniciativa de control no era una operación de gran escala; sin embargo, el grupo de personas que caminaban en el área de Pijijiapan recurrió a piedras para agredir a funcionarios, por lo que se solicitó el apoyo de más personal y de la Policía Federal (PF).

Dicho acto, refirió el titular del INM culminó en el aseguramiento de 371 personas, todas atendidas y ninguna lastimada; aunque lamentó el gran número de niños presentes.

«Eso es preocupante, no es responsabilidad del Estado mexicano que tenga esa composición, pero sí lamento mucho que los niños sean incorporados a estas movilizaciones, porque son situaciones muy complejas para los pequeños. Aproximadamente, un tercio son niños que vienen desde Honduras”, dijo Guillén.

Ante esta situación, reiteró que el Instituto cuenta con todos los elementos para ofrecer el apoyo necesario a los migrantes, a pesar de que las estaciones migratorias están muy presionadas por capacidad.

El funcionario añadió que a pesar de que el suceso registrado en Chiapas fue complicado, pues diversos medios de comunicación reportaron malos tratos a los migrantes, su personal no tiene nada que lamentar.

Indígenas del municipio de Bochil, Chiapas, difundieron en redes sociales el video de una mujer a la que secuestraron hace cinco días y por quien exigen 5 millones de pesos en efectivo provenientes del erario.

En la grabación aparece Nayeli Joana Flores Sánchez atada a un árbol y con leña a sus pies, mientras se escucha a un hombre decir: “A ver cuánto valoran sus familias. Ya le van a echar fuego acá a la leña en sus pies”.

Otro hombre agrega: “Vamos a echar unos cuantos cuetazos para que vea que no estamos jugando el pendejo del Gil”.

Enseguida se escuchan varios disparos, mientras la mujer llora y los indígenas murmullan en su dialecto.

La joven fue secuestrada por unos 50 indígenas armados en una calle de Bochil y luego fue llevada hasta la comunidad Luis Espinosa.

Es cuñada del alcalde de Bochil, Gildardo Zenteno Moreno, a quien los indígenas pretenden presionar para que les entregue recursos públicos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem).

Indígenas de diversas comunidades bajaron a la cabecera municipal para intentar secuestrar al alcalde y presionarlo para que les entregue recursos públicos; sin embargo, al no encontrarlo, se llevaron a la hermana de su esposa.

Otros grupos han marchado para exigir al alcalde que renuncie ante la ingobernabilidad que vive ese municipio desde hace más de un año.

La Fiscalía General de Estado (FGE) informó que inició una carpeta de investigación sobre la privación ilegal de la libertad en agravio de la ciudadana Nayeli Flores Sánchez, en la comunidad Luis Espinosa del municipio de Bochil.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a diversas autoridades, por las omisiones y responsabilidades en que incurrieron autoridades de seguridad pública municipal y estatal, educativas y de procuración de justicia de Chiapas, al no proteger los derechos humanos de 14 docentes que fueron humillados en 2016.

La CNDH recordó que por negarse a participar en un paro magisterial, los maestros “fueron humillados al obligárseles a caminar descalzos por las calles del Municipio de Comitán de Domínguez, entre burlas y vejaciones, y a portar pancartas con leyendas denigrantes, además de que a la mayoría se le rapó públicamente”.

El organismo “acreditó” después de casi dos años la violación de los derechos humanos al trato digno, a la seguridad jurídica, a la integridad y a la seguridad personal, al trabajo digno, al derecho al acceso a la justicia, así como al derecho a una vida libre de violencia, atribuidas a autoridades de seguridad pública municipal y estatal, autoridades educativas y de procuración de justicia.

Recordemos que un grupo de maestros adscritos a la SEP y al Colegio de Bachilleres de Comitán de Domínguez, fueron retenidos el 31 de mayo de 2016. Las víctimas fueron llevadas por integrantes de la CNTE a la Central de Abastos del municipio, donde fueron vejadas y maltratadas, y las imágenes se difundieron ampliamente por los medios de comunicación.

