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María Eugenia Maru Campos Galván, candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua, fue vinculada a proceso por el delito de cohecho en consumación continuada, luego de que un juez acreditara el desvío de recursos de la Secretaría de Hacienda y la entrega de dinero por una “nómina secreta”.

Además de Maru Campos, también fueron vinculados a proceso una exdiputada del PVEM, María Ávila Serna  y Rodrigo de la Rosa, exdiputado del PRI, quienes presuntamente participaron en los hechos.

Para emitir su falló, el juez tomó en cuanta las pruebas que presentó el Ministerio Público y que dijo, la defensa no logró aclarar. Entre ellas estuvo un contrato de servicios para el hermano de la alcaldesa con licencia quien recibió un millón 67 mil pesos en transferencias. También aparece un informe sobre cómo Maru junto a los dos exlegisladores aprobaron y firmaron diversas iniciativas en beneficio del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. También se presentaron 34 recibos de dinero firmados por Campos Galván.

La candidata panista es acusada de recibir más de 9 millones de pesos, entre 2014 y 2015.

Tras la audiencia de vinculación a proceso, Maru Campos ofreció un mensaje a los medios de comunicación, en el que reiteró que el proceso al que fue vinculada no significa culpabilidad, ni que pese sobre ella alguna sentencia, por lo que sus derechos políticos se encuentran a salvo.

“La vinculación a proceso que hoy se ha definido no significa que se haya dado la razón al ministerio público, ni significa que se hayan confirmado sus acusaciones. La definición del juez no es vinculante para una responsabilidad penal”, dijo la chihuahuense.

Indicó que apenas comienza el proceso formal de investigación, por lo que pasará tiempo hasta que se desahoguen las investigaciones correspondientes.

“Esta vinculación no es una sentencia y por eso no afecta mis derechos políticos de votar y ser votada, por lo que entraremos con mucha confianza y fuerza a la campaña electoral, porque ahora hay una razón más para luchar para que las instituciones cumplan con su vocación y sirvan a los chihuahuenses, y no sirvan solo a la persecución que desde hace tiempo se desató en mi contra, desde el gobierno del estado y sus aliados políticos, construyendo artificialmente un caso que les permitiera continuar con la persecución personal y política en contra de una servidora y entregar el estado a MORENA”, sostuvo la candidata.

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de malversación de fondos, será extraditado a nuestro país, luego de que la jueza del caso anunciara que certificaría la solicitud de las autoridades mexicanas.

En una nota que llegó horas después de que finalizara la audiencia de este martes, la jueza indicó que la solicitud  cumple con los requisitos del Tratado de Extradición México-Estados Unidos, por lo que dio un plazo de 60 días para la entrega del exgobernador.

En lo que la entrega se concreta, Duarte seguirá preso en Miami. Sin embargo, el exgobernador todavía podría apelar la decisión.

Horas antes, al finalizar la audiencia de hoy, la jueza Lauren Fleischer Louis dijo que “no anticipo futuras acciones ante mí”. “Pondré una orden escrita en el expediente judicial tan pronto como pueda para que ustedes puedan emprender los próximos pasos”.

En la audiencia la fiscalía aseguró que existen evidencias de que Duarte cometió los delitos y debe ser extraditado a nuestro país. Su defensa reiteró que son cargos políticos. Morillo, que era “venganza de opositores políticos”, en referencia al sucesor de Duarte, Javier Corral.

“El pedido de extradición detalla la corrupción durante el gobierno de Duarte”, expresó el fiscal Jason Wu al comienzo de su alegato. “El tribunal debe certificar la extradición”.

Duarte, que se desempeñó como gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, está acusado de peculado y asociación delictuosa para malversar millones de dólares de fondos públicos. México solicitó su extradición a finales de 2019.

La fiscalía se centró en una serie de testigos reservados que trabajaban en el gobierno de Chihuahua y han asegurado que Duarte les ordenaba desviar fondos públicos para fines personales, como pagar impuestos y tarjetas de crédito. Estos testigos son parte de la causa presentada en México y la justicia estadounidense los considera importantes para probar las acusaciones.

Wu dijo que esos testigos, entre ellos un exsecretario de finanzas de Duarte, identificaron al menos 11 transacciones millonarias en las que el exgobernador les habría ordenado desviar fondos públicos a cuentas privadas que sólo él, familiares o cómplices podían administrar.

“Tenía total responsabilidad de los fondos en disputa”, expresó Wu. “Las transferencias beneficiaban a Duarte. Él tenía el control de los fondos públicos”, dijo tras describir varias de esas transacciones, algunas de ellas destinadas a comprar vacas y otras a empresas y cuentas de su familia.

Su defensa pidió a la jueza que no considerara lo que habían dicho esos testigos porque sus declaraciones habían sido bajo amenazas. “Lo que pedimos al tribunal es que evalúe el método, el proceso con el que el gobierno de México obtuvo las evidencias”, expresó el abogado Juan Morillo. “Cuando el testimonio se consiguió de manera ilegal, no se puede considerar”.

Según la defensa, la vida de Duarte correría peligro si regresa a nuestro país para enfrentar un juicio.

La jueza se limitó a decir que estaba “satisfecha” con los argumentos presentados a favor de la extradición, aunque no indicó cuando resolvería el asunto. “La presentación satisface la causa probable”, expresó Fleischer Louis.

Para los fiscales, las pruebas presentadas por Duarte buscan evitar su extradición y que sea juzgado en Estados Unidos en un “mini juicio”.

Duarte asegura que llegó a Estados Unidos a finales de 2016 en busca de un tratamiento médico tras un accidente en helicóptero. Antes de su detención en julio de 2020, pidió asilo político. El exgobernador asegura que desconocía sus acusaciones cuando llegó y que llevaba una vida pública, sin ocultarse, en el país vecino.

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ha asegurado ante una jueza estadounidense que su vida corre peligro si es extraditado a México, donde aseguró podría morir a manos del crimen organizado.

Los abogados de Duarte han indicado que existen testigos que pueden sufrir represalias por parte de la “maquinaria del estado de Chihuahua” en caso de que sus identidades fueran relevadas públicamente.

En este sentido, su equipo legal ha pedido a la jueza Lauren F. Louis que mantenga en secreto tres documentos judiciales que incluyen las declaraciones de estos testigos. Asimismo, han presentado un extenso documento en el que detallan por qué Duarte no debe ser extraditado a México.

“El señor Duarte posee evidencia no refutada de que su vida corre grave peligro si regresa a México”, han señalado los abogados, que han destacado que existe una declaración de un asesor político que asegura que Duarte sería asesinado si es encarcelado en México.

Además, otro de los informes demuestra que otros acusados han muerto en prisión, entre ellos varios individuos anteriormente asociados al ahora exgobernador. “Además, la violencia del crimen organizado en México representa un peligro claro y presente para el señor Duarte como exgobernador de un estado del norte”, han recalcado.

Sobre este asunto han recordado la muerte del exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, que fue asesinado en un restaurante de lujo en Puerto Vallarte, presuntamente a manos del crimen organizado. “El señor Duarte corre el mismo destino que el señor Sandoval si regresa a México”, insiste el documento del cual el diario Milenio reporta esta jueves.

La que su defensa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, pidió a una jueza de Miami, Florida en Estados Unidos que rechazara el pedido de extradición de su cliente, ya que es reclamado por la justicia de nuestro país por cargos de corrupción en México.

La audiencia fue a través de Zoom debido a la pandemia de Covid-19. Duarte estaba conectado desde la prisión por teléfono, con la ayuda de una intérprete que le traducía del inglés al español.

Al final de la audiencia, la intérprete le dijo a la jueza que el exgobernador quería hablar, pero tras ser consultados por la magistrada, los abogados de Duarte manifestaron que no era oportuno porque no habían preparado con antelación lo que iba a decir.

“Todo lo que diga quedará en los récords”, expresó la jueza Lauren Fleischer Louis, y permitió que el abogado Henry Bell se conectara con su cliente de manera telefónica inmediatamente después de la audiencia. La audiencia terminó y Duarte no habló en público.

“Voy a emitir una resolución tan pronto como pueda”, dijo la magistrada tras escuchar los alegatos de la defensa y la fiscalía sobre la extradición de Duarte. “Ha sido de mucha ayuda escuchar a ambas partes”, aseguró la jueza.

La audiencia fue convocada para abordar un pedido de Duarte con el fin de que se desestime su pedido de extradición. Su defensa alega que el exgobernador llegó a Estados Unidos sin saber que enfrentaba acusaciones en México y que fue arrestado fácilmente porque llevaba una vida pública, sin ocultamientos.

De acuerdo con el abogado Juan Murillo, la fiscalía no ha probado fehacientemente que Duarte era prófugo.

“El gobierno se basa en testigos no identificados no accesibles”, expresó el defensor en sus alegatos, y dijo que Duarte y sus familiares estaban dispuestos a atestiguar para demostrar que no era un fugitivo de la justicia al momento de salir de su país.

Según Murillo, las pruebas que ha presentado el fiscal Jason Wu no dan sustento al pedido de extradición. Cuestiona además la validez que tienen en el proceso dos cartas diplomáticas de la embajada de México en Estados Unidos donde se explica por qué se busca la repatriación de Duarte.

Según la defensa del exgobernador, no sirven porque no tienen firma, pero el gobierno estadounidense alega que ambas misivas representan la posición oficial de México y como documentos diplomáticos no la requieren. “Son comunicaciones oficiales entre el gobierno de Estados Unidos y el de México, a pesar de que la defensa quiera denigrarlas”, dijo Wu sobre las cartas diplomáticas inicializadas y con sello oficial de la embajada.