Las omisiones y responsabilidades acreditadas consistieron en “la falta de acciones eficaces para contener las agresiones, ya que las autoridades de seguridad pública solo instruyeron ‘monitoreos’ de los hechos mediante uno o dos policías; no se solicitaron oportunamente medidas cautelares para proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas, ni se les brindó protección y auxilio en el momento de los hechos ni con posterioridad, y se omitió integrar con debida diligencia una de las carpetas de investigación, lo que generó impunidad”, indicó la CNDH.

El organismo detalló en su recomendación, dirigida al Gobernador de Chiapas que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, deberá reparar integralmente el daño a las víctimas, que incluya atención médica y psicológica, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; entre otras acciones, las cuales involucran a la Fiscalía General del Estado, a la Directora General del Colegio de Bachilleres de Chiapas y al presidente municipal de Comitán de Domínguez.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), en coordinación con la Policía Federal, rescataron a 36 migrantes centroamericanos abandonados al interior de un vehículo de carga, en el tramo carretero Ixtapa–Escopetazo, en la zona centro de Chiapas.

Los migrantes se encontraban en un vehículo marca Ford de color blanco y placas de circulación LC08562 del Estado de México, estacionado a orillas de la carretera.

Los 36 migrantes originarios de Guatemala, los cuales viajaban en la parte trasera del vehículo, reconocieron que pagaron a traficantes para llevarlos a Estados Unidos.

Entre ellos había 14 hombres, ocho mujeres y 14 menores de edad, quienes fueron resguardados y trasladados al Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo con el INM, en el 2018 fueron deportados 112 mil 317 centroamericanos que buscaban llegar a los Estados Unidos; de esa cantidad, 46 mil 815 fueron detenidos en Chiapas.

Por país, los hondureños van al frente, con 51 mil 592 detenidos; seguidos por los guatemaltecos, con 44 mil 254; le siguen los salvadoreños, con 12 mil tres y nicaragüenses, con mil 628 deportados.

Comparado con 2017, el número de deportados fue de 82 mil 237 centroamericanos, 29 mil 888 detenidos en el estado de Chiapas, según explica el INM.

Autoridades de Chiapas informaron que se incrementó en los meses recientes el trafico de personas, quienes son llevadas en condiciones inhumanas y que son susceptibles a accidentes, como el ocurrido el pasado 7 de marzo, que dejó como saldo 23 migrantes muertos.

Este viernes, el Servicio Sismológico Nacional informó que se registró un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, el cual fue percibido también en la Ciudad de México.

El SSN reportó que hasta las 11:00 de la mañana, ya se habían registrado 23 réplicas del temblor.

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, señaló en su cuenta de Twitter que se activaron los protocolos después del sismo y confirmó que no hubo pérdidas humanas, sólo algunas personas con crisis nerviosas y daños materiales en Suchiate.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que se revisaron por aire y por tierra, vialidades y transporte público y no se registró afectación alguna en la capital del país.

Apolinar Castillejos, suegro del alcalde de Arriaga, Chiapas, David Parada Vázquez, fue detenido junto con dos personas más por presuntamente haber participado en el asesinato del activista de derechos humanos Sinar Corzo Esquina.

De acuerdo con el periódico Reforma, los detenidos tenían diferencias con los trabajos de Corzo y esa pudo ser la razón del ataque aunque no se ha confirmado.

La Fiscalía de Justicia de Chiapas detuvo a las tres personas y fueron puestos a disposición de un juez de control para que se inicien las investigaciones pertinentes.

El defensor de derechos humanos, Sinar Corzo, fue atacado el pasado jueves 3 de enero. Un grupo de personas le dispararon cerca de su domicilio.

Gabriel Quadri, excandidato presidencial en 2006, aseguró que los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, son una carga para el desarrollo de México, lo que provocó la condena de usuarios de redes sociales y la intervención del gobernador oaxaqueño, Alejandro Murat, quien le exigió una disculpa por su comentario.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Quadri dijo que si el país no tuviera que cargar con esas entidades, sería una nación de desarrollo medio y potencia emergente. El juicio del ambientalista desató una ola de respuestas en su contra, pues a menos de 24 horas de su publicación, el tuit suma más de 7 mil respuestas.

También a través de Twitter, el gobernador Murat Hinojosa decidió salir en defensa de sus paisanos y afirmó que las palabras de Quadri son ofensivas e inaceptables, por lo que exigió una disculpa pública para el pueblo de Oaxaca.