La fiscalía también ha presentado como prueba la orden emitida por un juez mexicano, alegando que se trata de acusaciones que están vigentes y que las leyes de México no permiten que los acusados sean enjuiciados en ausencia.

Recordemos que la solicitud de extradición fue presentada por el gobierno de nuestro país a finales de 2019.

Duarte permanece detenido en una prisión federal de Miami desde julio pasado. Está acusado de peculado y asociación delictuosa para malversar millones de dólares de fondos públicos durante su gestión en el gobierno estatal de Chihuahua.

El expriísta vive en Miami desde 2017 y ha pedido asilo en Estados Unidos, rechaza las acusaciones y asegura que hay motivaciones políticas detrás de su caso.

El juicio de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien se encuentra preso en Estados Unidos acusado de desvío de dinero y delitos electorales, fue aplazado para el 14 de enero del próximo año, según informaron autoridades de Chihuahua.

Ni la Fiscalía del sur de Florida ni el tribunal han informado hasta ahora de esa decisión, que tampoco está incluida en los documentos judiciales del caso. Fue el consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, quien confirmó la información.

La nueva audiencia del expriísta, preso en Miami desde el pasado 8 de julio, estaba programada inicialmente para el próximo 10 de noviembre.

Duarte, quien ha alegado “persecución política” de parte de su sucesor, Javier Corral, permanece en una cárcel de Florida después de que la jueza Lauren Fleischer Louis le negara la libertad bajo fianza.

“Hace unos momentos, se acaba de terminar una audiencia que se llevó vía telefónica, en donde se discutieron la ampliación de algunos plazos, en cuanto a las alegaciones jurídicas que presentaría tanto la defensa como la Fiscalía de Distrito Sur de Miami, en relación con el caso de extradición del exgobernador de Chihuahua para presentar argumentos a favor y en contra de la extradición” informó Espinoza Cortés.

El fiscal Jason Wu, que representa al gobierno de nuestro país, ha expuesto que existe “peligro de fuga” de Duarte y dijo que el exgobernador ha perjudicado a una gran comunidad con transferencias de más de seis millones de dólares que hizo como gobernador a dos empresas en las que era el accionista mayoritario.

En un fallo el 14 de septiembre, la jueza Louis señaló que “la ausencia de evidencia de una huida anterior (de Duarte) no es suficiente para demostrar que no hay riesgo de que huya ahora”.

La defensa de Duarte había señalado que él estaba “cooperando” con el gobierno estadounidense desde hacía más de tres años, argumento que la jueza tampoco tuvo en cuenta una posible liberación. Por otro lado, Louis invalidó también el argumento de que la pandemia de Covid-19 impide una apropiada defensa de Duarte, debido a las restricciones de visitas en la prisión.

Duarte ha sido señalado junto a otros miembros del PRI de desviar casi 13.5 millones de dólares a campañas políticas, de acuerdo con una denuncia del gobernador Corral.

“Las partes estuvieron de acuerdo, esperamos que se oficialice. Esto no modifica la situación legal del ex mandatario, seguirá preso allá en la cárcel de Miami hasta la fecha de extradición y hasta que sea extraditado a México” precisó el funcionario estatal.

La Guardia Nacional informó este martes sobre la detención de seis de sus elementos por su supuesta responsabilidad en la muerte de una mujer el pasado 8 de septiembre en el municipio de Delicias, Chihuahua, durante una protesta de campesinos por el conflicto del agua.

“La Guardia Nacional informa que una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó la investigación correspondiente a los lamentables hechos registrados el pasado mes de septiembre en Delicias, Chihuahua, encontró elementos que hacen suponer la culpabilidad de algunos elementos de nuestra institución”, informó la corporación a través de su cuenta de Twitter.

La Guardia Nacional agregó que se ejecutaron seis órdenes de aprehensión contra el personal involucrado en un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos.

Recordó que desde el primer momento se colaboró con las autoridades ministeriales para deslindar las responsabilidades, y reiteró que dentro de la corporación “no se tolerarán abusos o uso excesivo de la fuerza”.

Y es que en los últimos dos meses, campesinos de Chihuahua protagonizaron varias protestas en la presa de La Boquilla, en rechazo a entregar agua para cumplir con el Tratado que se tiene con Estados Unidos desde 1944, argumentando que la región pasaba por una sequía.

A inicios de septiembre la protesta escaló y, tras un choque con la Guardia Nacional el 8 de septiembre, Jessica Silva falleció.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó los hechos, pero defendió el actuar de la Guardia Nacional durante el operativo. Dijo que de acuerdo a la información que él tenía, un grupo de inconformes pasó por instalaciones protegidas por la Guardia Nacional y fue cuando amenazaron a los agentes. Tras detener a varias personas y ponerlas a disposición de las autoridades, otro grupo de manifestantes persiguió a la Guardia Nacional, momento en que se presentó fuego cruzado, en el que falleció Jessica Silva.