El también profesor de la Universidad Iberoamericana siguió con la polémica y en otro mensaje dijo que la disculpa la deberían de dar los «malos gobiernos» que han hecho de las tres entidades señaladas las más pobres y atrasadas de México.

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, confirmó la instalación de una mesa de seguimiento al desplazamiento forzado en los Altos de Chiapas.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario indicó que se trabaja con el Gobierno estatal para atender a los 600 desplazados, luego de la mesa de seguimiento que se instaló desde el 18 de diciembre.

Asimismo, reconoció que hay más personas en esa situación en otras regiones del país.

En este sentido, Encinas Rodríguez comentó que habrá indemnizaciones por la pérdida de cosechas para los 600 desplazados a causa de una disputa de tierras en aquel estado.

 

El Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, asistió a la Asamblea Plenaria de Resultados organizada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Gobierno de Chiapas (IEPC), en la que reconoció la decisión del municipio de Oxchuc, por ejercer su derecho de libre determinación y autonomía, en particular el inalienable derecho de elegir a sus autoridades municipales bajo el régimen de Sistemas Normativos Indígenas.

En la plenaria realizada este sábado, el Director del INPI presenció los resultados de la Consulta Indígena sobre el cambio de Régimen de Partidos Políticos a Sistemas Normativos de Oxchuc. Este proceso de consulta marca un parteaguas en la historia de la entidad, ya que es el primer municipio que ejercerá su derecho de nombrar a las autoridades municipales por el régimen de Sistemas Normativos Indígenas en este Estado del sureste de México.

Durante la Asamblea Plenaria de Resultados, representantes de las 100 comunidades de Oxchuc participaron en el proceso de determinación y presentación de los resultados de la consulta indígena que se efectuó en la referida municipalidad del 27 de noviembre al 28 de diciembre del año 2018. También se anunció que los habitantes de dicho municipio, optaron por llevar a cabo las próximas elecciones bajo sus propios Sistemas Normativos Indígenas de la comunidad.

Según datos recabados por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Gobierno de Chiapas, las asambleas comunitarias que eligieron por que las próximas elecciones en Oxchuc sean nombradas por el Sistema Normativo Indígena de la comunidad, alcanzaron una votación del 59.18% de representación con base en la lista nominal, en comparación con las asambleas comunitarias que se decidieron por elegir a sus autoridades por el sistema de partidos políticos, que obtuvieron un 38.40% de la representatividad.

Los resultados de la consulta sientan un precedente muy importante para que el Congreso del Estado legisle en materia de derechos indígenas, a fin de asegurar el pleno ejercicio al derecho a la libre determinación y autonomía, bajo los estándares internacionales y los principios de la Constitución de México.

La decisión será formalizada bajo un Acuerdo del Consejo General del IEPC. Sobre la base de este Acuerdo se procederá a realizar las elecciones municipales en este importante municipio del Pueblo Tzeltal.

En su participación, la Consejera Electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez reiteró la importancia de este proceso para la vida democrática de Chiapas y manifestó su reconocimiento a la ciudadanía del municipio de Oxchuc, por generar las condiciones de participación, civilidad y de paz social para concluir exitosamente el proceso de consulta.

Posterior a la Reunión Plenaria, el Director General del INPI, mencionó ante la Asamblea Comunitaria de Oxchuc, la voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de garantizar el respeto y ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas en el marco de una nueva relación con el Estado, mediante la implementación de procesos permanentes de diálogo, participación, consulta y acuerdo. Asimismo, reiteró que el derecho de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas es una realidad, y tendrá las mejores condiciones para su ejercicio en el actual proceso de transformación nacional.

 

Foto: INPI

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional celebró este martes 25 años del inicio de su insurrección en el estado de Chiapas con un llamado a resistir al Gobierno del nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Encabezados por el subcomandante Galeano, antes Marcos, y por el comandante Moisés, el EZLN festejó con sus juntas de buen gobierno, en La Realidad, el alzamiento del 1 de enero de 1994, cuando atacaron cuatro poblados de Chiapas y una base militar.

«La pobreza, falta de oportunidades, racismo, exclusión, discriminación, parte de las causas que originaron el levantamiento, siguen siendo las mismas por las que distintos pueblos indígenas de Chiapas declararon la guerra al Gobierno mexicano el 1 de enero de 1994”, señalaron.