Por su parte la Fiscalía General de la República informó que las seis personas aprehendidas fueron puestas a disposición de un juez de distrito en Chihuahua.

Detalló que a los seis detenidos se les imputaron delitos contra la administración de justicia, homicidio calificado y tentativa de homicidio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este jueves que se alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para cumplir con la entrega periódica de agua como parte del tratado bilateral entre ambos países.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que con este acuerdo se evitó una sanción para el país y se llegó a un acuerdo, “un buen entendimiento”.

Agradeció al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Mike Pompeo “por su comprensión y solidaridad” pues aseguró que se tuvieron “algunas dificultades para el cumplimiento de este acuerdo”.

López Obrador resaltó que dentro del acuerdo se estableció que si se requiere agua para consumo humano o si México tiene una sequía severa se podrá utilizar el líquido.

“Si necesitamos el agua para consumo humano, ellos van a proporcionarla y si tenemos situación de sequía severa, también nos van a auxiliar”, afirmó.

Como lo ha venido haciendo, solo que en esta ocasión no lo mencionó directamente, AMLO acusó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de incumplir con la cuota de agua que los estados fronterizos deben aportar para entregarla a Estados Unidos, como se establece en el tratado.

Lamentó que el tema se haya politizado para usarlo como bandera electoral de cara al 2021.

El Tratado de Aguas establece que, por los ríos fronterizos, México debe entregar cada quinquenio cerca de 2,160 millones de metros cúbicos a Estados Unidos, aunque los mexicanos reciben casi cuatro veces más: 9,250 millones de metros cúbicos.

Pese a tener casi ocho décadas de vigencia, en los últimos meses se desató un conflicto político por el líquido en Chihuahua, por lo que México debía todavía 366 millones de metros cúbicos a menos de un mes de se venciera el plazo.

En su intervención, el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, recordó que ese tratado es uno de los grandes logros de la diplomacia mexicana y aseveró que el incumplimiento del mismo “estaba poniendo en riesgo el suministro de agua para la ciudades fronterizas”. Dijo que por una cuestión electoral se pondría en riesgo el tratado.

Blanca Jiménez, directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló que el tratado se pagará con agua contenida en presas internacionales, entre ellas las de estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, y con otras presas como la de ‘El Granero’. Además, reiteró que el agua de 13 ciudades fronterizas “está garantizada”.

Roberto Velasco, director general para América del Norte de la cancillería, explicó que la negociación se concluyó con la firma del acta 325, donde se detalló que se estará usando una porción de las aguas de propiedad mexicana en las presas internacionales. Apuntó que el volumen asignado será de 131 millones de metros cúbicos, dejando cerca de 87 millones de metros cúbicos del almacenamiento mexicano.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, respondió esta tarde a los señalamientos que se hicieron contra él y su gobierno, acerca del conflicto del agua, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Es ruin, es vulgar la manipulación que hace el gobierno de la República de la información. Lo primero que hay que lamentar es la tragedia de México: haber pasado de un presidente corrupto y corruptor como lo fue de Peña Nieto, a un presidente que siembra el odio, que manipula y falta a la verdad, ese es el presidente López Obrador”.

Corral dijo que aunque haya sido el subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, quien lanzó todas las acusaciones en su contra y contra personajes del estado, quién instruye el manejo de la información, y quién está atrás de la manipulación es el propio Presidente de la República.

Aseguró que en la mañanera solamente se manipulan las cosas, pues negó que el diciembre 3 del año pasado hubieran firmado un acuerdo sobre el tratado de agua con Estados Unidos.

Dijo que en dicha reunión, donde efectivamente había otros gobernadores, solamente se les informó que el gobierno federal quería adelantar el pago del tratado, y sacar mil millones de metros cúbicos de agua de la presa La Boquilla.

Reconoció que meses más tarde se firmó un acuerdo pues siempre se han mostrado a favor de que Chihuahua aporte “lo que puede aportar al tratado, no más que eso”.

Aseguró que el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja ha perdido cualquier escrúpulo, y se convirtió en el “porro mediático de López Obrador” sobre el conflicto del agua.

Cuestionó la razón de que se haya dado a un subsecretario de seguridad, una negociación de un conflicto que correspondía a áreas políticas y del agua.

Javier Corral aseguró que hay un manejo deliberadamente manipulador del conflicto, negando que Chihuahua sólo ha aportado el 45% de lo que le corresponde. Incluso reveló que el estado va a terminar entregando, en todo el quinquenio, alrededor de 905 millones de metros cúbicos de agua, que representa el 42% del total de lo que México paga a Estados Unidos.

El gobernador insistió en que hay una intencionalidad política muy clara de tomar el tema para “golpearnos”, lo cual ha quedado demostrado en que el gobierno federal pasó de una narrativa de descalificación a los agricultores y a los productores, a quien por cierto dijo han querido vincular con todo tipo de delitos, a una narrativa contra el gobierno del estado.

Enfatizó que todo esto se debe a que el gobierno de López Obrador nunca va a aceptar sus responsabilidades, pues siempre está buscando un culpable afuera y a un adversario.

Indicó que no es posible que se quede callado y se someta a la voluntad del presidente, sobre todo considerando los enormes problemas que tiene el país y sobre todo el mal desempeño que han tenido el gobierno federal.

“La propia mañanera dice el nivel de ruindad al que han llegado, no solamente a comprometer el tema de la seguridad pública; sí a sus propios colaboradores o ex colaboradores los califican de politiqueros en cuanto piensan de manera distinta, que podemos esperar nosotros”, remató el mandatario local.

Al participar en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, precisó que el agua es un tema de seguridad nacional y las presas son instalaciones estratégicas, por lo que no puede perderse la rectoría del Estado mexicano sobre el tema de aguas.

“La salvaguarda de las presas por parte de las fuerzas de seguridad está sustentada en la propia ley de la Guardia Nacional y en diferentes ordenamientos”, refirió el funcionario, en relación al conflicto con el gobierno de Chihuahua.

Destacó que la actual controversia respecto a la entrega de agua, específicamente por parte de Chihuahua, se debe a intereses económicos y políticos “que han usufructuado para su beneficio el agua y han puesto en riesgo un Tratado internacional”.

Comentó que hay una red de “políticos acaparadores” de agua y presuntamente delincuentes vinculados a toda esta trama.

El subsecretario aseguró que no es un movimiento espontáneo porque la principal razón era la falta de agua, y no ha habido falta de agua, “ha habido siempre flujo”, dijo.

Acusó que lo que hay atrás de toda la embestida, es que algunas personas quieren seguir manejando este tipo de negocios en detrimento de la nación y del país, poniendo en riesgo un Tratado internacional que se tiene con Estados Unidos.

Específicamente, el funcionario de Seguridad señaló a la familia Urionabarrenechea, ligada al ex gobernador César Duarte; indicó que el suegro de uno de los miembros de la familia, Raúl Enrique Javalera, fue presidente de la Junta de Aguas y Saneamiento de Chihuahua.

“Este grupo es importante porque estuvo atrás, en gran medida, del financiamiento de la movilización y están ligados a César Duarte (…) Esta familia acapara el agua. Entre la familia tienen casi nueve millones de metros cúbicos de agua”, precisó el funcionario al decir que ocho usuarios de esa familia acaparan el 12.5% de la adeudo total de agua; y una persona acapara el 4% del adeudo total.

Señaló que hay otro grupo denominado “Los cebolleros”, ligado al diputado local del PAN, Jesús Valenciano, quien en los últimos días le dio un ultimátum a la Guardia Nacional; dijo que dicha familia se dedica a la sobreexplotación, son cebolleros y algunos de ellos se dedican también a la tala.

“Lo que podemos apreciar es que los mismos actores están involucrados en diferentes temas que tienen que ver con negocios y el usufructo del agua en la región”.

También reveló que el pasad 3 de diciembre, en la Secretaría de Gobernación, Javier Corral, junto con sus homólogos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, llegaron a un acuerdo donde el gobernador se comprometió al cumplimiento estricto y obligado del tratado de aguas de 1944.

Incluso dijo que el 1 de agosto de este año se firmó una propuesta para los escurrimientos y las entregas de agua. “Está su rúbrica y fue firmado junto el director para América del Norte”, dijo Mejía Berdeja.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó esta tarde que fue notificado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, que el Gobierno Federal abandonaba la coordinación en materia de seguridad.

El mandatario estatal compartió los detalles en su perfil de Twitter, indicando que con dicha decisión muestra un “talante autoritario y vengativo” contra el estado, además de que acusó que se incumple el compromiso de hacer de la seguridad un campo de neutralidad política, y se usa como mecanismo de represalia.

“El pacto federal se sostiene como acuerdo de colaboración recíproca, y cobra mayor relevancia en la materia más importante del Estado que es la salvaguarda de vidas y la integridad de las personas: lo que constituye ni más ni menos que la Seguridad Pública”, expresó el gobernador.

Dijo que al romperse ese pacto básico, la Federación pierde su sentido.

Y eso es lo que cada vez más va envileciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sólo en una concentración muy peligrosa de poder y recursos, sino del uso de los instrumentos del Estado para vulnerar a quienes nos le oponemos.

“Bajo este escenario ¿cómo pueden decir que son diferentes? ¿Que no son iguales a los anteriores? Porque esto exactamente es lo que nos hizo Peña Nieto; en represalia por nuestra lucha vs la corrupción, nos retiró el apoyo del Ejército y la Policía Federal”, agregó.