En La Realidad, cerca de la frontera con Guatemala, las bases de apoyo y las juntas de buen gobierno recordaron su levantamiento armado con un desfile militar y su reiteración de rechazo a los proyectos de López Obrador, presidente de México desde el 1 de diciembre pasado.

Por más de 40 minutos, los zapatistas marcaron el paso, movieron sus armas de madera y mostraron algunos vehículos para dar a conocer su fuerza y decisión de defender los derechos de los indígenas y los campesinos que aún están en el olvido.

«Ese que está en el poder (López Obrador) va a destruir al pueblo de México, principalmente a los pueblos originarios, vienen por nosotros”, apuntó Moisés, el comandante de los zapatistas.

«Vamos a pelear, no vamos a permitir su proyecto de destrucción, no le tenemos miedo a su Guardia Nacional, que le cambio de nombre al Ejército y son los mismos”, declaró el comandante indígena.

Los zapatistas han expresado dudas sobre el gobierno de López Obrador y rechazan sus proyectos como la construcción del tren maya y la siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales en los estados del sureste del país.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, utilizó este 30 de diciembre, que es su día de descanso para promocionar el proyecto del Tren Maya que se construirá en este sexenio en el sureste del país.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario publicó un video en donde habla sobre el tren y afirma que es un proyecto que beneficiará a México.

«Me da gusto participar en esta ceremonia de construcción del Tren Maya, este es un proyecto para reactivar la economía en el sureste del país», dice AMLO en el video.

Cabe destacar que el pasado 16 de diciembre, López Obrador, encabezó una ceremonia, a la que llamó “Ritual de los Pueblos Originarios a la Madre Tierra”, la cual tuvo por objetivo pedir el consentimiento a la Madre Tierra para la construcción del Tren Maya, en Palenque, Chiapas.

El mandatario acompaño el video publicado con la leyenda: «Uno de los sueños que se convertirá en realidad».

 

Luego de que el diario El Universal revelara que el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien dejó la cargo el pasado 8 de diciembre pasado, aprobara un decreto el 12 de julio de 2017, en el que se asignaba un equipo de escoltas “por los servicios prestados al estado” por 15 años, fue el ahora senador quien respondió.

A través de sus redes sociales, Velasco emitió un comunicado en el que dijo que el decreto al que se hace referencia en la nota publicada y que establece las medidas de seguridad y custodia para ex titulares del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Procuraduría y Seguridad Pública, corresponde al 31 de octubre del 2009, tiempo en el que aún no fungía como gobernador.

«Es inexacto adjudicar su origine a la administración 2012-2018 que encabece», dijo Velasco; de acuerdo a medios locales, lo que se hizo en 2017, fecha que señala El Universal, fue una adición para brindar dicho servicio al Fiscal del estado.

En su comunicación, Velasco subraya que en todo caso, el Congreso de Chiapas tiene la facultad de derogar dicho decreto; sin embargo no hace referencia sobre si es correcto o no tener dicho servicio.

 

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de la asignación de escoltas que autorizó para sí mismo el exgobernador chiapaneco Manuel Velasco, cuyo decreto le proveería este servicio hasta por 15 años con costo al erario, y lo calificó como un “exceso”.

Sin embargo, el presidente dijo que se trata de un asuntó que corresponde atender al nuevo gobierno de Chiapas.

“No tengo información sobre lo de Chiapas (y) es un asunto del estado. Creo que, de ser cierto, es un exceso que no debe de permitirse. Sin embargo, eso corresponde al gobierno libre y soberano de Chiapas”, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionado por periodistas sobre el tema.

“Mi opinión personal es que no debe haber privilegios, que se debe acabar con los tratos especiales a funcionarios”, remató.

Y es que, de acuerdo con el decreto 223 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de julio de 2017, del cual da cuenta el diario El Universal, Manuel Velasco, quien dejó la gubernatura de Chiapas el pasado 8 de diciembre, aprobó un decreto que le dará el beneficio de tener un equipo de escoltas “por los servicios prestados al estado”, una media que también aplica para el presidente del Tribunal de Justicia local y el ex fiscal general del estado.