El gobernador de Chihuahua compartió que la notificación del secretario Durazo se da oficialmente después de dos semanas consecutivas en que los representantes de las fuerzas federales, dejaron de asistir a las reuniones en materia de seguridad en el estado.

Consideró que el asunto asoma ya otra dimensión en la relación del Gobierno Federal con el Gobierno del Estado de Chihuahua, derivado de su posición por el tema del agua.

“Ayer me fue comunicado por el Srio. de Seguridad Publica @AlfonsoDurazo que “en el Gabinete de Seguridad se acordó que los responsables de las fuerzas federales en el estado sesionen diariamente, por su lado, en la zona militar, atendiendo los temas de su ámbito de competencia”, señala el hilo que compartió en Twitter el titular del Ejecutivo estatal.

“Una decisión que muestra un talante autoritario y vengativo contra el pueblo de Chihuahua, a quien finalmente se perjudica. Se incumple así el compromiso de hacer de la seguridad un campo de neutralidad política, y se usa como mecanismo de represalia”, agrega.

El gobernador compartió el motivo expreso que dio el secretario Durazo para abandonar la coordinación: “Las críticas del Gobierno del Estado a su participación en la custodia de diversas instalaciones cuya custodia es su responsabilidad constitucional, dado su carácter estratégico, generan un ambiente de confrontación que queremos evitar hasta donde sea posible”.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció este martes y congeló las cuentas de políticos opositores tras las protestas contra el tratado de aguas con Estados Unidos, y que desató la toma de la presa ‘La Boquilla’ en Chihuahua.

La UIF informó del bloqueo de cerca de 50 cuentas bancarias, incluyendo la del exgobernador de Chihuahua José Reyes Baeza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de Eliseo Compeán, alcalde de la ciudad de Delicias del Partido Acción Nacional (PAN), opositores acusados de estar detrás de las protestas.

Sin embargo, Santiago Nieto, titular de la UIF, aclaró este martes que denunció a Reyes Baeza por el presunto desvío de 129 millones de pesos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Esta acusación, precisó, correspondería al caso de la “Estafa Maestra”, un caso de corrupción revelado en el sexenio anterior en el que el gobierno de Enrique Peña Nieto y gobiernos estatales armaron un esquema irregular de contratos públicos.

“Presentaremos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”, informó Nieto en sus redes sociales.

La UIF también congeló cuentas de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Río Conchos y de Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH).

Las acciones dela UIF llegan luego del enfrentamiento entre agricultores y la Guardia Nacional que provocó la muerte de una mujer, y dejó varios heridos.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha acusado a políticos opositores de estar detrás del conflicto por motivos electorales. Además, informó que habrá denuncias contra manifestantes que causaron daños a plantas de generación de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En tanto, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, del PAN, y la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, se han acusado mutuamente de mentir sobre el cumplimiento de los compromisos del tratado. Corral reafirmó que el gobierno federal ha politizado el conflicto y ha tratado de intimidar a los manifestantes con la Guardia Nacional.

Foto: Twitter @DonVocero

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó la muerte de una mujer en un altercado entre la Guardia Nacional y pobladores de Chihuahua, aunque aseguró que se actuó los elementos de la corporación actuaron “muy bien” en el operativo.

El incidente ocurrió este martes tras el intento por parte de un grupo de agricultores chihuahuenses de tomar la presa de La Boquilla, en protesta por el desvío de agua a Estados Unidos al que México está obligado por un tratado de 1944.

“Actuó muy bien la Guardia (Nacional), porque, primero, eran muchos más los manifestantes y ellos aunque tenían armas deciden no usar las armas y se salen todos”, explicó el presidente, recalcando que hubo una retirada por parte de los elementos.

Según la versión del presidente, que está por “esclarecerse”, horas más tarde de ese operativo en el que se estima que había unos 2,500 manifestantes, unos manifestantes pasaron con vehiculos por otra infraestructura protegida por la Guardia Nacional.

Allí, supuestamente amenazaron a los agentes con “que les iban a tirar granadas o bombas” extraídas a la Guardia Nacional durante la toma de la presa. Los agentes procedieron a su detención y constataron que “en efecto llevaban granadas”, por lo que decidieron llevarlos a Delicias para ponerlos a disposición de las autoridades ya en la noche del martes.

En la caravana hacia Delicias “empiezan a seguirlos cuatro camionetas, a los de la Guardia Nacional, de los manifestantes, y se dan unos disparos”.

“Esta es la versión: contesta uno, primero unos tiros al aire, y de las cuatro camionetas se dan cuenta que queda una detenida. Las otras tres se van. Se paran los de la Guardia, van y encuentran que estaba herida de muerte, una señora y el esposo”, detalló López Obrador.

El presidente pidió a la Fiscalía que lleve a cabo la investigación correspondiente, para conocer qué fue lo que sucedió, y castigar a los responsables, aunque también pidió saber quién convocó a la movilización, quién tomó la decisión de tomar la presa, ya que aseguró que hubo la participación de dirigentes políticos.

Fue en ese punto donde dijo que debido a las elecciones que se llevarán a cabo en la entidad, el PRI y el PAN están engañando a la gente difundiendo información entre la población de que se quedarán sin agua.

“Lo que ya sabemos es que estaban utilizando el asunto del agua con propósitos político-electorales, porque existen intereses creados en el control y manejo del agua. El día  de estos lamentables hechos participaron dos exgobernadores del PRI, un diputado federal del PAN, el senador Madero, del PAN, en eso anda; pero no es justo, es inaceptable, que se use un asunto como este del agua, con propósitos electorales”, dijo el mandatario.

AMLO señaló específicamente al senador Gustavo Madero del PAN, quien aseguró busca la gubernatura del estado. Además mencionó a los exgobernadores Fernando Baeza Terrazas y José Reyes Baeza de estar relacionado con las protestas.

López Obrador acusó que los exgobernadores forman parte de una especie de “huachicoleros del agua”.

El presidente recordó que fue justo en el Chihuahua cuando en 1986 nació el PRI-AN, una alianza de facto entre el tricolor y Acción Nacional, la cual dijo se repite ahora que se viven tiempos  electorales.

“Cómo el régimen iba a permitir que un estado de la frontera gobernara un partido opositor, entonces se metieron con todo, hicieron el fraude, impusieron a uno de los que antier estuvo en la manifestación, uno de esos ex gobernadores Fernando Baeza, es interesante todo esto, eso fue en el 86, viene el fraude del 88, y se impone Salinas y Salinas se arregla con los opositores, de ahí nace el PRIAN”, relató AMLO.

El gobernador Javier Corral informó este viernes que suman 11 carpetas de investigación para la solicitud de extradición de su antecesor, César Duarte, detenido hace una semana en Miami, Florida en Estados Unidos.

“Eso es algo que nosotros estamos trabajando con la Fiscalía General de la República (FGR). Eso es parte también de lo que vamos a hacer: agregar nuevas causas penales a ese proceso deextradición”, afirmó Corral.

Duarte, acusado en México de malversación de fondos y conspiración agravada por presunto desvío de dinero y delitos electorales, permanece en el Centro de Detención Federal de Miami tras su arresto.

El exmandatario tendrá una audiencia el 24 de julio para abordar una posible libertad bajo fianza.

El gobierno de Chihuahua ha recuperado más de 446 millones de pesos “robados” en la pasada gestión estatal, de 2010 a 2016, aseguró Corral.

Corral aseguró que está en contacto con funcionarios del Departamento de Justicia Estados Unidos para la revisión del caso.

“Ofrecimos coadyuvancia, tanto a la FGR, que está al pendiente de los fiscales en el juicio, como también a las propias autoridades penales de Estados Unidos”, expresó el mandatario de Chihuahua.

Según la demanda, desde junio de 2011 hasta noviembre de 2014 Chihuahua transfirió más de 6.4 millones de dólares a dos empresas en las que “Duarte era el accionista mayoritario”.

Recordemos que a inicios de semana, se informó que César Duarte presentó un recurso de amparo en contra de cualquier orden de aprehensión, detención provisional con fines de extradición y la petición formal de su entrega a autoridades mexicanas.

El expriísta presentó la demanda en el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, el 9 de julio pasado, un día después de su detención.

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de desvío de dinero y actos de corrupción, tendrá este viernes en Florida su primera audiencia en una corte estadounidense tras su arresto este ayer en Miami.

La Oficina del Alguacil de los Estados Unidos (Office of the United States Marshal), informó este jueves que la audiencia se realizará a través de video, debido a la pandemia de Covid-19, y estará presidida por la jueza Lauren F. Louis, del Distrito Sur de Florida.

El expediente judicial del caso señala que “Duarte ha sido acusado de malversación agravada y conspiración agravada, según la información proporcionada por el Gobierno de México”.

Investigaciones periodísticas apuntan a que César Duarte ingresó a Estados Unidos el 28 de noviembre de 2016, con una visa de turista, que expiró seis meses después.

El expediente añade que “hay razones para creer” que Duarte estaba el pasado 2 de abril en un rancho de Torrance, Nuevo México, según información que proporcionó a las autoridades “una fuente confidencial” familiarizada con el caso.

La noticia del arresto de Duarte coincidió este miércoles con la reunión en La Casa Blanca de los presidente Donald Trump y  Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Duarte, con la asistencia de funcionarios de su administración y de otras (personas), malversó fondos estatales en beneficio propio y de sus asociados”, detalla la demanda de 9 páginas.

Precisa que el 8 de octubre de 2019, la jueza María Alejandra Ramos Durán, en Chihuahua, había emitido una orden de arresto contra el exgobernador.

Y es que las autoridades mexicanas detectaron irregularidades “significativas” en los programas de subsidios y préstamos para productores de ganado y en una supuesta compra de bienes inmuebles para el estado.

Según la demanda, desde al menos junio de 2011 hasta noviembre de 2014, Chihuahua transfirió más de 6.4 millones de dólares a dos empresas en las que “Duarte era el accionista mayoritario”. Se trata de la Unión Ganadera, División General Regional del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte, SA de CV, SOFOM, ENR.

Sobre la detención de Duarte, el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó que “no es un regalo ni un
favor” del país vecino sino parte de los tratados internacionales.

Corral precisó que desde que el gobierno estatal se recondujo, ya en la administración del presidente López Obrador, el proceso de extradición, pues con la anterior administración, la formulación de la extradición no fue hecha de manera correcta. Dijo que el tema se colocó en la agenda binacional y la Fiscalía estatal trabajó conjuntamente con la Fiscalía General de la República (FGR).

“Ha sido un proceso muy largo como para decir que se trata de un asunto que surgió como si se intercambiaran favores. Es el cumplimiento de un tratado no es un regalo, no es un favor de Estados Unidos”, señaló Corral en videoconferencia.

Corral consideró que el proceso de extradición de César Duarte “había sido muy manoseado por la anterior administración” y recordó que Duarte “tuvo la protección hasta el último día del mandato del expresidente Enrique Peña Nieto, él fue quien le colocó un manto de protección e impunidad de la que gozó hasta ayer”, día que fue detenido.

El gobernador afirmó que la detención y extradición de Duarte podría sentar un gran precedente, en la historia de México para dar un “combate efectivo a la corrupción”.

Este miércoles se informó sobre la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, en Miami, Florida, en Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención, misma que se produce en el marco de la visita del presidente López Obrador a Washington.

El político mexicano cuenta con 21 órdenes de aprehensión, por diferentes delitos, tanto en el ámbito local como en el federal, entre los que destacan el de desvío de recursos, lavado de dinero y actos de corrupción. 

La detención habría sido informada al gobierno mexicano por el agregado de la Fiscalía General en la Embajada de México en Estados Unidos.

Víctor Quintana Silveyra, exsecretario de Desarrollo Social del gobierno de Chihuahua, y excolaborador de Javier Corral, también confirmó la noticia en sus redes sociales.

Se espera que Corral ofrezca una conferencia de prensa para ampliar la información sobre la detención.

Al expriísta se le señala del desvío de mil 550 millones de pesos del erario público en Chihuaua, además de que la Fepade lo acusa de peculado electoral, por 14 millones de pesos a favor del PRI. En total está acusado por peculado, por un monto superior a los 400 millones de pesos.

Era prófugo de la justicia mexicana desde el 28 de marzo de 2019 cuando fue girada la primera orden de aprehensión en su contra.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, habló sobre el tema, afirmando que “nadie está por encima de la ley”.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, reveló que con mil 286 homicidios, Ciudad Juárez es la más violenta de la entidad.

En conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que a nivel estatal, en Chihuahua han ocurrido dos mil 150 homicidios dolosos, de los cuales mil 903 estarían vinculados con el crimen organizado.

Desde Chihuahua, el secretario de la Defensa expuso que el despliegue de fuerzas federales y estatales es de casi 14 mil hombres y que se han registrado 98 agresiones a autoridades federales en este estado.

Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo, Bocoyna y Madera son los cinco municipios con más incidencia delictiva en la entidad, de acuerdo con el funcionario federal.

Al respecto, el presidente López Obrador indicó que en Chihuahua el homicidio doloso es el delito que más le preocupa por su impacto en la población, “porque es la pérdida de vidas”.

Aunque reconoció que se ha batallado para reducir este ilícito, el mandatario federal expuso que en términos generales, la incidencia delictiva ha logrado reducirse de manera significativa.

“Nos preocupa el delito de homicidio porque es la pérdida de vidas y eso es lo que más nos preocupa de todo. Medimos por eso lo de homicidio, pero también porque no hay cifra negra en el caso de homicidios como no la hay en el robo de vehículos”, expuso.

No obstante, el jefe del Ejecutivo federal indicó que en general en el estado de Chihuahua “vamos avanzando”, si bien todavía “nos falta más para reducir el número de homicidios”.

Agregó que para lograr reducir el número de homicidios son importantes las labores de inteligencia, por lo que en Ciudad Juárez habrá una base operativa para este trabajo.

López Obrador indicó que gracias a las tareas de inteligencia, el caso LeBarón ha tenido avances significativos para esclarecer los hechos. “Ahí se avanzó mucho porque de inmediato hubo trabajo de inteligencia, de la Marina y de la Defensa”, apuntó.

Además, el presidente aseveró que es importante que continúe el despliegue de la Guardia Nacional, se combata el consumo de drogas y que no se permita la colusión del crimen con las autoridades.